En
el marco del Estado regulador europeo, la política industrial ha sido
en gran medida competencia de los gobiernos nacionales. Sin embargo,
recientemente ha surgido una plétora de nuevas iniciativas de política
industrial supranacionales y transnacionales en virtud de las cuales la
Comisión participa proactivamente en actividades paneuropeas para
fomentar la innovación y el desarrollo económico. Este artículo pone en
diálogo la literatura sobre los "Estados de redes de desarrollo" (END)
con los estudios sobre la integración de la UE para explicar tanto el
momento en que se ha producido el auge de la política industrial de la
UE desde mediados de la década de 2010 como la variación en las formas
de integración en la UE de las distintas funciones de la política
industrial. Nuestro análisis sugiere que la Comisión desempeña cada vez
más cuatro grandes funciones de desarrollo similares a las DNS y
destinadas a promover y proteger el mercado único. Las teorías
neofuncionalistas de la integración de la UE explican estos cambios
trascendentales. El momento detrás del auge de la política industrial de
la UE se explica mejor como una interacción de efectos secundarios
funcionales, cultivados y políticos, impulsados especialmente por el
realineamiento franco-alemán en posiciones de política industrial pro-UE
desde 2016. La variación en las formas de gobernanza de las funciones
integradas de política industrial de la UE se explica en términos del
grado de integración preexistente de las políticas existentes, la
naturaleza de baja o alta política del ámbito político y los tipos de
externalidades asociadas al ámbito político específico.
Introducción
Dentro
del "Estado regulador" europeo (Majone, Citation1997), la política
industrialFootnote1 ha seguido siendo en gran medida competencia de los
gobiernos nacionales (Fioretos, Citation2001). Por un lado, la política
industrial de la Unión Europea (UE) ha girado en torno a medidas
horizontales que regulan las condiciones marco de los mercados (por
ejemplo, el Programa del Mercado Único) o promueven la investigación y
el desarrollo (I+D) (Landesmann & Stöllinger, Citation2020). Por
otro lado, desde la década de 1980, el mayor alcance y mordacidad de la
legislación de la UE en materia de competencia y las normativas sobre
ayudas estatales han restringido gravemente la capacidad de los Estados
miembros para llevar a cabo intervenciones selectivas de política
industrial (Bulfone, Citation2022). De hecho, el órgano ejecutivo de la
UE, la Comisión Europea, es conocido en la literatura como el agente de
la integración que mejora el mercado (Höpner & Schäfer,
Citation2012), fomentando la armonización reguladora y previniendo el
comportamiento anticompetitivo en el mercado único al frenar la ayuda
estatal nacional y la propiedad pública en sectores estratégicos
nacionales (Billows et al., Citation2021; Jabko, Citation2006; Scharpf,
Citation1998). Sin embargo, recientemente, Bruselas es cada vez más
noticia por un "reajuste" de la política industrial de la UE (Financial
Times, Citation2019). De hecho, en Europa han surgido o están en marcha
una plétora de nuevas iniciativas de política industrial supranacionales
y transnacionales. La Comisión se ha implicado, de diversas maneras, de
forma proactiva en iniciativas sectoriales y orientadas a misiones
específicas para fomentar la innovación y el desarrollo económico en
toda Europa (Defraigne et al., Citation2022; Haroche, Citation2020;
Haroche, Citation2022; Prontera & Quitzow, Citation2022). Teniendo
en cuenta la naturaleza hasta ahora neoliberal del Estado regulador
europeo (Majone, Citation1997), ¿cómo podemos explicar ahora el
surgimiento de nuevas formas intervencionistas de política industrial de
la UE en el mercado único?
Hasta
la fecha, los estudios han ofrecido descripciones de la emergente
política industrial de la UE (Ambroziak, Citation2017; Landesmann &
Stöllinger, Citation2020; Pianta et al., Citation2020) y de iniciativas
sectoriales o específicas, por ejemplo, en el sector de la automoción
(Pichler et al., Citation2021), la política climática y energética de la
UE (Prontera & Quitzow, Citation2022; Tagliapietra & Veugelers,
Citation2020) o la banca de desarrollo (Mertens et al., Citation2021).
Hasta la fecha, sin embargo, dos aspectos clave del auge de la política
industrial de la UE siguen sin explorarse, a saber, las causas próximas
del momento en que se produjo el auge de la política industrial de la UE
a mediados de la década de 2010 y la variación en las formas de
integración de las distintas funciones de la política industrial en el
mercado único. Por ejemplo, mientras que la presupuestación de la
innovación en el Marco Financiero Plurianual (MFP) sigue siendo
intergubernamental, la Comisión intermedia en la innovación a través de
redes de producción transnacionales (es decir, alianzas industriales) y
facilita cada vez más las ayudas estatales nacionales para Proyectos
Importantes de Interés Común Europeo (PIICE) a través de sus
competencias reguladoras. Así pues, basándose en la triangulación de
fuentes primarias y en entrevistas originales de élite con funcionarios
de la Comisión y de los Estados miembros, este artículo aborda los
florecientes debates sobre la política industrial de la UE con una
contribución cuádruple.
En primer lugar, sistematizamos las
políticas industriales de la UE basándonos en la literatura sobre los
Estados de Redes de Desarrollo (END) (Block, Citation2008; O'Riain,
Citation2000). Sugerimos que una forma fructífera de dar sentido al
"reajuste" de la política industrial de la UE es considerar que la
Comisión desempeña cada vez más funciones similares a las de un DNS que
promueve y protege el mercado único europeo, es decir (1) proporcionando
recursos específicos a los agentes con alto potencial de innovación;
(2) actuando como intermediaria en las redes paneuropeas de innovación y
producción; (3) garantizando la facilitación de las políticas
industriales de los Estados miembros dentro de las restricciones del
Estado regulador de la UE existente, por ejemplo, facilitando la
concesión de ayudas estatales nacionales a las IPCEI estratégicas e
innovadoras transnacionales; (4) garantizando la protección y la
integridad del mercado único de la UE frente a la competencia extranjera
desleal respaldada por el Estado.
En
segundo lugar, ponemos en diálogo los estudios sobre la integración de
la UE con la literatura sobre el DNS para dar cuenta de la variación en
las formas de integración de estas diferentes funciones de la política
industrial. Aunque estas funciones se realizan o coordinan cada vez más a
nivel europeo, se integran y gobiernan a través de diferentes modos de
gobernanza. La dotación de recursos específicos y la protección siguen
siendo en gran medida intergubernamentales. La facilitación es el
resultado de la agencia y la gobernanza supranacionales de la Comisión,
mientras que la intermediación se basa en nuevas formas de gobernanza en
red, como las alianzas industriales. Aprovechando una perspectiva
neofuncionalista (Nicoli, Cita2020), explicamos así la variación de
estos modos de gobernanza en función de: (1) el grado de integración
política preexistente; (2) el tipo de política (dominio de baja o alta
política); y (3) los tipos de externalidades derivadas de la
interdependencia de gobernanza de las distintas políticas.
En
tercer lugar, basándonos en la teoría neofuncionalista de la integración
de la UE, interpretamos la cronología del auge de la política
industrial de la UE como una interacción de efectos secundarios
funcionales, cultivados y políticos (Haas, Citation1964; Niemann &
Ioannou, Citation2015). En resumen, los cambios en la economía política
internacional -es decir, los cambios climáticos, tecnológicos y
geopolíticos- han creado la necesidad de una política industrial de la
UE más integrada y coordinada en el mercado único (spillover funcional).
En su afán por resolver los problemas de acción colectiva y ampliar sus
competencias, la Comisión ha mostrado gradualmente un mayor interés por
las iniciativas de política industrial de la UE (efectos indirectos
cultivados). Sin embargo, el auge gradual de la política industrial de
la UE sólo ha sido posible una vez que los Estados miembros alcanzaron
un nuevo consenso sobre la necesidad de un mayor activismo económico de
la UE cuando, tras una importante oleada de adquisiciones chinas de
empresas alemanas, Alemania se realineó con Francia en posiciones
favorables a la política industrial de la UE (efectos secundarios
políticos). Desde 2016/2017, la alianza franco-alemana ha impulsado el
auge de la política industrial de la UE en el mercado único, una
trayectoria reforzada aún más por las conmociones económicas y
energéticas vinculadas a la pandemia del COVID-19 y la guerra de
Ucrania.
Por último, teorizamos un nuevo mecanismo de integración
de políticas en el mercado único, es decir, el desbordamiento de la
red, como un modo de gobernanza hasta ahora muy descuidado por la teoría
de la integración de la UE.
Nuestro
argumento se desarrolla del siguiente modo. La sección dos repasa la
evolución de la política industrial en la UE hasta el reciente auge de
la política industrial comunitaria. La sección tres presenta nuestro
marco teórico, mientras que la sección cuatro describe nuestra
estrategia empírica y los datos obtenidos. La sección cinco reconstruye
el auge de la política industrial de la UE, mientras que la última
sección concluye debatiendo y contextualizando nuestros resultados.
2 De la política industrial en la UE a la política industrial de la UE
La
política industrial ocupa un lugar destacado en los debates de la
economía política europea desde el periodo posterior a la Segunda Guerra
Mundial. La llamada edad de oro de Europa (Eichengreen, Citation2008)
se basó en el papel activo del Estado-nación en la gobernanza económica
(Bianchi & Labory, Citation2020; Bulfone, Citation2022). Las
políticas industriales nacionales se vieron favorecidas y facilitadas
por dos factores clave. En primer lugar, la integración económica
europea no había progresado más allá de una unión aduanera y las
disposiciones del Tratado de Roma contra las ayudas estatales que
distorsionan la competencia permanecieron latentes hasta la década de
1980 (Scharpf, Citation1999, p. 52). En segundo lugar, el control del
Estado sobre su economía nacional se vio reforzado por el limitado
alcance de la integración económica internacional que caracterizaba al
régimen de "liberalismo incrustado" de posguerra (Ruggie, Citation1982).
Sin embargo, desde mediados de la década de 1980, la creciente
globalización y la profundización del Estado regulador europeo han
cuestionado cada vez más la capacidad de los Estados-nación europeos
para gobernar la economía nacional mediante una gobernanza económica
activista (Scharpf, Citation1998, Cap.3). Como reacción a estas
tendencias, los debates académicos sobre la política industrial de la UE
se han desarrollado en gran medida en tres corrientes académicas.
One set of scholars
argues that pro-competition regulatory governance in Europe has replaced
demand management and industrial policies by the hitherto active Keynesian state (Majone, Citation1997).
This is due to three main factors: the deepening of the European Single
Market, which has ushered in the liberalisation of previously protected
economic sectors and the privatisation of state-owned undertakings
(Bulfone, Citation2022; Jabko, Citation2006; Thatcher, Citation2007); the ‘constitutionalisation’ of European competition law (Scharpf, Citation1998,
p. 55) aimed at ensuring a level playing field in the common market;
and the constraints on national governments’ fiscal policies enshrined
in the Maastricht Treaty’s Stability and Growth Pact. Moreover, beyond
Europe, an increasingly globalised economy has come to challenge
nation-states’ capacity to govern the domestic economy (Strange, Citation1996).Footnote2
A
second set of scholars argue that states have found new modes to
continue intervening selectively in the economy. Thus, in the age of
regulation and neoliberalism, states engage in new forms of
market-shaping interventions and discretionary policymaking (Levy, Citation2006), e.g., via the strategic use of regulation (Bulfone, Citation2019; Levi-Faur, Citation2009; Thatcher, Citation2014), regulatory forbearance (Dewey & Di Carlo, Citation2021), off-balance sheet interventions via national promotional banks (Bulfone & Di Carlo, Citation2021; Mertens et al., Citation2021) or via state-sponsored entities such as sovereign wealth funds (Alami et al., Citation2021; Thatcher & Vlandas, Citation2016).
Lastly,
a more recent strand of the literature analyses the deepening and
broadening of industrial policy initiatives at the EU level, by and
large through a threefold approach. First, descriptive accounts have
attempted to operationalise, quantify and assess the adequacy and
effectiveness of older and newer EU industrial policy initiatives
(Ambroziak, Citation2017; Defraigne et al., Citation2022; Landesmann & Stöllinger, Citation2020; Mosconi, Citation2022; Pianta et al., Citation2020; Redeker, Citation2021)
Second, the literature on political economy has described the expansion
and/or conversion of EU institutions for new industrial policy purposes
to circumvent the EU’s fiscal and regulatory constraints on state
activism (Mertens & Thiemann, Citation2019).
A third group of scholars have concentrated on specific missions of EU
industrial policy – e.g., the smart specialisation strategy (Wigger, Citation2022) or the green industrial policy agenda (Tagliapietra & Veugelers, Citation2020)
– or specific sectors of intervention where the EU has acted as a
"catalytic state," for example in the energy and climate sectors
(Prontera & Quitzow, Citation2022) or the automotive sector (Pichler et al., Citation2021).
Despite
its richness and importance, there remain some gaps in the existing
literature on EU industrial policy. In reverse order: by focusing on
specific policy domains, mission-oriented and sector-specific analyses
of EU industrial policy have not yet provided an overarching account of
the broader ongoing shift in EU economic governance and its drivers. The
political economy literature has typically focused on the European
Investment Bank (EIB) as the agent of the EU’s rising ‘hidden investment
state’ (Mertens & Thiemann, Citation2019)
but has neglected the Commission's role as a developmental agent.
Lastly, descriptive accounts have not yet leveraged EU integration
theories to explain the transnational integration of industrial policy –
a domain hitherto firmly within the remits of national governments
(Fioretos, Citation2001).
Factors such as technological and climate change, as well as
geopolitical shifts, do feature within these accounts and have certainly
contributed to the integration of industrial policy. However, these
factors appear unable to fully account for the timing and different
outcomes of the integration process. For example, the innovation
challenge had been recognised in Europe since the Lisbon Agenda in 2000.
Climate change concerns have been on the political agenda since the
Kyoto Protocol in 1997, and China's geopolitical ambitions had been
acknowledged at least since the Belt and Road Initiative in 2013. Yet,
the integration of industrial policy in the single market has
accelerated prominently only from 2016/17 onwards.
Además, los resultados de este proceso de integración varían según las distintas funciones de la política industrial, que se han integrado en diferentes grados y a través de diversas formas de gobernanza. Por ejemplo, mientras que la presupuestación de la innovación sigue siendo en gran medida intergubernamental, la Comisión intermedia en la innovación a través de redes transnacionales y facilita cada vez más las ayudas estatales nacionales para fomentar las IPCEI transnacionales a través de sus competencias reguladoras.
En consecuencia, la bibliografía existente aún no ha explicado las causas próximas del auge de la política industrial de la UE, su calendario y la consiguiente variación entre las formas de integración a las que se han visto sometidas las distintas funciones de la política industrial en la última década. Aportamos nuestra contribución a la literatura abordando estas lagunas.
3 Theory and hypotheses: EU integration scholarship meets developmental network states
Este artículo pretende explicar la creciente integración de las funciones de política industrial a escala de la UE. Entendemos por integración la "mayor coordinación de las políticas nacionales, la transferencia de autoridad al nivel de la UE en nuevos ámbitos políticos o el refuerzo de la autoridad de la UE en ámbitos de competencia existentes" (Jones et al., Cita2021, p. 1523). Nos centramos en la Comisión Europea como poder ejecutivo de la UE con base jurídica (art. 173 del TFUE) para llevar a cabo la política industrial en el mercado único con el fin de "garantizar las condiciones para la competitividad de la industria de la Unión" mediante: (1) acelerando la adaptación de la industria a los cambios estructurales; 2) garantizando un entorno empresarial favorable a la actividad económica; 3) fomentando la cooperación entre las empresas; 3) favoreciendo un mejor aprovechamiento del potencial industrial de las políticas de innovación, investigación y desarrollo tecnológico.
Dada la naturaleza fragmentada de las iniciativas de política industrial de la UE y la multidimensionalidad de su mandato de desarrollo, nuestro empeño requiere tanto un marco analítico para sistematizar y rastrear las funciones de desarrollo como una teoría de la integración regional que dé cuenta de los motores, el calendario y la variación de los resultados de integración de las funciones de política industrial. Para ello, aprovechamos el marco analítico de las DNS y lo combinamos con las teorías de integración de la UE.
3.1 The developmental functions of developmental network states
El concepto de DNS ha sido desarrollado en una serie de trabajos por Seán O'Riain (Citation2000, Citation2004) y Fred Block (Citation2008) para teorizar un nuevo papel del Estado en el desarrollo económico dentro de las sociedades posfordistas y la economía del conocimiento. Las DNS contrastan con el funcionamiento de los anteriores "Estados desarrollistas burocráticos" de la era fordista, que aplicaban formas dirigistas de política industrial a través de un aparato burocrático centralizado y una dirección jerárquica de la economía. Por el contrario, los DNS fomentan la innovación tecnológica y el desarrollo económico en virtud de su integración en la sociedad (Evans, Citation1995).
Given
the complexity and multidimensional nature of the knowledge bases
required to innovate in today’s globalised knowledge economy (Fagerberg,
Citation2006; Iversen & Soskice, Citation2019),
technological breakthroughs increasingly occur via network
collaborations among private and public actors (e.g., technologists,
firms, universities, public agencies) (Block & Keller, Citation2009; Breznitz & Ornston, Citation2013; Maggor, Citation2021)
and increasingly depend on firms' capacity to develop ‘collaborative
advantages’ through cross-country production networks, where each firm
specialises in given steps of the innovation and production process
(Nahm, Citation2021).
Public officials in DNSs thus operate closely with organised groups and
civil society to identify and support the most promising avenues for
innovation (Block, Citation2008,
p. 172). DNSs aim to ‘shap[e] the capabilities of societal and market
actors’ and are defined by their ability to ‘create and animate
post-Fordist networks of production and innovation and link them
together in ways that promote local and national development’ (O’Riain, Citation2000, p. 165). Activism by DNSs is desirable within today’s transnational production systems to overcome network failures,
i.e., situations where production or innovation networks may be needed
but fail to emerge due to information asymmetries or lack of trust among
prospective partners (Negoita, Citation2014; Schrank & Whitford, Citation2011). To these ends, DNSs’ public officials operate through various developmental functions (see): targeted resourcing, brokering, facilitation. To these functions originally highlighted by Block (Citation2008)Footnote3,
we add protection, a classic industrial policy function used by
governments to nurture domestic industries while shielding them from
foreign competition (Gourevitch, Citation1986).
Table 1. The four developmental functions of DNSs and the EU Commission’s functions.
La asignación de recursos específicos requiere que los funcionarios públicos consulten con la sociedad civil y la comunidad empresarial para identificar nuevos retos con vistas a proporcionar financiación a los agentes con proyectos que tengan más probabilidades de lograr innovaciones y avances tecnológicos. Esta función es especialmente importante cuando, debido a la naturaleza fundamentalmente incierta de la innovación, el mercado no proporciona capital inicial a los posibles innovadores (Mazzucato, Citation2013). Para lo que nos interesa aquí, por ejemplo, la Comisión proporciona financiación específica para la innovación a través de fondos gestionados directa o indirectamente y mediante financiación compartida con los Estados miembros (véasey la sección 5.2).
Brokering
envisages states connecting scientists working in universities,
government laboratories or business settings to stimulate innovation.
Brokering involves setting up networks that enable technologists to
connect with private or public investors to acquire the funding
necessary to develop and commercialise products. Since 2017, the
Commission has increasingly carried out brokering functions especially –
although not only – via the formation of industrial alliances (see
section 5.3).
Facilitation
requires regulatory actions such as strategic re-regulation, standard
setting or administrative simplifications which smoothen market actors’
operations and incentivise investments in new strategic sectors. Inter alia,
the Commission increasingly facilitates national state aid provision
through a revised framework for cross-national Important Projects of
Common European Interest (IPCEIs) (see section 5.4).
Finally, protection
implies measures like tariff or non-tariff regulatory barriers imposed
by public authorities to protect domestic market actors from foreign
competitors, e.g., for reasons of national security, unfair competition
or simply to shield domestic economic actors from the competition of
more technologically advanced nations or firms. In liaison with member
states, the Commission progressively attempts to protect the EU single
market through instruments such as the new public procurement and
FDI-screening tools (see section 5.5).
We
now turn to EU integration theories to elaborate testable hypotheses on
the drivers and outcomes of integration for these four policy functions
within Europe’s single market.
3.2 EU integration theory: theorising drivers and outcomes of policy integration
Los estudios sobre la integración de la UE ofrecen un arsenal teórico bien establecido para explicar los motores y los resultados de la integración regional. Dado que se centra en los Estados-nación y en los grandes acuerdos, el intergubernamentalismo clásico (Moravcsik, Citation1998) parece inadecuado para explicar los procesos graduales de integración de la política industrial. Del mismo modo, el nuevo intergubernamentalismo (Bickerton et al., Citation2015) no puede explicar adecuadamente la integración en aquellas funciones de política industrial establecidas al margen de las deliberaciones consensuadas del Consejo, por ejemplo, la intermediación en la innovación a través de alianzas industriales o la facilitación de ayudas estatales mediante la re-regulación intencionada del marco IPCEI.
Por el contrario, el neofuncionalismo entiende la integración de la UE como un proceso incremental impulsado por actores interesados que forjan coaliciones transnacionales para buscar nuevas soluciones integradoras ante los problemas políticos emergentes (Haas, Citation1964; Niemann & Ioannou, Citation2015). Los procesos integradores pueden ser desencadenados por perturbaciones exógenas que ponen de manifiesto las insuficiencias y debilidades de la actual construcción de la UE; por ejemplo, la crisis de los refugiados (Genschel y Jachtenfuchs, Citation2018) o la pandemia COVID-19 (Brooks et al., Citation2022). Otra posibilidad es que los problemas surjan del propio proceso de integración de la UE debido a consecuencias imprevistas de decisiones integradoras anteriores. En tales casos, suele esperarse que los gobiernos cedan e integren el menor número posible de funciones políticas para mantener la soberanía nacional, pero tantas como sea necesario para abordar los problemas pendientes (Schmitter, Citation1970).
The process of integration is driven by functional, political, and cultivated spillover mechanisms. Functional
spillovers occur when international economic interdependence makes
national policymaking ineffective, calling for further supranational
integration of policy domains. Political spillovers ensue when
national stakeholders – governmental agents and/or organised interests –
come to understand that new problems can no longer be dealt with at the
domestic level. Thus, through a learning process, national elites
gradually realise the need to "make use of Europe" (Woll & Jacquot, Citation2010) to effectively solve new problems. Cultivated
spillovers are pro-integration initiatives pushed by supranational
institutions. Motivated by a double interest in expanding competences
and enhancing collective problem-solving capacity, supranational
institutions – like the Commission – can devise new policy solutions and
work to assemble transnational political coalitions in support of more
integration.
Considering high economic integration in the Single
Market and the EU constraints on national industrial and fiscal policy,
one would readily expect a functional spillover to drive the integration
of industrial policy at the EU level. After all, the inadequacies of EU
institutions and policies have become apparent after the 2008 global
financial crisis, and the need for industrial policy is today openly
discussed at all levels in light of the rising innovation, climate and
geopolitical challenges (Zeitlin et al., Citation2019).
However, a functional spillover alone cannot explain the timing of this
integration process. Rather, a more explicit relationship between the
three spillover mechanisms must be formulated. Our insight is that, once
a functional spillover creates a new need for more Europe (necessary
condition), a political alignment between the Commission and national
stakeholders is needed to move integration forward (sufficiency
condition). This is especially the case in domains where the Commission
requires cooperation from national actors to effect policymaking. New
networked forms of industrial policy in the knowledge economy fall
squarely within this realm given the dependency of DNSs on societal and
economic actors for the pursuit of developmental aims. Thus, while we
expect a competence-seeking Commission to exercise integration pressures
through a cultivated spillover, the Commission remains largely
dependent on the voluntary participation of national stakeholders
in the execution of many decentralised and network-based industrial
policies. We thus formulate our first hypothesis.
H1:
Functional and cultivated spillovers are necessary, but not sufficient
conditions for EU industrial policy to emerge. Integration of industrial
policy is likely to accelerate when a political alignment occurs
between the Commission and key national actors who realize the need for
integrated EU-wide industrial policy (political spillover).
But which integration
outcomes
are likely to emerge from this integration drive? Neofunctionalist
scholars have developed conceptualisations of different integration
outcomes based on
types of governance assigned to integrated policies (Schmitter,
Citation1970).
Specifically, neofunctionalism distinguishes between intergovernmental
and supranational governance of integrated policy domains. Following
Nicoli (
Citation2020), a
spillover
outcome implies the integration of a new policy domain or the expansion
of pre-existing authority under the sole decision-making authority of a
supranational actor. On the contrary, a
spillaround outcome
reflects greater integration/coordination of policy functions but under
inter-governmental decision-making where member states retain oversight.
While
the neofunctionalist literature has long theorised and analysed cases
of EU integration based on supranational and intergovernmental
governance, it has paid little attention to a third mode of
transnational policymaking in the EU: network governance (Jones et al., Citation1997).
Governance through networks consists of the 'articulation of
interdependent, but operationally autonomous actors from the public
and/or private sector’ (Torfing & Sørensen, Citation2014,
p. 334). In the EU and the single market, this can occur when policy
functions are governed neither via fully supranational nor strictly
intergovernmental governance but via voluntary participation in
trans-national networks of European stakeholders and when these networks
are established and steered by an EU supranational authority. We thus
extend the neofunctionalist literature by introducing a third type of
integration outcome: network spillover. Network spillovers can
occur in the EU when a policy domain is integrated beyond the
nation-state but is governed via network governance. In such cases,
supranational actors like the European Commission will act as honest brokers
to foster the creation and sustenance of transnational networks of
pan-European private and public actors aimed at achieving collectively
desirable public policy outcomes. The proactive agency of the
supranational authority is key to addressing information asymmetries
widespread among cross-national economic actors, for stabilising
expectations among network participants and generating trust among
prospective participants, thus minimising the likelihood of network
failures.
Nicoli (Citation2020)
identifies three factors contributing to explaining variation across
integration outcomes: (1) the degree of pre-existing policy integration;
(2) the type of policy (low vs high politics domain); and (3) the
likely effects of governance interdependence, distinguishing between
problems of interdependence based on mismatches between
national-supranational level policies (e.g., member states’ policies
which distort the single market) versus problems of interdependence
associated with collective action problems (e.g., free-riding or moral
hazard) which generate externalities to the community.
Translated
to the three types of integration outcomes, a spillover integration
outcome is likely to occur when the supranational institution has
already competence over a policy domain and enjoys powers to
autonomously expand or reinterpret its mandate. A spillaround type of
integration outcome is instead likely to occur under two scenarios. In
high politics domains already integrated and governed through
intergovernmentalism, spillaround occurs because governments will be
inclined to strengthen/reinterpret EU authority to address new problems
but will want to continue exercising oversight through joint
decision-making in the highly sensitive policy domain. Alternatively, in
high politics domains hitherto not integrated, spillaround is also
likely as greater integration aims to minimise problems of
interdependence while leaving room for member states’ oversight in
decision-making. Lastly, network spillovers can be expected to occur in
low-politics domains where, nonetheless, economic interdependence is
high, and the high risk of collective action problems calls for the
establishment of effective cooperative governance mechanisms that
minimise and sanction free-riding behaviour. In this case, network-based
forms of transnational governance, established and governed by a
supranational broker, help to address information asymmetries, enhance
trust and sanction malpractices, incentivising the voluntary
participation of national stakeholders within transnational networks of
governance.
Harnessing these theoretical insights, we develop a
battery of expectations about the integration outcomes to be expected
for the four industrial policy functions introduced above: targeted
resourcing, brokering, facilitation and protection.
H2:
Since the Commission shares budgeting authority (a high politics
domain) with Member States that vote unanimously in the Council, we
should expect a spillaround type of integration for the targeted
resourcing function;
H3: Since
innovation and production networks rest on the voluntary and mutual
cooperation of cross-national public and private actors in the EU single
market, we should expect a network spillover outcome of integration for
the brokering function;
H4: Since the
Commission has competence and autonomy in economic regulation and
competition law, we should expect a spillover type of integration for
the facilitation function;
H5: Since
member states’ discretionary protection of domestic markets on security
grounds (a high politics domain) is potentially highly distortive at the
Union level, we should expect a spillaround type of integration for the
protection function.
The remainder of the article is geared toward testing the five hypotheses.
4 Data and methodology
Nuestra estrategia empírica se basa en una variante de la metodología de rastreo de procesos definida como análisis sistemático de procesos (Hall, Citation2006). Este método es especialmente adecuado en los diseños de investigación de NN pequeñas, en los que el investigador pretende ofrecer explicaciones históricas específicas del contexto que se desarrollan en un horizonte temporal determinado. Requiere que el investigador formule primero teorías que identifiquen las variables/condiciones y procesos que conducen al resultado de interés y, a continuación, deduzca hipótesis coherentes sobre los resultados y patrones que se validarán empíricamente. A continuación, se realizan observaciones mediante estudios de casos que aprovechan múltiples fuentes de pruebas pertinentes.
Accordingly, we
test the above hypotheses by reconstructing the process of integration
of EU industrial policy functions by triangulating primary and secondary
sources. We combine 11 elite interviews with EU Commission’s officials
in various Directorates-General (DGs) and officials in the top echelons
of the German Economy Ministry (see Table A2 in the Appendix for
details) with an in-depth analysis of the Commission’s industrial policy
communications and other publicly available official documents (e.g.,
by the Council of the EU, the Friends of Industry meetings or by
national ministries). We combine these primary sources with information
from specialised news outlets and available academic literature. In the
analysis, we do not assume nor treat the Commission as a single
monolithic actor.Footnote4 Instead, when available, we provide specific information about the main actors and the various DGs involved in the process.
5 The rise of EU industrial policy
En la sección empírica que sigue, reconstruimos en primer lugar el proceso de alineación política entre la Comisión y las partes interesadas nacionales en torno a un nuevo consenso a favor de la política industrial de la UE a mediados de la década de 2010. A continuación, analizamos el proceso de integración de cada función de la política industrial.
5.1 Desbordamiento político: El alineamiento de Francia y Alemania tras un nuevo consenso de política industrial
La política industrial de la UE no surgió bruscamente en la última década. Aun así, entre los años 80 y finales de los 2000, la política industrial de la UE era de carácter neoliberal y se centraba en medidas horizontales para mejorar las condiciones marco económicas. En resumen, tres pilares principales caracterizaron la política industrial de la UE durante este periodo (Landesmann & Stöllinger, Citation2020). En primer lugar, la creación y profundización del Programa del Mercado Único en 1987 constituyó la política marco por excelencia, fomentando la armonización normativa y una integración económica más profunda en toda la UE. En segundo lugar, se amplió y reforzó el alcance de la legislación de la UE en materia de competencia (es decir, las normas sobre ayudas estatales, el control de las fusiones y la contratación pública) para disciplinar la política industrial de los Estados miembros y garantizar la competencia y la igualdad de condiciones en el mercado único. En tercer lugar, existían algunas políticas y programas de diseño horizontal que apoyaban las colaboraciones en I+D como piedra angular de la política de innovación y tecnología de la UE, pero seguían siendo en gran medida periféricas (Landesmann & Stöllinger, Cita2020, p. 629).
National
governments and the EU’s approach to industrial policy started to
change in the aftermath of the great financial crisis, driven especially
by France under the new Socialist government of François Hollande.
Years of fiscal austerity, economic recession and high unemployment had
engendered a reappraisal of industry’s centrality for economic
prosperity, calling for a renewed emphasis on industrial policy for
economic development (Cherif & Hasanov, Citation2019; Mosconi, Citation2015). In the summer of 2013, the French government presented its vision for ‘France in 10 years’ time’ (Financial Times, Citation2013).
Faithful to its longstanding interventionist tradition, France’s vision
revolved around a ‘pragmatic’ 10-year industrial policy agenda
elaborated by industry minister, Arnaud Montebourg – fiercely committed
to support France’s industry in its key innovative sectors (e.g.,
renewables, robotics, medical biotech), thereby boosting industrial
output and employment (Government of France, Citation2013).
Concomitantly, minister Mountebourg vocally attacked the EU regulatory
state, denouncing the strict application of EU state aid rules as the
factor preventing Europe from meeting mounting global competition in
times of rapid technological change (Financial Times, Citation2014).
Quite evocatively, Montebourg characterised the Commission’s approach
to state aid limitations as ‘obsoletism, autism, imprisonment,
fundamentalism’ and, in highlighting the generous state aid given by
foreign governments to domestic industry, likened the situation in the
EU single market to ‘Rome surrounded by the barbarians’ and awaiting to
fall (Financial Times, Citation2014).
To
build a transnational coalition of likeminded countries, in Autumn
2013, Montebourg set up the Friend of Industry (FoI) conference, a
cross-national forum of EU economy ministers aimed at advocating for new
forms of interventionist industrial policy and reforms of the EU’s
regulatory straitjacket (see also Ambroziak, Citation2017,
pp. 102–103). The first FoI’s joint declaration was signed in Paris by
an initial group of nine member states: Belgium, Bulgaria, Czech
Republic, France, Greece, Italy, Luxembourg, Spain, and the United
Kingdom. In stressing the centrality of industry for EU prosperity, the
Group advocated for the reform of ‘outdated’ state aid rules, the
strengthening of European industrial value chains and greater screening
and protection from unfair subsidies practiced outside the EU (Friends
of industry, Citation2013).
Put differently, countries in the FoI conference took stock of the
‘structural changes’ – climate and technological change and unfair
international competition – to which EU countries and industry were
exposed and started advocating vocally for an overhaul of extant EU
policies and institutions that would put industry ‘at the heart of
European decision-making’ (Friends of industry, Citation2014, p. 2) and promote and protect the EU single market.
Yet,
while the number of countries joining the FoI’s yearly meetings grew in
the subsequent years, Germany abstained repeatedly from signing the
FoI’s joint declarations and its opposition to EU-level industrial
policy de facto foreclosed any major reform steps. By increasing
their public Communications on the subject, during the same years both
the CouncilFootnote5
and the Commission showed a new penchant for a more ambitious European
industrial policy. Until 2017, however, the Commission’s industrial
policy Communications continue to envisage limited and horizontal
regulatory initiatives (see
in the Appendix for an analytical overview), reflecting the conclusions reached by Competitiveness CouncilFootnote6 (COMPET), the ministerial body of the Council of the European Union.Footnote7
It
is only after 2016/17 that the expansion and integration of industrial
policy gained currency as a result of Germany’s momentous shift in
favour of greater EU integration and coordination of industrial policy
functions after the so-called ‘Kuka moment’ (Germann, Citation2022,
p. 13). In truth, various factors concurred to trigger a reappraisal of
industrial policy among German policymakers, business groups and public
opinion alike. First, the election of President Donald Trump marked the
beginning of protectionist trade policies in the U.S., hitherto the
bastion of free trade in the international political economy (Ikenberry,
Citation2018).
Second, the UK vote for Brexit was going to deprive the EU of a
heavyweight country historically leaning toward pro-market and
anti-interventionist positions in EU economic governance (Meunier &
Mickus, Citation2020;
interview 8). But, most importantly for Germany’s domestic politics,
the 2016 acquisition of the German word-leading robotics firm Kuka by
state-backed Chinese investor Midea Group marked the tipping point of a
five-year-long wave of Chinese acquisitions of highly innovative German
companies (Financial Times, Citation2016a).
The acquisition came as a shock, triggering a public debate on the
future of German industry both in Berlin and Brussels (Financial Times, Citation2016b), revealing in full force the need for greater EU industrial policy.
The
magnitude of the Kuka shock in triggering this change cannot be
overstated (interview 9). Crucially, German policymakers realised they
did not dispose of adequate legal means to screen and prevent foreign
investments for geopolitical and national sovereignty concerns
(interview 9). Similarly, government officials also started to worry
about the long-term competitiveness of European industry in crucial
sectors such as the automobile industry (interview 5; 7) and about
unfair competition by foreign companies backed by generous state aid.
These concerns were mirrored also in Brussels. As one EU Commission
official put it: ‘you have countries out there like China […] – but the
US as well – that do support very generously their industry, and they
have very ambitious industrial policies in place … . So, we should also
be less naive ourselves’ (interview 8). A pro-European industrial policy
sentiment started to emerge in Germany’s public opinion too, due to the
new need to stand up against Chinese aggressive takeovers. Indeed,
Eurobarometer polls conducted prior to Kuka’s acquisition and two years
after show a 15-point increase in public support for EU industrial
policy in Germany (European Parliament Research Service, Citation2019, p. 3).
Germany’s
U-turn on state activism is evident in its advocacy for a more
ambitious EU industrial policy within COMPET (14343/16). Moreover, not
only Germany starts signing the FoI’s joint declarations, the 2017
meeting is, in fact, summoned in Berlin. Speaking at the 2017 Berlin
FoI’s meeting, German state Secretary Matthias Machnig openly urged the
‘need a strong industrial sector in Europe and a clear EU industry
strategy with specific measures to boost the competitiveness of our
industry’ and called ‘on the European Commission to quickly present such
strategy’ indicating that a ‘strong European industrial sector and a
clear stance on industrial policy also form part of our response in
Europe to isolationist tendencies in other parts of the world’ (BMWK, Citation2017).
But
the Franco-German alignment behind EU industrial policy has most
explicitly materialised during the Franco-German Council of Ministers in
July 2017. At the meeting, the two governments tasked their major
business associations, MEDEF and BDI respectively, to cooperate in
setting up working groups on, inter alia, industrial policy,
climate change, trade and investment to bring forward recommendations
for closer economic cooperation between the two countries. Early in
2018, BDI and MEDEF issued their joint recommendations for new
initiatives on industrial economic cooperation between Germany and
France. Business interests issued calls for a ‘new approach in the
industrial policy of the European Union’ through the promotion of a
modern manufacturing sector via EU targeted funding for ‘industrial
investment, innovation and entrepreneurship’ and new initiatives to
promote technological transfers, regulatory facilitation and standard
setting (BDI and MEDEF, Citation2018).
The
European Commission’s early 2019 decision to prohibit Siemens’ proposed
acquisition of Alstom further contributed a sense of urgency in the
overhaul of EU industrial policy (European Commission, Citation2019).
Explicitly incorporating recommendations from the FoI and from the
business groups, in 2019 France and Germany eventually issued a
Franco-German Manifesto for a European industrial policy fit for the
twenty-first Century. The manifesto paved the way for the integration of
industrial policy functions at the EU level based on three pillars: (1)
investing in and enabling innovation (through targeted funding and
brokering); (2) Adapting the EU regulatory framework to the new global
challenges (through regulatory facilitation favouring state aid and
innovation); (3) Effecting measures to protect the EU single market
(i.e. by protecting EU firms from foreign unfair competition).
In
all, it is in the late 2010s that, reflecting a newly-found
Franco-German consensus on EU industrial policy, the Commissions’
communications start to discuss more explicitly vertical and
mission-oriented forms of industrial policy (interview 11).Footnote8
These developments corroborate our H1 above: in a neofunctionalist
fashion, functional and cultivated spillovers pushed in the direction of
further integration of industrial policy at the EU level. Yet, major
changes have only been possible once Germany’s opposition to EU
industrial policy was lifted (political spillover). Germany’s change of
preferences was due to the realisation that major structural changes in
the international political economy called for an overhaul of EU
institutions and policies to promote and protect the EU’s industry, in
Germany’s interest too. The following sections will now detail
empirically the developments in each of the four developmental
functions.
5.2 Recursos específicos: un caso de spillaround
Debido a su concentración en la regulación y la integración económica en el mercado único, la UE ha dispuesto históricamente -y sigue disponiendo- de recursos presupuestarios limitados para promover la política industrial. Sin embargo, recientemente se han observado cambios importantes tanto en la creciente cantidad de recursos destinados a la política industrial como en la conversión de los programas existentes hacia objetivos/funciones de política industrial. La Comisión puede asignar recursos específicos en forma de fondos gestionados directamente (por ejemplo, Horizonte Europa) y fondos de gestión compartida (es decir, cuando la Comisión cogestiona los programas de financiación junto con los Estados miembros).
The most important direct form
of targeted resourcing has generally consisted of funding for
innovation, executed through resources earmarked in the multiannual
financial framework (MFF) adopted unanimously by the Council after a
conciliation phase between the Commission and the Parliament. Resources
for research and innovation had already been increased gradually in the
2000s to comply with the Lisbon Agenda’s goal to make Europe ‘the
world’s most competitive and innovative region’ (Aho, Citation2006, p. 13; Mosconi, Citation2022,
p. 187). Yet, the budget for research and innovation has doubled from
€55bn in the 2007–13 MFF to more than €95bn today, in the 2021–27 MFF. A
qualitative shift from the Lisbon Agenda is also visible in the
negotiation phase for the 2021–27 budget after the Commission issued a
proposal based on the political agreement reached by member states in
Bratislava (September 2016) and enshrined in the Rome Declaration (March
2017). Thus, the first long-term budget for the Union of 27 explicitly
called for ‘a modern budget for a Union that protects, empowers, and defends’ (European Commission, Citation2018,
emphasis added). The 2021–207 MFF revolves around the guiding
principle, agreed by member states, of fostering ‘European added value’
as a response to technological and climate change and geopolitical
instability. In the event, also the very logic behind targeted
resourcing has changed. Horizon Europe now revolves around
mission-oriented funding (Mazzucato, Citation2018),
i.e., five missions increasing investment in areas such as research and
innovation, digitalisation, security, and defence and specifically
aimed at stimulating ecosystems and cross-national innovation networks.
New programmes have also been launched under the Horizon umbrella, such
as the European Innovation Council (established through a pilot phase in
2018), which supports game-changing innovations throughout the
lifecycle from early-stage research, to proof of concept, technology
transfer, and the financing and scale up of start-ups and SMEs.
But
it is in shared funding where we have observed the greatest increase of
resources targeted to industrial policy functions. The post-COVID
European response has led to the creation of the NextGen EU funds,
unlocking over €700bn in loans and grants. The magnitude of NextGen EU
is unprecedented and the Commission has subsumed much of the resources
disbursed through the Recovery and Resilience Funds (RRF) under an
industrial policy logic. Thus, 37 per cent of funds must be spent on the
green transition, and 21 per cent on digitalisation. Moreover, the RRFs
are disbursed in tranches tied to a member state’s performance in the
European Semester. As such, the RRF could be thought de facto as a new indirect instrument of EU industrial policy.
In
sum, increased integration of targeted resources for industrial policy
has occurred both via the strengthening of existing funding for
innovation through the MFF and the creation of new programmes – such as
the RRF – which, via shared funding, now provide greater resources for
the funding of industrial policy aims. Although gradual improvements
were already underway in the 2000s and early 2010s to shore up the
Lisbon Agenda, transformative changes have precipitated later in the
decade once a new industrial policy consensus could be found among
member states. In line with our H2, integration in matters related to
budgeting, a core state power (Genschel & Jachtenfuchs, Citation2018),
has occurred via a spillaround mechanism where member states retain
oversight over funds via unanimity voting in the MFF and via the
national implementation of shared funds.
5.3 La intermediación en la innovación: un caso de desbordamiento de la red
En la actual economía del conocimiento, la innovación es cada vez más compleja y requiere la colaboración en red de una plétora de agentes institucionales transnacionales y la cooperación de varias empresas a lo largo de la cadena de valor (Block & Keller, Citation2009). A lo largo de los años, los fallos de las redes debidos a problemas de coordinación y a la falta de confianza han ensanchado la brecha entre la investigación y la innovación en la UE (Granieri & Renda, Citation2012). En el pasado, la Comisión Europea había intentado solucionar estos fallos de la red mediante iniciativas menores, por ejemplo, en 2008 con la creación del Instituto Europeo de Tecnología (IET) destinado a apoyar las asociaciones de innovación transnacionales y voluntarias entre empresas, laboratorios de investigación e instituciones de enseñanza superior (Leceta & Könnölä, Citation2021).
It
is only since 2017, however, that the Commission has thrown its full
weight behind the need to broker innovation in the EU single market. It
first launched the annual industry days, a forum to link up members of
the business community, governments, and academia to discuss the state
of European industry. But, most importantly, the Commission has started
to broker cross-sectoral and cross-national industrial alliances that
draw from and expand on the EIT's network alliances. The goal of these
alliances is to spur innovation in existing sectors and build new
capacities by forging pan-European production networks. The first of
such examples has been the European Battery Alliance, which was formed
in 2017 with the aim of uniting actors along the battery value chain.
Since then, as summarised by
,
seven new industrial alliances have been launched in the areas of
hydrogen, ICT, semiconductors, cloud technology and raw materials,
involving a plethora of various institutional and economic actors across
the single market.
Table 2. Industrial alliances brokered by the EU Commission.
Commission officials are explicit about the network failures that motivate their brokering activity (Pichler et al., Citation2021)
and adamantly stress that it was ‘quite an important role for us [the
Commission] to be able to play as a neutral broker on this’ (Interview
7). As with the first Alliance on batteries launched in 2017, officials
from the Commission’s DG GROW realised that, by itself, ‘the market was
not delivering’ and the Commission wanted to make sure ‘Europe is at
least a player’ in the battery market (interview 7). In the words of the
former Energy Commissioner Maros Sefcovic, Commission officials had to
step in ‘to use the convening power of the European Commission to get
the right people in the room’ with an eye to establishing pan-European
networks of battery production (cited in Financial Times, Citation2019).
Overall,
since 2017 the brokering function has undergone a steady integration
via the establishment of several production and innovation networks
under the convening agency of the EU Commission which now operates and
perceives itself as a full-fledged ‘honest broker’ to address network
failures in the EU single market. These developments seemingly
corroborate our H3.
5.4 Facilitar la política industrial: un caso de spillover
En la facilitación de la innovación y el desarrollo es donde encontramos los efectos indirectos más creativos y de mayor alcance que amplían el papel desarrollista de la Comisión. En el pasado, la estricta aplicación supranacional de la normativa sobre competencia y ayudas estatales limitaba la política industrial nacional que ayudaba selectivamente a los productores nacionales. En su papel de DNS, la Comisión trabaja ahora para facilitar la política industrial de los Estados miembros intentando canalizar las intervenciones nacionales hacia redes paneuropeas de producción e innovación. Para superar las restricciones del Estado regulador de la UE, la Comisión ha activado un recurso jurídico "durmiente" oculto en los Tratados, a saber, las disposiciones que permiten formas de ayuda estatal compatibles con el mercado interior (artículo 107, apartado 3, del TFUE), "para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo". Aunque presente desde el Tratado de Roma, la disposición relativa a los PIICE no se había activado plenamente hasta finales de la década de 2000, entre otras cosas por la falta de criterios de gobernanza claramente regulados sobre lo que constituye un PIICE y la forma en que los Estados miembros podían llevar a cabo tales intervenciones distorsionadoras del mercado (entrevistas 5; 8).
In the early 2010s, the push for
IPCEIs was led by DG Connect and DG GROW, where policy officials were
concerned about the laggard status of European industry in key growth
areas such as batteries and microchips (interview 7). The absence of
investment and network coordination were deemed market failures that
particularly needed state involvement to be resolved (interview 8). As
part of a broader initiative to modernise the EU’s state-aid and
competition policy in the 2010s, DG Comp worked to formalise the
eligibility criteria that classify the instances in which member states
can deviate ‘orderly’ from state aid prohibitions for developmental
aims. The Commission chief aim was to enable member states to intervene
selective in the national economy while trying to preserve the overall
integrity of the single market (interview 6). As put by a Commission
official involved in the process: regarding article 107(3), ‘member
states at the time, generally speaking, were not really aware of this
legal basis, because it was not broadly used in the past’ (interview 8).
This changed in 2014 when the Commission adopted a communication
instructing member states on how to initiate the development of
cross-national collaborative projects promoting common European
interests.Footnote10
With the introduction of the IPCEI framework, the era of unfettered
pursuit of a level playing-field is increasingly making way for a more
sector-driven, mission-oriented, and less horizontal European industrial
policy. IPCEIs satisfied member state demands for ‘other instruments,
not only regulation, but also financial instruments […] where you can
get money without state aid problems’ (interview 11).
IPCEIs
differ from post-WWII dirigiste industrial policy because of their
networked and cross-national nature. To qualify as a project of common
European interest, in fact, an IPCEI must minimally involve four Member
States. Moreover, the governance of the IPCEI must include a wide range
of European stakeholders, including SMEs, who must be invited to
participate. Lastly, the project must promise to generate measurable
benefits to EU markets and societies, unleashing positive spillovers
beyond the Member States and the undertakings involved. In other words,
through its facilitating function, the Commission is de facto
operating as a DNS in the single market, actively trying to foster the
emergence of pan-European innovation networks thanks to the strategic
re-regulation of the EU state aid framework towards what Commission
officials understand as 'positive flexibility’ (interview 8).
Similar
to the other industrial policy functions, these developments have
accelerated in the late mid-2010s once a new industrial policy consensus
has emerged. The first project in microelectronics was launched in
2018, with France and Germany playing a major convening role in
mobilising other member states and industry stakeholders (interview 9).
Since then, five more IPCEIs have been launched in key sectors such as
battery production and hydrogen, involving a plethora of member states
and various European stakeholders (see
), while partnerships on cloud computing and solar energy, health, and low-carbon industries are in the pipeline (Eisl, Citation2022, p. 5).
Table 3. Initiatives undertaken through the IPCEI framework.
In
all, facilitating national industrial policy increasingly takes place
at the EU level where, in line with our H4, the Commission has expanded
and reinterpreted its functions (spillover) thanks to its competence and
autonomy in economic regulation and competition law.
5.5 Proteger el mercado único: un caso de spillaround
El DNS europeo ha llegado a operar en un mundo geopolitizado en el que otras naciones apoyan generosamente a sus industrias y las cadenas de suministro son cada vez más vulnerables a las conmociones políticas y económicas (Aggarwal & Reddie, Citation2020; Meunier & Mickus, Citation2020). Con el cambio de alianzas y el intento de China y Estados Unidos de desvincularse tecnológicamente, la UE está intensificando drásticamente sus esfuerzos para proteger el mercado único de los consiguientes cambios geoeconómicos (Weyand, Citation2022). Las propuestas para aumentar la resistencia y la capacidad industrial propia del mercado único se debaten bajo las rúbricas de soberanía digital y autonomía estratégica abierta (Schmitz & Seidl, Citation2022). En sus conclusiones de octubre de 2020, el Consejo declaró que "lograr la autonomía estratégica preservando al mismo tiempo una economía abierta es un objetivo clave de la Unión" (Consejo Europeo, Citation2020, p. 1). Más allá de la capacidad industrial propia, esto implica formas más contundentes de obtener reciprocidad en las normas y prácticas comerciales internacionales, así como de evitar distorsiones en el mercado único derivadas de comportamientos extranjeros contrarios a la competencia.
In response to the ‘big
wake-up call for the EU’ provided by geopolitical turmoil (Interview 3)
and following the explicit requests of France and Germany, the
Commission has recently introduced a set of protective instruments. Most
importantly, in 2019 the Commission adopted the EU's framework for the
coordination of foreign direct investment (FDI) screening, resulting
from a February 2017 request by the governments of France, Germany, and
Italy (BMWE, Citation2017).
The regulation gives the Commission powers to lay out minimal
requirements for the establishment of member states' screening
mechanisms and a tool for the coordination of national FDI reviews, but
leaves the final decision-making power on FDIs to member states.
Twenty-four Member states have since implemented national investment screening mechanisms (Modrall, Citation2022).
Additionally, in 2021 the Commission proposed regulation to investigate
potentially distorting foreign subsidies to protect the level
playing-field between EU and non-EU market actors, for instance within
the European market for public procurement. Additionally, as of spring
2023, the EU Commission, the European Parliament and the Council are
deliberating on the creation of an Anti-Coercion Instrument (ACI) with
the aim of counteracting third countries’ attempts to muscle EU member
states into altering their sovereign choices under the threat of
measures affecting trade or investment (European Commission, Citation2022,
pp. 10–11). Not surprisingly given the high stakes linked to security
concerns, the Council’s position in late 2022 proposes to scale down the
Commission’s authority and envisages an intergovernmental
decision-making procedure to govern the ACI based on qualified majority
voting (Euractiv, Citation2022).
In
all, while the Commission and the member states have stepped up their
efforts to coordinate new protective initiatives and tools in the single
market, their implementation and oversight continues to remain at the
national level. As such, developments confirm our H5 whereby attempts at
greater pan-European coordination of protective measures conform to a
spillaround logic of integration: member states have increasingly tried
to coordinate their responses to extra-EU unfair competition while
keeping oversight over the discretionary protection of domestic markets
on security and sovereignty grounds.
Conclusiones
El
objetivo de este artículo era dar cuenta de las causas próximas que
subyacen al auge de la política industrial de la UE desde mediados de la
década de 2010, tanto en lo que respecta a su calendario como a los
modos de gobernanza de las diversas funciones de la política industrial.
A través de la lente del Estado de la Red de Desarrollo (DNS) (Block,
Citation2008; O'Riain, Citation2000), hemos sistematizado y rastreado
las numerosas iniciativas fragmentadas de política industrial llevadas a
cabo por la Comisión, el poder ejecutivo de la UE con un mandato basado
en un tratado para llevar a cabo la política industrial europea. Este
marco analítico nos permite poner de relieve cómo la Comisión actúa cada
vez más para promover y proteger el mercado único a través de cuatro
funciones de desarrollo: proporcionando recursos específicos en apoyo de
la innovación tecnológica; actuando como intermediaria en las redes
paneuropeas de innovación y producción; promulgando una nueva regulación
económica estratégica para relajar las restricciones normativas de la
UE y facilitar la política industrial y las ayudas estatales nacionales y
transnacionales; y protegiendo el mercado único de la competencia
extranjera desleal y de la influencia extranjera indebida sobre los
Estados y las empresas europeas.
El
auge de la política industrial de la UE, encarnado por el conjunto de
estas cuatro funciones de política industrial, puede explicarse mejor a
través de la teoría neofuncionalista de la integración de la UE. Desde
mediados de la década de 2010, la expansión constante de nuevas
iniciativas de política industrial de la UE ha estado impulsada, desde
el punto de vista político, por un consenso recientemente alcanzado
entre Alemania y Francia sobre la necesidad de formas más integradas y
coordinadas de política industrial, necesarias para que los Estados
miembros de la UE puedan hacer frente a importantes retos de la economía
política internacional, a saber: los desafíos medioambientales y
tecnológicos, el creciente proteccionismo económico y la agitación
geopolítica. Las cuatro funciones de desarrollo de la política
industrial de la UE se han integrado y se rigen por diferentes modos de
gobernanza. Las funciones específicas de dotación de recursos y
protección siguen siendo en gran medida intergubernamentales, mientras
que la facilitación es el resultado de la agencia y la gobernanza
supranacionales de la Comisión. La función de intermediación se basa en
la gobernanza de la red, y la agencia supranacional de la Comisión es
clave para superar los fallos de la red en todo el mercado único de la
UE. Diversos factores, extraídos de los recientes avances de la teoría
neofuncionalista (Nicoli, Citation2020), ayudan a explicar la variación
de estos modos de gobernanza: es decir, el grado de integración política
preexistente, el tipo de política (de baja o alta política) y los tipos
de externalidades derivadas de la interdependencia de gobernanza de
diversas políticas.
El
creciente activismo económico de la Comisión es un fenómeno reciente
pero importante, que debe estudiarse junto con los esfuerzos
concomitantes para gobernar los mercados en Europa, desde la política
monetaria no convencional del BCE (van 't Klooster, Citation2021) y su
búsqueda de reformas estructurales que mejoren el mercado (Braun et al.,
Citation2021) hasta la unión del mercado de capitales de Europa (Braun
& Hübner, Citation2018) y la banca promocional europea y nacional
(Mertens et al., Citation2021; Mertens & Thiemann, Citation2019). El
auge de la política industrial de la UE marca un cambio importante
-aunque todavía incompleto y en curso- en la gobernanza económica de la
UE. Si, en el pasado, la Comisión podía describirse como el agente de la
integración potenciadora del mercado (Höpner & Schäfer,
Citation2012) dentro del Estado regulador de la UE, nuestro análisis
sugiere que la Comisión opera hoy cada vez más como agente de la
integración configuradora del mercado, tratando proactivamente de
corregir, configurar y proteger el mercado único de la UE para el
cumplimiento de los objetivos de política pública decididos
políticamente. No cabe duda de que el Estado regulador de la UE no ha
muerto. Sin embargo, en Europa se observa un proceso de cambio gradual y
posiblemente transformador, en virtud del cual se están creando nuevas
instituciones, políticas y programas para llevar a cabo funciones de
política industrial y de desarrollo orientadas al futuro, a la misión y
sectoriales, en lugar de retrospectivas y horizontales.
Sin
embargo, aunque retos externos como el imperialismo económico de China y
el creciente proteccionismo de EE.UU. exigen un mayor activismo
económico y una mayor integración de la política industrial en la UE,
aún no ha surgido una política industrial de la UE en toda regla. Los
estudiosos siguen cuestionando la adecuación y la eficacia de la
panoplia de iniciativas y programas de política industrial de la UE,
destacando las críticas relacionadas con la insuficiente financiación de
la UE para la política industrial y una excesiva fragmentación, y a
veces incoherencia, de los programas políticos existentes (Pianta et
al., Citation2020; Redeker, Citation2021; Wigger, Citation2022). Además,
las medidas actuales, como el marco de las IPCEI, parecen favorecer
sistemáticamente a los Estados más ricos y grandes con mayor capacidad
organizativa y financiera para poner en marcha IPCEI (Eisl,
Citation2022). En la misma línea, los "marcos temporales" de la Comisión
adoptados tras el brote de COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania para
permitir a los Estados miembros ayudar a los productores nacionales en
dificultades ponen en peligro la integridad del mercado único. De hecho,
con una mayor capacidad fiscal, Alemania y Francia por sí solas han
sido responsables de casi el 80% de todas las ayudas estatales a las que
ha dado luz verde la Comisión (Financial Times, Cita2023b).
En consecuencia, la Comisión se enfrenta a un dilema sin precedentes.
-Por
un lado, dada la creciente competencia extracomunitaria de China y
EE.UU., se ve presionada para permitir cada vez más ayudas estatales
nacionales intracomunitarias. Así lo indican, por ejemplo, las nuevas
directrices de la Comisión para permitir la financiación pública
antirreubicación de proyectos ecológicos cuando se ofrezcan incentivos
similares fuera de Europa (Financial Times, Cita2023a).
-
Por otro, sin embargo, abstenerse de aplicar las ayudas estatales
conduce a una fragmentación sin precedentes del mercado único en favor
de los Estados más ricos y grandes. Tal y como defiende la Presidenta de
la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (Citation2023), una salida a
este enigma podría ser la creación de un fondo europeo de soberanía, que
reúna recursos fiscales a nivel supranacional para llevar a cabo una
política industrial de la UE en toda regla. Sin embargo, si el análisis
neofuncionalista de este artículo es correcto, será difícil vencer la
resistencia de los Estados miembros a una mayor integración fiscal para
llevar a cabo la política industrial de la UE. Pero quizá no sea
imposible, dada la plétora de retos a los que se enfrenta Europa en la
actualidad
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https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2023.2202684
We
build on Developmental Network State (DNS) literature (O’Riain, Block)
showing how modern industrial policy addresses market and network
failures in a globalized economy. We suggest that the COM increasingly tries to operate developmental functions akin to those of DNSs
Specifically,
the EU COM conducts industrial policy through (1) targeted resourcing,
(2) brokering (e.g. public-private industrial alliances), (3)
facilitation (e.g., state aid regulation), and (4) protection. For an
overview
U
industrial policy initiatives have accelerated since 2016/17. We trace
this to realigning French and German economic interests in light of the
Chinese acquisition of robotics firm Kuka and industrial competitiveness
concerns related to EU manufacturing and green industries Among
other things, the EU Commission has stepped up its efforts to broker
transnational industrial alliances between business, research, and
public actors from across the single market in strategic value chains.
For an overview
The
COM has also repurposed its EU state aid framework to facilitate and
promote national industrial policy. Through Important Projects of Common
European Interest (IPCEs), selected industries and firms can be
supported beyond normal state aid restrictions. An overview
In
sum, not all EU industrial policies are created equally: facilitation
is supranational, budgeting and protection intergovernmental, brokering
occurs through pan- network governance steered by EU COM. More in the paper about factors accounting for this variation
Our paper adds to others (e.g.@jvtklooster@BJMbraun) showing that a departure from "market-enhancing integration" is somehow possible without treaty change. Yet, the regulatory state is not dead: we are still far from a full-fledged, coherent, EU industrial policy
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