13 junio 2015

Elinor Ostrom y Oliver E. Williamson

Foto: Elinor Ostrom y Oliver E. Williamson
I. Elinor Ostrom y Oliver E. Williamson: dos Nobel nada convencionales

Elinor Ostrom y Oliver Eaton Williamson han compartido el Premio Nobel de Economía del año 2009. Los dos profesores han desarrollado sus investigaciones en el campo de la economía institucional. El diseño de las instituciones y las reglas que determinan la organización óptima de las empresas, o de otras estructuras de gobierno alternativas en la gestión de los bienes y de los recursos, ocupan una parte destacada de sus aportaciones. Elinor Ostrom encabeza la lista de mujeres que han recibido el Nobel de Economía en la historia de los premios suecos desde que se inauguraron en el año 1969. Ragnar Frish y Jan Tinbergen fueron los dos primeros académicos premiados con el Nobel de Economía por sus investigaciones sobre los modelos económicos dinámicos. Resulta un poco sospechoso que desde ese año, y hasta el 2009, la Academia Sueca no haya considerado a ninguna mujer merecedora de dicho galardón.
Foto: Diferentes momentos de la Gala de los Premio Nobel de 2009, otorgados por la Academia Sueca
Ostrom se graduó en Ciencia Política en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) en 1954, doctorándose en la misma universidad en 1965. Williamson es de formación económica; consiguió su graduación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en el año 1955, y se doctoró en Economía en la Carnegie-Mellon University en el año 1963. Ambos autores gozan de una larga carrera universitaria, y han recibido numerosos reconocimientos a lo largo de sus vidas académicas respectivas.
Elinor Ostrom es actualmente catedrática de Ciencia Política en la universidad de Indiana en Bloomington, en la que también realiza una parte importante de su actividad investigadora como directora Senior del Centro de Teoría y Análisis Político. Además, compatibiliza sus actividades profesionales principales con otras colaboraciones destacadas en el Centre for the Study of Institutional Diversity de la Universidad de Arizona de Tempe, y con las clases que imparte en laSchool of Public Enviromental Affaire, igualmente en la Universidad de Indiana.
Entre los reconocimientos más recientes que Ostrom ha recibido a lo largo de su carrera universitaria, junto con el Premio Nobel, se encuentran los dos premios recibidos también en el año 2009: el Reimar Lüst Award for International Scholary and Cultural Exchange, de las fundaciones Fritz Thyssen Foundation y Alexander von Humboldt de Alemania; y el Jonathan M. Tisch Prize for Civic Engagement Research de la Universidad de Tufts de Massachusetts. En el año 2008 recibió el Galbraith Award de la American Agricultural Economics Association, y el premio William H. Riker Prize de ciencia política de la Universidad de Rochester. Ha sido siete veces investida doctora honoris causa por varias universidades internacionales. En 2008 lo fue por la Universidad de Ciencia y Tecnología noruega de Trondheim y por la Universidad de McGill de Montreal, y en 2007 por la Universidad de Humboldt de Berlin y por la Universidad sueca de Uppsala.
En opinión de Ostrom, los mercados abiertos y competitivos resuelven de manera óptima la producción de los bienes privados, y la búsqueda de beneficio incentiva la innovación tecnológica y la creación de empresas. Pero hay que considerar el riesgo que puede aparecer en la gestión del capital social natural cuando la propiedad total de un recurso infiere la capacidad para decidir preservarlo o, todo lo contrario, para poder esquilmarlo. El argumento principal es que en muchas ocasiones es difícil establecer los derechos de propiedad de los elementos que componen la diversidad biológica de las distintas y variadas regiones del mundo.
La propuesta de la línea de pensamiento en la que se encuentra posicionada Elinor Ostrom considera relevante observar los arreglos institucionales históricos que hayan demostrado eficacia en la gestión de la explotación de los recursos, dentro de sistemas económicamente complejos y perdurables en el tiempo. Las instituciones buenas se consideran robustas cuando las reglas que generan son eficaces para las decisiones colectivas en la gestión de los recursos. Para caracterizar las instituciones eficientes se determinan siete principios de diseño institucional, a saber: clara definición de los límites de la explotación de los recursos; congruencia entre las reglas de explotación de los recursos y las condiciones locales de cada región afectada; participación de las partes implicadas en las decisiones colectivas; supervisión del sistema de explotación de recursos; sanciones graduales; mecanismos para la solución de los conflictos; reconocimiento a los usuarios explotadores de un recurso a determinar organizaciones para su aprovechamiento comunitario, y la conveniencia de establecer empresas anilladas para llevar a buen término las actividades de aprovechamiento de recursos.
El disfrute de las pesquerías de diferentes países o el reparto de las aguas para regadíos son dos actividades productivas que caen dentro de los casos estudiados por Ostrom. Son esclarecedoras las observaciones que hace sobre algunos ejemplos concretos, refiriéndose a cómo en el pasado la gestión ejercida por una comunidad de agentes, implicados en la explotación de dichos recursos, ha sabido resolver favorablemente la utilización de éstos. En el caso de las aguas para regadíos, Ostrom ha estudiado los mecanismos de resolución de conflictos desarrollados según el arbitraje del Tribunal de Aguas creado en la Edad Media en la Comunidad Autónoma de Valencia. Esta cuestión histórica la ha analizado como un buen ejemplo de gestión comunitaria eficaz, y es un caso que se encuentra incluido en su libro de referencia sobre la buena gobernabilidad de los recursos.
La visión del crecimiento económico en los planteamientos de Elinor Ostrom se inserta dentro de un modelo de economía sostenible respetuoso con la biodiversidad. Sus investigaciones plantean la dificultad de la gestión del capital natural, para lo que se hace necesario diseñar mecanismos de regulación complejos y anillados. Es posible, y conveniente, establecer nuevas pautas en la administración de los recursos escasos, con el objetivo de constituir metaniveles de gestión que impliquen a distintos gobiernos y que se prolonguen en el tiempo. De esa manera, se puede asegurar una óptima gestión del capital que pertenece a las sociedades de diferentes regiones interconectadas geográficamente, con el objetivo de proteger a largo plazo los ecosistemas. Sus ideas principales se gestaron en la década de los ochenta del siglo XX y han quedado reflejadas en el libro que sintetiza su pensamiento económico: Governing the Commons: The Evolution of Institutions for collective Action, publicado en 1990. Este libro está traducido al castellano en la editorial Fondo de Cultura Económica. Otros nombres destacados que han trabajado en la misma estela investigadora de la economía institucional son Robert Netting, Thráin Eggertsson, Daniel Bromley, Margarite McKean, Fikret Berkes y David Feeney.
El economista Oliver E. Williamson es actualmente profesor emérito en la Facultad de Business, Economics and Law de la Universidad de California, en Berkley. En el año 2004 recibió el premioHorst Claus Recktenwald Price in Economics y en 1983 recibió el Prize for Distinguished Scholarship in Law and Economics de la Universidad de Miami. Ha sido investido en diez ocasiones doctor honoris causa. En el año 2004 lo fue por la Universidad de Valencia y en 2005 por la Universidad de Niza. Entre sus actividades profesionales complementarias destacadas se encuentran las presidencias que ejerció entre los años 1999 y 2001 de la Sociedad Internacional de la Nueva Economía Institucional, entre 1997 y 1998 de la American Law and Economics Association, y entre 1999 y 2000 de la Western Economics Association. En el año 2005 visitó Madrid invitado a un ciclo de conferencias de la Fundación Rafael del Pino.
Williamson ha desarrollado la teoría de los costes de transacción que se encuentra originalmente en la obra de Ronald Coase. Sigue el análisis institucional para determinar la sistematización de la organización productiva. En esta metodología, la transacción aparece como la unidad básica de análisis. Se admite que toda relación, económica o de otra clase, que necesite establecer contrataciones puede desarrollar ventajas en función del abaratamiento de los costes de transacción. Williamson ha distinguido entre los costes de transacción ex ante y ex post. Los costes de transacciónex ante son aquellos en los que se incurre como consecuencia de preparar y negociar los acuerdos de una organización productiva. Los costes ex post recogen los costes de instalación, estructura de la gobernación de la organización, supervisión y control de resolución de conflictos, costes de adaptación de las tareas de producción y costes derivados de la conservación de los compromisos adquiridos. La variedad organizativa de las empresas surge como consecuencia del deseo de economizar los costes de transacción.
Es importante observar las condiciones que concurren para que las empresas externalicen determinadas operaciones en lugar de desarrollarlas internamente. El análisis de Williamson estudia la economía de las estructuras empresariales y sus estrategias de producción combinando la teoría económica, el derecho y la teoría de la organización corporativa. En este tipo de análisis no es determinante el tradicional estudio de las decisiones internas de las empresas, según el cual el entorno tecnológico dado determinaba las funciones de producción que condicionaban las decisiones óptimas de cada firma, minimizando el coste o maximizando el beneficio. Williamson focaliza su análisis en la estructura organizativa de las corporaciones. Las empresas y los mercados son observados comparativamente en el ahorro de los costes de transacción.
Los antecedentes teóricos que influyeron en la obra de Williamson se encuentran dispersos en varias publicaciones que se desarrollaron a lo largo de la década de los años 30 del siglo XX. Entre los autores destacados que han servido de inspiración a Williamson estuvieron Frank Knigth (Risk, Urcentainty and Profit, 1922), Karl Llewellyn (“What price contract”, 1931), John R. Commons (Institutional Economics, 1934), Ronald Coase (“The nature of the firm”, 1937) y Chester Barnard (The Functions of the Executive, 1938). Otros economistas posteriores que han dejado su impronta en el ideario de Williamson fueron Friedrich Hayek (“The use of knowledge in society”, 1945), Kenneth Arrow (“The organitation of economic activity: Issues pertinent to the choice of market versus nonmarket allocation”, 1969), Herbert Simon (Administrative Behavior, 1947), Alfred Chadler (Strategy and Structure, 1962) y Michael Polianyi (Personal Knowledge, 1962).
La ideas fundamentales de Williamson se encuentran compendiadas en el libro titulado The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, publicado en Nueva York en 1985. El libro está editado en castellano en la colección de Fondo de Cultura Económica en el año 1985. También ha sido traducido al italiano (1987), al alemán (1990), al francés (1994), al ruso (1995), al polaco (1998) y al ucraniano (2000).


II. Ostrom y Williamson: dos Nobel al análisis Institucional

Foto: Diferentes momentos de la Gala de los Premio Nobel de 2009, otorgados por la Academia Sueca
Los premios Nobel de 2009 otorgados a Elinor Ostrom y Oliver E. Williamson significan una continuidad en el claro respaldo que la Academia Sueca ha venido dando a la economía institucional como rama relevante del conocimiento económico, y cuyo primer hito fueron los Nobel concedidos a Ronald Coase y Douglass North en 1991 y 1993, respectivamente. Sin embargo, más allá del común denominador institucional, las diferencias entre ambos en cuanto a formación, temática tratada y perspectiva de análisis son notables.
Ostrom, en concreto, representa un caso singular en la historia de los premios Nobel de Economía, y ello no sólo por ser la primera mujer que ha recibido dicho galardón, sino también porque no es una economista de formación. Es una experta en ciencia política que además ha dedicado buena parte de su vida a estudiar una cuestión bastante específica, aunque de enorme importancia, por la que los economistas profesionales se han interesado más bien poco: la gestión colectiva de los llamados “recursos de propiedad común”.
Nacida en Los Ángeles en 1933, se licenció en Ciencia Política en 1954 en la Universidad de California (UCLA), donde también realizó sus estudios de postgrado, doctorándose en 1965 con una tesis sobre una experiencia exitosa de gestión comunal del agua subterránea en el sur de California. Casada con el politólogo Vincent Ostrom, ambos se trasladaron a la Universidad de Indiana en 1965, donde en 1973 fundaron el Taller de Teoría Política y Política Pública. Ha sido precisamente en dicha universidad donde Elinor ha desarrollado la práctica totalidad de su carrera docente como profesora de ciencia política (su curriculum completo puede consultarse enhttp://www.indiana.edu/~workshop/people/ lostromcv.htm).
Los llamados “recursos de propiedad común” (RPC, common property resources o common-pool resources), pese a su equívoco nombre, no son recursos controlados bajo regímenes de propiedad comunal, sino recursos naturales usados por muchos individuos en común que cuentan con dos características concretas: dificultades de exclusión y rivalidad en el consumo (o sustractividad). Así, entre los “recursos de propiedad común” estarían, por ejemplo, las pesquerías de bajura, los acuíferos extensos o algunos sistemas de riego. Pues bien, Ostrom ha analizado en qué condiciones sería posible la gestión de estos recursos singulares bajo un efectivo régimen de propiedad comunal, de modo que no fuese necesario recurrir a la privatización o a la intervención estatal para evitar su desaparición; o, dicho de otra manera, ha estudiado las posibilidades de cooperación (acción de gestión colectiva) ante recursos con estas peculiares características.
Tradicionalmente, se habían venido utilizando tres potentes argumentos teóricos para defender la perentoria necesidad de privatización o nacionalización de los “recursos de propiedad común”. El primero era la llamada “tragedia de los comunes” o del libre acceso, que acuñó el biólogo Garret Hardin: ante la ausencia o mala definición de los derechos de propiedad sobre estos recursos, el resultado a medio y largo plazo es su sobreexplotación a medida que aumenta el número de usuarios, el capital y el nivel de desarrollo tecnológico, de forma que se llega indefectiblemente a su agotamiento total; los individuos actúan “a la captura” como única forma de apropiarse efectivamente el recurso, fijándose sólo en el corto plazo, e ignorando las consecuencias completas de sus acciones sobre la colectividad.
El segundo argumento para negar toda posibilidad de cooperación voluntaria en la gestión de “recursos de propiedad común” era el dilema del prisionero, ilustrativo de cómo estrategias racionales individuales conducen a un resultado “irracional” desde el punto de vista de la colectividad. El dilema del prisionero puede caracterizarse como un juego no cooperativo, donde todos los jugadores poseen información completa y la comunicación entre ellos es imposible o está prohibida; por tanto, los jugadores deciden sin conocer la elección de los demás y cada jugador elige antes de conocer el desenlace. En estas condiciones, la estrategia dominante es la no-cooperación.
Foto: Oliver E. Williamson y Elinor Ostrom
El tercer argumento se encontraba en La lógica de la acción colectiva (1965) de Mancur Olson, quien puso en cuarentena la premisa de que la simple posibilidad de que un grupo obtenga un beneficio de la realización de cierto objetivo (con características de bien público) sea suficiente para generar una acción colectiva en aras de la consecución de dicho objetivo; es decir, aunque el interés individual racional coincida con el supuesto interés perseguido por el grupo en su conjunto, ello no conduce necesariamente a una acción colectiva eficaz. Tal hecho sólo ocurrirá en grupos suficientemente pequeños o bajo determinadas condiciones (de coerción, por ejemplo). Es el problema del “gorrón” o del free-rider.
Frente a tales argumentos, que parecían presentar inevitablemente la privatización o nacionalización de los llamados “recursos de propiedad común” como la única garantía de su conservación, Ostrom ha estudiado sobre el terreno, descendiendo al análisis de casos concretos, las posibilidades de cooperación voluntaria y autoorganización para llevar a cabo una gestión exitosa de aquéllos. Ello depende en buena medida de las características del juego: tamaño del grupo de jugadores, disponibilidad de información sobre la situación agregada del recurso, capacidad de identificar “engaños”, importancia de las sanciones, tamaño de las recompensas por la no cooperación, descuento de los futuros payoffs, existencia de mecanismos de resolución de conflictos, etc. En muchos casos, además, la exitosa gestión colectiva de recursos se apoya en marcos estables de carácter tradicional y consuetudinario, con unas reglas sencillas de aprovechamiento de los recursos y la exclusión de los no miembros o comuneros, y donde la principal amenaza para la cooperación puede venir de cambios bruscos y rápidos en el entorno (tecnológicos, poblacionales, económicos, etcétera).
En particular, en el que quizá sea uno de sus libros más importantes, Governing the commons. The evolution of institutions for collective action, de 1990, Elinor Ostrom analiza muchos casos concretos. Por ejemplo, examina algunos casos en los que la cooperación ha funcionado a largo plazo, como las instituciones de regantes de las huertas valenciana, murciana y alicantina. También estudia la readaptación de los acuerdos institucionales comunales en las cuencas de agua subterránea del Sur de California, y asimismo se detiene en ciertos casos donde claramente la gestión colectiva ha fracasado, como algunas pesquerías de bajura en Turquía y Sri Lanka.
Por su parte, Oliver Eaton Williamson –nacido en 1932– representa una corriente intelectual muy distinta a la de Ostrom dentro de la economía institucional: la que hace referencia al gobierno de la empresa. Su formación y su perfil profesional –como puede observarse en su página personal (http://groups.haas.berkeley.edu/bpp/oew/)– responden asimismo a un patrón más convencional que el de Ostrom en lo que respecta a la tradición de los Nobel de Economía: licenciado en Gestión Empresarial por el MIT en 1955, master por Stanford en 1960 y doctor por la Carnegie Mellon University en 1963, ha sido profesor de las universidades de Pennsylvania (de 1965 a 1983), Yale (1983-1988) y Berkeley (desde 1988).
Libros
Su gran contribución radica en haber transformado nuestra visión de la empresa desarrollando las intuiciones de Ronald Coase, quien, a su vez, rompió con la concepción neoclásica de la empresa como “caja negra” que hundía sus raíces en las décadas finales del siglo XIX: tras la revolución marginal, los economistas se centraron en estudiar cómo el mercado “organizaba” la actividad económica a través del mecanismo de precios, y en este contexto la empresa pasó a concebirse como una simple función de producción, es decir, una entidad transformadora de inputs en outputsde acuerdo a una determinada relación tecnológica. Lo que interesaba realmente eran las relaciones entre empresas a través del mercado, no el “contenido” de la empresa en sí, esto es, su organización interna. Preguntas tan fundamentales como por qué la empresa ‘decide’ crecer o por qué se organiza de determinada manera quedaban sin respuesta.
Así las cosas, Coase, en su artículo de 1937 “La naturaleza de la empresa”, iba a dar las claves para desentrañar el misterio. Consideraba el mercado y la empresa como dos formas alternativas de hacer lo mismo, si bien el mercado funcionaba de forma descentralizada, mientras que la empresa era una organización jerárquica. De hecho, las empresas podían ser vistas como islas de planificación en un océano de coordinación impersonal y descentralizada. La cuestión, entonces, era explicar por qué existía la organización empresarial. Para Coase, la respuesta sólo podía estar en la existencia de lo que él denominó “costes de transacción”, es decir, costes de utilizar el mecanismo de precios: búsqueda de información sobre precios y calidades, búsqueda de compradores y vendedores y de información sobre su comportamiento y circunstancias, negociación y redacción de contratos con las consiguientes garantías, vigilancia de su cumplimiento, ejecución de los contratos cuando los socios no cumplen, protección de los derechos de propiedad frente a terceros, etc. En suma, los costes de transacción eran equiparables al “rozamiento” con que funcionaba el sistema de intercambios y, cuando estos costes eran importantes, podía llegar ser provechoso crear una empresa.
Sin duda, estas ideas de Coase eran suficientemente atractivas, pero lo cierto es que permanecieron en el más absoluto olvido hasta que Oliver E. Williamson las desempolvó en la década de los ochenta, en su libro The Economics Institutions of Capitalism (1985). Williamson retomó la intuición básica de Coase –la estructura organizativa empresarial, entendida como estructura especializada de gobierno, surge sólo cuando permite ahorrar costes de transacción respecto al mercado– profundizando en un aspecto clave, a saber: ¿qué hace que la cuantía de los costes de transacción sea más o menos importante?
Como ha señalado Buchanan, la situación típica que los economistas formados en la tradición neoclásica estamos acostumbrados a concebir es la de un supermercado donde el consumidor tiene ante sí todos los productos etiquetados, perfectamente conocidos y con su precio fijo marcado. Sin embargo, la situación real de la economía se parece más a una feria de ganado, donde un tratante intenta venderle a otro un caballo: el precio no está en modo alguno fijo ni marcado, las características del animal sólo son accesibles a un experto y el vendedor no desvelará la información que no le favorezca. Es precisamente en este contexto cuando cobran importancia los costes de transacción, ya sean ex-ante (redacción, negociación y salvaguarda de los contratos) o ex-post(derivados de desviaciones respecto a lo acordado, costes de arbitraje, de garantía, etc.). Mientras la economía neoclásica se centra en las transacciones estandarizadas, instantáneas y “sin cara”, el neoinstitucionalismo se fija en las numerosas relaciones contractuales continuadas que tienen lugar en la economía bajo circunstancias diversas.
Precisamente, lo que hace que los costes de llevar a cabo transacciones en el mercado puedan diferir de los de realizarlas bajo una estructura empresarial son las características de esas transacciones –frecuencia con que éstas se producen y grado de especificidad de los activos–, teniendo en cuenta un entorno incierto y unos agentes que poseen una racionalidad limitada y se comportan de forma oportunista.
En concreto, la racionalidad limitada significa que, ante problemas complejos, y en ausencia de información completa, los agentes tratan de ser racionales, aunque sólo lo consiguen de manera ‘limitada’. A la hora de tomar decisiones, muchos datos no son conocidos, y conocerlos es costoso; además, la propia percepción del problema (plantearse cuáles son sus aspectos fundamentales, cuáles son los datos relevantes para resolverlo, etc.) ya es una cuestión compleja. De esta forma, más que maximizar, el agente persigue alcanzar un nivel de satisfacción aceptable. Por otra parte, en muchos casos la contratación ex-ante se convierte en una labor difícil –pues aparecen gran cantidad de detalles y contingencias que no es posible tener en cuenta–, cobrando importancia los arreglos institucionales complejos que intervienen con posterioridad a la transacción.
Libros
El comportamiento oportunista significa que los agentes buscan su propio interés ‘engañando’ a la otra parte o aprovechándose de ella (no desvelan la información que poseen, o incluso lo hacen de forma distorsionada para confundir al otro). El oportunismo, en presencia de información incompleta y asimétrica, y dada imposibilidad de averiguar los planes de los competidores, constituye una fuente importante de incertidumbre, y la incertidumbre hace que las cuestiones de organización sean relevantes. Es decir, se hace necesaria la búsqueda de mecanismos institucionales que permitan solventar en lo posible el problema del comportamiento oportunista (reputación, contrato y sistema legal, etcétera.).
Teniendo en cuenta estas dos características de los agentes, es posible explicar por qué una empresa decide internalizar o no nuevas operaciones (y, en último término, por qué se integra verticalmente o por qué adopta una determinada estructura jerárquica, desde la más simple hasta la forma multidivisional más compleja) a partir de las características de las transacciones que realiza: el grado de especificidad de los activos y la frecuencia. Es claro que los costes de transacción se incrementan en la medida en que estemos ante activos más específicos (cuyo valor para el propietario en el uso para al que se destinan no coincide con su precio en el mercado), porque las oportunidades de comportamiento desleal aumentan. Asimismo, los costes de transacción se incrementan en la medida en que sean más frecuentes las transacciones de tipo “relacional” (es decir, aquéllas que no son instantáneas o “sin cara”, propias del intercambio de productos estandarizados). Y en otro sentido diferente, el carácter habitual o no de las relaciones contractuales entre dos agentes también influye en la posibilidad de comportamientos oportunistas.