Fedea y el CGE alertan del peligro que supone para España la pérdida de convergencia con el resto de Europa en materia de productividad
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Consejo General de Economistas de España (CGE) y han celebrado hoy una sesión con objeto de analizar las causas de la baja productividad en España en comparación con el resto de los países de nuestro entorno, y proponer posibles opciones de mejora.
- Los expertos del CGE y de Fedea han advertido sobre los bajos niveles de productividad de España con respecto a los de la Eurozona y su cada vez mayor distanciamiento con respecto a la media de la UE, lo que, según ambas organizaciones, “está provocando que nuestro país está perdiendo convergencia con respecto a Europa en términos de renta y competitividad”. Entre los factores relacionados con este problema, los expertos han señalado, entre otros, la escasa y poco competitiva inversión en activos intangibles, los claros desajustes existentes entre la oferta y la demanda de trabajo, la aún elevada temporalidad del mismo y las barreras a la financiación para las empresas pequeñas, especialmente para las tecnológicas.
- En cuanto a las posibles MEDIDAS A TOMAR para reducir la brecha en materia de productividad con respecto a Europa, el CGE y Fedea han apuntado a la importancia de: (1) llevar a cabo políticas enfocadas al largo plazo, a la economía del conocimiento y al refuerzo de la investigación y el desarrollo tecnológico, pero no solo incrementando el gasto con relación al PIB, sino también replanteándose el destino de ese mayor gasto. También han apelado a (2) la mejora en los canales de financiación; (3) a la realización de inversiones inteligentes y equilibradas en diversos tipos de capital (no sólo maquinaria, infraestructuras o TIC, sino también en intangibles como el capital humano, tecnológico y social); y (4) al buen funcionamiento de las instituciones, la seguridad jurídica y la estabilidad política y social como condiciones necesarias para sostener niveles elevados de inversión. Los expertos han hecho un especial hincapié en la necesidad de (5) invertir de forma permanente en formación e impulsar una regulación adecuada, que garantice la mejora de la calidad del sistema educativo a todos los niveles y lo más consensuada posible para asegurar su estabilidad en el tiempo; (6) reforzar las titulaciones STEM y desarrollar programas de formación dentro de las empresas para contribuir a la mejora en el capital humano y a su especialización en ámbitos con un elevado potencial en el futuro; (7) mejorar la transferencia de conocimiento entre las universidades y las empresas. También consideran que, (8) por el lado de las empresas, sería necesaria una estructura productiva que demande, remunere e incentive al capital humano. En cuanto al (9) sector público, entienden que debería contribuir a la mejora de la productividad propiciando la inversión privada, especialmente en I+D, eliminando las trabas administrativas y burocráticas existentes al crecimiento de las empresas y suprimiendo las barreras existentes en el mercado interior, de forma que se genere un mayor dinamismo empresarial. Adicionalmente, consideran que (10) incentivar la reorientación productiva hacia sectores de mayor intensidad tecnológica podría contribuir a mejorar la productividad.
- En cuanto a los sucesivos incrementos de SMI, los expertos consideran que, a la larga, un desacoplamiento estructural entre los salarios y la productividad puede generar una reducción del empleo y un aumento del desempleo. Ven por tanto un problema en el hecho de que el SMI haya subido durante los últimos 5 años más de un 50%, mientras que la productividad se ha estancado, ya que los aumentos salariales compatibles con un aumento del empleo en el largo plazo siempre están asociados con mejoras de la productividad. A este respecto, han señalado que la productividad en una economía como la española es heterogénea entre empresas, trabajadores, sectores y regiones, pero el salario mínimo es homogéneo. Esto provoca que los trabajadores menos productivos vean peligrar sus puestos de trabajo, las empresas menos productivas su supervivencia, y las regiones menos productivas sus empleos. Consideran que es imperativo que los efectos de estas medidas se evalúen, y que las metodologías y los resultados de dicha evaluación se hagan públicos. Por ello, las siguientes subidas deberían ser más prudentes para evitar efectos indeseables en la generación de empleo. Esto podría pasar por vincular, al menos parcialmente, tanto los incrementos sectoriales como los del SMI a las mejoras de productividad, consiguiendo con ello contener el crecimiento de los costes laborales unitarios y mejorar la competitividad. También debería considerarse la posibilidad de establecer mínimos diferenciados para los jóvenes y el sector agrario e incluso por comunidades autónomas.
- Por otra parte, han señalado que no existe evidencia de que los fondos Next Generation hayan contribuido a aumentar la productividad –de hecho, en una primera valoración, la evolución media anual de la productividad real en el bienio 2021-2022 apenas supera el 0,5%–, aunque es de esperar que estos fondos impacten positivamente en la eficiencia de los distintos sectores y regiones, pero posiblemente dentro de unos años.
- En cuanto a la incidencia del reto ecológico en la productividad de los diversos sectores, consideran que en nuestro país resulta imprescindible una acción coordinada en materia medioambiental para evitar la caída en la productividad.
- Los expertos han constatado importantes desigualdades en los niveles de productividad de las CCAA, así como una considerable brecha respecto al promedio europeo, sin que se observen muestras claras de acercamiento en las últimas dos décadas. Igualmente, tampoco se constata un significativo proceso de convergencia entre las CCAA. Entre las razones que podrían explicar estas diferencias, se observa que factores como la intensidad innovadora, el tamaño de las empresas, el nivel formativo de los trabajadores, la estructura productiva o la calidad del empleo guardan un estrecho vínculo con la productividad real y que sus valores difieren considerablemente entre regiones.
Madrid, 15 de febrero de 2024.- España cuenta con una productividad en términos de PIB por hora trabajada –que es la forma más común de medirla– notablemente inferior a la de la Eurozona (53 dólares/hora por 61, en 2022, según datos de la OCDE). Además, nuestro país se está distanciando cada vez más de la media, siendo el crecimiento español del 2,5% desde 2015, por el 4,7 de la zona euro. Ante esta preocupante situación, el Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han celebrado hoy una sesión titulada Productividad: evolución pasada y futura y su importancia en el desarrollo económico, con objeto de analizar las causas de este problema y las posibles fórmulas para intentar mejorar la productividad en nuestro país.
Esta sesión constituye la segunda de un total de seis que se engloban bajo la denominación “Encuentros FEDEA-CGE sobre cuestiones estructurales de la economía española”, organizados conjuntamente por ambas organizaciones. Su objetivo es aportar una visión rigurosa sobre algunas cuestiones de especial importancia para el buen desempeño de la economía española a medio y largo plazo.
La presentación de la sesión ha corrido a cargo del presidente del CGE, Valentín Pich, y del director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, y en ella han intervenido: Javier Ferri, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e investigador asociado de Fedea; Juan Pablo Riesgo, ex secretario de Estado de Empleo, socio responsable de EY Insights y socio de People Advisory Services EY España, y José Carlos Sánchez de la Vega, profesor titular del Dpto. de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia y director técnico del Informe de Competitividad Regional del CGE.
En la apertura del acto, Valentín Pich, ha señalado que “el problema de la productividad española es algo ampliamente conocido y estructural a nuestro modelo económico, pero, además, parece estar agravándose, ya que esta no solo crece muy por debajo de la del resto de países de nuestro entorno, sino que incluso en el último trimestre de 2023 la productividad por hora trabajada ha caído en España un 0,06%, representando la primera caída desde el segundo trimestre de 2022”. Según Pich, “no son pocos los factores relacionados con este problema: la escasa y poco competitiva inversión en activos intangibles, los claros desajustes existentes entre la oferta y la demanda de trabajo, la aún elevada temporalidad del mismo, o las barreras a la financiación para las empresas pequeñas, especialmente para las tecnológicas, entre otros”. “Si no logramos solucionar este problema, cosa que, desde mi punto de vista, solo se conseguirá a través de políticas enfocadas al largo plazo y a la economía del conocimiento, seguiremos perdiendo convergencia con respecto a Europa en términos de renta y competitividad”, ha concluido el presidente de los economistas.
Por su parte, Ángel de la Fuente ha afirmado que “la cuestión de la productividad es absolutamente fundamental. A largo plazo, es el principal determinante del nivel de renta y bienestar de las sociedades. Por tanto, una de las prioridades fundamentales de la política económica debería ser hacer todo lo posible por fomentar su crecimiento. La investigación económica sobre el tema apunta a la importancia de una inversión inteligente y equilibrada en diversos tipos de capital, no sólo maquinaria, edificios e infraestructuras físicas, sino también en intangibles como el capital humano, tecnológico y social –y del buen funcionamiento de las instituciones, la seguridad jurídica y la estabilidad política y social como condiciones necesarias para sostener niveles elevados de inversión–. Reflexionar sobre estas cuestiones es especialmente importante en España porque llevamos cuarenta años perdiendo terreno en términos relativos frente a los países a los que nos gustaría parecernos. Toca ponerse las pilas”.
A continuación, Javier Ferri, Juan Pablo Riesgo y José Carlos Sánchez de la Vega han pronunciado cada uno una breve conferencia. La de Ferri ha llevado por título «Revertir el estancamiento de la productividad en España«; la de Riesgo, «Mercado de Trabajo y políticas de empleo”; y la de Sánchez de la Vega, «Las diferencias de productividad entre CCAA«.
Durante su intervención, Javier Ferri ha señalado que “la renta per cápita de España convergió hacia la media de los países de la Eurozona hasta 2006, cuando la brecha desfavorable para nuestra economía se situó únicamente en un 5 por cien. Desde entonces hasta 2023 la brecha se ha ido ampliando hasta el 17 por cien actual. Catorce de estos diecisiete puntos se deben a nuestro pobre desempeño en materia de productividad. No se trata de un problema de composición sectorial, pues nuestra productividad ha evolucionado peor que la europea en todos los sectores económicos, con la excepción de la agricultura. El discurso de que, sesgando más la producción hacia la industria, y menos hacia los servicios, nos haríamos más productivos no se sostiene a la luz de los datos. Nuestro problema con la productividad es transversal y está arraigado en nuestra propia estructura social y económica. Nuestra población activa todavía tiene niveles de educación formal inferiores a la media europea y, aunque la tasa de población que termina completando estudios universitarios ha aumentado, las competencias de los estudiantes, medidas por pruebas estandarizadas como las de PISA, han acumulado una substancial caída con respecto a la media de la Eurozona en los últimos veinte años. Ni la formación bruta de capital, que se ha desplomado en las últimas dos décadas con respecto a la media europea, ni la tasa de inversión en I+D sobre PIB, que viene fluctuando alrededor del 60 por cien de la europea, muestran signos de poder revertir la situación, sino que probablemente empujen en la dirección contraria”.
Por su parte, Juan Pablo Riesgo ha señalado que “la anunciada creación del Consejo de la Productividad es una gran noticia. Su materialización debería servir de guía para implementar una ambiciosa agenda por el empleo y la productividad que implique a todos; por supuesto a la Administración, pero a la empresa y a los trabajadores también. Por lo que respecta a las políticas públicas, es urgente invertir en formación e impulsar una regulación adecuada, que garantice la mejora de la calidad del sistema educativo a todos los niveles y lo más consensuada posible para asegurar su estabilidad en el tiempo. En relación con el mercado de trabajo, además de facilitar la incorporación de talento extranjero, urge impulsar la integración activa de los en torno a 3 millones de desempleados que aún mantiene nuestro mercado laboral. Ello exige priorizar su incorporación al mercado de trabajo, a través de un marco de relaciones laborales flexible y seguro que reduzca la dualidad efectiva, un modelo de intermediación y formación profesional para el empleo moderno, digitalizado y eficaz, y un marco de protección social y desempleo que aporte recursos suficientes e incentive la transición al empleo, evitando la trampa de la pobreza a la que se someten los desempleados que dejan de buscar activamente empleo. Y finalmente, urge reforzar la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social, sin confiar el grueso del proceso de consolidación a subidas de cotizaciones que afectarían a la competitividad de la economía nacional y, en definitiva, a nuestro mercado laboral”.
Por su parte, José Carlos Sánchez de la Vega ha señalado que “la eficiencia productiva es un elemento crucial en el proceso de desarrollo de las economías y, por ende, en la mejora de los niveles de renta y bienestar. Una de las formas de medición más habitualmente empleadas consiste en dividir el valor añadido por las horas trabajadas. Partiendo de este planteamiento, los niveles de productividad de las CCAA evidencian importantes desigualdades, así como una considerable brecha respecto al promedio europeo, sin que se observen muestras claras de acercamiento en las últimas dos décadas. Igualmente, tampoco se constata un significativo proceso de convergencia entre las CCAA. Profundizando en las razones que pueden explicar estas diferencias, se observa que factores como la intensidad innovadora, el tamaño de las empresas, el nivel formativo de los trabajadores, la estructura productiva o la calidad del empleo guardan un estrecho vínculo con la productividad real y que sus valores difieren considerablemente entre regiones”.
A continuación, se ha desarrollado un COLOQUIO –que ha estado moderado por Valentín Pich y Ángel de la Fuente– en el que Javier Ferri, Juan Pablo Riesgo y José Carlos Sánchez de la Vega han dado respuesta a seis cuestiones clave:
1. ¿CÓMO PUEDE AFECTAR EL DESARROLLO DE LA IA A LA PRODUCTIVIDAD?
Para Javier Ferri, “las nuevas tecnologías, entre las que se encuentra la IA, tienen un enorme potencial de generar aumentos en la productividad, entendida como la capacidad de generar valor añadido por unidad de trabajo o capital. Pero también tienen mucho potencial de generar importantes perturbaciones en el mercado de trabajo y en la distribución de la renta (entre trabajo y capital, y entre trabajadores). De hecho, la productividad puede aumentar complementando al factor trabajo (esto sucederá si se minimiza el desplazamiento de trabajadores, o incluso se aprovechan las nuevas oportunidades para cubrir nuevas ocupaciones con más empleo), pero también la productividad puede aumentar sustituyendo trabajo, lo que sucederá si las competencias y habilidades de los trabajadores no se adaptan a las nuevas tecnologías. Por otra parte, al tratarse de un fenómeno global, la productividad tenderá a aumentar en todas las economías del mundo. La posición de España en el nuevo contexto dependerá de factores similares a los que han venido explicando la caída relativa de la productividad en nuestro país con respecto a otras economías en el pasado: (1) el grado de adaptación del capital humano a las nuevas realidades tecnológicas, la capacidad de las instituciones para favorecer la iniciativa, el desarrollo, (2) el dinamismo empresarial y la implementación de las ideas, y (3) la pujanza de la inversión para incorporar las nuevas tecnologías”.
Según Juan Pablo Riesgo, “de acuerdo con los más recientes estudios, la Inteligencia Artificial Generativa podría permitir un crecimiento de la productividad laboral de entre 0,1 y 0,6 por ciento anual hasta 2040, dependiendo de la tasa de adopción de tecnología y la redistribución del tiempo de los trabajadores hacia otras actividades. Combinando la IA Generativa con todas las demás tecnologías, la automatización del trabajo podría añadir entre 0,2 y 3,3 puntos porcentuales anuales al crecimiento de la productividad. Estas potencialidades se podrán materializar plenamente si establecemos los incentivos adecuados a la inversión y conseguimos una transición socialmente equilibrada. Velar por la empleabilidad deviene la prioridad para las Administraciones, las empresas y los propios trabajadores”.
Para José Carlos Sánchez de la Vega, “como ha ocurrido con precedentes avances tecnológicos, el desarrollo de la Inteligencia Artificial es más que previsible que genere mejoras importantes en la productividad. La optimización de los procesos, el incremento en la calidad y la personalización de los productos, la resolución de problemas, la agilidad y eficiencia en la toma de decisiones o el fomento y las nuevas oportunidades de innovación contribuirán a mejorar la eficiencia. No obstante, en la actualidad existen dudas sobre la capacidad real para aprovechar plenamente sus potencialidades. El todavía incompleto reto de la digitalización en la sociedad, la falta de profesionales y especialistas, las dificultades de las pyme, y en particular de las microempresas, mayoritarias en el tejido empresarial, para disponer de los necesarios recursos financieros, o la desconfianza relacionada con aspectos como la ciberseguridad y la privacidad, pueden poner en riesgo su efectividad, al menos en un plazo relativamente breve”.
2. LOS FONDOS NEXT GENERATION ¿CONTRIBUYEN O, EN ALGÚN CASO, RALENTIZAN LAS MEJORAS DE PRODUCTIVIDAD?
Según Javier Ferri, “no existe evidencia de que los fondos hayan contribuido a aumentar la productividad, que sigue mostrando un pobre desempeño. Tampoco parece que hayan servido para estimular la inversión que, pese al notable crecimiento del PIB en España durante 2023, prácticamente se ha estancado, situándose todavía por debajo del dato de 2019. Parece que la ejecución de las ayudas y subvenciones no se ha producido al ritmo previsto, y la asignación de los fondos no han tenido en cuenta criterios basados en la mejora de la eficiencia de los beneficiados. Si los fondos se asignan por inundación es posible que produzcan el efecto contrario al deseado, postponiendo los cambios tecnológicos, organizativos y formativos necesarios para afrontar con éxito la transición tecnológica y energética (efecto sustitución). Sin embargo, también es posible que los efectos de dichas ayudas sobre la productividad empiecen a observarse dentro de unos años”.
Para Juan Pablo Riesgo, “más allá de un programa keynesiano de estímulo a la demanda, los fondos Next Generation EU tienen por objetivo impulsar un proceso de modernización de gran calado y dimensión histórica que promueva el dinamismo de la inversión productiva y el empleo en los ámbitos de la ciencia y la tecnología y la mejora de la productividad. Todo ello a través de un conjunto de inversiones centradas en transición energética y transformación digital y reformas estructurales en los mercados de bienes y servicios. Las inversiones están tardando en desplegarse mucho más de lo esperado –y de lo experimentado en EEUU gracias al uso de los incentivos fiscales como instrumento de canalización–, y la ambición de las reformas en el ámbito de la educación, las relaciones laborales y las políticas activas y pasivas de empleo ha sido limitada. Todo ello ha contenido hasta la fecha el impacto en España del mecanismo de recuperación y resiliencia en la reactivación económica y en la mejora de la productividad”.
Para José Carlos Sánchez de la Vega, “en buena lógica, dado que uno de los objetivos primordiales que se persigue con esta iniciativa histórica de la UE es precisamente la mejora de la productividad y la competitividad, es de esperar que estos fondos impacten positivamente en la eficiencia de los distintos sectores y regiones. Por tanto, apostaría claramente por su contribución positiva a las mejoras de productividad. No hay motivo para pensar lo contrario. En todo caso, todavía es prematuro hablar de su incidencia final y, por tanto, de si se cumplirán o no las expectativas iniciales. De hecho, en una primera valoración, la evolución media anual de la productividad real en el bienio 2021-2022 apenas supera el 0,5%, e incluso en algunas CCAA la evolución es negativa”.
3. MÁS CONCRETAMENTE, ¿EL RETO ECOLÓGICO (ECONOMÍA VERDE) CÓMO PUEDE INFLUIR EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS DIVERSOS SECTORES, POR EJEMPLO, EN EL AGRARIO?
Javier Ferri ha respondido que “la transición hacia una economía verde estará asociada con una elevada probabilidad a unos mayores costes de producción, a través del encarecimiento de inputs como los combustibles fósiles, o la necesidad de ceñirse a una normativa cada vez más estricta sobre temas medioambientales. Este encarecimiento de los costes será mayor en el corto plazo en aquellas áreas económicas (como Europa) que se espera que cumplan antes el objetivo de cero emisiones netas. Para sobrevivir en un mundo globalizado las empresas necesariamente han de reaccionar reduciendo costes, comprimiendo los márgenes y/o aumentando la productividad.Europa (y España) no deberían competir a través de la reducción de costes laborales, pero pueden hacerlo a través de la sustitución de capital y procesos productivos más contaminantes por otros más respetuosos con el medioambiente. Aunque nada lo garantiza, esta sustitución idealmente debería utilizarse como palanca para impulsar la productividad. El grado en el que esto se consiga dependerá de nuevo de los tres factores mencionados en la primera pregunta. En cualquier caso, una acción coordinada en materia medioambiental es imprescindible para evitar la caída de la productividad que conlleva la lucha contra el calentamiento global. Por sus características, la agricultura y ganadería europeas son especialmente sensibles a todo lo anterior: uso intensivo de energía, y una normativa medioambiental más estricta que sus competidores extracomunitarios. En España, el sector agrícola destaca positivamente entre todos los sectores económicos por su productividad, lo que puede indicar que tiene una ventaja comparativa con respecto a otros países en su posición de partida para acometer la transición hacia una economía medioambientalmente más sostenible”.
Para Juan Pablo Riesgo, “la transición energética también supone una oportunidad extraordinaria para nuestro avance económico y social. En España estamos en condiciones de disponer de la electricidad y el hidrógeno más barato de Europa, y de producir biometano para descarbonizar una parte relevante de nuestro consumo de gas. Tenemos el mejor recurso solar de Europa, un excelente potencial eólico, podemos ser líderes en producción de biomasa y disponemos del terreno suficiente para aprovechar todo este recurso renovable de forma compatible con la preservación del medioambiente. Si conseguimos impulsar las inversiones y reformas necesarias para materializar esa oportunidad, así como para garantizar un suministro de agua adecuado en términos de disponibilidad y coste, tendremos gran parte del camino hecho para mejorar la productividad de nuestro sector agrario”.
Según José Carlos Sánchez de la Vega, “en el caso de la agricultura, tal como se ha evidenciado en recientes movilizaciones, los problemas que afronta el sector vienen de atrás y no estarían vinculados directamente con los fondos Next Generation. Aspectos como la competencia desleal de terceros países, el Pacto Verde y las crecientes exigencias medioambientales, sanitarias, de bienestar animal y fitosanitarias o las condiciones que se plantean en el marco de la PAC son los que, a juicio del sector, ponen en riesgo su viabilidad. En cualquier caso, sí se constata una queja generalizada sobre los plazos y requisitos de la transición ecológica, y en particular sobre su objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050. También en este caso existe una elevada incertidumbre con respecto al impacto que estos retos pueden suponer para el conjunto de la economía”.
4. ¿CONSIDERÁIS QUE LOS SUCESIVOS INCREMENTOS DEL SMI Y, EN GENERAL, LOS INCREMENTOS SALARIALES DEBERÍAN IR LIGADOS A LAS MEJORAS DE PRODUCTIVIDAD?
Según Javier Ferri,“sin duda un desacoplamiento estructural entre los salarios y la productividad generará una reducción del empleo y un aumento del desempleo. Los aumentos salariales compatibles con un aumento del empleo en el largo plazo siempre están asociados con mejoras de la productividad. Pretender que un aumento de los salarios mejora la productividad, sin afectar al empleo, es una falacia, la relación entre ambas variables es la inversa. Por otra parte, la productividad en una economía como la española es heterogénea entre empresas, trabajadores, sectores, regiones, pero el salario mínimo es homogéneo. Esto provoca que los trabajadores menos productivos vean peligrar sus puestos de trabajo, las empresas menos productivas su supervivencia, y las regiones menos productivas sus empleos. Un aumento del SMI puede mejorar la productividad a costa del empleo, desplazando a los trabajadores menos productivos al paro. Es imperativo que los efectos de estas medidas se evalúen, y que las metodologías y los resultados de dicha evaluación se hagan públicos”.
Según Juan Pablo Riesgo, “el Estatuto de los trabajadores contempla que el Gobierno fijará el salario mínimo interprofesional teniendo en cuenta el índice de precios de consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional, y la coyuntura económica general. El SMI ha subido durante los últimos 5 años más de un 50%, mientras que la productividad se ha estancado. Es evidente que durante los últimos años se han tenido presentes muchos otros factores más allá del que debería ser el principal, la productividad. Y ello ha comenzado a tener un ligero impacto en el mercado de trabajo, que no ha sido mayor por el dinamismo de la actividad económica después de la pandemia y la dificultad de cubrir vacantes. Las industrias y empresas están reaccionando a la subida de costes laborales, de materias primas, presión fiscal, etc. con contención de inversión productiva, evitando prescindir de una fuerza de trabajo que le es muy difícil atraer y retener”.
Para José Carlos Sánchez de la Vega, “tal vez deberían analizarse de forma separada los incrementos del SMI del resto de subidas salariales. En el caso del SMI, los incrementos han atendido a razones de equidad social y, de forma más concreta, al objetivo de alcanzar el 60% del salario medio, recomendado por el Comité Europeo de Derechos Sociales, en aplicación de la Carta Social Europea. Por el contrario, las subidas salariales, acordadas en el ámbito de la negociación colectiva, responden a criterios diferentes, como el mantenimiento de la capacidad adquisitiva o el `reparto´ de las mejoras de productividad. En todo caso, a partir de ahora, y una vez conseguido el objetivo perseguido en el SMI, las siguientes subidas deberían ser más prudentes para evitar efectos indeseables en la generación de empleo. Ello pasaría por vincular, al menos parcialmente, tanto los incrementos sectoriales como los del SMI a las mejoras de productividad, consiguiendo con ello contener el crecimiento de los costes laborales unitarios y mejorar la competitividad”.
5. ¿EN QUÉ MEDIDA LA ELEVADA TEMPORALIDAD, A PESAR DE LA ÚLTIMA REFORMA LABORAL QUE TEÓRICAMENTE BUSCABA INCIDIR SOBRE ELLO, Y EL REDUCIDO ESFUERZO EN GASTO EN FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PARTE DE LAS EMPRESAS INFLUYEN O NO EN LOS «POBRES» RESULTADOS EN TÉRMINOS DE PRODUCTIVIDAD?
Para Javier Ferri, “la formación en el puesto de trabajo es un factor muy importante en el proceso de generación del capital humano, tan necesario para el buen desempeño de la productividad. Dicha formación será pobre si el capital humano de los empresarios de muchas pymes es a su vez reducido. La interacción entre empresas pequeñas, empresarios con bajo capital humano, y una legislación laboral que incentiva el trabajo discontinuo en la empresa (sea por la vida de contratos temporales o de fijos discontinuos) es nefasta para la formación de los trabajadores en las empresas. Sin embargo, marginalmente, el contrato fijo discontinuo puede generar mejores resultados en esta dimensión que el contrato temporal, al crear un vínculo más permanente entre el empresario y el trabajador.
Para Juan Pablo Riesgo, “ambos factores deberían estar influyendo en los niveles de productividad. Pero los limitados avances reales en reducción de la temporalidad efectiva, así como en la mejora de los programas de formación para el empleo, junto con el resto de factores institucionales que operan sobre el mercado de trabajo, limitan a su vez la capacidad de mejora de nuestra productividad laboral, pese haber reducido en torno a 10 puntos la temporalidad formal y alcanzar niveles máximos de población que estudia y trabaja a la vez. Hay mucho por hacer en materia regulatoria, y en reskilling y upskilling de los trabajadores”.
José Carlos Sánchez de la Vega ha manifestado que “tal como señalaba en la exposición inicial, los niveles de productividad guardan una estrecha relación con ambos aspectos: positiva en el caso de la formación y negativa en el caso de la temporalidad. Además, añadiría que también ambos factores están relacionados entre sí. Por un lado, el trabajador que tiene un contrato temporal y que sabe que su `recorrido´ en la empresa es muy limitado, no estará incentivado a mejorar o a esforzarse por ser más eficiente. Por otro, el empleador no estará motivado para formar al trabajador e invertir en él, consciente de que finalizará su relación contractual en un breve plazo. En cuanto al gasto en formación por trabajador de las empresas, es lógico pensar que, a mayor gasto, mayor formación y, por ende, mayor productividad. Según la última Encuesta de Formación Profesional para el Empleo en Empresas, aunque el porcentaje de empresas formadoras en España es superior a la media, en número de horas por participante en cursos de formación para los trabajadores ocupa las últimas posiciones”.
6. POR ÚLTIMO, ¿QUÉ HABRÍA QUE HACER PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN NUESTRO PAÍS?
Javier Ferri está convencido de que “el capital humano, entendido en sentido amplio como la mejora de los conocimientos, habilidades, competencias, capacidad de pensamiento crítico, capacidad de adaptación al medio, originalidad de razonamiento, etc., es la piedra filosofal que empuja el desarrollo de las ideas y el bienestar de las sociedades. En mi opinión, en España nos hemos ido alejando a lo largo del tiempo del modelo de sociedad capaz de generar un caldo de cultivo para que el capital humano germine. Los mensajes que se transmiten a nuestra población desde instituciones tan importantes como los Parlamentos nacionales o autonómicos son los equivocados. El sistema educativo hace aguas en todos sus niveles, y no existe un proyecto común de largo plazo que sirva de guía a los ciudadanos. Para potenciar el `talento´ se requieren tres elementos fundamentales: (1) Compensar el haber nacido en un entorno familiar desfavorable mediante un sistema público de calidad de centros infantiles desde el año cero de vida; (2) Reconocer el esfuerzo y el mérito; (3) Implantar la rendición de cuentas en la esfera pública, incluyendo el sistema educativo en sus distintas etapas. Por el lado de las empresas, es necesaria una estructura productiva que demande, remunere e incentive a todo ese capital humano. El sector público debería contribuir a la mejora de la productividad propiciando la inversión privada, especialmente en I+D, eliminando las trabas administrativas y burocráticas existentes al crecimiento de las empresas o suprimiendo las barreras existentes en el mercado interior, de forma que se genere un mayor dinamismo empresarial”.
Además de las medidas relativas a las políticas de empleo que Juan Pablo Riesgo ha explicado en su intervención inicial, este considera que “se precisa que estas políticas sean acompañadas de prácticas empresariales de gestión de personas comprometidas y responsables con la promoción del talento, apostando por la inversión permanente en formación, planificación estratégica de plantillas y previsión social complementaria, por ejemplo. También a través de conductas individuales responsables de los trabajadores, comprometiéndose con la recualificación permanente, reforzando las habilidades que les complementan con la tecnología en vez de reemplazarlas, y en las competencias necesarias para impulsar la transición energética. En definitiva, reforzando su empleabilidad, que es el mejor seguro con el que pueden contar”.
Según José Carlos Sánchez de la Vega, “son muchos los retos pendientes en España y, de ellos, numerosos los relacionados, directa o indirectamente, con el incremento de la productividad. Sin ánimo alguno de ser exhaustivo, el refuerzo en la investigación y el desarrollo tecnológico aparece como uno de los aspectos más relevantes. Este reto pasa no solo por incrementar el gasto con relación al PIB, sino también por replantearse el destino de ese mayor gasto. Adicionalmente, incentivar la reorientación productiva hacia sectores de mayor intensidad tecnológica contribuirá a mejorar la productividad, tanto por efecto crecimiento como por efecto composición. El refuerzo en las titulaciones STEM y el desarrollo de programas de formación dentro de las empresas contribuirán a la mejora en el capital humano y en su especialización en ámbitos con un elevado potencial en el futuro. La reducción en la precariedad del empleo, que vaya más allá de los meros cambios terminológicos y que profundice en la mejora efectiva de las condiciones laborales, es otro elemento importante. Finalmente, otras cuestiones, como las infraestructuras, la transferencia de conocimiento universidad-empresa, el desarrollo de sinergias entre empresas y sectores o la mejora en los canales de financiación, también pueden jugar un papel relevante”.
Finalmente, Valentín Pich y Ángel de la Fuente han cerrado el coloquio, resumiendo en su intervención final las principales conclusiones de los ponentes. Han insistido sobre los bajos niveles de productividad de España y su cada vez mayor distanciamiento con respecto a la media de la UE. En cuanto a las posibles medidas a tomar, han destacado la necesidad de llevar a cabo políticas enfocadas al largo plazo, prestando especial atención a la mejora de los canales de financiación para las nuevas empresas, a la calidad del sistema educativo, la eliminación de trabas burocráticas y regulación innecesaria, así como a la preservación de la seguridad jurídica y la estabilidad política y social como condiciones necesarias para sostener niveles elevados de inversión. En relación con el SMI, han destacado la necesidad de evaluar los efectos de sus recientes subidas y de vincular las subidas futuras a la mejora de la productividad.
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Consejo General de Economistas. Prensa: Fernando Yraola (696 12 77 15) yraola@yraola.com
Fedea. Prensa: Leticia Moreno (914 359 020) lmoreno@fedea.es
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