Secular stagnation is not over-El estancamiento secular no ha terminado- Inflación transitoria

 

 Secular stagnation is not over-El estancamiento secular no ha terminado- Inflación transitoria

1. La variable macro más importante en contexto actual es r-g . 

2. La inflación es transitoria y los tipos de interés volverán a ser muy bajos, 

3. El estancamiento secular no ha terminado

Secular stagnation is not over

Olivier Blanchard (PIIE)

Date

Photo Credit: Sipa USA via Reuters Connect/Richard B. LevineBody

Is secular stagnation over?

I do not think so. Today’s inflation will not last, but I believe that low rates will.

¿Se ha acabado el estancamiento secular?

Yo creo que no. La inflación actual no durará, pero creo que los tipos bajos sí lo harán.

El estancamiento secular, un concepto propuesto por el economista Alvin Hansen en 1938, se refiere a las economías que sufren de una demanda privada estructuralmente baja, que requiere tipos de interés muy bajos para sostener la demanda y alcanzar la producción potencial; de hecho, requiere tipos de interés tan bajos que son inferiores a la tasa de crecimiento. Este estado se resume en una formulación que se ha hecho famosa (al menos en los debates macroeconómicos...): r < g, un tipo de interés seguro inferior a la tasa de crecimiento de la economía. En 2013 Lawrence H. Summers despertó un interés generalizado al declarar que las economías avanzadas se encontraban en un estado de estancamiento secular.

En efecto, las pruebas empíricas eran abrumadoras de que la mayoría de las economías se encontraban en tal estado. Los tipos de interés reales (es decir, los tipos de interés ajustados a la inflación) no habían dejado de bajar desde mediados de los años ochenta y eran muy inferiores a las tasas de crecimiento, de hecho normalmente negativas. En consecuencia, Summers y yo (y muchos otros) exploramos las implicaciones fundamentales de tal estado. Yo me centré en las implicaciones para la política fiscal, y mi nuevo libro, Sacar conclusiones para la política fiscal, acaba de ser publicado por MIT Press.

En el actual contexto inflacionista, sin embargo, el título de mi libro, Fiscal Policy under Low Interest Rates, parece una provocación. Algunos dirán que la publicación puede ser un bonito libro de historia, pero que ya está desfasado porque el mundo ha cambiado. Según esta opinión, los tipos de interés son ahora altos, no bajos, y ahora debemos prepararnos para un mundo en el que r > g por término medio. De hecho, el propio Summers, en las recientes reuniones de la American Economic Association, opinó que "no volveremos a la era del estancamiento secular".

Discrepar sobre el estancamiento secular con el primer macroeconomista que lo identifica correctamente como un fenómeno contemporáneo es algo que uno debe hacer con mucho cuidado. En primer lugar, porque se trata de una cuestión fundamental: Puede que no haya variable más importante para la política macroeconómica que r - g.

En segundo lugar, porque creo que el estancamiento secular global estaba y está impulsado por factores estructurales profundos que ni la COVID ni la inflación han hecho nada por revertir. Una vez que los bancos centrales hayan ganado la lucha contra la inflación, que lo harán, lo más probable es que volvamos a un entorno macroeconómico no muy diferente, al menos en este aspecto, del anterior a COVID. Esto significa que los tipos de interés seguros -es decir, los tipos de los activos sin riesgo de impago- volverán a ser bajos. En consecuencia, veo muy probable que r < g siga siendo el régimen predominante durante algún tiempo.

¿Por qué creo que los tipos seguirán bajos?

El descenso de los tipos seguros de los bonos del Estado (ajustados a la inflación prevista) ha sido constante y global desde la década de 1980. El descenso puede haber comenzado antes en Japón, pero esencialmente todas las economías avanzadas compartieron la condición hasta la inflación post-COVID de 2021. Esta tendencia no fue el resultado de acontecimientos concretos, como la crisis financiera mundial o la crisis COVID: si bien éstas provocaron una bajada temporal de los tipos, estos tipos más bajos fueron desviaciones efímeras de una tendencia a la baja subyacente.


Secular stagnation, a concept put forward by the economist Alvin Hansen in 1938, refers to economies suffering from structurally low private demand, requiring very low interest rates to sustain demand and achieve potential output—indeed requiring interest rates so low that they are lower than the growth rate. This state is summarized by a formulation that has become famous (at least in macroeconomic discussions…): r < g, a safe interest rate lower than the growth rate of the economy. In 2013 Lawrence H. Summers stirred widespread interest by declaring that the advanced economies were in a state of secular stagnation.

The empirical evidence was indeed overwhelming that most economies were in such a state. Real interest rates (i.e., interest rates adjusted for inflation) had steadily declined since the mid-1980s and were much lower than growth rates, indeed typically negative. Accordingly, Summers and I (and many others) explored the fundamental implications of such a condition. I focused on the implications for fiscal policy, and my new book, drawing conclusions for fiscal policy, has just been published by MIT Press.

In the current inflationary context, however, the title of my book, Fiscal Policy under Low Interest Rates, seems like a provocation. Some will say the publication may be a nice history book but that it is already out of date because the world has changed. According to this view, interest rates are now high, not low, and we should now prepare for a world in which r > g on average. Indeed, Summers himself, at the recent meetings of the American Economic Association, opined  that "we’ll not return to the era of secular stagnation."

Disagreeing about secular stagnation with the first macroeconomist to identify it rightly as a contemporary phenomenon is something that one should do very carefully. Yet I must.First, because the issue is a fundamental one: There may be no variable more important for macroeconomic policy than rg.

Second, because I believe that global secular stagnation was and is driven by deep structural factors that neither COVID nor inflation have done anything to reverse. Once central banks have won the fight against inflation, which they will, we shall most likely return to a macroeconomic environment not dramatically different, at least in this respect, from the one before COVID. That means that safe interest rates—that is, rates for assets with no risk of default—will be low again. As a result, I see a high probability that r < g remains the prevalent regime for some time to come.

El estancamiento secular, un concepto propuesto por el economista Alvin Hansen en 1938, se refiere a las economías que sufren de una demanda privada estructuralmente baja, que requiere tipos de interés muy bajos para sostener la demanda y alcanzar la producción potencial; de hecho, requiere tipos de interés tan bajos que son inferiores a la tasa de crecimiento. Este estado se resume en una formulación que se ha hecho famosa (al menos en los debates macroeconómicos...): r < g, un tipo de interés seguro inferior a la tasa de crecimiento de la economía. En 2013 Lawrence H. Summers despertó un interés generalizado al declarar que las economías avanzadas se encontraban en un estado de estancamiento secular.

En efecto, las pruebas empíricas eran abrumadoras de que la mayoría de las economías se encontraban en tal estado. Los tipos de interés reales (es decir, los tipos de interés ajustados a la inflación) no habían dejado de bajar desde mediados de los años ochenta y eran muy inferiores a las tasas de crecimiento, de hecho normalmente negativas. En consecuencia, Summers y yo (y muchos otros) exploramos las implicaciones fundamentales de tal estado. Yo me centré en las implicaciones para la política fiscal, y mi nuevo libro, Sacar conclusiones para la política fiscal, acaba de ser publicado por MIT Press.

En el actual contexto inflacionista, sin embargo, el título de mi libro, Fiscal Policy under Low Interest Rates, parece una provocación. Algunos dirán que la publicación puede ser un bonito libro de historia, pero que ya está desfasado porque el mundo ha cambiado. Según esta opinión, los tipos de interés son ahora altos, no bajos, y ahora debemos prepararnos para un mundo en el que r > g por término medio. De hecho, el propio Summers, en las recientes reuniones de la American Economic Association, opinó que "no volveremos a la era del estancamiento secular".

Discrepar sobre el estancamiento secular con el primer macroeconomista que lo identifica correctamente como un fenómeno contemporáneo es algo que uno debe hacer con mucho cuidado. En primer lugar, porque se trata de una cuestión fundamental: Puede que no haya variable más importante para la política macroeconómica que r - g.

En segundo lugar, porque creo que el estancamiento secular global estaba y está impulsado por factores estructurales profundos que ni la COVID ni la inflación han hecho nada por revertir. Una vez que los bancos centrales hayan ganado la lucha contra la inflación, que lo harán, lo más probable es que volvamos a un entorno macroeconómico no muy diferente, al menos en este aspecto, del anterior a COVID. Esto significa que los tipos de interés seguros -es decir, los tipos de los activos sin riesgo de impago- volverán a ser bajos. En consecuencia, veo muy probable que r < g siga siendo el régimen predominante durante algún tiempo.

Why do I believe rates will remain low?

The decline in safe rates on government bonds (adjusted for expected inflation) has been a steady and global one since the 1980s. The decline may have started earlier in Japan, but essentially all advanced economies shared the condition until the post-COVID inflation of 2021. This trend did not result from particular events, say the global financial crisis or the COVID crisis: while these led to temporarily lower rates, these lower rates were short-lived deviations from an underlying downward trend.

El descenso de los tipos seguros de los bonos del Estado (ajustados a la inflación prevista) ha sido constante y global desde los años ochenta. El descenso puede haber comenzado antes en Japón, pero esencialmente todas las economías avanzadas compartieron la condición hasta la inflación post-COVID de 2021. Esta tendencia no fue el resultado de acontecimientos concretos, como la crisis financiera mundial o la crisis COVID: si bien éstas provocaron una bajada temporal de los tipos, estos tipos más bajos fueron desviaciones efímeras de una tendencia a la baja subyacente.

What market rates tell us

This process was indeed interrupted by the rise of inflation starting in 2021, which has forced central banks to increase interest rates to get inflation down to target. But even now, at what may be close to the height of central bank interest rates in their fight against inflation, real interest rates are still surprisingly low (and real rates are what matters for rg).

In the United States, the 10-year nominal rate on government bonds is currently 3.4 percent, while the 10-year inflation forecast by the Congressional Budget Office (CBO) is 2.4 percent, implying a 10-year real rate of 1.0 percent. At the same time, the 10-year CBO growth forecast is 1.7 percent, implying that, even today, the 10-year forecast for rg is still negative: −0.7 percent. Similar computations for the eurozone and for Japan yield even more negative values for the 10-year rg: −1.3 percent for the euro zone, −1.2 percent for Japan.

These are 10-year averages, and thus reflect both the forecasts of higher short rates in the near future and the depressing effects on long rates of quantitative easing on long rates. An alternative is to use data from the overnight index swaps curve for 1-year bonds 10 years out and from 1-year inflation swaps also 10 years out, together with the CBO forecast for 1-year growth 10 years out. These imply an even greater negative value of rg: −1.2 percent 10 years out from today.

Or one can instead look at what the Fed expects to happen. The December “Summary of Economic Projections” based on forecasts from the Federal Open Market Committee gives a median long-run forecast for the policy rate of 2.5 percent, an inflation forecast of 2 percent, and a GDP growth forecast of 1.8 percent. These imply a real rate of 0.5 percent and a value for rg of −1.3 percent.

Investors, and even the Fed, can be wrong, however. Indeed, they did not predict the current increase in nominal rates. So, one must dig deeper.

De hecho, este proceso se vio interrumpido por el aumento de la inflación a partir de 2021, que ha obligado a los bancos centrales a aumentar los tipos de interés para reducir la inflación hasta el objetivo. Pero incluso ahora, en lo que puede estar cerca del punto álgido de los tipos de interés de los bancos centrales en su lucha contra la inflación, los tipos de interés reales siguen siendo sorprendentemente bajos (y los tipos reales son los que importan para r - g).

En Estados Unidos, el tipo nominal a 10 años de la deuda pública es actualmente del 3,4%, mientras que la previsión de inflación a 10 años de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) es del 2,4%, lo que implica un tipo real a 10 años del 1,0%. Al mismo tiempo, la previsión de crecimiento a 10 años de la CBO es del 1,7%, lo que implica que, incluso hoy, la previsión de r - g a 10 años sigue siendo negativa: -0,7%. Cálculos similares para la zona euro y para Japón arrojan valores aún más negativos para la r - g a 10 años: -1,3% para la zona euro, -1,2% para Japón.

Se trata de medias a 10 años, por lo que reflejan tanto las previsiones de tipos a corto más altos en un futuro próximo como los efectos depresivos sobre los tipos a largo de la relajación cuantitativa sobre los tipos a largo. Una alternativa es utilizar datos de la curva de swaps de índices a un día para bonos a 1 año a 10 años vista y de swaps de inflación a 1 año también a 10 años vista, junto con la previsión del CBO para el crecimiento a 1 año a 10 años vista. Esto implica un valor negativo aún mayor de r - g: -1,2% a 10 años vista.

También podemos fijarnos en las previsiones de la Reserva Federal. El "Resumen de proyecciones económicas" de diciembre, basado en las previsiones del Comité Federal de Mercado Abierto, ofrece una previsión mediana a largo plazo para el tipo de interés oficial del 2,5%, una previsión de inflación del 2% y una previsión de crecimiento del PIB del 1,8%. Esto implica un tipo real del 0,5% y un valor de r - g del -1,3%.

Sin embargo, los inversores, e incluso la Reserva Federal, pueden equivocarse. De hecho, no predijeron el actual aumento de los tipos nominales. Por tanto, hay que profundizar.

Looking at fundamentals

One must try to both identify the factors behind the earlier decline in rates and forecast their evolutions in the future. Conceptually, one can think of three sets of factors. The first two are the factors affecting saving and the factors affecting investment; together, they determine capital accumulation, and by implication the economy’s marginal product of capital and the distribution of real rates depending on their relative riskiness. The third are the factors that affect the preference for safety among investors, which in turn determines how low the safe rate is relative to more risky rates of return such as stock returns.

It is fair to say that, while the (abundant) literature has identified the likely factors at work, it has not pinned down the relative contributions of these three sets of factors. Some give a main role to stronger saving and weaker investment. Others focus on an increased demand for safe assets. Yet I believe that, for most of the relevant factors, there is no reason to expect a dramatic turnaround from their pre-COVID evolution.

Take saving. I see the two main forces behind high saving as demographics and higher income. To the extent that longer life expectancy—which dominates demographic evolutions in advanced economies—leads to a longer retirement, it induces people to save more in anticipation of their longer retirement.[1] Higher income levels (rather than higher income growth) increase the proportion of the population that is able to save, either for precautionary motives or for life cycle saving purposes. These factors will continue to be relevant in the future.

Summers has argued that the increase in public debt due to the fiscal response to COVID will lead, other things equal, to an increase in r. He is right about the sign of the increase in public debt’s impact on r, but the effect is likely to be quite small. The debt-to-GDP ratio in advanced economies has increased only from 75 percent in 2019 to 82 percent in 2022; under standard assumptions, this implies an increase in r of no more than 15–30 basis points. That would be insufficient to offset the pre-COVID downward trend in safe rates, let alone to close the gap between r and g.

Turn to the demand for safe assets. A rise in this demand was an important factor in leading to a larger discount on the safe rate pre-COVID. In particular, regulation requiring financial institutions to hold a higher proportion of liquid assets clearly played a role. This is unlikely to change. And, if anything, the world looks more uncertainthan it was pre-COVID, leading not only to more precautionary saving but also to a higher proportion of wealth to be held in liquid and safe assets (and fewer countries’ assets being considered safe).

This leaves the likely evolution of investment, and this is where I freely admit that there is more uncertainty. The rate of technological progress is notoriously difficult to predict from decade to decade. If progress were to speed up again, the effect on rg would be ambiguous: it would lead to higher growth, which would lead to an even lower rg; but it would also trigger higher investment, which in turn would lead to a higher r and thus a higher rg. Such a technological explosion did not happen in the last 40 years, but it could.

One can think of other reasons why investment might become stronger. Geopolitics suggest that defense spending, a form of investment, may go up. Reshoring and friendshoring, for security or other reasons, may imply both higher investment and possibly lower growth as some of the benefits of trade are lost. The fight against global warming will increase green investment, while at the same time potentially slightly decreasing growth. All these may lead to an increase in rg and thus reduce the room for fiscal space and the use of fiscal policy.[2] It would however take an unusual investment boom to reverse the sign of rg and this cannot be the baseline scenario.

In short, one can never be sure. But I see the inflation episode and the higher rates as an interlude. Looking beyond this episode, I see low interest rates and a negative rg as the most likely scenario for the future. If I am right, this is the time to think about fiscal and monetary policy once the fight against inflation is won.[3]

Hay que tratar tanto de identificar los factores que explican el anterior descenso de los tipos como de prever su evolución en el futuro. Conceptualmente, se puede pensar en tres conjuntos de factores. Los dos primeros son los factores que afectan al ahorro y los factores que afectan a la inversión; juntos, determinan la acumulación de capital y, por implicación, el producto marginal del capital de la economía y la distribución de los tipos reales en función de su riesgo relativo. El tercero son los factores que afectan a la preferencia por la seguridad entre los inversores, que a su vez determinan lo bajo que es el tipo seguro en relación con los tipos de rendimiento más arriesgados, como el de las acciones.

Es justo decir que, si bien la (abundante) bibliografía ha identificado los factores probables en juego, no ha precisado las contribuciones relativas de estos tres conjuntos de factores. Algunos atribuyen un papel principal al mayor ahorro y a la menor inversión. Otros se centran en una mayor demanda de activos seguros. Sin embargo, creo que, para la mayoría de los factores relevantes, no hay razón para esperar un cambio drástico respecto a su evolución anterior a la crisis.

Por ejemplo, el ahorro. En mi opinión, las dos principales fuerzas que explican el elevado ahorro son la demografía y el aumento de los ingresos. En la medida en que una mayor esperanza de vida -que domina la evolución demográfica en las economías avanzadas- conduce a una jubilación más larga, induce a la gente a ahorrar más en previsión de su jubilación más larga[1]. Unos niveles de renta más altos (en lugar de un mayor crecimiento de la renta) aumentan la proporción de la población que puede ahorrar, ya sea por motivos de precaución o con fines de ahorro a lo largo del ciclo vital. Estos factores seguirán siendo relevantes en el futuro.

Summers ha argumentado que el aumento de la deuda pública debido a la respuesta fiscal a la COVID dará lugar, en igualdad de condiciones, a un aumento de r. Tiene razón en cuanto al signo del impacto del aumento de la deuda pública sobre r, pero es probable que el efecto sea bastante pequeño. La relación deuda/PIB en las economías avanzadas sólo ha aumentado del 75 por ciento en 2019 al 82 por ciento en 2022; bajo supuestos estándar, esto implica un aumento de r de no más de 15-30 puntos básicos. Esto sería insuficiente para compensar la tendencia a la baja de los tipos seguros anterior a COVID, por no hablar de cerrar la brecha entre r y g.

Volvamos a la demanda de activos seguros. Un aumento de esta demanda fue un factor importante que condujo a un mayor descuento en el tipo seguro pre-COVID. En particular, la regulación que exige a las instituciones financieras mantener una mayor proporción de activos líquidos desempeñó claramente un papel. Es poco probable que esto cambie. Y, en todo caso, el mundo parece más incierto de lo que era antes de la COVID, lo que lleva no sólo a un mayor ahorro por precaución, sino también a una mayor proporción de riqueza en activos líquidos y seguros (y menos activos de países considerados seguros).

Queda la probable evolución de la inversión, y aquí es donde admito libremente que hay más incertidumbre. El ritmo del progreso tecnológico es notoriamente difícil de predecir de una década a otra. Si el progreso volviera a acelerarse, el efecto sobre r - g sería ambiguo: provocaría un mayor crecimiento, lo que llevaría a un r - g aún más bajo; pero también desencadenaría una mayor inversión, lo que a su vez llevaría a un mayor r y, por tanto, a un mayor r - g. Una explosión tecnológica de este tipo no ocurrió en los últimos 40 años, pero podría ocurrir.

Se puede pensar en otras razones por las que la inversión podría fortalecerse. La geopolítica sugiere que el gasto en defensa, una forma de inversión, podría aumentar. La deslocalización y el friendshoring, por razones de seguridad o de otro tipo, pueden implicar tanto una mayor inversión como posiblemente un menor crecimiento, al perderse algunos de los beneficios del comercio. La lucha contra el calentamiento global aumentará la inversión verde, aunque al mismo tiempo podría disminuir ligeramente el crecimiento. Todo ello puede conducir a un aumento de r - g y, por tanto, reducir el margen para el espacio fiscal y el uso de la política fiscal[2]. Sin embargo, haría falta un auge inusual de la inversión para invertir el signo de r - g y éste no puede ser el escenario de referencia.

En resumen, nunca se puede estar seguro. Pero yo veo el episodio de inflación y los tipos más altos como un interludio. Mirando más allá de este episodio, veo tipos de interés bajos y una r - g negativa como el escenario más probable para el futuro. Si estoy en lo cierto, este es el momento de pensar en la política fiscal y monetaria una vez ganada la lucha contra la inflación[3].

Notes

1. It has been argued that longer life expectancy means a larger proportion of dissavers and thus lower saving. This is incorrect. While it is true that the proportion of dissavers goes up, over their lifetime people need to save more in anticipation of a longer retirement, leading to a higher aggregate saving rate.

2. To be clear and as I argue in the book, such an increase in r, if it came from an increase in desirable investment, would be a good thing, even if it reduced fiscal space.

3. A summary of what I see as the main implications for macroeconomic policy in general, and for fiscal policy in particular, is in my previous blog.

Data Disclosure

This publication does not include a replication package.

 

Inflación en tiempo real en la zona del euro es ahora del 2%, no del 6,5% (y
@jan_eeckhoutexplica muy bien por qué en un paper reciente excelentemente resumido en este hilo)
  • https://twitter.com/jan_eeckhout/status/1617478919560794112

I don’t think people fully appreciate that high inflation in the US and the Euro area is over. We are back at 2% Part of the high inflation perception today is measurement: instantaneous inflation in December is 2% instead of the conventional measure of 6.5%


 Why is conventional inflation so high still? Prices are recorded monthly, so Inflation numbers come in monthly. There are 2 issues: 

1. Magnitude 

2. Averaging

1. Magnitude. The price change month-to-month is a lot smaller than year-to-year. Because we are used to talking about annual rates, we transform monthly rates into annual rates. E.g., a monthly price change of 1% is 12.7% annually (more than times 12 because of compounding)

2. Averaging. The monthly data are noisy (sales, human error, weather,…). Seasonally adjusting helps, but noise remains, so we use multiple observations to minimize the noise. Therefore we use all 12 monthly observations rather than just 1 to calculate the inflation rate

Averaging is fine when inflation is stable with no sharp in/decrease. But that is not the story of the last two years. Yearly averaging puts as much weight on monthly observations from 12 months ago as on last month. So we obtain the average inflation from 6 months ago

So why not use multiple monthly readings of inflation, but put more weight on recent observations and less on the distant past. We use kernel weights that trade off the averaging needed due to noisy data against the need to have instantaneous inflation readings 

The differences are big: 6.5% versus 2% This has profound implications for monetary policy as the Central Bank may be reacting to old news. It also affects expectations, inflation-indexed financial assets, labor contracts, and fiscal policy

  • https://t.co/5ae4QxCgFq


 

Core inflation, food, and commodities are falling fast (commodities inflation is negative). Services inflation is high and on the rise     

 


 Inflation in the Euro area mirrors what happens in the United States, though Euro inflation is still above the 2% target. The UK, Japan, and Australia do not show much of a declining trend in inflation


  • https://twitter.com/jan_eeckhout/status/1617478919560794112

Ser economista . J.F.Jimeno

 

“Ser Economista” consiste en adquirir y ejercitar un conjunto de conocimientos, habilidades, aptitudes y capacidades que no son fáciles de combinar. (Ya lo dijo Keynes en un obituario de Alfred Marshall).

https://twitter.com/jfjimenoserrano/status/1578640098911846400



Lo que hoy se entiende por “economista” en España no es exactamente eso y se incluyen ocupaciones que no siempre se corresponden con lo que en realidad es ser y ejercitarse como economista.

Abundan los #ImpostoresIntelectuales que se presentan como economistas sin haber hecho las tareas propias de la profesión ni tener el conjunto de conocimientos, habilidades, aptitudes y capacidades requeridas para hacerlas

O’NET es un catálogo de ocupaciones basado en las descripciones específicas de éstas y en Standard Occupational Clasiffication (SOC). Funciona como herramienta de exploración para carreras ocupacionales y esto es lo que dice sobre “ser economista”:


  Investigar, preparar informes o planes para afrontar y analizar cuestiones económicas. Recoger y elaborar datos económicos y estadísticos con procedimientos de muestreo y métodos econométricos.

Matemáticas y estadística Entorno empresarial Humanidades (inglés, especialmente) Ingeniería y tecnología (computación, especialmente)

Habilidades y aptitudes: Comprensión de información Resolución de problemas Tratamiento y análisis de sistemas Capacidad de comunicación Elección del instrumento adecuado para cada problema Lógica

Personalidad: Capacidad analítica Esfuerzo Persistencia Inciativa Integridad Independencia Tecnología: Todos tipo de software (analítico, presentación, desarrollo)

Psicologia-Sociologia.Entender al ser humano y su comportamiento (economia de la conducta) Geopolitica y geoeconomia enlazado con el conocimiento de la historia economia y del pensamiento economico

Conocer a las comunidades y hablar con ellas para definir criterios de política pública..un buen dialogo ayuda a comprender los problemas.     

Podemos discutir s/. relevancia y utilidad de la macroeconomía para fundamentar políticas económicas. Pero no confundamos análisis macroeconómico con uso que políticos hacen de él, ni lo que es investigación con impostura intelectual 

Pildoras de Economía Universidad de Granada

 

 

Pildoras de Economía Universidad de Granada

Codirectores

  • Manuel Correa Gómez
  • Manuel Ruiz-Adame Reina

Descripción del proyecto

Píldoras de Economía es un proyecto orientado a la divulgación y formación de conceptos básicos de Economía

Pretende ser una herramienta para el alumnado interesado en este campo de conocimiento, a la vez que lo puede ser para los docentes que quieran emplear sus secciones como una estrategia de apoyo a las clases, incluso integrándolo como parte de una metodología del tipo flipped classroom o clase invertida.

De forma que sirva para dinamizar las clases con preparaciones previas, o como recordatorio de temas tratados.

Está dividido en 12 secciones temáticas que abarcan, por ejemplo, aspectos relativos a conocimientos básicos de la ciencia Económica, cuestiones sobre el funcionamiento de los mercados, otras relativas elementos del análisis macroeconómico, integración económica, o cuestiones sobre crecimiento y globalización, por citar solo algunas.

Se ha procurado especialmente en lo posible que haya diversidad de enfoques en las presentaciones, de forma que se puedan oír voces profesores y profesoras que tienen orientaciones variadas, como lo es la propia Economía.

Para finalizar, aclarar que estos vídeos no agotan ni mucho menos los potenciales contenidos en una pequeña introducción a conceptos económicos como la que se trata. Hay numerosas otras posibles materias que se pueden añadir. Creemos haber seleccionado aquellas más relevantes, pero como les digo, hay muchos otros conceptos que incorporar.

https://www.youtube.com/watch?v=LjYvC2ejNHI&embeds_euri=https%3A%2F%2Fblogs.ugr.es%2F&feature=emb_imp_woyt

Relación de Píldoras

Está dividido en 12 secciones temáticas que abarcan, por ejemplo, aspectos relativos a  conocimientos básicos de la ciencia Económica, cuestiones sobre el funcionamiento de los mercados, otras relativas elementos del análisis macroeconómico, integración económica, o cuestiones sobre crecimiento y globalización, por citar solo algunas.

Se ha procurado especialmente en lo posible que haya diversidad de enfoques en las presentaciones, de forma que se puedan oír voces profesores y profesoras que tienen orientaciones variadas, como lo es la propia Economía.

Adicionalmente están previstos una serie de materiales que el profesorado que ha participado ha aportado y que se procurará sea accesible a quienes usen estas píldoras.

Relación de píldoras por temas:

  1. Principios básicos de la ciencia Económica
  2. La Oferta y la demanda – El Mecanismo de mercado
  3. La Empresa y los mercados de productos
  4. La eficiencia la equidad y el Estado
  5. La Macroeconomía. Visión global
  6. La demanda agregada y la política fiscal
  7. Dinero y política monetaria
  8. Equilibrio y desequilibro económico en una economía abierta
  9. La Política Comercial e Instituciones Internacionales
  10. La Integración económica internacional
  11. Mercado de divisas y tipos de cambio
  12. Crecimiento, desarrollo y globalización económica

 Pildora: La Ciencia Económica. Manuel Ruiz-Adame Reina

Material complementario, presentación en PowerPoint

Ficha del autor: Manuel Ruiz-Adame Reina

Sobre la viabilidad económica de la creación de una renta básica universal 

 

Sobre la viabilidad económica de la creación de una renta básica universal 

En una serie de dos artículos se analiza brevemente la viabilidad económica de algunas propuestas recientes aparecidas en el panorama político español, en particular las relativas a la introducción de una renta básica universal y de una renta de inserción, respectivamente.

El programa de la agrupación política “PODEMOS” con que se presentó a las elecciones europeas de mayo de 2014 incluía, entre otra propuestas, el “Derecho a una renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo y, como mínimo, del valor correspondiente al umbral de la pobreza con el fin de posibilitar un nivel de vida digno. La renta básica no reemplaza al Estado de bienestar, sino que trata de adaptarlo a la nueva realidad socio-económica. Sustitución de las prestaciones sociales condicionadas menores a la cuantía de este ingreso básico. Financiación a través de una reforma progresiva del IRPF y de la lucha contra el fraude fiscal” (véase aquí). Con posterioridad, en noviembre de 2014 se presentó un documento que debe servir como punto de partida para la discusión y elaboración del programa económico de la agrupación para las próximas elecciones generales en el que se señala “Debería articularse un gran Pacto estatal contra la pobreza y la exclusión social orientado…. a establecer un sistema de renta mínima garantizada como derecho subjetivo de todas las personas” (véase aquí).

La propuesta de creación de una renta básica universal (RBU) no es novedosa. De hecho, desde 1986 existe una red europea, la Basic Income Earth Network (BIEN), que tiene como objetivo fundamental impulsar el debate y el análisis sobre esta propuesta (España cuenta con la denominada Red Renta Básica (RRB), como sección oficial de la BIEN). Las principales características de la renta básica universal, que la distingue de otras prestaciones ya existentes en la mayoría de los países europeos, son que los destinatarios son los individuos y no los hogares o familias y el derecho a su percepción no exige ningún tipo de requisito más allá de la ciudadanía, es decir es independiente de la existencia de otras fuentes de renta y no requiere una contraprestación laboral o que el individuo se encuentre en búsqueda activa de trabajo. El Dividendo del Fondo Permanente (PFD) de Alaska financiado por una fracción de los ingresos estatales derivados del petróleo y que reparte una renta anual variable (en su historia ha variado desde 331$ en 1984 hasta 2.069$ en 2009) a todos los individuos que lleven al menos un año de residencia sería un buen ejemplo de RBU.

La primera cuestión que plantea la propuesta de renta básica es su viabilidad financiera. Una estimación sobre su coste potencial en el caso español puede efectuarse sobre la base de las cifras de población más recientes, que cifran el número de habitantes en España en 46,508 millones de personas a finales de 2013. Si se decidiera fijar la renta básica en el denominado umbral de la pobreza, que se iguala habitualmente al 60% de la mediana de la renta de los individuos de un país, la cuantía a percibir por cada individuo, asumiendo que todos los ciudadanos cobraran la misma cuantía con independencia de su edad o renta, sería de alrededor de 8.114 euros anuales (cuantía estimada a partir de la información proporcionada por la Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente a 2013 de Eurostat). El coste para las arcas públicas de un programa de estas características habría sido, por tanto, de 377.365 millones de euros anuales en 2013 (cerca del 36% del PIB de ese año). Si se optara por restringir la percepción de la renta básica a los mayores de edad (la población mayor de 18 años en España se situó a principios de 2014 en alrededor de 38,159 millones de personas), como en ocasiones se defiende, el coste alcanzaría los 309.297 millones anuales, alrededor del 30% del PIB en el caso español.

La redacción de la propuesta parece sugerir, no obstante, que la renta básica sustituiría a las prestaciones condicionadas actuales que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. En el caso español es posible calcular la magnitud de estos “ahorros”, al menos de forma aproximada. De acuerdo con la información disponible sobre beneficiarios y cuantías medias de las distintas prestaciones existentes, el establecimiento de una renta básica equivalente al umbral de la pobreza permitiría reducir en alrededor de un 9% del PIB el gasto en prestaciones sociales actuales. El coste neto de la introducción de la renta básica sería, por tanto, de alrededor del 21% del PIB al año, bajo el supuesto de que solo se aplicara a los mayores de edad.

Obviamente, el sector público debería recaudar de los agentes económicos una cantidad equivalente al coste neto estimado. En el caso español, su financiación requeriría aumentar los ingresos públicos anuales de las AAPP en más de un 55% en relación con los recaudados en el año 2013. En concreto, los ingresos públicos se situaron en 2013 en 393.468 millones de euros (37,5% del PIB) y financiar la renta básica exigiría recaudar 220.328 millones de euros adicionales (21 puntos porcentuales de PIB). Las distorsiones que un incremento de la presión fiscal de esa magnitud produciría son difíciles de estimar pero necesariamente serían muy elevadas. Es más, la reacción esperada de los agentes, tanto en términos de deslocalización de empresas como de desincentivos a la participación laboral asociada a unos tipos marginales impositivos extremadamente elevados o de incremento del fraude fiscal y la economía sumergida, harían probablemente imposible recaudar esas cuantías. Como referencia, los sucesivos incrementos del IVA durante la crisis, que han situado el tipo general de este impuesto en el 21% desde el 16% vigente en 2007, habrían generado un incremento de recaudación, de acuerdo con las estimaciones de la Agencia Tributaria, de alrededor del 2% del PIB, sin tener en cuenta la reacción de los agentes, lo que representa solo una décima parte de lo que se requeriría para financiar la renta básica.

Una propuesta de estas características tendría, además, un efecto muy importante en la composición de los flujos migratorios. Es razonable pensar que nuestro país se convertiría en más atractivo para los inmigrantes de baja cualificación, que tendrían derecho también a la renta básica, salvo que se limitara su pago a la población de nacionalidad española. Por el contrario, no es probable que la medida incrementara los flujos de retorno de los españoles que han emigrado ya que el efecto neto entre la renta básica universal y la mayor carga impositiva perjudicaría sobre todo a los trabajadores más cualificados, que son los españoles que han emigrado en mayor medida.

Pero, sin duda, algunos de los efectos más negativos de la propuesta se derivarían de los incentivos negativos que generaría a la participación laboral. En la medida que su percepción no incorpora ninguna condicionalidad, ni de búsqueda de trabajo ni de participación en actividades formativas, los efectos sobre la participación laboral pueden ser especialmente negativos para aquellos colectivos que probablemente se pretende proteger, que es el de las rentas más bajas. La percepción de un subsidio incondicional genera un efecto renta que permite a cualquier individuo consumir lo mismo trabajando menos, con lo que hay un evidente desincentivo a trabajar. Kimball y Shapiro (2010) estiman una elasticidad renta del trabajo en el entorno del 1% y recopilan evidencia empírica coherente con esta magnitud. Como ejemplo alternativo, un estudio del servicio de empleo vasco en 2011 desveló que un 44% de las personas que recibían la renta de garantía de ingresos vasca (similar al concepto de renta básica de inserción o lo que sería igual a una renta limitada a aquellas familias que no alcanzan en conjunto un nivel de renta considerado como de subsistencia) en el municipio de Bilbao y fueron contactadas para participar en un proceso de selección de 200 puestos de trabajo, no quiso participar en él. Esto derivó en cambios legislativos que incrementaron la relación entre el cobro de la renta y la mejora de la empleabilidad de la persona. La conversión de la práctica totalidad de las prestaciones condicionadas actuales, entre las que se encuentran las pensiones y las prestaciones por desempleo, en prestaciones no condicionadas, generaría también efectos muy negativos sobre la participación de los trabajadores en el mercado laboral.

Finalmente, es importante subrayar que una medida de estas características situaría el peso del gasto público en la economía española en niveles cercanos al 65% del PIB, dado que el gasto público sobre PIB se situó en España en el 44,3% del PIB en 2013. Esta es una magnitud que no se observa en ninguna economía desarrollada o en vías de desarrollo, con la excepción de Libia, país en el que esa ratio alcanzó un 70% en 2013 (aquí). Es un nivel que se sitúa 15 puntos de PIB por encima del promedio del área del euro y 25 puntos de PIB más elevado que el observado en la media de los países del G20. Francia, país europeo en el que esta ratio alcanzó un nivel más elevado en 2013, presentó también en ese año una ratio significativamente más baja, del 57% del PIB. El nivel de redistribución de la renta asociado a ese nivel de gasto público y de los impuestos necesarios para financiarlo no tendría parangón en las economías mundiales lo que como no puede ser de otra forma llevaría asociadas consecuencias económicas de calado. En este sentido, existe un cierto consenso en la literatura económico empírica sobre la existencia de una relación negativa entre el tamaño del sector público y el crecimiento en el caso de los países desarrollados, tras controlar por otros factores como diferencias en la demanda de servicios públicos asociadas a niveles de desarrollo distintos (véase Bergh, A. and M. Henrekson (2011), “Government size and growth: a survey and interpretation of the evidence”, Journal of Economic Surveys, 25 (5), 872-897).

 

Nota aclaratoria: El cálculo sobre el gasto en prestaciones sociales que podría eliminarse con el establecimiento de una renta básica equivalente al umbral de la pobreza (alrededor de un 9% del PIB) se efectúa sobre la base de la información disponible (Informe Económico Financiero de la Seguridad Social, Información Presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal, y de las CCAA). En el cálculo se incluyen las distintas pensiones gestionadas por la Seguridad Social (salvo las de Incapacidad Temporal), el SPEE y las de las CCAA. En concreto, se asume que la creación de la renta básica permitiría “ahorrar” el 60% de las pensiones contributivas (alrededor de 65.000 millones de euros en 2013) y el 70% de las prestaciones por desempleo y renta agraria contributiva (alrededor de 15.000 millones de euros en 2013). Asimismo, se asume que se ahorraría la totalidad de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social (3.902 millones de euros en 2013), el subsidio de desempleo, subsidio SEASS y la renta activa de inserción (alrededor de 8.600 millones de euros en 2013) y las prestaciones pagadas por otras Administraciones Públicas (alrededor de 4.800 millones de euros en 2013). En total, el ahorro calculado por la introducción de la renta básica sería de alrededor de 97.000 millones de euros (9,3% del PIB de 2013).

  • https://nadaesgratis.es/abraham-zacuto/sobre-la-viabilidad-economica-de-la-creacion-de-una-renta-basica-universal-i
  • https://nadaesgratis.es/abraham-zacuto/sobre-la-viabilidad-economica-de-la-creacion-de-una-renta-basica-universal-ii 
Abraham Zacuto

En este segundo artículo pretendo analizar los elementos básicos de una propuesta que, al igual que la renta básica universal, ha recibido una cierta atención en nuestro panorama político. Esta propuesta es la relativa a lo que se conoce como programas de renta mínima de inserción o de renta de garantía mínima o impuesto negativo sobre la renta, con los que se pretende, desde el sector público, garantizar a todos los hogares o individuos un nivel de renta mínimo. La principal diferencia con el programa de renta básica universal es que no va dirigido a todos los individuos, sino solo a aquellos que se encuentran por debajo de un nivel de renta mínimo (por ejemplo, el umbral de la pobreza definido como el 60% de la mediana de renta). El Estado garantizaría ese nivel de renta a través de una transferencia de renta a todos los hogares o individuos, que dejarían de recibirla en el momento en que se superan dicho nivel de renta.

Hay que subrayar que en la actualidad existen distintos programas en el caso español, tanto a nivel estatal como en algunas CCAA, que guardan algunas similitudes con el concepto de renta mínima garantizada (véase aquí). Este es el caso de los sistemas de garantía de mínimos estatales (pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, complementos de alquiler de vivienda de pensiones no contributivas, complementos a mínimos de pensiones contributivas, pensión del seguro obligatorio de vejez e invalidez, prestaciones para la integración social de los minusválidos, pensiones asistenciales, renta activa de inserción, subsidio por desempleo, programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, entre otras), así como las rentas mínimas de inserción existentes en todas las CCAA. Según los datos de Eurostat, España gastó en 2013 en programas asistenciales (mean tested) 38.500 millones de euros – 3,7 pp de PIB- (lo que supone uno de los gastos per cápita más elevados de Europa, muy cercano a los niveles de Francia, Alemania y Reino Unido). Sin embargo, no parece ser un sistema que impida que siga habiendo numerosos hogares con rentas por debajo del umbral de pobreza, ni que consiga una reinserción de este colectivo en una situación considerada como de no exclusión (véase, por ejemplo, Laparra et al, 2012).

En su conjunto, se puede afirmar que el sistema asistencial español es muy heterogéneo, ya que cada programa presenta criterios de acceso, permanencia y cuantías muy diferentes. En concreto, las principales características de la normativa de las CCAA son: 1) cuantías que se situaban en torno a 400 euros al mes para un solo titular; 2) para su percepción se exige ingresos inferiores a la cuantía que se fija como ayuda o a alguna otra referencia; 3) duración de la prestación limitada, aunque en muchos casos prorrogable; 4) edad mínima para la percepción de alrededor de 25 años; 5) la referencia para las condiciones y el cobro suelen ser la unidad familiar (teniendo en cuenta su composición); 6) en muchos casos se acompañan de medidas complementarias de inserción sociolaboral. En definitiva, los programas de rentas mínimas están pensados para ser el último colchón asistencial para garantizar una renta mínima de los hogares, pero su grado de cobertura en la actualidad, con excepción del País Vasco, es bastante limitado.

La propuesta concreta en el caso español podría consistir, por tanto, en extender este tipo de ayudas a todos los hogares que no lo estén recibiendo en la actualidad y que no superen el umbral de la pobreza, además de complementar las ayudas existentes hasta precisamente ese nivel de la pobreza. Como en el caso de la renta básica universal, parece relevante comenzar por analizar el coste presupuestario de una medida de estas características. Obviamente, el coste sería mucho más reducido que el calculado para la renta básica universal. Con la información más actualizada de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) sobre estructura e ingresos de los hogares en España, una aproximación tentativa al coste de introducción del subsidio lo situaría en alrededor de 2 puntos de PIB. Esta estimación se ha efectuado fijando el umbral de la pobreza en 8.600 euros (igual al 60% de la mediana de ingresos por persona equivalente en la EFF). La renta mínima garantizada de este programa aumentaría dependiendo del número de hijos y adultos del hogar, de acuerdo con las escalas de equivalencia utilizada por Eurostat en la Encuesta de condiciones de vida. En cuanto al porcentaje de hogares beneficiarios, se parte, en primer lugar, de la estimación de la Encuesta Financiera de las Familias de 2011 sobre el número de hogares que no alcanzan los umbrales de pobreza anteriormente fijados (23% de los hogares), una vez que ya se tienen en cuenta las prestaciones que cobran en la actualidad, y se aplica este porcentaje al número de hogares de acuerdo con la información que proporciona el INE para el año 2013. El resultado es que 4,2 millones de hogares serían elegibles. La prestación media para cada hogar en riesgo de pobreza se calcula como la diferencia entre la renta mínima anteriormente mencionada y los ingresos actuales, lo que daría una prestación media de 5.000 euros por hogar, de forma que el coste presupuestario de la medida serían los 2 puntos de PIB mencionados, unos 21.000 millones de euros. En este caso para efectuar el cálculo del coste de la medida no hay que reducir ningún ahorro derivado de prestaciones que se eliminarían porque, tal y como se ha calculado el coste del nuevo programa, este solo se refiere al complemento de las rentas, incluyendo las ayudas existentes en la actualidad, que no alcanzan el nivel mínimo de pobreza.

2 puntos de PIB es una cantidad significativamente más reducida que la mencionada para la renta básica universal, aunque, en todo caso, supone un incremento respecto el presupuesto actual destinado a esta partida nada despreciable, sobre todo si se tiene en cuenta que el déficit público español alcanzará todavía el 5,5% del PIB en 2014, si se confirman las estimaciones oficiales. Como ya se indicó en el anterior post, no es sencillo recaudar una cuantía de esa magnitud sin incrementar de forma significativa las figuras impositivas más importantes, con los posibles efectos distorsionadores sobre el trabajo y la inversión mencionados en el anterior artículo, si bien ahora con unas magnitudes relativas mucho más bajas.

Con independencia del coste recaudatorio, el diseño de una renta de estas características tendría que ser muy cuidadosa. Analizamos a continuación algunos de los aspectos que nos parecen más relevantes en relación con este diseño y que en diferente medida han sido abordados por los diferentes programas activos en la actualidad.

En primer lugar, no es evidente que una renta básica de inserción se tenga que basar solamente en niveles de renta para un año determinado obviando diferencias en riqueza que influyen de forma muy relevante en el nivel del consumo final del hogar. Por ejemplo, no tendría sentido que se pagara una renta de inserción a hogares que no perciben ingresos de forma puntual a pesar de tener un importante patrimonio con el que pueden subsistir de forma holgada. De hecho, los programas actuales suelen disponer de cláusulas que limitan la cuantía máxima que se puede poseer de bienes inmobiliarios, dinero, títulos, valores o vehículos, adicionalmente a las limitaciones de ingresos.

Como ya se mencionó en el caso de la renta universal, una propuesta de estas características tendría un efecto muy importante en la composición de los flujos migratorios. Concretamente, para evitar que esta medida cambie los incentivos de los inmigrantes, la mayoría de programas incorporan condiciones de empadronamiento durante un número determinado de años.

Los efectos potencialmente más perjudiciales de esta medida serían de nuevo los relacionados con la capacidad futura de generar ingresos de las personas elegibles que les permitan salir de su situación precaria. En primer lugar, su diseño debe evitar situaciones de trampa de la pobreza, lo que exigiría modular la pérdida de la prestación cuando se inicia un periodo de empleo. Igual que sucedía con el cobro de la renta universal, la percepción de un subsidio genera un efecto renta que puede provocar desincentivos relevantes. Pero en el caso de la renta básica de inserción hay que tener en cuenta que el sobrepasar un determinado nivel de ingresos se reduciría o incluso se agotaría la prestación cobrada hasta el momento, por lo que el desincentivo a trabajar es aún mayor que en el caso de la renta universal para los colectivos cercanos al umbral de la pobreza. En este sentido, entre 1968 y 1980, el gobierno federal de los EEUU realizó cuatro experimentos de imposición de la renta negativa en diferentes regiones y diferentes estratos sociales y los resultados mostraron importantes impactos sobre la participación laboral especialmente de mujeres y jóvenes (Moffitt (2002) para un resumen sobre el tema y, Moffitt y Kehrer (1981), Kelley (1981), Killingsworth (1983) para los experimentos concretos). El diseño de programas que puedan simultáneamente aliviar la pobreza, no dañar la empleabilidad de las personas y no tener un impacto fiscal importante es complejo (un buen análisis de esta cuestión se realiza en Blank, Card y Robins (1999)). En este sentido, y para que la renta básica no tuviera efectos negativos sobre la participación laboral, se debería o bien modular la cuantía subsidiada una vez se encuentre trabajo o bien condicionar su percepción a medidas de activación y formación. La mayoría de programas de renta básica incluyen el segundo tipo de requisitos si bien el control de su cumplimiento es reducido y normalmente se limita a asegurarse que el beneficiario siga residiendo en el lugar donde cobra la prestación ya sea con entrevistas directas en las oficinas que gestionan el subsidio o a través de telegramas certificados que requieren de algún tipo de contestación. Es necesario que parte del coste presupuestario de estos programas se destine a orientaciones individualizadas y programas de formación que en definitiva repercutirán en la mayor eficiencia de estos.

Finalmente, se debería evitar que la medida impactara de forma negativa en la educación de las nuevas generaciones. En efecto, al incrementar el salario mínimo por debajo del cual cualquier persona está dispuesta a trabajar, este tipo de programas pueden tener consecuencias negativas para los incentivos a seguir estudiando en aquellos colectivos que en la actualidad son más vulnerables al fracaso escolar. La renta mínima incrementa las ganancias esperadas de cualquier persona que abandone el sistema educativo a una edad temprana generando por tanto un desincentivo a seguir estudiando. Que las familias responden a incentivos económicos a la hora de decidir si los jóvenes continúan estudiando no debería sorprendernos después del atraso educativo asociado a las oportunidades económicas generadas en el último boom de la construcción (véase, por ejemplo, Aparicio (2010) o Lacuesta et al (2012)). En todo caso, hay que tener en cuenta también que en uno de los experimentos americanos anteriormente mencionados (el caso de las zonas rurales de Carolina del Norte e Iowa), se muestra que el programa incrementó la permanencia en la escuela y seguramente el motivo tiene que ver con que la renta básica ayudó a reducir las importantes restricciones financieras a las que se enfrentan algunos hogares de Estados Unidos para poder pagar los estudios de sus hijos (ver Lovenheim (2011)). Esta problemática no parece, en todo caso, aplicable al caso español. En este sentido, los programas actuales de las diferentes CCAA suelen condicionar la recepción de la ayuda a programas de formación y a la obligación de escolarización de los hijos de los receptores, pero también deberían asegurarse de que los receptores sigan formándose.

Referencias

Aparicio, A. (2010) "High-School Dropouts and Transitory Labor Market Shocks: The Case of the Spanish Housing Boom" IZA WP 5139

Blank, R, D. Card and P. Robins (1999) "Financial Incentives for Increasing Work and Income among Low-Income Families" NBER working papers 6998

Keeley, Michael C., Philip. Robins, Robert Spiegelman, and R. West, (1978) “The Estimation of Labour Supply Models Using Experimental Data.” American Economic Review 68: 873-887 (December).

Killingsworth (1983) Labor supply. New York: Cambridge University Press.

Lacuesta, A., Villanueva E. and S. Puente (2012) “The Schooling Response to a Sustained Increase in Low-Skill Wages: Evidence from Spain, 1987-2009” Banco de España WP 1208

Laparra, M. y B. López (coord.) (2012). “Crisis y fractura social en Europa. Causas y efectos en España”, Obra Social La Caixa, Colección Estudios Sociales, 35.

Lovenheim, M. (2011) "The Effect of Liquid Housing Wealth on College Enrollment" Journal of Labor Economics, 2011, vol. 29, issue 4, pages 741 - 771

Moffit, R. (2002) "Welfare Programs and Labor Supply" NBER working papers 9168

Moffitt, R. and K. Kehrer (1981). "The Effect of Tax and Transfer Programs on Labor Supply: The Evidence from the Income Maintenance Experiments." In Research in Labor Economics, Vol. IV, ed. R. Ehrenberg. Greenwich, Conn: JAI Press, 1981.

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