La subida del SMI y el empleo (I): Algunos argumentos teóricos
Juan José Dolado
Salieron la EPA y Contabilidad Nacional de fin de año con datos
esperanzadores. Mientras tanto continúa la disputa sobre el impacto que
la subida del 22,3% del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2019
(añadida al 12,3% de aumento en 2017-18 y al reciente 5,5% en 2020) haya
podido tener sobre el empleo en la economía española. En general, se
trata de un debate sesgado y algo desordenado. Con frecuencia, se
utilizan tanto los argumentos teóricos como la supuesta evidencia
empírica de manera torticera por partidarios y opositores. En esta
entrada, repaso algunos argumentos teóricos sobre el salario mínimo y el
funcionamiento del mercado de trabajo a tener en cuenta en dicho
debate. En una siguiente,
comentaré varias estimaciones del impacto del salario mínimo en el
empleo para el caso español que se citan recurrentemente, señalando sus
limitaciones y cómo mejorarlas.
Argumentos teóricos
El efecto del salario mínimo sobre el empleo depende del grado de
concentración empresarial en el mercado de trabajo. Es bien conocido el
resultado de que, en caso de monopsonio (un solo grupo empresarial
contratando en un determinado segmento del mercado de trabajo), un
aumento (no excesivo) del salario mínimo resulta en un mayor nivel de
empleo.
Hay muchas razones para pensar que el mercado laboral no funciona de
la manera competitiva que se enseñaba en los antiguos libros de texto
ilustrando el equilibrio en este contexto. ¿Implicaría un recorte de 1
euro en el salario de una empresa el abandono de sus trabajadores hacia
otras empresas que no lo hayan recortado? Parece que no. La razón básica
se centra en la existencia de costes de búsqueda por parte de los
trabajadores. En lo que se conoce como la Paradoja de (Peter) Diamond (Nobel 2010)
se obtiene un resultado que puede parecer sorprendente: con empresas
idénticas que determinan sus salarios en presencia de dichos costes, la
competencia entre ellas por atraer trabajadores puede dar lugar a
salarios por debajo del equilibrio competitivo. En efecto, si los
trabajadores creen que todas las empresas ofrecen el mismo salario,
entonces no se molestaran en buscar otro empleo, dado que es costoso.
Ahora bien, si no buscan, entonces la política óptima de las empresas
será bajar el salario. Obviamente, este resultado se debilitará si las
empresas son capaces de anunciar sus propias acciones (p. ej, a través
de comités de empresa que divulguen la información), pero sugiere la
gran capacidad de distorsión de la presencia las fricciones en el
proceso de búsqueda.
En otras palabras, en aquellos sectores con escasa movilidad laboral,
el hecho de que el salario de reserva (outside option) de los
trabajadores sea reducido provocará que sean remunerados por debajo de
su productividad. En estas circunstancias un salario mínimo apropiado o
la propia negociación colectiva pueden incrementar el empleo y los
salarios, reproduciendo el equilibrio competitivo. Aunque el clásico
ejemplo de la mina en el pueblo haya quedado obsoleto, la creciente
concentración de la actividad económica está transfiriendo mayor poder
monopsonístico a las empresas, provocando salarios más bajos allá donde
los sindicatos sean débiles, un argumento que debería resultar familiar
en el contexto del mercado laboral español post-2012.
En el libro de Alan Manning, titulado Monopsony in Motion,
se ofrecen muchos ejemplos de casos donde, en línea con el razonamiento
anterior, la existencia de costes de búsqueda permite a los empresarios
fijar salarios por debajo del equilibrio competitivo mientras todavía
se mantiene una oferta suficiente de trabajadores. En un mercado laboral
competitivo, como en el que parecen creer los partidarios de no
aumentar el SMI, la elasticidad de la oferta de trabajo es muy elevada:
los trabajadores se marchan a otras empresas cuando el salario de reduce
en 1 euro, de forma de forma que acaban siendo remunerados según su
productividad. Este no es el caso en la vida real. Evidencia reciente
por parte de Harasztosi y Lindner (2019)
muestra que subidas del salario mínimo suelen trasladarse a precios en
sectores de bienes no comerciables mientras que, a veces, se traducen en
reducciones de empleo en sectores de bienes comerciables (p.ej. en
empresas exportadoras). Algunos comentaristas han apuntados que los
mayores precios reducirán la subida salarial en términos reales, pero si
parte del consumo de estos productos corresponde a los hogares más
pudientes, habrá redistribución. Después de todo, la aprobación de un
salario digno es un compromiso de toda la sociedad que no solo debe
recaer en las empresas. También es cierto que, ante la subida de los
costes laborales, las empresas pueden encontrar óptimo invertir en la
formación específica de sus empleados, mejorando su productividad en
línea con un mayor salario mínimo.
Evidencia empírica
Como decíamos, la debilidad sindical en España, debida a sus propios
errores y a la reforma laboral de 2012, apunta a la posibilidad de que
las empresas hayan aumentado el poder de monopsonio sobre los salarios
de sus trabajadores. En cualquier caso, si la subida del salario mínimo
ha aumentado o disminuido el empleo es, al fin y al cabo, una cuestión
empírica pero siempre guiada por el tamaño de la elasticidad de oferta
de trabajo y la posibilidad de discriminar salarialmente a diversos
asalariados.
Apoyándose en el modelo dinámico de búsqueda de Burdett y Mortensen (1998), el trabajo empírico de Weber
(2015, con datos a nivel de empresa del U.S. Census Bureau’s
Longitudinal Employer Household Dynamics Survey) estima una elasticidad
de oferta de 1,1 para el total de la economía norteamericana, un valor
mucho más reducido que el que se esperaría en un mercado competitivo.
Solamente un 3% de las empresas presentan valores superiores a 5. Cuando
se examina el poder monopsonístico por sectores, se encuentra que es
reducido en las manufacturas y muy elevado en los sectores de cuidados
sanitarios y apoyo administrativo. Finalmente se computa cual sería la
distribución salarial contrafactual en ausencia de monopsonio
(aumentando en una unidad la elasticidad de oferta de trabajo asociada a
cada empresa), encontrando que la varianza de la misma se reduciría en
casi un 10 pp.
Resolver esta cuestión empírica y otras preguntas relevantes sobre el
impacto del salario mínimo sobre la desigualdad y la pobreza es crucial
para la toma de decisiones políticas (como recordaba hace unos días un artículo muy recomendable
de Carlos Sánchez en El Confidencial). Para combatir la desigualdad y
mejorar el empleo, ¿Es mejor utilizar cambios en el SMI (un párrafo en
el BOE) que un impuesto negativo a la renta como en EITC en EEUU (más
costoso administrativamente pero seguramente más eficiente)?, ¿Por qué
no plantear directamente un salario digno (tipo el National Living Wage
aprobado en Gran Bretaña en 2016) en vez de uno mínimo?, ¿Por qué no
recuperar el salario mínimo para jóvenes entre 16 y 18 años que se
abolió en 1998?, ¿ Debe indiciarse el SMI al salario medio o mediano,
dada la asimetría positiva de la distribución salarial? Sería deseable
que los dirigentes de nuestras instituciones destinadas a informar sobre
el impacto de la política económica dediquen más recursos de
investigación e información estadística a arrojar luz sobre estas
cuestiones. Es preferible que quedar atrapados en aquella famosa frase
de Keynes: “Practical men who believe themselves to
be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves
of some defunct economist”.
→ Siguiente entrada: La subida del SMI y el empleo (II): Estimaciones variasLa subida del SMI y el empleo (II): Estimaciones varias
La subida del SMI y el empleo (II): Estimaciones varias
Esta
es la segunda parte de mi contribución sobre el impacto del salario
mínimo en el empleo. Tras enumerar algunos argumentos teóricos que
apuntan a que dicho impacto no siempre tiene por qué ser negativo en la primera parte, aquí comento algunas estimaciones que se han adelantado relativos a la subida del SMI que tuvo lugar en 2019 en España.Estimaciones recientes
Muy poco tiempo después de que se acordara un aumento del 22,3% del SMI en octubre del 2018, algunas instituciones cifraron su impacto en una pérdida de más de 100 mil empleos respecto al nivel de empleo que se hubiera registrado sin dicha subida. ¿Estaban bien fundamentadas esas estimaciones?
La más recordada es la que se basaba en un estudio del Banco de España
elaborado con ocasión del alza en el SMI para 2017 del 8%, cuyos
resultados se extrapolaban a la subida del 2019. Su metodología se
construye sobre el uso de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL)
para comparar la probabilidad de transitar del empleo al desempleo de
aquel grupo de asalariados que en 2016 ganaban algo menos del SMI
imperante en 2017 (grupo de tratamiento) frente a aquellos otros que
ganaban algo mas (grupo de control). El procedimiento es similar a un
Regression Discontinuity Design (RDD) donde, aparte de algunas
diferencias controlables, los dos grupos deberían ser similares y, por
consiguiente, la asignación del tratamiento es bastante aleatoria. Si el
SMI tuviera efectos nocivos sobre el empleo, dicha probabilidad debería
aumentar en 2017 para el grupo de los tratados. Esto es lo que se
encuentra. De acuerdo con los autores, “…dentro de este ultimo grupo
(2.4% de los asalariados en 2016, esto es alrededor de 380 mil
trabajadores …) un 3.1% perdieron el empleo, lo que sería compatible con
una elasticidad de la destrucción de empleo del -0.5 respecto a una
subida de 1 pp. del SMI…y los ingresos salariales agregados quedaron
prácticamente inalterados.” Nótese que esta última afirmación no se
sostiene. Si la subida del SMI en 2017 fue del 6% (en términos reales) y
la caída del empleo del -3.1%, la masa salarial del grupo tratado
aumentará en 2.9% como resultado de la medida. Por tanto, si el objetivo
del SMI es aumentar la masa salarial, efectivamente se consiguió, pese a
que algunos trabajadores perdieran su empleo. Si 12 mil trabajadores
del grupo de tratamiento perdieron su empleo y 376 mil lo mantuvieron,
la subida del SMI en 2017 (€ 61= 825-764) supuso una ganancia para éstos
de € 23 m. (=376.000x61) y una pérdida para aquellos de € 9.2 m.
(=12.000x 764). Incluso la cifra de destrucción de empleo es poco fiable
porque el modelo logit que se estima contiene varias variables
endógenas y bien podría ser el caso que los sesgos de endogeneidad no
sean parecidos para los dos grupos. Es como estimar una demanda de
trabajo sin instrumentar el salario con una variable que desplace la
oferta pero no la demanda: no se identifica nada. Además, se omiten
variables relevantes como la provincia/ CCAA donde se trabaja ya que la
composición del empleo también puede variar por grupos. En definitiva,
hay que tomar estos resultados con bastante cautela y, desde luego, para
nada justifican extrapolaciones taxativas sobre subidas futuras del
SMI.
Otro estudio que proporcionó estimaciones negativas algo exageradas era de BBVA Research. En este caso, los resultados se basaban en un procedimiento de Vectores Autorregresivos (VAR)
que Juan F. Jimeno y yo mismo propusimos hace bastante tiempo para el
análisis de otras cuestiones macro (no micro) de la economía española, y
que a todas luces resulta poco apropiado para analizar los efectos del
SMI.
Estimaciones futuras
Toda estimación del efecto del salario mínimo sobre el empleo se
construye sobre comparaciones entre escenarios alternativos, por
ejemplo, entre antes y después de la subida (event studies) o entre
personas o grupos de población afectados de manera diferente por dicha
subida. Pero no sirve cualquier comparación. Mantener que el aumento del
empleo entre 2018 y 2019 demuestra que el aumento del SMI no ha
afectado negativamente al empleo es un sinsentido. Atribuir toda la
diferencia en la tasa de crecimiento del empleo entre 2018 y 2019 al
efecto del salario mínimo, también lo es, incluso si dicha diferencia se
calcula no en el agregado sino para segmentos específicos del mercado
de trabajo (i.e., agricultura en Extremadura). Y la razón es que dichas
diferencias incluyen muchos otros factores además del posible impacto
del SMI. Un ejemplo es la proporción de inmigrantes en las empresas. Si
éstos tienen mayor movilidad que los nativos, el poder monopsonístico de
las empresas que los empleen será menor.
Para identificar el impacto del SMI es necesario explotar una fuente
de variación que no pueda atribuirse a otros factores (macroeconómicos o
específicos) que causen que el empleo evolucione de manera distinta en
el tiempo, en el espacio, entre sectores de actividad y por grupos de
población. Esto requiere información estadística muy detallada que
todavía no está disponible. La MCVL de 2019 con la que se podría
observar la diferente evolución del empleo entre los afectados de
distinta manera solo estará disponible dentro de unos cuantos meses. No
obstante, con los datos ya disponibles (MCVL-2018 y afiliados por
sectores de actividad y grupos de población en cada provincia) se
podrían avanzar algunos resultados con estimaciones más cuidadosas que
las anteriores. Y apuesto a que no serán tan negativos como aquellas
predicen ni tan superfluos como algunos imaginan.
-https://nadaesgratis.es/dolado/la-subida-del-smi-y-el-empleo-ii-estimaciones-varias
Por una política de SMI sensata y basada en evidencia
Tras
varias semanas de especulaciones, el gobierno y los agentes sociales
han llegado a un pacto que eleva el valor del SMI hasta los 950 euros.
Con esta subida, el gobierno da el primer paso para cumplir con su
compromiso de subir el SMI hasta un nivel de 60% del salario medio al
final de la legislatura, situándolo por el momento a un nivel
equivalente al 60% del salario mediano tras una subida acumulada de casi
40% en cuatro años. Llegados a este punto, conviene que el gobierno se
tome un respiro y cumpla con su segundo compromiso: la creación de una
comisión de expertos para asesorarle sobre la evolución adecuada del
SMI. En mi opinión, el modelo a seguir sería el de la “Low Pay Commission” (LPC) del Reino Unido.En concreto, para ser útil – muchos lectores me llamarán iluso por la pretensión que lo sea – la comisión de expertos debería empezar con una evaluación del impacto de las subidas recientes en el SMI en el empleo, los salarios y la pobreza laboral utilizando las técnicas más avanzadas y basándose en las mejores fuentes de datos. Esta evaluación debería servir para formular recomendaciones sobre el ritmo de las subidas futuras en el SMI acompañadas por estimaciones del coste – en términos de empleo – que conllevaría. Pero la comisión no debería quedarse ahí. Convendría dotarla de un mandato amplio que le permita analizar también cual sería el objetivo final más idóneo para el SMI y plantear posibles mejoras en el diseño del SMI. A continuación ofrezco algunas pautas, pero primero conviene explicar el funcionamiento de la LPC.
La trayectoria de la Low Pay Commission
La LPC fue creada en 1998 mediante la ley inglesa que introdujo el
salario mínimo, diferenciado por edad y con una tarifa específica para
aprendices. El objetivo de la LPC es “recomendar niveles para los
salarios mínimos que ayuden al mayor número de trabajadores con salarios
bajos sin que ello tenga un impacto negativo significativo en el empleo
o la economía”. Y para ello “sus recomendaciones deben estar fundadas
en la mejor evidencia posible”.
Los nueve miembros -expertos independientes y representantes de los
interlocutores sociales- son nombrados por el Gobierno. En un encargo
periódico (remit) el Gobierno especifica los temas que la LPC
debería tratar en sus informes anuales. Por ejemplo, el último encargo,
encomendado en 2015, tuvo como objetivo la formulación y el seguimiento
de la estrategia que debería permitir que el salario mínimo para mayores
de 24 años, introducido este mismo año, y conocido como National Living Wage, alcanzara
el umbral de 60% del salario mediano en 2020. Algo que se cumplió. El
siguiente objetivo es llevarlo a dos-tercios del salario mediano
existente en 2014, extendiéndolo a los mayores de 22 años en línea con
una de las recomendaciones de la LPC.
La trayectoria de la LPC es todo un éxito. Según sus últimas
previsiones, al final del año el principal salario mínimo será un 27%
más alto que si hubieran crecido al ritmo de la renta media desde su
introducción en 1999. Además, las pérdidas de empleo han sido mínimas
según las estimaciones de la LPC y sus informes ponen de manifiesto que
las subidas de los salarios mínimos se han traducido en un crecimiento
similar de las rentas semanales más bajas. Es decir, no hay evidencia de
una disminución relevante en las horas de trabajo, aunque sí un ligero
crecimiento en el uso de contratos de cero horas.
Estos buenos resultados demuestran que una política de salarios
mínimos sensata y basada en la evidencia es capaz de mejorar
considerablemente las condiciones de vida de las personas más pobres sin
causar efectos negativos inasumibles. Sin embargo, la misma LPC avisa
de que el nuevo objetivo es muy ambicioso y pide prudencia. El coste de
imponer niveles demasiado altos (overshooting) podría ser muy
elevados porque ningún gobierno se atrevería a reducir el valor nominal
del SMI, dejando como única solución la opción de congelar el SMI hasta
que su valor real haya bajado lo suficiente.
En este sentido resulta particularmente relevante el informe preparado por Arindrajit Dube,
uno de los mayores expertos y firme defensor del salario mínimo. Tras
una extensa revisión de la evidencia disponible, Dube formula varias
recomendaciones que ayudarían a mejorar la calidad de las evaluaciones
del LPC y minimizar el riesgo de overshooting. Una es el mayor
uso de datos administrativos. Otra es un llamamiento al Gobierno de
adelantar la puesta a disposición de los datos incluso antes de su
publicación. Además, Dube aporta muchas recomendaciones metodológicas.
En ausencia de variación geográfica en los valores del SMI – como es el
caso en España- Dube aboga por la metodología utilizada por el Banco de
España para estimar el impacto sobre la pérdida de empleo entre los
afectados por una subida no anticipada. Por otra parte, para determinar
el impacto en el empleo propone estimaciones que permiten cuantificar
como la incidencia previa del salario mínimo condiciona el crecimiento
del empleo al nivel de sector-región o sector-provincia. Por último, no
faltan referencias a los avances más recientes para medir el impacto de
subidas en el SMI en la distribución de la renta y otros aspectos
relevantes como el impacto sobre el empleo en pequeñas y grandes
empresas o la capacidad de las empresas de trasladar los aumentos en el
SMI a los precios.
Los integrantes de la comisión de expertos deberían tomar buena nota
de todas estas sugerencias. Lo más sensato sería que la comisión
encargue varios estudios a distintos expertos de reconocido prestigio
para estudiar el impacto de las últimas subidas en el SMI. Además, estos
encargos no deberían impedir la puesta a disposición, en la mayor
brevedad posible, de datos administrativos provenientes de la Seguridad
Social para que cualquier investigador/a pueda efectuar su propio
análisis. De esta manera contaremos por fin con la evidencia necesaria
para decidir sobre la futura evolución del SMI, y de paso se daría un
impulso enorme a la investigación académica en España.
La fijación de un objetivo razonable
Pero como he adelantado al principio, la comisión de expertos no
debería limitarse al estudio del impacto de las subidas del SMI. También
debería plantear mejoras en el diseño del SMI, empezando por la
fijación de un objetivo razonable.
-
El umbral de 60% de la renta media (bruta) es una recomendación del
Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, pero no es vinculante
y no deja de ser un criterio arbitrario. De hecho, los datos mostrados
en el siguiente gráfico, extraído del documento que formaliza la primera
fase en la consulta sobre un SMI a nivel europeo, muestra que la gran
mayoría de países europeos estában muy lejos de este umbral en 2018. En
el mismo documento, la Comisión Europea sugiere varias alternativas
menos ambiciosas. La primera sería fijar el SMI al nivel del umbral que
marca la UE para el riesgo de pobreza, fijado en 60% del salario
mediano. España acaba de superar este umbral, como mostramos en esta entrada
conjunta, tras saltar en dos años de la cola a la quinta posición en el
ranking mostrado en el gráfico. La segunda opción es la estimación del
salario o living wageque permite llevar una vida (mínimamente)
digna en los distintos lugares de España. A priori es difícil decir cual
de estas alternativas es la más apropiada, pero no parece razonable que
España se marque un objetivo que nos situaría a la cabeza de Europa
cuando todavía arrastramos una tasa de desempleo del 14%.
La diferenciación del SMI
Otro factor que limita las opciones futuras es el carácter universal
del SMI. La diferenciación por edad, que llevo defendiendo desde hace
años – por ejemplo, en esta entrada
que también hace referencia al LPC – permitiría subir el SMI para
adultos y jóvenes a distintos ritmos. De esta manera, España podría
adoptar objetivos más ambiciosos para adultos sin distorsionar el
mercado laboral de jóvenes. Los riesgos son claros. Tras la última
actualización el SMI para menores de 18 años, en su gran mayoría no
cualificados, es casi 400 euros más alto que en Holanda. Además, pronto
superará también al salario de los aprendices en Alemania si el gobierno
insiste en subir el SMI sin excluir a los más jóvenes. La comisión
debería estudiar la estructura del SMI en otros países y analizar cual
sería la estructura más adecuada en España prestando especial atención a
la posición de aprendices y jóvenes no cualificados.
Por último, puestos a pensar en la
diferenciación del SMI, conviene considerar también la opción de
diferenciar el SMI por regiones. El argumento es similar que en el caso
de los jóvenes. La diferenciación del SMI permitiría fijar el SMI a
niveles superiores en las CC.AA. con los salarios y los precios más
altos sin producir efectos indeseados en las CC.AA. con salarios bajos.
Una opción sería que el gobierno fijara un SMI estatal y que las CC.AA.
que lo desean pudieran imponer suplementos autonómicos, algo que
seguramente será bien recibido por parte de las CC.AA. con las mayores
pretensiones de autogobierno. Sin embargo, cambios de esta índole
requieren tiempo, y para abarcarlos la comisión de expertos debería
contar con un mandato similar al LPC, lo que puede exigir cambios
legales.
Marcel Jansen es Profesor Titular de la Universidad Autónoma de Madrid e
investigador de Fedea. Llegó a España en 2001 tras obtener el
doctorado en Economía en el Instituto Universitario Europeo en
Florencia. De origen holandés, Marcel es un experto en macroeconomía y
economía laboral.
fuente
fuente
- https://nadaesgratis.es/marcel-jansen/por-una-politica-de-smi-sensata-y-basada-en-evidencia
Como de diferente seria lo que sugieres de un SMI por CCAA de los SMI que establecen los acuerdos colectivos por sector-provincia, que si no me equivoco es probable que este por encima del SMI estatal?
omo bien apuntas, los convenios colectivos estipulan tarifas mínimas que no solo son distintos entre sectores pero también entre
el mismo sector en diferentes CC.AA.
Esta característica, junto con la alta tasa de cobertura de los convenios, significa que el SMI tiene que servir para poner un suelo en la distribución de salarios que garantice una vida digna a una persona adulta que trabaja a tiempo completo. Por tanto, hay espacio para un SMI diferenciado si el "living wage" es muy distinto entre CC.AA. y si como resultado los salarios de convenios más bajos están por debajo de este nivel.
Para darte un ejemplo, en el caso de Barcelona se estimó que el living wage está entorno del 1200 euros. En mi opinión sería lógico que la Generalitat pudiera estipular un salario mínimo similar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario