11 noviembre 2017

Deuda pública y crecimiento económico en España Vicente Esteve y Cecilio Tamarit Public debt and economic growth in Spain, 1851–2013

Public debt and economic growth in Spain, 1851–2013

Abstract

In this paper we investigate the long-run relationship between public debt and economic growth in the Spanish economy for the period 1851–2013. We develop a cliometric analysis of the debt–growth nexus using novel time series methods. We find some support for a negative relationship between both variables, but no clear evidence of a debt threshold. The estimated long-run elasticity in a one-break model shows a tendency to decrease over time from a nonsignificant 0.011 to a −0.070, indicating that a 10 percentage increase in the public debt-to-GDP ratio is associated with 0.70 percentage points lower real economic growth. Indeed, we find for the first subsample (1851–1939) either “decoupling” or “saturation,” while in the second subsample (1940–2000) the long-run elasticity coefficient becomes negative and significant. When we extend our analysis up to 2013, we find a break in 1971 coinciding with the twilight of Franco’s dictatorship and the Spanish transition to democracy.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11698-017-0159-8

Deuda pública y crecimiento económico en España


 

En esta entrada analizamos la relación a largo plazo entre deuda pública y crecimiento en España basándonos en los resultados de nuestro último artículo dentro de un proyecto de investigación financiado por FUNCAS. Es evidente que esta relación ha cobrado un interés renovado, encontrándose en el epicentro del debate actual sobre los estímulos fiscales frente a la consolidación fiscal. Todos recordaremos la intensa reacción (y no solo por los errores cometidos) que suscitó el famoso artículo de Reinhart y Rogoff sobre la existencia de un umbral a partir del cual el volumen de deuda tenía un efecto negativo en el crecimiento (aquí). Ni qué decir tiene que la relación deuda-crecimiento es compleja, debido a la existencia de interconexiones y efectos bidireccionales entre ambas variables tanto a corto como a largo plazo. Por tanto, lo que intentamos aquí es desenmarañar este nexo y cuantificar su importancia usando España como caso de estudio. Este es un tema de gran relevancia económica que ha sido tratado otras veces, y desde distintos ángulos, en este mismo blog (por ejemplo aquí o aquí).
Existen diversos canales por los que la deuda pública puede influir sobre el crecimiento económico a largo plazo. En primer lugar, las subidas de impuestos necesarias para pagar el servicio de un alto nivel de deuda pública pueden desplazar la inversión privada, reduciendo la renta y el ahorro disponible, elevando los costes distorsionadores de la carga impositiva y dando lugar a un probable tratamiento impositivo no neutral entre tipos de activos, lo que aumenta las propias distorsiones. En segundo lugar, elevados niveles de endeudamiento impulsan al alza los tipos a largo plazo de la deuda soberana de forma no lineal, ya que el riesgo de impago también se incrementa. Unos tipos de interés a largo elevados reducen la inversión pública productiva y, lo que es más importante, desplazan la inversión privada al elevar el coste del capital. Una reducción de inversión en I+D conducirá a efectos negativos a largo plazo sobre el crecimiento. En tercer lugar, las autoridades económicas, especialmente en países con sistemas institucionales débiles y poca capacidad recaudatoria, pueden decidir una financiación inflacionista de la deuda monetizándola parcialmente, lo que tiene efectos negativos sobre el ahorro, la inversión y el crecimiento (para más detalles ver aquí, aquí o aquí).
La literatura empírica reciente ha intentado precisar y explicar la posible relación entre la deuda pública y el crecimiento económico desde una perspectiva histórica. Sin embargo, la evidencia sigue siendo relativamente escasa, poco concluyente y no exenta de controversia (ver, aquí, aquí o aquí, entre otros). A pesar de que la teoría predice una relación de largo plazo entre las dos variables analizadas, el uso de técnicas de cointegración de series temporales ha sido relativamente escaso y, en general, no se ha controlado por la existencia de discontinuidades en las relaciones estimadas, lo que puede haber conducido a problemas en los parámetros estimados a la hora de hacer inferencia o predicción. Este problema es especialmente grave en el caso de estudios de largo plazo que cubren diferentes etapas históricas en las que las variables pueden haber estado sometidas a shocks externos o a cambios de política económica. En el caso de España, se ha realizado un esfuerzo muy notable por parte de los historiadores económicos para proporcionar series históricas de gran calidad (un ejemplo claro es este post reciente en NeG realizado por Leandro Prados de la Escosura) que permitan aplicar métodos econométricos, facilitando el desarrollo de la llamada Cliometría. El análisis de la deuda soberana en España desde un punto de vista histórico y sus consecuencias económicas ha sido estudiado por diversos autores, destacando los trabajos seminales de Francisco Comín recogidos en un libro reciente. Como veremos, nuestro análisis coincide en buena parte con sus conclusiones.
Fig. 1 Ratio deuda/PIB y tasa anual de crecimiento real del PIB, 1850-2016
La inspección visual de los datos en la Fig. 1 nos permite ver la evolución temporal de la ratio deuda/PIB. La economía española ha experimentado episodios recurrentes de crisis de deuda que derivaron en la toma de medidas extraordinarias, tales como bancarrotas, impagos, reestructuraciones o monetización de deuda (Isabel II: 1851, 1867; Sexenio Democrático y I República: 1871; Alfonso XII: 1876, 1881; Alfonso XIII: 1900, 1915-1919; 1927-1928; II República: 1935, 1939). Por tanto, las series parecen mostrar discontinuidades que deben ser tenidas en cuenta en el análisis de las mismas. El estudio de estos episodios de sobreendeudamiento ha sido realizado para otros países avanzados aquí.
Desde un punto de vista econométrico, mientras algunos trabajos fijan de forma exógena los puntos de corte o umbrales, otros los buscan de forma endógena. Por otra parte, mientras algunos trabajos realizan estimaciones estáticas, otros toman en cuenta la dinámica en la relación entre las variables, lo que permite tener en cuenta la persistencia en la tasa de crecimiento. Nuestro estudio analiza un periodo temporal excepcionalmente largo para la economía española que abarca desde 1851 a 2013. Frente a otros estudios que utilizan datos de panel y cortos espacios temporales, nuestro enfoque es de serie temporal para un solo país, usando técnicas avanzadas de cointegración, que nos permiten detectar posibles puntos de ruptura, así como la existencia de inestabilidades sin imponer ninguna forma funcional a priori. Asimismo, estimamos las elasticidades para los diferentes regímenes encontrados.
Debido a la inexistencia de datos de deuda homogéneos para todo el periodo considerado, en el estudio hemos utilizado datos de series temporales de la economía española para dos periodos: 1851-2000 y 1964-2013.  Las fuentes para el primer periodo pueden consultarse aquí. En el segundo periodo consideramos a su vez dos definiciones de deuda proporcionadas por el Banco de España aquí: los pasivos totales y la deuda contabilizada según el procedimiento de deuda excesivo (PDE).
Para contrastar la relación de largo plazo entre deuda pública y crecimiento económico real los estudios empíricos utilizan habitualmente un modelo de regresión lineal que relaciona el stock de deuda en % del PIB con la tasa de crecimiento real del PIB. El lector interesado puede encontrar los detalles técnicos de nuestra estimación en el propio artículo. Los resultados encontrados permiten establecer una relación de cointegración lineal entre la ratio deuda pública/PIB y el crecimiento real del PIB para el total del periodo muestral analizado (1851-2000). En concreto, un incremento en la ratio deuda pública/PIB estaría asociado a una reducción del crecimiento del PIB del 0,38%. Para el período más reciente (1965-2013) hemos utilizado dos definiciones distintas de la deuda pública bruta, según se considere o no la metodología del Procedimiento de Déficit Excesivo. Estos resultados implican que un incremento de un 10% en la ratio deuda pública/PIB estaría asociado a una reducción del crecimiento del PIB entre 0,17% y 0,26%. Por tanto, el nivel de deuda pública tiene un efecto significativo sobre el crecimiento del PIB.
En segundo lugar, hemos contrastado la posibilidad de que la relación de largo plazo entre endeudamiento público y crecimiento económico real haya cambiado a lo largo de todo el periodo estudiado. Por un lado, los resultados muestran que ha habido un cambio estructural en la relación de largo plazo en la muestra del periodo 1851-2000 en el año 1939, lo que supone la posible existencia de dos regímenes en la relación de cointegración: 1851-1939 y 1940-2000. Por otro lado, también en la muestra del periodo 1964-2013, en los dos casos contemplados en el stock de deuda pública, encontramos un cambio estructural en el año 1971, lo que supone la posible existencia de dos regímenes en la relación de cointegración: 1965-1971 y 1972-2013.
Con el objetivo de ver la evolución temporal de la elasticidad de largo plazo hemos vuelto a estimar el parámetro en los dos subperiodos de la muestra 1851-2000. Los resultados indican que el coeficiente en el primer régimen (1851-1939) es positivo, pero muy bajo y poco significativo. Por el contrario, en el segundo régimen (1940-2000) el coeficiente de largo plazo es negativo y significativo, y desde el punto de vista económico supone que un aumento de 10 puntos porcentuales del stock de deuda en proporción del PIB provocaría una caída de 0,70 puntos porcentuales de la tasa de crecimiento económico real. Este valor es casi dos veces el estimado para la muestra completa 1851-2000 (0,38 puntos porcentuales).
Por otro lado, nuestros resultados indican que las relaciones de cointegración han cambiado a lo largo del tiempo. La estimación de la elasticidad de largo plazo en el modelo con un cambio estructural muestra una tendencia a disminuir a lo largo del tiempo, apuntando a la existencia de un proceso de “fatiga” o “saturación” fiscal (desde un no significativo 0,011 a un -0,07). Este valor viene a ser el doble del estimado para el total del período (-0,038). La Guerra Civil española explica el punto de corte en 1939. Tras la Guerra Civil, el Banco de España comenzó un proceso de monetización del déficit público y de la deuda (impuesto inflacionario), que redujo el valor real de la deuda pública. Dicha monetización de la deuda se produjo en paralelo con un repudio de los pasivos emitidos por el gobierno republicano durante la Guerra Civil. Tras este proceso comienza un largo período temporal caracterizado por una baja ratio de deuda/PIB y de crecimiento sostenido que dura hasta 1975. De forma similar, los análisis de cointegración con la segunda base de datos para el período 1965-2013 muestran la existencia de dos regímenes de cointegración con una ruptura en 1971 coincidiendo con las tensiones monetarias que desembocaron en la primera crisis del petróleo y el fin de la era de Franco.
Por último, hemos contrastado la posible existencia de una relación no lineal entre el endeudamiento público y el crecimiento económico real. Los resultados apuntan a la existencia de un régimen no lineal con dos períodos. Estos resultados son coherentes con la existencia de un comportamiento no lineal de la política fiscal española, de forma que las autoridades fiscales sólo reducirían los déficit (y la deuda acumulada) cuando son elevados y cuestionan la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Sin embargo, no resulta fácil poder establecer con claridad un nivel de umbral determinado en la relación entre deuda y crecimiento.
En conjunto, nuestros resultados están en línea con la evidencia previa proporcionada  para España (aquí, entre otros), así como en la literatura empírica más reciente (aquí; aquí ) en el sentido de proporcionar soporte para una relación negativa entre deuda pública y crecimiento a largo plazo, pero no una evidencia clara de un umbral de deuda homogéneo a lo largo del tiempo a partir del cual esta relación se verifica.

Un pacto para un crecimiento integrador.Circulo Empresarios

Un pacto para un crecimiento integrador


    El año 1977 evoca cambio, libertad, apertura y concordia. Muchos españoles son capaces de recordar dónde se encontraban cuando empezó a gestarse la historia democrática reciente de nuestro país. Otros, por edad, crecieron mientras ésta se afianzaba o tuvieron ya la fortuna de nacer en una España moderna y plenamente integrada en Europa. Han pasado 40 años en los que cada generación ha contribuido, en mayor o menor medida según la época en la que nacieron, a tejer una sociedad más próspera y abierta. La reciente crisis económica que hemos afrontado y los problemas que persisten tras ella desdibujan nuestra memoria colectiva. Es tiempo de recuperarla, de recordar de dónde venimos y de transmitirles a las generaciones que han de tomar el relevo que es posible repetir otro periodo de avance y de integración. Para ello es necesario recuperar la autoestima y la confianza en nuestras propias capacidades. Lograr un país mejor para todos está en nuestras manos, ya lo demostramos hace 40 años.
   El balance socioeconómico es un claro reflejo de que España es un caso de éxito. Desde 1977, la renta per cápita de los españoles en términos reales se ha duplicado, convergiendo desde el 76,1% de la media de la UE al 92% actual. La incorporación de la mujer al mercado laboral es una realidad, la población activa femenina ha crecido de un 28% a un 53%. A su vez, el modelo productivo se ha terciarizado, como en el resto de las economías avanzadas, concentrando el sector servicios el 75% del empleo (42% en 1977). Las exportaciones han aumentado de un 13,3% a un 33,1% del PIB, destacando el papel de las multinacionales españolas líderes a nivel mundial. La integración al proyecto europeo impulsó la atracción de inversión extranjera y dotó a nuestra economía de una mayor estabilidad de precios y de tipos de interés. En conclusión, la economía española actual es más competitiva y abierta al mundo.

En el plano social, hemos logrado construir el Estado de Bienestar. En educación, el porcentaje de universitarios ha crecido de un 3,6% a un 28,2% de la población mayor de 16 años. El sistema sanitario por entonces fragmentado y desigual, se ha transformado en uno público, gratuito y de cobertura universal. Al mismo tiempo, sucesivas medidas garantizan en la actualidad el nivel de vida de nuestros pensionistas, especialmente con la creación de las pensiones no contributivas. Muchos otros han sido los avances sociales que hemos alcanzado gracias a la aparición y el papel desempeñado por la clase media española.

Tras una larga crisis, España ha recuperado su nivel de riqueza de 2008 y lidera el crecimiento económico entre los principales países europeos. Sin embargo, la recuperación no es suficiente para resolver los problemas estructurales que hoy persisten en nuestro país. Al elevado nivel de paro, especialmente de larga duración y juvenil, de endeudamiento y de economía sumergida, se une la ineficiencia de nuestro sistema educativo, el aumento de la desigualdad, el envejecimiento de la población y el deterioro de la calidad institucional. En este entorno se articula un mundo en plena transformación, más multipolar, multicultural y fragmentado del que existía cuando España empezó esta andadura democrática. Por tanto, no solo es el tiempo de hacer memoria, sino también el de preparar el futuro. Éste puede parecer incierto, pero también está abierto y nos ofrece grandes oportunidades de la mano de las principales macrotendencias que se vislumbran hacia 2030:

 • El desplazamiento del centro de gravedad económico mundial del Atlántico norte a la zona Asía-Pacífico, vuelve así a su nivel de partida anterior a la Revolución Industrial cuando India y China representaban más del 50% del PIB mundial, no porque fueran los países más ricos sino porque Asia concentraba el 60% de la población mundial • La población mundial seguirá creciendo hasta superar los 8.500 millones de habitantes en 2030, en la que aumentará la proporción de personas mayores de 65 años. De esta manera, la población en edad de trabajar (entre 15 y 64 años) retrocederá notablemente en China, Japón y la Unión Europea, especialmente en Alemania, Portugal, Italia y España. La edad media de los europeos será de 45,1 años, frente a los 33 años de la población mundial (Naciones Unidas, 2017). 

• Hasta 2030 se espera que la clase media mundial aumente en 3.000 millones de personas, más de dos tercios vivirán en los mercados emergentes, principalmente en la zona de Asia-Pací- fico. Este avance impulsará los niveles educativos y tecnológicos y la capacidad de innovación. Además, se concentrará principalmente en 40 ciudades con más de 10 millones de habitantes (23 en la actualidad) donde vivirán 721 millones de personas (250 millones más que en 2014). Estas ciudades se están configurando como centros de consumo y de toma de decisiones, y ecosistemas productivos e innovadores que progresivamente modificarán la actual demografía empresarial. Hasta 2030 surgirán 7.000 nuevas grandes empresas de las que 5.000 estarán en economías emergentes, 40% en China (Mckinsey Global Institute, 2016). 

• El avance de la digitalización de la mano de las tecnologías disruptivas, con más interconexión, automatización y robotización, está transformando la concepción del empleo tradicional. El 65% de los niños que están comenzando sus estudios de primaria ocuparán puestos de trabajo que hoy en día desconocemos (World Economic Forum, 2015). Al igual que los jóvenes que terminan actualmente sus estudios tendrán que reciclarse y transformarse profesionalmente entre 10 y 14 veces a lo largo de su vida. A su vez, esta revolución tecnológica está generando la aparición de nuevos mercados y de modelos de negocio, en los que ya se observa la transformación de los medios de comunicación, de transporte o de medios de pago 

Nuevos factores geopolíticos que condicionarán el futuro avance de la globalización, con un posible riesgo de que se produzcan posturas proteccionistas y aislacionistas que frenen el crecimiento del comercio mundial. Por otro lado, la innovación y la mayor conciencia social serán clave para afrontar la demanda creciente de energía y los retos medioambientales. En este contexto, generar un nuevo periodo de crecimiento económico, más sostenible e integrador, está en nuestras manos. Si logramos concebir un proyecto común, inclusivo e ilusionante, como hicimos hace cuatro décadas, y recuperamos un clima de confianza, podremos vertebrarnos y cohesionarnos. Estaremos así en condiciones de solucionar los problemas que persisten, preparándonos para el mundo que viene. El Círculo de Empresarios, en su 40 aniversario, quiere contribuir al debate de cómo debemos configurar un proyecto país que genere un tiempo en el que al hacer memoria nos vuelva a evocar transformación, progreso y unidad. Para ello, plasmamos de forma sintetizada los principios básicos en torno a cuatro ejes a partir de los cuales crear una España mejor para todos: 
  •  La educación debe adaptarse a los nuevos requerimientos, conocimientos y habilidades que demandan los ciudadanos, las empresas y las AAPP. Un nuevo entorno socioeconómico en el que la transformación digital hará que gane relevancia el talento. Los jóvenes deben contar con la formación y las habilidades de adaptación que les haga sentir ilusión y capacidad para desarrollar su proyecto vital. Por tanto, para mejorar su calidad y conectarla con el mundo que viene hay que impulsar la conexión del mundo educativo con el empresarial, poniendo especial atención en el desarrollo de la Formación Profesional dual, de la formación continua, de habilidades emprendedoras y en la mayor presencia de las carreras científicas (STEM). Todo sistema educativo debe diseñarse con una visión a largo plazo, garantizando el principio de igualdad de oportunidades, que permite generar un crecimiento sostenible e inclusivo. Asimismo, su calidad y capacidad de innovación están estrechamente vinculadas a la formación, la motivación y al reconocimiento social del profesorado. El éxito futuro del sistema educativo, y por tanto de los jóvenes, dependerá de la capacidad de consenso de los partidos políticos, y de que se tengan en mayor consideración las mejores prácticas de los países de referencia, la visión de los agentes sociales, especialmente del profesorado, y del conjunto de la sociedad civil. 
  •   El crecimiento sostenible e inclusivo solo puede lograrse si se alcanza el pleno empleo de calidad. Es decir, hay que hacer partícipe al mayor número de personas posible de los beneficios del comercio, de la transformación digital y de la globalización que vivimos. Su consecución no solo exige reformar el sistema educativo, sino que tiene que basarse también en la defensa de la economía de mercado y de la figura del empresario. Crecer de forma estable e integradora requiere un tejido empresarial en el que haya más presencia de medianas y grandes empresas, que poseen más capacidad de innovar e internacionalizarse, y aportan un empleo más estable, de más calidad y con mayores salarios. 
La creación y el crecimiento de las empresas, facilitará que la economía española avance en su internacionalización, innovación y digitalización para competir en un entorno económico global con una nueva gobernanza política, económica, comercial y medioambiental. Se ha de crear un ecosistema que potencie la contratación, el papel de las políticas activas, la formación continua, la creación y el crecimiento de las empresas, y la atracción de inversión extranjera y de centros de innovación, poniendo en valor las fortalezas de nuestro país. Por tanto, la calidad futura del empleo está condicionada a que se produzcan nuevos avances significativos en la productividad y en la competitividad de nuestro país, para lo que es esencial adaptar nuestro marco regulatorio y diseñar una política económica con mayor visión a largo plazo y más global, poniendo el foco en las mejores prácticas mundiales y las macrotendencias que perfilan el mundo que viene. A su vez, las empresas, como uno de los actores principales en la generación de riqueza y bienestar, deben asumir un nuevo rol impulsando la creación de un nuevo contrato social. Recuperar la confianza y la cohesión social es tarea de todos. Por ello, nuestro tejido empresarial ha de apostar por el crecimiento a largo plazo, la sostenibilidad medioambiental, una política retributiva vinculada a la productividad y la formación para el empleo de nuestros jóvenes. 

• El Estado de Bienestar debe adaptarse y responder a la realidad social. España, junto a Europa, afronta, entre otros retos, el envejecimiento de su población, la mecanización y digitalización del empleo y de nuestras vidas, y la aparición de nuevas circunstancias sociales y familiares. Al igual que la educación, su meta debe ser garantizar la igualdad de oportunidades y, con ella, reducir el riesgo de pobreza y de exclusión social. Es decir, los ciudadanos deben sentir que nuestro Estado de Bienestar da respuesta y soluciones a dificultades o necesidades sociales, pero al mismo tiempo siendo responsables en su uso y en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El nuevo Estado de Bienestar del siglo XXI debe lograr un correcto equilibrio intergeneracional, apoyando la natalidad y la incorporación de la mujer al mercado laboral, favoreciendo la formación continua de los trabajadores, manteniendo el acceso a la sanidad y los servicios sociales, y asegurando la viabilidad del sistema de pensiones. Su sostenibilidad va ligada a nuestro nivel de endeudamiento público, de competitividad, de empleo y de eficiencia de las AAPP, entre otros factores. Es vital mejorar la gestión del gasto público y la eficiencia del sistema fiscal, asegurando el equilibrio presupuestario agregado a lo largo del ciclo económico.

• La competitividad y el bienestar de los países está relacionada con la calidad de su marco jurídico-institucional, siendo elementos esenciales la vigencia del Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Su ineficiencia genera sobrecostes que recaen sobre el conjunto de la sociedad, lo que condiciona el dinamismo y el crecimiento económico sostenible e inclusivo. Las instituciones de calidad incentivan comportamientos eficientes, animan a invertir y a innovar, generan confianza y afección, fomentan la creación y el crecimiento empresarial, y aumentan la productividad. La transparencia, la independencia de los órganos reguladores y del poder judicial son los pilares esenciales en los que se debe asentar la calidad institucional, todo ello sin perjuicio de la libertad económica que caracteriza a los países con menor nivel de corrupción. Paralelamente, la mejora de la calidad institucional debe impulsar el protagonismo y la credibilidad de España en el escenario europeo y global. Tenemos la oportunidad de coliderar el diseño futuro de la Unión Europea.

España y las principales economías europeas deben ser capaces de unir voluntades y esfuerzos para, con una visión común y generosa, lograr nuevamente replicar una etapa de progreso ybienestar que corrija los desequilibrios y reduzca las incertidumbres que todo periodo de transformación genera. Debemos hacer más conjuntamente, concentrándonos en los grandes problemas que persisten en nuestro país, para generar ilusión y afección hacia el futuro, que haga pensar a los ciudadanos que el mundo que dejan a sus hijos será mejor que el suyo y que este sentimiento sea compartido por ellos. 

LA ESPAÑA POSIBLE 

Hoy contamos con suficientes fortalezas para lograr construir un crecimiento más sostenible e integrador. La España de 2017, además de sus ventajas geográficas y culturales y su pertenencia a la UE, está dotada de talento, de infraestructuras técnicas y de empresas con presencia internacional. Además, durante la crisis, la sociedad española ha dado muestra de su solidaridad. Todos ellos elementos clave para retomar el impulso reformista y de cooperación, si queremos resolver los problemas que nos preocupan a todos. Si hubiéramos realizado las reformas necesarias en educación, en impulsar el dinamismo y el crecimiento de nuestro tejido empresarial y en reducir el peso de la economía sumergida, la fotografía socioeconómica de España hoy sería diferente en términos de empleo, exclusión social y sostenibilidad del Estado de Bienestar. 

1. Mejorar la calidad de nuestro sistema educativo 
   Impacto sobre el desempleo Si España hubiera consensuado un pacto educativo con una mayor orientación profesional y adaptación a los nuevos requerimientos demandados por las empresas, habríamos logrado reducir el elevado abandono escolar y converger a la media de la UE22 por nivel de estudios. Es decir, entre los jóvenes de 25 y 34 años habría 1.068.485 graduados más en FP de grado medio. 

    Esta nueva distribución, aplicando las tasas de actividad y de paro actuales de nuestro país por segmento educativo, permitiría reducir el nivel de desempleo de los jóvenes entre 25 y 34 años en un 7,4%. Es decir, una mayor formación se traduce en aumento de la empleabilidad. 

Además, si España contara con un sistema educativo más competitivo, mejores políticas activas de empleo y un mercado de trabajo basado en la flexiseguridad, podríamos haber alcanzado las tasas de paro promedio de la UE22. De esta manera el número de parados entre 25 y 34 años se habría reducido en 649.657 personas. Impacto sobre la exclusión social A su vez, si España tuviera una distribución de la población entre 25 y 64 años por nivel de estudios similar a la media de la UE22 y aplicásemos las tasas de riesgo de exclusión existentes en nuestro país, el número de personas en riesgo de exclusión caería en 831.823 (10,6% del total).

Si aplicásemos (en un segundo escenario) las tasas de riesgo de exclusión en la UE22 para cada nivel educativo, el número de personas en riesgo de exclusión en España se reduciría en 1.701.653 (21,8% del total).

 2. Impulsar la creación y el crecimiento del tejido empresarial español 

Si España hubiera diseñado la Ley de Emprendimiento de 2013 tomando como referencia la que se aprobó en Francia en 2009, actualmente en nuestro país se crearían potencialmente un 50% más empresas al año, hasta alcanzar las 3.439.979.  

En Francia, la Ley del Autoemprendedor creó un marco más flexible en términos burocráticos, diseñó un régimen social y fiscal simplificado aplicable a las empresas con un volumen de negocio inferior a 80.000 euros en actividades comerciales y 32.000 euros en el resto de servicios, y garantizó la protección del patrimonio personal del emprendedor. Todo ello ha generado un incremento promedio anual del número de empresas creadas de un 70%.

Paralelamente, si España hubiera elevado los umbrales fiscales, laborales y burocráticos que dificultan el tamaño de las empresas y adoptado medidas para diversificar las fuentes de financiación, facilitar la atracción de talento y garantizar la unidad de mercado contaríamos con más empresas de mayor tamaño. Si hoy tuviéramos el tamaño medio empresarial de Francia, contaríamos con más medianas y grandes empresas. En concreto, 11.603 medianas y 2.534 grandes más, y el número de empresas exportadoras aumentaría en 16.6001 . A su vez, el de empresas innovadoras se incrementaría en 5.1272 .

Este ritmo de creación y crecimiento empresarial generaría aproximadamente 1.100.000 ocupados más3 , de los que un 48,6% los crearían las medianas y grandes empresas. Por su parte, la OCDE afirma que, a mayor tamaño empresarial, menor incidencia de la temporalidad. En concreto, para el caso de España, la temporalidad es un 44% mayor en las empresas de menos de 20 trabajadores respecto a las medianas (50-249) y grandes (+250).

A este nuevo empleo estructural se une el generado por el crecimiento económico próximo al 3% (500.000 empleos anuales adicionales) hasta alcanzar los 20,1 millones de ocupados. De esta manera, la tasa de paro retrocedería en 5,9 pp hasta situarse en este nuevo escenario en el 11,6% de la población activa.  

Con esta creación de empleo, no solo lograríamos una mayor inclusión, sino también un avance en el nivel de productividad, riqueza y bienestar de la economía española. Además del efecto sobre el empleo, este nuevo escenario empresarial impactaría con una aportación al PIB nominal de 3,5 pp (43.893 millones €), adicionales a los generados por el ciclo económico. De éstos, un 62% correspondería a un aumento de la masa salarial, lo que permitiría alcanzar un PIB nominal final de 1,2 billones de euros.

El crecimiento del tamaño empresarial aumentaría la riqueza del país y generaría una huella fiscal significativa. Teniendo en cuenta que en nuestro país la elasticidad promedio PIB-recaudación es de 1,54 , España lograría unos ingresos fiscales adicionales de 22.155 millones de euros (1,8% del PIB). De éstos, 8.125 millones de euros corresponden a ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social. Paralelamente, la reducción de la tasa de paro llevaría aparejada un ahorro de 6.096 millones de euros en gasto por desempleo.

Como consecuencia del crecimiento económico, del ahorro en política de gastos y la mejora de la recaudación, España saldría del protocolo de déficit excesivo, alcanzando un saldo presupuestario total (unido al plan de estabilidad presupuestaria de 2017) del -0,76% del PIB y un superávit primario del 1,76% (en línea con la recomendación de la OCDE de mantener un superávit primario continuado de al menos el 1% para acelerar el ritmo de consolidación fiscal y la reducción de los niveles de deuda pública). 

3. Reducir el peso de la economía sumergida 

Nuestro país debe avanzar en la reducción del peso de la economía sumergida (17,2% del PIB) por sus efectos negativos sobre la capacidad de recaudación y financiación del Estado de Bienestar. Si España hubiera adoptado medidas para fomentar la corresponsabilidad tributaria de los ciudadanos, intensificado la lucha contra las bolsas de fraude o generalizado el pago electrónico, el nivel de nuestra economía sumergida podría ser actualmente del 11,6% (media economías avanzadas con menor economía sumergida que España). De esta manera, el PIB nominal aumentaría en 64.960 millones de euros.  

Los países con menos economía sumergida presentan tasas medias de paro menores. En concreto, entre 2000 y 2016 la tasa de paro promedio en los países con menor economía sumergida que España5 fue del 6,4% frente a un 16,4% en nuestro país. Asimismo, se observa que su peso es menor en aquellas economías que cuentan con una mayor calidad institucional y un marco regulatorio simple y estable, que favorece el desarrollo de la iniciativa privada.

 En términos fiscales, el menor peso de la economía sumergida supondría unos ingresos públicos adicionales de 24.879 millones de euros6 que, junto a los generados por la nueva estructura empresarial, permitirían alcanzar un superávit fiscal del 1,24% del PIB con consecuencias positivas sobre la sostenibilidad de la deuda y del Estado del Bienestar. 

Asimismo, el impacto sobre el empleo sería equivalente a 1,07 millones de ocupados más y 7.688 millones en concepto de ingresos adicionales por cotizaciones a la Seguridad Social.  

ESPAÑA 2030: UN PAÍS MEJOR PARA TODOS 

En España, el paro es el principal factor que genera desigualdad, y explica un 80% de la varianza del Índice de Gini de rentas7 (BBVA Research, 2017). Garantizar un empleo de calidad y generar un crecimiento económico más inclusivo exige hacer una apuesta decidida por la educación, la creación y el crecimiento de nuestras empresas, y reducir el peso de la economía sumergida. 

En síntesis, la combinación de estas reformas lograría situar el PIB per cápita en 27.373 euros. A su vez, se generarían unos ingresos fiscales adicionales de 47.034 millones de euros que permitirían, manteniendo el nivel de gasto discrecional y deuda constante, alcanzar un superávit presupuestario que contribuiría a la sostenibilidad del Estado del Bienestar y una mayor inclusión social: 

graficos en pdf adjunto
Este nuevo escenario fiscal garantizaría la sostenibilidad del Estado de Bienestar, que representa una parte del patrimonio común que debemos preservar entre todos. No sólo constituye un pilar básico de la protección social, sino que también tiene como misión asegurar el equilibrio intergeneracional. Resolver los problemas que persisten en España y preparar el futuro, requiere apoyarnos en la memoria, en los avances conseguidos y en nuestras fortalezas. Construir un país mejor para todos exige volver a hacer más conjuntamente, alcanzando acuerdos y recuperando la confianza en nuestras capacidades. Es tiempo de dialogar, de superar diferencias y consensuar las reformas que permitan lograr un crecimiento más sostenible e integrador. Pero también, es tiempo de adaptar nuestro país al mundo que viene, apostando por la competitividad, por el talento y por reforzar nuestro protagonismo en el futuro proyecto europeo. Si volvemos a recorrer el camino juntos, la España de 2030 puede ser el reflejo de un proyecto común ilusionante. Tomar nuevamente como referencia el consenso, la cooperación, la solidaridad, el cambio y la apertura nos permitirá alcanzar otro balance socioeconómico de éxito. Así, al mirar atrás, lo haremos con la certeza de que hemos generado otro periodo de modernización, progreso y cohesión social conjuntamente.


Graficos en:
  • http://circulodeempresarios.org/app/uploads/2017/09/Un-pacto-para-un-crecimiento-integrador-espa%C3%B1a-2030-Circulo-de-Empresarios.pdf

05 noviembre 2017

Los grandes empresarios: 'Queremos a Cataluña, eviten un voto de ruptura' Avisos 2015



Los grandes empresarios: 'Queremos a Cataluña, eviten un voto de ruptura' Avisos 2015



http://www.elmundo.es/economia/2015/09/18/55fbcb6e268e3e50548b457a.html



El Círculo de Empresarios "apela al buen sentido de la ciudadanía catalana" y advierte de "gravísimos daños"

Subraya que "España es el mercado más importante para las empresas catalanas"



·         CARLOS SEGOVIA

·         @carlossegovia_

ACTUALIZADO 18/09/2015 10:29



El Círculo de Empresarios, la asociación a la que pertenecen importantes empresas y bancos de España, ha publicado una declaración oficial sobre Cataluña en la que advierte de "gravísimos daños" en caso de secesión y llama a los catalanes a votar en contra de la ruptura en una inusual apelación directa empresarial en una campaña política.



"Apelamos al buen sentido de la ciudadanía catalana (...) para que evite con su voto emprender un camino de difícil retorno, pues rompería lazos sociales y relaciones económicas".

Pide también a la sociedad catalana que "exija a sus representantes políticos que eviten promesas e imposiciones imposibles de cumplir". La secesión implica la salida "inmediata" de Cataluña de la UE, el euro y las organizaciones internacionales, subrayan.



En una declaración de la asociación que preside Javier Vega de Seoane -y en la que han participado directivos del Banco Santander y empresas como Acciona, OHL o multinaciones como Fujitsu- la solución es "volver al espíritu de diálogo" y abordar "cuestiones cruciales" como "las lenguas oficiales" o "la financiación autonómica".



Recuerdan la contribución catalana a la prosperidad de España, pero también que "Cataluña se ha beneficiado". "España es el mercado más importante para las empresas catalanas". "Queremos a Cataluña y deseamos que se busquen las fórmulas necesarias para mantener una convivencia provechosa".

Círculo Empresarios cree que sería bueno hacer una revisión de la Carta Magna.

Matias Rodriguez Inciarte, vicepresidente del Banco Santander, Josep Piqué, consejero delegado de OHL o Juan Ignacio Entrecanales, vicepresidente de Acciona forman parte de la directiva de esta veterana asociación.

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  • http://nadaesgratis.es/pedro-rey-biel/opiniones-economicas-sobre-el-proces

  • Pablo Zamora dice:
    Muchas gracias por el post. Me preguntaba por su opinión sobre el papel jugado por cierta parte de la élite intelectual. Ha habido economistas de prestigio que se han significado mucho a favor del process, a menudo desde el extranjero, que han dibujado un panorama idílico a la gente (Europa abriría las puertas a la República Catalana de inmediato, el mundo reconocería el nuevo país, la Economía mundial daría la bienvenida a un motor económico, España se sentaría a negociar la deuda, etc).
  • El resultado, estamos viendo, dista mucho de lo que habían prometido con sus supuestos análisis económicos. ¿Cómo les juzgará la historia? ¿Y la propia profesión económica? ¿Y los catalanes?
    Por otro lado, se echa de menos voces altamente cualificadas como vuestro colaborador habitual Jesús Fernández Villaverde. Con total seguridad Jesús tiene mucho que decir y de gran valor.







  • El tema es muy complejo, porque hay personas a favor del proceso, que no les importa las implicaciones económicas, en el corto plazo aunque las sufran ellos y todos.
  • Hemos pasado 5 años observando a los políticos, lanzar la propuesta pero sin tener un plan concreto que analizara costes para crear las estructuras, tiempos, procesos y riesgos. Así hemos pasado el tiempo, hasta que las empresas, financieros y banqueros este ultimo mes han actuado, por el tema de seguridad jurídica, entonces algunos ciudadanos han empezado, analizando los riesgos que nunca dejaron claro los políticos. La mayoría de empresas grandes si tenían sus planes de contingencia.
  • Hasta que no nos enfoquemos a las soluciones, con planes viables, aunque el tema sea en principio político, deben ser los empresarios, los economistas, los banqueros y los inversionistas quienes propongan un plan para salir de laberinto actual.
  • Los políticos tienen incentivos de partido, para lograr sus objetivos siempre en clave de elecciones.
  • Muchos dudamos que sean verdaderos estadistas con la actual revolución científica con todos los cambios que ya se están produciendo en el mundo laboral, logístico, robótica IA etc
  • En mi caso defiendo el federalismo como solución, un federalismo con un Bundesrat para solucionar los temas políticos, para los conflictos entre territorios que siempre habrán y una reforma de la constitución para impulsar la equidad, la gestión eficaz, via incentivos y multas en cada estado federal.