Historia de la crisis financiera en España (I): comparecencia ante el Congreso de Aristóbulo de Juan
Consideramos
que es del máximo interés para los lectores de HD conocer de primera
mano la opinión de un experto como Aristóbulo de Juan sobre el origen y
el desarrollo de nuestra crisis financiera. Aquí tienen extractada la
primera parte de su intervención ante la Comisión del Congreso que
investiga la crisis financiera española. Por su extensión, hemos optado
por publicar una pequeña serie de tres posts.
El origen de la crisis internacional
La crisis tuvo orígenes y manifestaciones diversas, en diversos países.
Por ejemplo, en EEUU, caso emblemático, la crisis encarnó
principalmente en las llamadas hipotecas basura, distribuidas por todo
el mundo a través de instrumentos de ingeniería financiera:
titulizaciones, conduits, etc.
En España, la crisis se centró básicamente en el sector inmobiliario y
en particular en la financiación de los promotores. Éstos adquirían
suelo masivamente, en la expectativa de conseguir una licencia urbana y
construir viviendas que encontraban fácil venta.
También se concentró el crédito en grandes obras monumentales de difícil rentabilidad.
La crisis bancaria llegó a España a partir de 2007. El colapso del
mercado interbancario europeo afectó de manera especial a las Cajas de
Ahorro. Las cuales habían de basar su estrategia de crecimiento en
obtener su financiación en el mercado mayorista.
Aún así, el grueso de la crisis en España tiene mucho que ver con la mala gestión y con la actuación del supervisor.
En nuestro sistema financiero, se daba una singularidad. Entrados ya
los años 80, las cajas de ahorro españolas habían conseguido una
legislación que les permitió plena libertad operativa y territorial.
Pero fue principalmente la falta de derechos de propiedad, que hubieran
permitido cambiar los administradores, lo que hizo posible que pésimos
administradores gestionaran algunas cajas. En las cajas que cayeron
tampoco había sido infrecuente la injerencia política, debida con
frecuencia.
El afán desmedido de crecimiento interregional en España y la
implantación generalizada de incentivos (o bonus) para premiar a corto
plazo el crecimiento del balance, financiándolo en los mercados de
capitales, fueron factores decisivos en la mala gestión de numerosas
cajas de ahorro y en su posterior insolvencia.
Así se llegó a una fuerte crisis, con muy fuertes costes para el
estado. Costes a los que se sumaría el deterioro de la actividad
empresarial y el desempleo. Así como su impacto sobre la convivencia en
nuestro país.
La inmensa mayoría de los supervisores del mundo, con sus poderosos
servicios de estudios, eran conocedores de la anómala situación de la
vida económica y financiera y de los riesgos de la formación de
burbujas financieras.
Pudo muy bien ser también el caso de España, donde existían
herramientas legales y regulatorias para poner coto a la burbuja. Basta
citar la “ley de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito” del
año 1988.
Pero, hasta donde yo sé, ninguno de los muchos supervisores afectados
en los diferentes países quiso tomar medidas para poner coto a la
creciente burbuja y sus posibles efectos. Nadie quería “parar la
fiesta”. El impacto y el lucimiento que producía la burbuja a corto
plazo, tenían un fuerte tirón: entre otras cosas porque se daba un
fuerte crecimiento del PIB, y una abundante recaudación fiscal para el
Estado y para los ayuntamientos.
Todo ello en un contexto de exceso de liquidez internacional, de una
idea diferente de los ciclos económicos y de posibles presiones de los
gobernantes sobre los supervisores a favor de la inhibición.
En mi opinión, el tratamiento de la crisis por las autoridades
españolas fue tardío, artificioso y… muy costoso. Mucho más costoso que
si hubiera contado con diagnósticos tempranos y certeros y se hubiera
actuado sin demora y con medidas eficaces.
Es bien cierto que existían serios obstáculos exógenos para una actuación rápida y eficaz.
- La supervisión del B.E. se veía a veces entorpecida por las competencias de las comunidades autónomas.
- La aplicación simplista -por bancos, auditores y supervisores- de las normas internacionales de contabilidad, promulgadas en los años 2000, que dieron fuerte prioridad a las pérdidas incurridas y relegaron las esperadas.
- La imposibilidad jurídica de las cajas de ahorro de emitir acciones o títulos equivalentes.
Pero existían también obstáculos al sistema de supervisión, susceptibles de ser superados
- La dudosa voluntad política que percibían los mercados.
- La errónea presunción oficial de que los precios inmobiliarios se recuperarían en dos años y de que las familias pagaban siempre las hipotecas. se consideró por tanto innecesario aplicar medidas contundentes.
- El uso del dinero público pasó a constituir un “tabú” sin excepciones y que pudo resultar miope en algunas ocasiones en que era insoslayable.
- La fuerte aversión de las autoridades a las intervenciones de las entidades. Como consecuencia, no deberían desvelarse las pérdidas de las entidades. Con lo cual, la supervisión quedaba mediatizada en su misión de comprobación y transparencia.
- De hecho, la orientación de la inspección podía ser asesorar a las entidades para salvar formalmente sus dificultades regulatorias, en vez de identificar sus problemas de solvencia y de gestión y exigir su pronta corrección.
Sirva como ilustración que en octubre de 2007, la morosidad
contabilizada en el sistema español era de 0,5% sobre el total de la
cartera de créditos. Naturalmente, no incluía los abundantes créditos
dudosos no contabilizados como tales. Cuatro años más tarde la morosidad
aflorada superaría ampliamente el 15%.
Sin embargo, como he dicho, reinaba entonces el desconcierto. Faltaba
la experiencia en las autoridades y, como queda dicho, la voluntad
política era dudosa.
Las medidas adoptadas tras la explosión de Lehman, por las
autoridades españolas se limitaron a insuflar liquidez en el sistema,
mediante el llamado “manguerazo”. Y la relajación de determinada
normativa, el “manguerazo” consistió básicamente en adquirir activos
buenos a las entidades (a través del programa FAAF creado a tal fin) y
avalando por volúmenes importantes sus emisiones de títulos.
Además, también reinaba la práctica de la refinanciación del
principal e intereses de los créditos malos, que no solían
contabilizarse como morosos.
Todavía en 2009, se produjo un giro hacia fórmulas experimentales de
reestructuración. Las autoridades seguían sin reconocer oficialmente la
delicada situación del sistema. De hacerlo, entre otras cosas porque
contrastaría con la ostentación de una supuesta prosperidad y de que
nuestros sistemas bancarios y de supervisión eran tal vez los mejores
del mundo occidental y constituían modelos a seguir.
Optaron por la creación del FROB (“fondo de restructuración ordenada
de la banca”). Institución que vió la luz en 2009 y empezó a funcionar a
finales de dicho año con un capital de 9.000m€. Habían pasado 2 años
desde el comienzo de la crisis.
El FROB financiaría con fondos del estado la integración de las
cajas, con el fin de sanearlas y reducir drásticamente el número de
entidades de un sector sobredimensionado en empleados y oficinas. Era
también el camino para convertirlas gradualmente en bancos, mediante
sucesivas disposiciones.
La actuación del FROB consistió en instrumentar operaciones de
integración de cajas, a través de una figura regulatoria denominada
“SIP” (o sistema institucional de protección).
- Según el reglamento del FROB, las cajas componentes de cada SIP únicamente recibirían ayudas públicas si eran “fundamentalmente sólidas”. Pero este requisito no se cumplió. Las cajas sanas existentes en el sistema eran muy escasas y se agruparon cajas de baja calidad. En entidades condicionadas a menudo por las autoridades autonómicas, de uno u otro color, generando nuevas entidades artificiosas y muy débiles.
- El propio Banco de España formulaba a continuación los diagnósticos de cada unidad, para así determinar la cuantía de capitalización a financiar por el propio FROB. Financiación que se efectuó mediante la suscripción de participaciones preferentes. Títulos onerosos y exigibles. Discutibles por tanto como tal capital y que resultaron altamente conflictivas.
Pero tal recapitalización resultó llamativamente insuficiente, pues
los diagnósticos suponían una estimación muy optimista del patrimonio y
de las pérdidas. Pero ello iba a permitir a las nuevas entidades
sobrevivir un par de años más con escaso capital y con pérdidas
subyacentes. Que iban en aumento.
Debe señalarse que, en estos años, el FROB nombró nuevos consejeros
en los SIPS-bancos, pero con un mandato limitado y en coexistencia con
algunos consejeros y directivos anteriores. A pesar de los nuevos
directivos, no se produjo el giro necesario en la transparencia, en la
recuperación de activos ni en las remuneraciones de las capas
directivas.
Pero fue en 2012, cinco años después del comienzo de la crisis,
cuando se produjo un claro cambio en el saneamiento del sector. Cambio
que fue muy positivo, pero que había de resultar claramente
insuficiente.
En próximo capítulo se tratará del impulso a la cobertura de las pérdidas, del MOU, Bankia, la SAREB y el Banco Popular.
https://hayderecho.expansion.com/author/aristobulo-de-juan/
Fue en 2012, cinco años después del comienzo de la crisis, cuando se
produjo un claro impulso en el saneamiento del sector. Cambio que fue
muy positivo, aunque también insuficiente y en parte problemático cara
al futuro. El Ministerio de Economía, en desacuerdo con la estrategia
del Banco de España, pasó a exigir a las entidades fuertes provisiones
genéricas -50.000M€ en Febrero y 30.000M€ en Junio- sobre el conjunto de
los activos del sector inmobiliario. Sólo al sector inmobiliario.
Por otra parte, obedeciendo al impulso del FMI, el Gobierno firmó en
Julio de 2012 un acuerdo con la troika, el “MOU” o “Memorandum of
Understanding”. El Gobierno obtenía del Mecanismo de Estabilidad Europea
una línea de crédito de 100.000M€, en condiciones muy favorables de
plazo e interés. A cambio, aceptaba recapitalizar –por fin, con
verdadero capital- varias Cajas de Ahorros ya fusionadas y convertidas
en Bancos: Bankia, Cataluña Bank y Abanca.
También obligaba el MOU a constituir un “Banco malo”, la SAREB,
sociedad de gestión destinada a limpiar de activos improductivos
inmobiliarios los Bancos intervenidos. Para capitalizar estos tres
Bancos y para financiar el capital de la SAREB, el Gobierno sólo dispuso
de 41.300m€ de los 100.000m€ disponibles. Cifra que pudo resultar
insuficiente para un saneamiento completo.
El Banco de España calculó de nuevo las pérdidas existentes, para
proceder esta vez a un saneamiento más realista. Estas pérdidas
resultaron multiplicar por 4 o por 5 las estimadas en los
correspondientes SIPS, tres años antes.
BANKIA
En 2010, esta entidad integró en un SIP a 7 Cajas, de procedencia
geográfica distinta y de situación desigual. Entre ellas, dos de las más
problemáticas del país: Cajamadrid y Bancaja. El conjunto tenía
importantes pérdidas no registradas y un patrimonio “contable” muy
escaso. El patrimonio “real” era desconocido.
- El SIP, pasaría a ser un Banco (BFA), con apenas capital y con una inyección de participaciones preferentes por importe de 4.465M€. BFA adquirió las acciones de una de las siete Cajas, (Bankia, antes ALTAE) y formaron así un consolidado.
- En Junio de 2011, Bankia para beneficiarse de menores exigencias de capital, lanzó una ampliación de capital algo superior a 3.000m€ a un precio de 3,75€, por cada acción nueva, un tercio del valor en libros de las acciones viejas. La ampliación se colocó entre accionistas minoristas e institucionales, bajo una fuerte presión, no necesariamente comercial.
- Apenas tres meses después, ocurría algo singular: El grupo Bankia, propietario de casi el 40% del Banco de Valencia, en lugar de hacerse cargo de su frágil situación, solicitó al Banco de España su intervención. La petición fue rápidamente aceptada. El Banco fue vendido más tarde por el FROB a la Caixa, con ayudas en torno a 5.000M€.
- En Abril de 2012, el plan requerido de Bankia para su saneamiento estimó necesitar en torno a 7.000M€. Ante la disconformidad del Ministerio de Economía, se produjo una crisis que desencadenó un cambio de la Presidencia de Bankia y su Consejo.
- El nuevo Consejo de Administración decidió entonces:
- reformular las cuentas presentadas 20 días antes por los gestores anteriores, aflorando muy fuertes pérdidas, tanto en BFA como en Bankia. Pérdidas que daban un fuerte vuelco a las cuentas anteriores.
- solicitar nueva ayuda del Estado por 19.000 millones para todo el grupo BFA-Bankia. No los 7.000 millones estimados en Abril por los gestores anteriores. Esta operación fue aprobada por los supervisores españoles y europeos.
- la ayuda monetaria del Estado vía FROB para capitalizar al grupo BFA-Bankia, sumando las preferentes ya suscritas, ascendería a 23.465M€. Un año y medio antes había sido considerado como “fundamentalmente solvente”.
- Adicionalmente, el Estado avaló los bonos emitidos por la SAREB en pago de los activos adquiridos al Grupo (22.318M) y buena parte de sus activos fiscales diferidos (6.957m).
LA SAREB
También acordó el Gobierno crear un “Banco malo” (“la SAREB”), como
Sociedad Anónima, destinada a adquirir los peores activos inmobiliarios
–aunque no todos- de las Cajas –Bancos intervenidos, como complemento de
su saneamiento. Pero la idea se instrumentó con una estructura de
capital rebuscada y desequilibrada. Además, los altos valores contables
de los activos que había de adquirir habían de hacer muy difícil la
liquidación del grueso de ellos.
Esta estructura financiera, estaba compuesta por un capital muy
escaso (con participación privada) y 51.000M de bonos emitidos por la
SAREB y avalados por el Estado. Por definición, si el activo era
básicamente improductivo, el coste de los referidos avales produciría
pérdidas.
Además, los activos adquiridos a las Cajas no fueron registrados en
la SAREB por su precio individual de mercado en la fecha de la compra
(finales de 2012 y principios de 2013). Sino por un “precio medio”
conjunto, estimado por tipos de activos por “Oliver-Wyman”, consultor
externo.
Resultó así que los activos mejores estaban infravalorados y los
peores estaban sobrevalorados. Aun así, la SAREB, solicitó una
regulación contable especial al ICAC, que hubo de ser finalmente
aprobada por el Banco de España. La SAREB pudo así elevar
considerablemente la valoración contable de sus activos y no registrar
sus pérdidas al final de cada año, sino considerarlas compensadas
tácitamente con teóricas plusvalías latentes. Además, las dificultades
de liquidación de activos aumentaban.
A estas fechas, la SAREB ha conseguido liquidar un quinto de sus
activos, probablemente los mejores. Le quedan por realizar cuatro
quintos. Probablemente, los peores.
Las pérdidas no provisionadas que éstos puedan producir a su
liquidación, se sumarían a las fuertes pérdidas ocasionadas por un SWAP,
concertado en previsión errónea de tipos de interés en alza y también
de las pérdidas corrientes resultantes de un activo básicamente
improductivo y de unos fuertes gastos. Suma éstos de los intereses y
las comisiones derivados de la estructura financiera, de los de gastos
generales, de los gastos de mantenimiento y el IBI de los inmuebles
adquiridos y de los fuertes gastos de los servicios de venta destajados a
terceros. Estas perspectivas contrastan con el 14% de rentabilidad que
se anunció públicamente al constituirse la sociedad.
EL BANCO POPULAR
El B.P. había venido siendo el más rentable del mundo en los años
’90. Era ejemplo para muchos. Pero, ya entrados los años 2000 y
coincidiendo con cambios clave en la alta dirección, el Banco crece
agresivamente con recursos del mercado, adentrándose fuertemente en el
sector inmobiliario, con riesgos de tamaño superior a su cuota de
mercado.
Tras explotar la crisis, el Banco adopta una política contable poco
conservadora de calificación de activos y de cobertura de pérdidas.
Por añadidura, en 2011, el Popular adquirió el “Banco Pastor”, según
dice el mercado, alentado o al menos bendecido por el Banco de
España. El Pastor, en situación muy débil, había de aumentar la
fragilidad del Popular. Lo cual dificultaría la supervisión y por tanto
la transparencia de ambas entidades. Eso sí, con esta operación el
Popular resultó beneficiario de un cuantioso fondo de comercio
“contable”, que fue utilizado para cubrir pérdidas subyacentes.
Ya en 2017 se produce una situación especialmente llamativa. Tras un
cambio de Presidente, en su Informe del Primer Trimestre a la CNMV, -que
el Popular envía con fecha 4 de Mayo- declara tener un nivel de capital
regulatorio superior al 11% y unas perspectivas de gestión muy
positivas. Ningún supervisor nacional o extranjero, cuestiona estos
datos.
Sin embargo, sólo 32 días después, el Banco es “resuelto” por el
“MUR”, que instrumenta una operación de venta al Banco de Santander, por
un precio de 1€. Ello tras haberse impuesto a los inversores, sin su
conocimiento previo, la amortización de la totalidad de las acciones, de
los “cocos” y de la deuda subordinada, por un total de 3.000m€
aproximadamente.
En mi opinión, la iliquidez fue el desencadenante de la resolución.
Pero la causa real fue la descapitalización gradual y continuada durante
años. La iliquidez no fue la causa, sino la consecuencia, agravada
después súbitamente por causas exteriores.
Los analistas se preguntan cómo han podido los gestores causar con
este constante deterioro sin tomar las medidas oportunas. Ni cómo han
podido los supervisores españoles omitir la identificación de los
problemas que se producen ya desde mediados de los 2000, sin una
enérgica y eficaz acción correctiva. Ni cómo han podido los mismos
auditores emitir informes durante más de 30 años sin hacer ostensibles
los problemas. Ni en qué ha consistido la supervisión del poderoso “MUS”
de la Unión Europea, responsable del Popular desde 2014.
También se preguntan los analistas cómo puede penalizarse a los
inversores, súbitamente y sin su conocimiento, en base a una información
opaca, elaborada además por un auditor externo y no por los
Supervisores, que parecen ajenos a los diagnósticos.
Me ha gustado su redacción porque inteligentemente omite la dramática reducción del Número de Entidades que nos ha llevado a construir un Oligopolio de libro, de tal modo que el Poder de Mercado de los supervivientes es inmenso. Tanto que en muchos pueblos de España ya no hay ni banco o como mucho uno. Es decir, algo parecido a Francia. El caso es que hablando con las cúpulas de esos bancos siguen diciendo que son demasiados mientras no dejan de “dotar a reservas”
Esta es otra de las realidades emergentes en las conciencias. Este asunto en muchas capitales de España, ya en 2009 suscitaba preguntas en público cuando algún alto representante del mundo financiero salía a la palestra a explicar la crisis “financiera”. La respuesta, decía, era lógica: “Somos demasiados”. A veces algún conferenciante se atrevía a decir que con un dinero tan barato solo quedaba la vía de esquilmar a los clientes vía comisiones.
Las audiencias con memoria salían muy preocupadas porque esta decisión del Dinero Fiat –de eso estamos hablando cuando el precio del dinero es cero, de dinero sin respaldo alguno– no es una decisión de los agentes de mercado: Es una decisión Política. Es el brazo político del Poder tratando de enfrentar las Consecuencias de la Acción de Gobierno dentro del Sistema a lo largo de los años.
Esta cuestión de la Concentración de Poder de Mercado termina siempre por destruir el mercado y desemboca en lo que habíamos tratado de combatir: Un mundo Sovietizado. Resulta que no, que ya estamos como ellos en muchísimas facetas.
Entre barreras artificiales de entrada y dinero sin valor intrínseco producido a manivela hiperventilada el Sistema Bancario se ha Transmutado en Órgano del Poder. En una parte más del Sector Público y en varios Ministerios incluyendo el de Interior.
Nuestro sistema alberga ya tantas ficciones (Economía de ¿Mercado Libre?, Economía ¿Social y de Mercado?) que es difícil mentir más en menos palabras. Construimos sobre la mentira y al fondo……………..el Comité Central.
La pregunta de fondo es ¿Cuánto más tiempo se las va a creer la gente? Per in secula saeculorum……………
Saludos
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