Principios básicos para la gestión de la crisis del Covid-19
Tras varias semanas de confinamiento y a medida que parece que el descontrol sanitario de la pandemia remitirá pronto, crece la preocupación por sus consecuencias económicas. Durante las últimas semanas han surgido numerosas propuestas sobre cómo aminorar esas consecuencias y acelerar la recuperación económica tras una recesión que será histórica por su intensidad y, probablemente, también por la permanencia en el tiempo de algunos de sus efectos (solo por citar este blog, algunas medidas se han discutido aquí, aquí, aquí y aquí). En esta entrada, en lugar de abundar en ellas, se recuerdan varios principios generales para la gestión de una crisis económica que, siendo excepcional, puede requerir de enfoques diferentes a los tradicionales. Se trata de volver a la “casilla cero” y reconsiderar la estrategia de política económica con la información, la experiencia y el conocimiento adquiridos durante las últimas semanas.
Son tres estos principios básicos. Se refieren a las prioridades y
urgencias en el corto plazo, a la composición de un paquete eficaz de
medidas para abordar dichas prioridades y urgencias y a la consideración
(o no) de medidas estructurales de más largo plazo que cambiarían el
“modelo económico y social”.
“Si tienes que apagarlo, asegúrate que sabes cómo volver a encenderlo”
Lo más urgente es preparar una vuelta segura a la normalidad (“la lucha contra la pandemia”). Los
problemas sanitarios causados por el Covid_19 no acabarán cuando el
número de contagiados y fallecidos disminuyan significativamente.
Mientras no exista un tratamiento adecuado o una vacuna eficaz, el
riesgo de que aparezca una nueva oleada de contagios con consecuencias
graves es muy elevado. Por ello, la recuperación de la actividad
económica solo puede producirse gradualmente para permitir que los
trabajadores puedan reiniciar sus actividades con seguridad (la suya y
la de los demás). Para ello es necesario aumentar significativamente los
recursos dedicados a proveer de tests sobre contagios e inmunidad , a
realizar seguimientos masivos y a acelerar que tratamientos y vacunas
estén disponibles para toda la población.
Pero dedicar más recursos a la lucha contra la pandemia no será
suficiente sin mejoras en la administración y en la gestión. Se acumulan
los indicios de que se llegó tarde al reconocimiento de la gravedad del
Covid-19 y a la preparación de los recursos sanitarios necesarios para
hacerle frente. Recordarlo ahora solo sirve (o debería servir) para
evitar que también se llegue tarde a la preparación de la salida del
confinamiento de la población y de la vuelta gradual a la recuperación
de las actividades económicas. Cómo y cuándo se van a producir el son
variables fundamentales para la toma de decisiones de trabajadores y
empresarios durante las próximas semanas. Se trata, sobre todo, de
reducir la incertidumbre, lo que resulta imposible sin un plan sanitario
que las contemple.
Otra tarea urgente es asegurar rentas y liquidez (“el alivio del desastre económico”). En
el corto plazo, otra prioridad absoluta debería ser la cobertura de
rentas de trabajadores y empresarios que no pueden realizar sus
actividades laborales y empresariales de manera normal. Solo pueden
conseguirlo transferencias de renta hacia los colectivos perjudicados
(trabajadores asalariados y autónomos con restricciones de liquidez,
PYMES, etc.) o “créditos blandos” (bien gestionados, tal y como se
explica aquí).
Moratorias y suspensiones de pagos solo son eficaces si el deudor tiene
restricciones de liquidez y el acreedor no las tiene. Creer que se
pueden diseñar estos instrumentos discriminando en función de las
restricciones de liquidez de deudores y acreedores es una quimera. Como
también lo es creer que como acreedores podemos dejar de pagar y como
deudores seguir cobrando.
“Si funciona, no hay por qué arreglarlo”
La tentación del “exceso de activismo”. La excepcionalidad
de esta crisis se debe también a que tiene una incidencia muy variada y
desigual por grupos de población y actividades económicas. Es hasta
cierto punto comprensible que los responsables de las políticas
económicas sientan la tentación de intervenir en todos los frentes con
una amplia batería de medidas ad hoc que traten de resolver problemas
específicos (la confección de “trajes a medida” para que "nadie se
quede atrás"). Sin embargo, en esta situación una medida de amplio
espectro (como por ejemplo, el pago de salarios por el Estado, "a la danesa", o trasferencias a tanto alzado por debajo de un determinado nivel de renta, "a la USA", o, mejor incluso, con una garantía de renta "a la canadiense")
es mucho más eficaz que muchas condicionadas y dirigidas a colectivos
particulares. Y es así por múltiples razones: primero porque la
respuesta a la crisis requiere inmediatez y transparencia, que
normalmente se pierden cuando se trata de diseñar medidas concretas y
específicas con condiciones delimitadas, especialmente cuando es difícil
comunicarlas, como es ahora el caso; en segundo lugar, porque la
implementación de muchas medidas al mismo tiempo requiere una gestión
mucho más complicada y costosa, justo cuando la capacidad de las
Administraciones Públicas para ello se ha visto muy mermada, y,
finalmente, porque ahora es mucho más importante la eficacia de las
medidas (“hacer todo lo que sea posible”) que su eficiencia (“la
preocupación por si se está haciendo demasiado”).
Rectificar es de sabios, salvo si es para reemplazar errores con otros . Otro
de los inconvenientes del exceso de activismo es que con más medidas
adoptadas, mayor es el riesgo de que algunas de ellas no cumplan con los
objetivos previstos y tengan consecuencias no deseadas. Desde el 17 de
marzo se han publicado en el BOE cuatro RDL sobre medidas económicas y
sociales de respuesta a la crisis del Covid-19 (1, 2, 3 y 4).
Disposiciones transitorias de los más recientes modifican artículos de
los anteriores. La improvisación de respuestas poco meditadas y
analizadas previamente seguidas inmediatamente por rectificaciones
aumenta la incertidumbre y, con ella, los costes de las decisiones de
ajuste que las empresas y trabajadores han de tomar. Por ejemplo,
anunciar la flexibilización de los ERTEs para convertirlos en el
principal mecanismo de mantenimiento del empleo (lo cual tiene sentido
ante una situación temporal de paralización obligada de las actividades
de las empresas) se complementa mal con medidas posteriores que limitan
la capacidad de las empresas de acceder a ellos (en el espacio y en el
tiempo). La llamada “prohibición” de despidos por causas económicas
asociadas a la incidencia del Covid-19 no solo es ineficaz (por no
impedir dichos despidos que solo pasarán a ser improcedentes en lugar de
procedentes) sino que además puede ser contraproducente al retrasar la
recepción de las indemnizaciones correspondientes por los trabajadores
afectados (para lo cual se necesita de intervención judicial justo
cuando los Juzgados de lo Social no están operativos).
“Con la tormenta perfecta y en alta mar, no es el momento de remodelar el barco”
Las medidas solo serán eficaces si se dirigen a aliviar el
desastre económico que sufrirían muchas empresas y trabajadores en su
ausencia. Durante las últimas semanas se han avanzado “grandiosos”
planes de actuación en respuesta a la crisis del Covid-19. Por ejemplo,
se ha hablado de un “Plan Marshall”, de la implantación de una renta
básica universal o de la mutualización de todo su coste en el ámbito
europeo (“coronabonos”). Todos estos planes suponen cambios radicales
bien en los pilares básicos de las políticas económicas, bien en el
modelo de su gobernanza. Dedicar tiempo y recursos discutiéndolos,
presumiéndoles una viabilidad política de la que carecen, es perder
tiempo y recursos. Es el momento de medidas transparentes, inmediatas y
eficaces; no lo es para rediseñar e inventar instrumentos, medidas,
planes de inversión, etc., que en algunos casos solo tienen el respaldo
del dogmatismo ideológico y se dirigen a la búsqueda de réditos
políticos, que, por otra parte, no se conseguirán cuando la población
sea consciente, de primera mano, de la ineficacia de las medidas
adoptadas en un momento tan inolvidable como el actual. Se trata de
evitar que el barco se hunda; no de construir uno nuevo.
El coste de las medidas necesarias es asumible, pero recaerá fundamentalmente sobre cada país. Obviamente,
las medidas necesarias tienen un coste presupuestario muy elevado. Sin
embargo, las restricciones fiscales no deberían ser tales en estos
momentos. Hay que hacer uso de todos los recursos posibles (y más), aun
cuando ello suponga un aumento de varios dígitos en el déficit y en la
deuda públicas. Con un plan coherente y el respaldo del BCE, estos
aumentos no deberían causar un perjuicio importante en el coste de
financiación de dicha deuda, más bien al contrario a medida que los
mercados perciban que se emprende el rumbo adecuado. Incluso si fuera
necesario, el recurso al MEDE puede resultar conveniente (ver aquí).
También sería muy conveniente y deseable una respuesta coordinada
europea que incluyera, a ser posible, la señal de una emisión de
eurobonos que mutualice una partte del coste de la crisis. Sin embargo,
apostarlo todo a esta opción es una estrategia equivocada y muy
arriesgada porque puede acabar socavando la confianza en las
instituciones europeas justo cuando más necesitamos de ella.
Con la vuelta a la normalidad, será el momento de plantarse cómo
repartir el pago del aumento de la deuda pública entre los ciudadanos.
La creación de un impuesto especial sobre la renta, en función de las
incidencias individuales de la crisis del Covid-19 (por ejemplo,
calculándolo sobre la variación de renta entre 2019 y 2020) debe ser un
instrumento esencial para ello. Pero habrá otros, esperemos que
coherentes con principios básicos (y, por otra parte, de sentido común)
de la política económica.
-https://nadaesgratis.es/juan-francisco-jimeno/principios-basicos-para-la-gestion-de-la-crisis-del-covid-19
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