Luis Puch @lpuchg y Antonia Díaz @AntoniaDiazRod
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que 50 años después, incluso tras
varios avisos, hayamos vuelto a tropezar con la misma piedra? Todo
apunta a que es otra consecuencia de la Gran Moderación; ese periodo
entre mediados de los noventa y la Gran Recesión en el que parecía que
la Historia había acabado, los ciclos económicos habían desaparecido,
que el mercado podía solucionar cualquiera de nuestros problemas, y que,
si había sorpresas, podíamos estar tranquilos porque los bancos
centrales (la política monetaria de precisión) y la deuda
pública (para qué pensar en diseñar un buen sistema impositivo cuando se
puede dejar la tarea para las próximas generaciones) vendrían al
rescate.
La pandemia empezó a resquebrajar esta apariencia de mundo feliz.
Ahora se ha venido completamente abajo. Podríamos decir que hemos salido
de la caverna. ¿Hemos conseguido captar su atención? Pues lo vamos a
poner más negro (o más claro, siguiendo con el mito platónico).
¿Déjà vu de los años 70?
Este no es un shock de petróleo, sino de gas. La diferencia
fundamental es que el gas tiene una logística y forma de transporte
diferente de la del petróleo en la que la localización de los
suministros energéticos es esencial. Es decir, sustituir las fuentes de
suministro con rapidez es mucho más difícil. Ahora, además, podríamos
decir que es un shock autoinfligido, porque buena parte
de nuestra vulnerabilidad energética se debe a errores propios, en
Europa y en España. La lista es larga, como hemos discutido aquí, aquí o aquí.
Todo apunta a que la crisis energética actual se gestó a lo largo del
verano de 2021, asociada a una reducción estratégica en el suministro
del gas ruso a Europa. De nuevo, eso sí, en otro momento convulso,
marcado esta vez por la pandemia de la Covid-19 y, sobre todo, por la
lenta recuperación post-pandemia que ha venido marcada, podríamos decir
lastrada, por los cuellos de botella en las cadenas de suministro. Una
tormenta perfecta.
¿Por qué tropezamos otra vez con la misma piedra (o parecida)?
La realidad es que nunca en estos años se han dado los incentivos suficientes en Europa Occidental
para promover una sustitución definitiva de los combustibles fósiles
por las energías renovables. Esta falta de incentivos, combinada con la
naturaleza de la tecnología productiva, hace que nos sea muy difícil
responder con rapidez a aumentos súbitos en los precios energéticos.
Esto lo sabemos desde hace tiempo, aunque parece que este conocimiento
no se ha incorporado al acervo de políticas macroeconómicas. Y es que
los shocks energéticos, aunque muy dolorosos, no son muy frecuentes.
Olvidamos con rapidez.
Durante estos años hemos mejorado nuestra comprensión a nivel
macroeconómico acerca de los determinantes de la demanda agregada de
energía. Esos determinantes son tecnológicos: el capital, para dar
servicios, necesita energía y tanto más cuanto menos eficiente es. En
términos agregados, la ratio capital-energía nos da una buena medida de
la eficiencia energética de nuestro acervo productivo. Nuestros trabajos
(aquí y aquí)
ponen de manifiesto que la elasticidad de sustitución de capital
productivo por energía en el corto plazo es muy baja, mientras que en el
medio y largo plazo es mucho mayor. Este comportamiento de los
agregados es consistente con un modelo macroeconómico de uso de energía
en el que la tecnología en el corto plazo es putty-clay (el
requerimiento de energía está fijo en el corto plazo dada la estructura
del capital productivo instalado) pero a largo plazo es putty-putty, porque
se reemplaza capital antiguo más intensivo energía por capital nuevo
más eficiente. Es decir, en el corto plazo capital y energía son
complementarios y en el largo plazo son sustitutos. De hecho, la
elasticidad de sustitución en el largo plazo es alta y permite pensar en
modelar la producción agregada con la conocida función de producción
Cobb-Douglas, a condición de que la inversión esté cumpliendo su doble
función: aumento del capital productivo y mejora en la eficiencia
energética.
¿Cuál es el efecto agregado del shock actual?
¿Por qué hacemos tanto énfasis en esta diferencia de corto y largo
plazo en la elasticidad del uso energético? Porque queremos dar una
estimación del coste del aumento actual de los precios. Para poder hacer
esa estimación es crucial contar con el buen modelo macroeconómico. Un
error frecuente que se comete, desde nuestro punto de vista, es tratar
de contestar a preguntas en macroeconomía de la energía con un modelo en
el que, a diferencia de nuestras (y otras, aquí y aquí)
contribuciones a la literatura, la tecnología supone una sustitución
imperfecta entre capital y energía tanto a corto como a largo plazo.
Nuestra experiencia es que los modelos macroeconómicos con esta
propiedad implican demasiada sustitución en el corto plazo y demasiado
poca en el largo plazo respecto a lo que indican los datos. Del mismo
modo, buena parte de las estimaciones que se manejan sobre la
elasticidad precio de la energía a corto y a largo plazo no son
estructurales, y en muchos casos incorporan implícitamente el supuesto
de sustitución imperfecta. Por tanto, hay que tener cuidado con las
interpretaciones.
Esto es crucial para entender el efecto del alza actual de precios y
el potencial efecto de una rebaja impositiva. Si esto es importante,
imaginen ahora la enorme diferencia que hará evaluar los efectos bajo el
supuesto de que el shock energético es o no transitorio en uno (el que
sobrestima la sustitución entre capital y energía a corto plazo) y otro
(el que diría que el requerimiento de energía está totalmente fijo en el
muy corto plazo, que quizás sea extremo, pero se parece más a los
datos) modelos.
En definitiva, desde nuestro punto de vista, no tener presente la
complementariedad a corto plazo entre capital productivo y energía, tal y
como la acabamos de describir, puede inducir a error en las
recomendaciones de política económica y energética adecuadas para la
situación actual. Por tanto, nuestra recomendación en este punto es
cautela y, sobre todo, tratar de manejar la mejor información disponible
acerca de si el shock es transitorio o se vuelve permanente.
Nuestro modelo de uso de energía dice que, si en el muy corto plazo
la energía que vamos a usar no puede ajustarse, un aumento de los
precios en un 10% supone una caída del PIB en 0.4%, en términos anuales.
Esto nos da el precio de la inacción en el momento actual.
¿Qué hacer en el muy corto plazo?
Tenemos que diferenciar entre las medidas dirigidas a atacar la
subida de los precios, de aquellas destinadas a paliar sus efectos. La
urgencia de la situación es tal que se hace necesario ayudar al sector
privado, especialmente a los agentes más vulnerables. Entiéndase que no
queremos socializar pérdidas sino sostener nuestro tejido productivo en
un momento delicado en que, sin acabar de recuperarse de la crisis de la
COVID-19, debe enfrentar un alza inesperada de costes. Para decidir qué
hacer echamos mano de la Teoría Económica. Nuestros trabajos
(referenciados arriba) nos dicen que una bajada impositiva, transitoria,
que compense esa alza de costes, reduce el impacto de los precios
energéticos en el PIB (en el modelo, en su totalidad). Y esto es así
porque, al ser la demanda inelástica en el corto plazo, no hay forma de
sustituir costes: un tractor que consume diésel no se puede reemplazar
por un e-tractor de la noche a la mañana. Eso se hace con tiempo y un
apreciable esfuerzo inversor. Pero, ¿cómo se materializa en la
complejidad del mundo real nuestra herramienta teórica? En un recorte de
la imposición indirecta sobre los combustibles. Una medida así es
controvertida, porque hay bastantes argumentos de la conventional wisdom
en su contra. Para empeorar las cosas en el caso de España, los
impuestos específicos a los hidrocarburos están muy cerca del mínimo
(¡de cuantía fija!) que impone la UE (y a diferencia del caso de
Alemania, Francia o Italia, entre otros que sí tenían margen para
rebajas significativas). Así que sólo nos queda que la UE rebaje el
mínimo, o una rebaja del IVA, generalizada o selectiva. ¿Tiene sentido?
Repasemos los argumentos:
(i) El IVA es un impuesto al consumo, luego no afecta a la producción.
… Y ya nos gustaría. En la realidad, el IVA, a veces, se convierte en
un impuesto a la producción porque se hace muy difícil su traslación
(gracias por apuntarlo, Diego y Francisco).
Esto ocurre especialmente en la Agricultura, Ganadería y Pesca (en el
Régimen Especial AGP los sujetos pasivos no se pueden deducir el IVA, en
el Régimen Simplificado, sí). Además, para muchos autónomos y pymes, el
tiempo que transcurre entre la fecha de pago de sus inputs productivos
con IVA, y la compensación de dicho IVA por facturación de los outputs
correspondientes a esos inputs, importa. Plazos dilatados de pago a
proveedores por parte de las grandes empresas y la Administración,
suponen costes financieros elevados. Por tanto, el impacto positivo
podría alcanzar a autónomos y pymes con altas facturas energéticas y no
tan boyantes resultados de explotación. El argumento del coste
financiero aplica también para las empresas que tienen ciclos de
producción y ventas largos (gracias, Juanfran),
y para las empresas exportadoras dentro de la UE (“entregas
intracomunitarias”) y fuera, a la espera de la devolución del IVA
soportado que no pueden repercutir fuera de nuestras fronteras. ¿Es
elevado este coste financiero? El Banco de España debe saberlo por el
registro CIRBE (Central de Información de Riesgos del BE) de las
partidas en las que la Agencia Tributaria aparece como deudor de las
devoluciones de IVA y de las bonificaciones del REAGP.
Bueno, al grano. Nuestro modelo de uso de energía dice que, si en el
muy corto plazo la energía que vamos a usar no puede ajustarse, una
reducción generalizada del IVA desde el 21% al 10% con carácter
transitorio, podría tener efectos directos significativos sobre la
producción (transportistas) por las razones que hemos expuesto, con los
correspondientes efectos inducidos (supermercados). ¿Qué por qué los
sectores afectados no solicitan tanto una rebaja del IVA? Nuestra
impresión es que están a la espera de subsidios específicos, en vez de
un mecanismo con una relación coste-efectividad de la medida que
intuimos favorable en el muy corto plazo.
Además, tendríamos el efecto de política fiscal expansiva asociado a
la reducción de impuestos, algo que las familias agradecerían en este
momento y con ello el sector turístico esta próxima Semana Santa.
Nuestro modelo dice también que no hay razón para preocuparse por un
menoscabo del ahorro energético en el agregado, porque con precios tan
altos, la demanda energética se moverá poco en el muy corto plazo, y si
lo hace será ya en la buena dirección. Finalmente, lo que también nos
parece importante en este caso es la señal que una medida de este calado
hubiera aportado en cuanto a que se actúa con decisión, y más aún en
cuanto a que el Gobierno no se dedica a aprovechar la crisis para
engordar su recaudación.
Seguimos con los argumentos, menos graves:
(ii) Hay consumidores de renta alta que podrían beneficiarse sin que ese sea el objetivo de la política.
Pero es que discriminar es costosísimo y suele llevar un tiempo que no
tenemos. Quizás con diferenciar solamente entre diésel y gasolina ya
estaremos discriminando lo suficiente en la coyuntura actual, pero esto
que lo digan los expertos.
(iii) Las empresas energéticas utilizarán la rebaja para apropiarse de rentas adicionales, puesto que no hay competencia.
Obviamente, en este caso debe intervenir la Comisión Nacional para los
Mercados y Competencia, y hacer su trabajo. Si esta vez fallara, mejor
cerrar. Además, del mismo modo que el Estado puede renunciar a parte de
su recaudación energética extraordinaria, (si la hay, no está claro),
las empresas energéticas deberían poder renunciar a una parte de sus
beneficios extraordinarios de manera transitoria. En ese caso, la buena
disposición de las empresas en la coyuntura actual sería fundamental.
Véase la propuesta de Natalia Fabra aquí,
enfocada al mercado eléctrico. Los técnicos podrán determinar la
cuantía justa de dicha tasa y la duración de la medida. Un consenso
sobre la necesidad de que las empresas energéticas renuncien a sus
beneficios extraordinarios contribuiría a aumentar los recursos
disponibles para las ayudas a las familias y los sectores más
vulnerables en esta crisis. Mejor aún, que la renuncia a beneficios se
refleje en las próximas semanas en una fijación de precios lo más
ajustada posible a los costes de las empresas energéticas. La
compensación sería sus beneficios futuros, tras contribuir a sostener
nuestro tejido productivo. Para más adelante queda si las empresas
energéticas son consideradas de interés estratégico y lo que eso
implica, como en Francia.
(iv) Una rebaja de este tipo supone un coste para todos. Sí, nada es gratis, pero en este caso el coste puede ser menor que el beneficio. Habrá que evaluarlo, y no negar a la mayor.
(v) No es la panacea para los que mas apoyo necesitan. Cierto.
Una lección que deberíamos tener aprendida es que, en el mundo real,
para atacar un problema, es mejor usar todos los instrumentos de
política disponibles, no tenemos por qué restringirnos a uno solo, que
en este caso parece inferirse del debate que alcanza sólo a los
subsidios a familias y sectores vulnerables.
¿Qué hacer en el corto plazo?
Ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de la necesidad de reformar el mercado de formación de precios eléctricos (véase aquí y aquí). Hoy (por ayer) aparece un artículo en El País donde se enumeran las medidas que la Comisión Europea baraja
para hacer frente a la crisis energética, y por ahí están las de la
Agencia Internacional de la Energía (algunas muy naïve: domingos sin
coche o más bici, que sí, que vale, pero). Vamos a repetirlo: En este
caso, (1) la medicina del alza de precios no nos hace más eficientes en
el muy corto plazo (¿hasta seis meses?), solo nos empobrece y (2) el
alza de precios no es una señal de escasez sino de la guerra de Putin.
Teniendo esto en mente, queremos insistir en que no es bueno sino
perjudicial usar un único instrumento de política económica para hacer
frente al shock energético. Nuestra propuesta del día 1 de marzo sobre
la doble ronda del mercado eléctrico supone separar la oferta que se
comporta de forma competitiva (sin gas), porque para ella el sistema
marginalista funciona como dice la teoría, de la oferta que no lo es.
Nuestra propuesta de hoy insiste en que si el shock energético es
transitorio conviene complementar en el muy corto plazo las ayudas que
se barajan, con rebajas transitorias en la imposición indirecta y con
redistribución desde los ganadores hacia los perdedores de esta crisis.
Para todo ello es necesario tener presente que cuando la oferta no es
competitiva, sino que se compone de pocos operadores, el sistema de
asignación debe ser uno que incorpore la negociación. Y realmente esta
negociación debería ser coordinada por la Comisión Europea.
