2-Emprendimiento, finanzas sostenibles y nuevos medios de pago
Cuadernos de Información Económica, N.º 282 (mayo-junio)
1-Condiciones que favorecen el emprendimiento: análisis económico y propuestas*
Emilio Huerta Arribas, Alfonso Novales Cinca* y Vicente Salas Fumás****
Emprendimiento, Financiación, Transferencia de conocimiento, Políticas públicas, innovación disruptiva
Fecha: mayo 2021
Cuadernos de Información Económica, N.º 282 (mayo-junio 2021)
Este texto revisa iniciativas
recientes del Gobierno de España para el fomento del emprendimiento, con
el objetivo de valorar su coherencia con los diagnósticos disponibles
sobre la estructura del tejido productivo español. Además de atender a
los problemas de financiación de los nuevos proyectos emprendedores, es
urgente reflexionar sobre el conjunto del sistema de innovación
tecnológica, la transferencia de conocimiento y el diseño de políticas
públicas dirigidas a impulsar la innovación disruptiva. Existe, por otra
parte, una sobreestimación del impacto que sobre la distribución de
tamaños y productividad de las empresas españolas tienen los costes
externos de crecer generados por las políticas públicas. Es necesario,
por tanto, tomar en consideración los factores que afectan a los costes
internos de crecer, como factor clave para explicar la dimensión de las
empresas en España.
La crisis sanitaria derivada de la
pandemia de COVID-19 ha supuesto una disrupción sin precedentes en la
historia económica reciente. El impacto sobre la economía española ha
sido más severo que en el resto de economías desarrolladas, induciendo
una contracción del PIB del 10,8 % en 2020. En este trabajo se analiza
el impacto sobre los saldos y sobre la situación financiera de los
hogares y de las empresas a partir de los resultados de las Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales elaboradas por el INE, y de las Cuentas Financieras elaboradas por el Banco de España.
En febrero de 2021, el presidente del
Gobierno presentó públicamente el informe España Nación Emprendedora,
considerado un documento clave para orientar y apoyar la transformación
económica y social de nuestro país. El informe desgrana una estrategia
con 50 medidas que entre otros objetivos aspiran a acelerar la inversión
en nuevos negocios y potenciar su crecimiento, y atraer, desarrollar y
retener talento. Se contempla la elaboración de una Ley de fomento del
ecosistema de empresas emergentes, como acción prioritaria para
movilizar acciones y recursos públicos y privados en esa dirección.
Por otro lado, el Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, en los meses de febrero y
marzo de 2021 ha publicado para consulta pública un documento bajo el
título: Medidas para favorecer la creación de empresas y su crecimiento.
El documento destaca como una de las principales características
estructurales de la economía española, la sobrerrepresentación de
empresas de menor tamaño y el elevado número de trabajadores autónomos,
atribuye a esta estructura del tejido empresarial una de las razones
importantes para explicar la falta de convergencia en productividad de
la economía española y confía en un cambio en esta estructura productiva
en la dirección de aumentar el tamaño medio empresarial, como una forma
eficaz de avanzar por la senda de la convergencia.
Este texto es una versión más centrada
de los comentarios al documento normativo que los autores remitieron al
Ministerio en el proceso de consulta pública. Por tanto, la estructura y
contenidos del mismo están condicionados por los propios del documento
inicial que los suscitó. El objetivo del texto es doble. Primero
analizar, desde la teoría de la información y los contratos, los costes
de transacción en que se incurre en los procesos de emprendimiento y
creación de empresas, como marco de referencia del que, a nuestro
juicio, debería de partir cualquier iniciativa legislativa en este
ámbito. Y segundo, valorar desde el análisis crítico, el diagnóstico
sobre la situación del emprendimiento y la estructura de tamaño
empresarial en España que realiza el documento del Ministerio de Asuntos
Económicos, y las propuestas de reforma que se realizan a partir del
mismo.
En el resto de la exposición se
presentan consideraciones sobre algunos aspectos concretos tratados en
el documento. De este modo, el apartado siguiente se centra
principalmente en la valoración de los diagnósticos de partida que
justifican las líneas de reforma propuestas en el documento. A
continuación, se analizan y valoran las principales líneas de reforma.
Finalmente, el último apartado presenta conclusiones y recopila
sugerencias enunciadas.
Sobre el diagnóstico de las situaciones de partida
El emprendimiento y la creación de
empresas son tópicos recurrentes en la política económica española desde
hace tiempo. En este sentido, una distinción de partida importante en
el análisis del emprendimiento y el desarrollo empresarial es entre
cantidad y calidad del emprendimiento. La distinción acostumbra a tener
una estrecha relación con las motivaciones que llevan a emprender: el
autoempleo, ante una situación en la que la persona se convence de la
imposibilidad de ocuparse como asalariada (es decir el emprendimiento
por necesidad), o, por el contrario, la persona o personas con
posibilidades de ocuparse como asalariados, pero que creen que pueden
ser más productivas poniendo en marcha una iniciativa empresarial
innovadora (emprendimiento por oportunidad). Si el objetivo de las
políticas públicas es mejorar la productividad y el crecimiento
potencial de la economía es evidente que interesa sobre todo promover el
emprendimiento por oportunidad, lo que significa utilizar indicadores
de emprendimiento donde pese más el valor añadido de las empresas que se
crean que el número de empresas que nacen cada año. En cambio, si el
emprendimiento se contempla como una forma de aumentar las tasas de
personas ocupadas, la distinción entre cantidad y calidad puede ser
menos importante para las políticas públicas.
La actividad de las start ups en
España se encuentra sujeta a leyes de diversa naturaleza mercantil y
fiscal y, sobre todo, a una normativa muy dispersa (Ley 11/2013 de
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento, Ley
14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, Ley
25/2015 de mecanismos de segunda oportunidad, y Ley 5/2015 de fomento de
la financiación empresarial) por lo que parece conveniente elaborar una
nueva norma que ponga fin a toda esta dispersión legislativa.
La iniciativa legislativa objeto de
esta consulta ofrece la oportunidad de hacer un diagnóstico del mercado
del emprendimiento en España, y analizar la efectividad de las políticas
públicas puestas en marcha hasta ahora para fomentarlo. Pero, sin
ejercicios permanentes y rigurosos de evaluación de las normas vigentes,
faltarán argumentos a la hora de justificar la necesidad de una nueva
ley sobre creación de empresas y/o emprendimiento.
Estas consideraciones generales se
aplican al documento de proyecto normativo Medidas para favorecer la
creación de empresas y su crecimiento en su conjunto, y a cada una de
las líneas sobre las que se pretende actuar, concretamente: la
eliminación del capital social mínimo legal para constituir una sociedad
de responsabilidad limitada (SRL), la eliminación de ciertas barreras a
la entrada en determinadas actividades económicas, medidas para mejorar
y armonizar la regulación en todo el territorio nacional y medidas de
apoyo financiero.
Sobre el rigor del diagnóstico general
El documento a consulta comienza
señalando que en España hay, proporcionalmente, más empresas pequeñas
que en los países europeos cuya productividad laboral media es mayor que
la española. Desde esta observación de la realidad, se recomienda
aumentar el tamaño de las empresas españolas como una forma de mejorar
la productividad de la economía.
La
distribución de tamaños empresariales es el resultado de la disciplina
de la competencia en los distintos mercados y de características del
recurso emprendedor. Por ello, es preciso diagnosticar correctamente por
qué las empresas españolas tienen el tamaño que tienen y cuál es la
naturaleza y ambición de los proyectos empresariales que se emprenden
para que el resultado final siga siendo tan limitado en productividad y
dimensión.
Los trabajos de De Castro y Larraza
(2018) caracterizan el perfil del emprendimiento y muestran cómo la
actividad de creación de empresas en España es similar a la de países de
referencia, como Alemania o Francia. Sin embargo, estas actividades
presentan diferencias importantes con respecto a esos mismos países. Por
ejemplo, las empresas creadas en nuestro país, tienen menores
expectativas de crecimiento y mucho menor grado de internacionalización.
Además, el tamaño medio de las nuevas empresas en España es muy
pequeño, la mitad de las empresas desaparecen a los cinco años y las que
sobreviven se mantienen en tamaños pequeños, muy próximos al de inicio
de la actividad, en los años sucesivos. Por tanto, la evidencia sugiere
que en España crear nuevas empresas no resulta difícil; lo que resulta
complicado y tiene un alcance limitado es el emprendimiento innovador.
Además, cuando se debate sobre el
tamaño de las empresas y sus consecuencias, hay una abundante literatura
económica internacional y nacional (Moral-Benito, 2016; Huerta y Salas,
2014 y 2018; Bloom y Van Reenen, 2007; y Bloom et al., 2014)
que sugiere que la relación de causalidad, si existe, no va del tamaño a
la productividad, sino de la productividad al tamaño. Es decir, son las
empresas más eficientes y productivas las que ganan cuota de mercado y
dimensión, mientras que las menos productivas pierden peso en el
mercado.
Hay que insistir también en que la
distribución de tamaños empresariales en un país no es arbitraria, sino
el resultado de la disciplina de la competencia en los distintos
mercados y de características del recurso emprendedor con que cuentan
las empresas. Por ello, es preciso diagnosticar correctamente por qué
las empresas españolas tienen el tamaño que tienen; cuál es la
naturaleza y ambición de los proyectos empresariales que se emprenden
para que el resultado final siga siendo tan limitado en productividad y
dimensión.
Sobre los objetivos a conseguir
Consideramos que, como norma general,
las iniciativas legislativas deberían establecer objetivos estructurados
por niveles, de manera que la consecución del objetivo de nivel
superior que preside la iniciativa particular sea el resultado de la
cadena de consecución de los objetivos inferiores1.
Para estudiar el impacto del
emprendimiento es necesario conocer no solamente las características de
la distribución de las empresas que se crean; también es fundamental
valorar la cola superior de la distribución, la de las empresas
“estrella”. El aspecto clave aquí será conseguir que, tanto las nuevas
empresas, como las ya existentes, se gestionen bajo la dirección de
empresarios y directivos cualificados. Estudios académicos contrastados
(Bloom y Van Reenen, 2010; y Bloom et al., 2014) demuestran que
las diferencias de productividad vinculadas a la calidad del recurso
empresarial impactan más que proporcionalmente en el tamaño de las
empresas, de manera que, aumentando la calidad media del recurso
empresarial, el tamaño y la productividad media de las empresas aumentan
más que proporcionalmente. Esta evidencia hace que se desplace la
atención desde las empresas, personas jurídicas o plantas de producción,
número de establecimientos existentes, tamaño de los mismos, a
reconocer con mayor detalle el perfil de los emprendedores-empresarios,
las características y formación-educación de los directivos y de los
equipos de personas que dirigen.
Sobre los factores institucionales
Hay que utilizar toda la información
disponible para realizar un diagnóstico de la situación del sector
empresarial en España, pero hay que ser conscientes de las limitaciones o
incongruencias de las fuentes consultadas.
Cuando se estudia el dinamismo empresarial con datos del DIRCE,
se reconoce que las tasas de mortalidad, natalidad y supervivencia neta
en España (Fariñas y Huergo, 2015; García Perea, 2020; Huerta y Salas,
2021; y Xifré, 2019) muestran una gran sensibilidad al ciclo económico.
Este hecho pone de manifiesto que la creación y cierre de empresas actúa
como mecanismo de ajuste a las oscilaciones de la demanda cuando, para
afianzar la productividad, sería mucho más deseable que el ajuste al
ciclo económico se realizara repartiendo las horas de trabajo dentro de
las empresas existentes.
Por otro lado, la distribución por
tamaños de las empresas españolas, y la distribución de personas
ocupadas por tamaños de empresa, se mantienen prácticamente invariables
desde principios de los años noventa, cuando comienza a publicarse el DIRCE. La distribución de personas por grupos ocupacionales, asalariados, empresarios (managers más
autoempleados con asalariados) y autónomos sin asalariados, se mantiene
también estable; en este caso, desde mediados de los años ochenta.
Durante este largo periodo de tiempo, se han producido cambios notables
en la tecnología, regulación y funcionamiento de los mercados, pero la
estructura de tamaños y ocupaciones se ha mantenido constante en el
tiempo. Por tanto, podemos inferir que la persistente estabilidad de
dicha estructura obedece a razones más profundas que las que se citan en
el documento sometido a consulta pública.
Medidas para facilitar la creación de empresas: un análisis crítico
Reducir capital mínimo de constitución de las SRL a un euro
En la memoria objeto de consulta
pública se dice que hay indicios de que el requerimiento de un capital
mínimo de 3.000 euros para crear una SRL, puede constituir una
restricción significativa al emprendimiento. Pero, ¿a qué tipo de
emprendimiento? Para emprender no se necesita crear una empresa (persona
jurídica) que se interponga entre el emprendedor, persona física, y los
terceros con quien contrata. Constituir e interponer una persona
jurídica es una decisión posterior a la etapa en la que una persona
física descubre una oportunidad de negocio y se moviliza para conseguir
los recursos necesarios para aprovecharla.
Entre las personas jurídicas elegibles
que el derecho pone a disposición de los emprendedores para conducir
las relaciones con terceros, cobran especial relevancia aquellas que
incorporan el privilegio de la responsabilidad limitada (RSL, anónimas,
cooperativas…). La responsabilidad limitada al patrimonio de la empresa
constituida, que es además la persona (jurídica) que contrae derechos y
obligaciones con terceros, desvincula el patrimonio personal del
empresario del riesgo propio de la actividad empresarial. La estructura
societaria facilita también repartir el riesgo entre distintos socios
financieros, lo que permite acometer inversiones de más envergadura
manteniendo una cierta diversificación del patrimonio personal de cada
inversor. Pero es preciso reconocer que la protección lógica y deseable
al emprendedor-empresario tiene consecuencias para la seguridad de las
operaciones comerciales cuando los mercados funcionan con
imperfecciones.
Como norma general, eliminar el
capital mínimo de 3.000 euros para constituir una SRL debería
justificarse con rigor. Es preciso motivar por qué se estableció en su
momento este requisito y qué hace pensar que sea mejor eliminarlo. Para
valorar la oportunidad de establecer un capital social mínimo o no
hacerlo, además de consideraciones de interés general (la sociedad puede
considerar que el privilegio de la responsabilidad limitada debe ir
asociado con un retorno social de la sociedad mercantil que se crea, más
allá del privado y por tanto, el acto de crear una sociedad mercantil
no debe trivializarse), debe tomarse en consideración también la lógica
del mercado. El patrimonio de la sociedad mercantil es un indicador de
las garantías, a modo de colateral, con el que la persona jurídica
respalda el cumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas
con terceros. Por tanto, serán estos últimos quienes terminarán juzgando
si 0, 1.000, 3.000, 10.000… euros es, o no, un patrimonio suficiente
para dar seguridad a las transacciones mercantiles.
Reducir el capital mínimo para
constituir una SRL de 3.000 a 1 euro abarata, en principio, el coste de
constituir sociedades mercantiles para los futuros emprendedores, pero
para el veredicto final, hay que tener en cuenta también si aumentan los
costes para las terceras partes que se relacionan con ella. Con la
normativa actual, cualquier persona que se relaciona con la sociedad
mercantil sabe que esta tiene un capital mínimo de 3.000 euros; es
decir, un patrimonio mínimo, y sabe que quien constituye la sociedad
está dispuesto a arriesgar 3.000 euros de su patrimonio en la aventura
empresarial. Sin un capital mínimo, la constitución de la sociedad per se,
no aporta ninguna información sobre el patrimonio y las garantías, ni
tampoco sobre lo que está dispuesto a arriesgar quien la constituye.
Por otra parte, al reducir el capital
mínimo para constituir una sociedad a 1 euro se envía una señal
equivocada sobre las verdaderas necesidades financieras de las start ups.
Para el emprendimiento innovador de base tecnológica o social, la
trayectoria más común entre las empresas se resume así: necesitan un
tiempo que puede oscilar en media entre tres meses y dos años, desde que
aparece la idea, se desarrolla el proyecto, se crea un prototipo
comercial, se llega al mercado con un producto o servicio para la venta y
se obtienen ingresos. Esto significa que los ingresos por las ventas
del producto o servicio tardan tiempo en llegar y, para hacer frente a
los pagos necesarios para funcionar durante ese período, habrá que
contar con fondos que, o bien aportan los propios emprendedores, o bien
habrá que conseguirlos externamente.
Al
reducir el capital mínimo para constituir una sociedad a 1 euro se
envía una señal equivocada sobre las verdaderas necesidades financieras
de las start ups. Los ingresos por las ventas del producto o
servicio tardan tiempo en llegar y, para hacer frente a los pagos
necesarios para funcionar, habrá que contar con fondos que, o bien
aportan los propios emprendedores, o bien habrá que conseguirlos
externamente.
En esta fase de inversión en el
desarrollo del producto o servicio innovador, hay incertidumbre sobre el
resultado final, mayor cuanto más innovador es el proyecto, y al mismo
tiempo, una gran diferencia entre la información que sobre el proyecto
poseen los “internos” y los “externos”. Es sabido que la incertidumbre y
la asimetría informacional complican, cuando no hacen totalmente
imposible, acceder a financiación a través de deuda y, en articular, de
deuda bancaria.
Resulta evidente que, para el tipo de
empresas que más pueden contribuir a fortalecer el tejido empresarial,
bajar el capital mínimo para constituir la sociedad a 1 euro no tendrá
ningún impacto.
Altos costes económicos y administrativos de crear empresas en España
Como hemos indicado, la evidencia
sobre las tasas de creación de empresas en España no es coherente con la
premisa de que los costes económicos y administrativos de crear
empresas sean excesivos; si lo fueran, las tasas de creación serían más
bajas de lo que son actualmente, en términos comparativos.
La creación de empresas, con
constitución de una persona jurídica, puede obedecer a muchos objetivos y
no se puede dar por sentado que el privilegio que supone poder
constituir una sociedad mercantil, y el privilegio de crear una SRL en
particular, se utilizará por las personas siempre de forma socialmente
responsable.
En nuestra opinión, reducir a 1 euro el mínimo
legal para la constitución de la SRL no tendrá, por sí mismo, ninguna
relevancia en el objetivo final, que entendemos que es conseguir un
emprendimiento de oportunidad, innovador, alrededor de equipos de
personas con visión de largo plazo. Para este emprendimiento, el
problema principal será el de configurar una masa crítica estable de
socios, después de un periodo inevitable de aprendizaje y de prueba y
error. La innovación social, incluyendo las políticas públicas, debe ir
por la vía de facilitar el diferimiento temporal de los pagos laterales
entre socios y entre estos y la sociedad mercantil; también pueden
ayudar incentivos fiscales para fomentar la constitución de bolsas de
liquidez con el fin de facilitar la entrada y salida de socios.
Medidas para apoyar financieramente el crecimiento empresarial
El documento a consulta pone todo el
énfasis en la financiación de la empresa e ignora lo primero y más
importante, la inversión que se necesita para construir el proyecto
empresarial.
Los problemas de información asimétrica condicionan
el acceso a la financiación de las empresas. Los fondos financieros
disponibles y el coste al que se accede a ellos van a estar muy
condicionados por las dificultades para que los inversores externos
reduzcan la incertidumbre acerca de los resultados de los proyectos que
van a financiar, y se creen condiciones favorables para mantener los
costes de agencia bajo control.
El escenario realista de partida
debe ser el de un acceso complicado a la financiación de proyectos
innovadores y, en el cual, cuando se consigue la financiación, será en
general a un coste elevado, pues incorpora una importante prima por
riesgo.
No
debe darse por sentado que el problema de crecer está en la falta de
financiación. Nuestra visión del emprendimiento reconoce que la idea
inicial, la tecnología que soporta el proyecto o el modelo de negocio y
la estrategia competitiva son elementos nucleares del proceso de
emprendimiento; representan el primer paso para actuar, y luego vendrá
la búsqueda de fondos y socios para ejecutar ese proyecto empresarial.
Pero, ¿estamos seguros que el menor peso relativo de empresas start up
en España se debe únicamente, o, sobre todo, a dificultades singulares
de financiación empresarial? O, por el contrario, ¿se debe a diferencias
en el volumen y en las características de la inversión que busca
financiación? Los impedimentos para crecer ¿actúan desde el lado del
pasivo?; es decir ¿no hay fondos disponibles para financiar las
inversiones?, ¿o actúan desde el activo y lo que faltan son proyectos
innovadores y competitivos con voluntad de ganar presencia en el mercado
y crecer, que demanden recursos financieros para su desarrollo?
No
debe darse por sentado que el problema de crecer está en la falta de
financiación, dejando de lado la cantidad y calidad de proyectos
innovadores que el tejido empresarial es capaz de generar. Nuestra
visión del emprendimiento reconoce que la idea inicial, la tecnología
que soporta el proyecto o el modelo de negocio y la estrategia
competitiva son elementos nucleares del proceso de emprendimiento; que
representan el primer paso para actuar, y luego vendrá la búsqueda de
fondos y socios para ejecutar ese proyecto empresarial. Este
razonamiento parece aplicable tanto a las start up como a las
empresas establecidas que quieren dar saltos cualitativos en su
crecimiento. Si compartimos este enfoque, entonces es necesario poner el
foco y analizar los obstáculos que presenta el ecosistema de innovación
en España.
Por otra parte, los instrumentos financieros no son
solo títulos que regulan el acceso a los flujos de caja y beneficios de
la empresa. Los instrumentos financieros incorporan derechos políticos, a
veces establecidos por la ley, como ocurre con la titularidad de las
acciones o de la deuda ordinaria, y otras veces acordados
contractualmente de manera voluntaria por las partes, en el caso de las
operaciones de venture capital. Existe un cierto consenso
acerca de la preferencia de muchos empresarios por mantener el control
sobre la empresa que han creado y han hecho crecer, frente a la
alternativa de crecer más, pero incorporando socios accionistas externos
que les obligaría a compartir o a ceder ese control. Es difícil evaluar
hasta qué punto este valor, que aparentemente los empresarios atribuyen
a tener un control absoluto sobre la empresa y las decisiones
importantes alrededor de la misma, es un freno al crecimiento. Esta
cuestión, relacionada con la “cultura/calidad gerencial”, sugiere la
necesidad de reflexionar sobre la formación profesional en gestión
empresarial en España.
Algo falla en el mercado de formación de
empresarios y directivos en España cuando, con datos de Eurostat (Pérez y
Hernández, 2013), la diferencia entre los años de educación formal de
los empleadores en España, respecto a los países más productivos de
Europa, es mayor que la diferencia entre los años de formación del
colectivo de empleados.
En esta misma línea, hay que destacar
la importancia del capital gerencial para el crecimiento de la empresa.
Existe evidencia (Rubio, Villaseñor y Yagüe, 2018; Garcés-Galdeano y
Huerta, 2019; y García-Olaverri, Huerta y Larraza-Kintana, 2006) acerca
de que el valor de cualquier proyecto empresarial en los mercados
financieros estará determinado en gran parte por la valoración que el
mercado hace de la calidad, credibilidad y confianza que le merece el
equipo directivo. Es verdad que, en la economía de lo tangible, los
activos materiales que los bancos o los mercados financian sirven de
colateral, por lo cual el intangible de la calidad del equipo tendrá
menor peso relativo en las decisiones de financiación. Pero, en la
economía de lo intangible, ese colateral procedente del capital tangible
no existe o está muy disminuido, de manera que la confianza en las
personas terminará siendo determinante. La deuda necesariamente perderá
peso en la financiación empresarial, y la ingeniería financiera debe
poner el foco en el fomento de la financiación a través de fondos
propios.
Algo falla en el
mercado de formación de empresarios y directivos en España cuando la
diferencia entre los años de educación formal de los empleadores en
España, respecto a los países más productivos de Europa, es mayor que la
diferencia entre los años de formación del colectivo de empleados.
El principal papel de los mercados
financieros no es solo proporcionar financiación en la puesta en marcha y
primeros estadios del negocio, sino también asegurar la liquidez de las
operaciones de entrada y salida de socios en función de las necesidades
de cada momento. Otra función muy importante que realizan los mercados
financieros, y de la que se habla poco, es la de seleccionar a las
personas y a los proyectos que se van a convertir en empresarios y en
proyectos empresariales. El input clave en la decisión sobre a
quién/qué financiar, con cuántos fondos, con qué instrumento y a qué
plazo, es la información que supuestamente recopila y procesa el sistema
financiero, bancos y mercados de capitales2.
En
cualquier caso, el funcionamiento del sistema financiero debe valorarse
por su capacidad para resolver los fallos de mercado asociados a
problemas de información incompleta y asimétrica que existen en la
canalización del ahorro a la inversión.
Medidas para eliminar las barreras regulatorias al crecimiento empresarial
En los últimos años se ha consolidado
en España (Ministerio de Economía Industria y Competitividad, 2017), y
otros países, como Francia (Garicano, LeLarge y Van Reenen., 2016), la
creencia de que las empresas afrontan unos importantes costes externos
de crecer a partir de un cierto umbral de ventas y/o número de
trabajadores, porque ello conlleva unas mayores exigencias de
transparencia fiscal y/o facilitar cauces de representación colectiva de
los trabajadores3.
La primera reacción a este
diagnóstico sobre los costes externos de crecer y el tamaño de las
empresas en España, es preguntarse por las razones que motivaron al
legislador para establecer estos umbrales ¿a qué objetivo de interés
general responden? Obviamente, si no responden a ninguno o responden a
alguno que ha perdido relevancia con el paso del tiempo, deben
eliminarse de inmediato. Por el contrario, si los umbrales forman parte
de políticas públicas y regulaciones que el análisis coste-beneficio
social demuestra justificadas en cuanto a su aplicación discriminatoria a
unas empresas u otras en función de su tamaño, entonces podrían existir
razones de eficiencia social para continuar con ellos.
Lo que parece claro de la evidencia
disponible es que un número apreciable de empresas podrían tratar de
alterar su cifra de ventas o su número de trabajadores con el propósito
de evitar una vigilancia fiscal más estricta, si supera los seis
millones de euros de ingresos, o evitar un comité de empresas para la
representación de sus trabajadores, si supera los 50 trabajadores. Si
fuera así, empresas que en el espíritu de la ley deberían estar en un
lado del umbral y cumplir con los requisitos establecidos, en la
práctica evitan hacerlo. Sin embargo, estas posibles conductas
socialmente no deseables por sí mismas, no son suficientes para
determinar que los umbrales tienen efectos sobre la dimensión
empresarial que es relevante desde la eficiencia, es decir la que
influye en la productividad empresarial.
Los umbrales de tamaño
empresarial están referidos a la dimensión de la persona jurídica,
mientras que la relación entre dimensión y productividad, si existe,
tiene lugar en la empresa como unidad productiva u organizativa (unidad
de dirección). La empresa puede operar en la escala eficiente de
producción y/o aprovechar las economías de escala de compartir un mismo
equipo de dirección mientras los activos, unidades productivas,
trabajadores, están repartidos en personas jurídicas distintas.
Formalmente la empresa no alcanza los
umbrales y por tanto evita las consecuencias en el ámbito laboral y
fiscal de superarlos, pero la eficiencia productiva podría no verse
afectada.
La necesidad de revisar las políticas públicas y
regulaciones condicionadas por la dimensión empresarial puede estar
plenamente justificada, pero, en nuestra opinión debe abordarse desde
una perspectiva amplia que, como se ha señalado, no menosprecie
objetivos de interés general como la protección de los derechos de los
trabajadores y/o la efectividad fiscal y tributaria. Vincular las
exigencias regulatorias a superar determinados umbrales de tamaño,
acostumbra a justificarse con el argumento de que el coste del
cumplimiento normativo está sujeto a economías de escala, de manera que
para empresas de pequeña dimensión ese coste de cumplimiento resulta
excesivo. En nuestra opinión, la primera respuesta de la administración
pública ante esas supuestas desventajas del tamaño a la hora de cumplir
con normas socialmente justificadas, no debe ser eximir y discriminar en
la obligación de cumplirlas en función del tamaño. Por el contrario, la
primera respuesta debe ser, suponiendo que la redacción de la norma no
admite ya más mejoras técnicas, contemplar la posibilidad de
subvencionar a las empresas que, por sus circunstancias particulares, el
cumplimiento puede dar lugar a costes privados excesivos.
Para
que la delegación de la capacidad de decisión funcione se deben cumplir
al menos dos condiciones: que los trabajadores en los que se delega
tengan las competencias profesionales necesarias para el desempeño de
las funciones que se van a realizar con mayor autonomía; y que la
persona que delega tenga la convicción que la autonomía se ejercerá en
beneficio de los intereses de la organización.
Pero los costes externos de crecer no
deberían ser los únicos a tener en cuenta por el legislador. El
crecimiento empresarial afronta también costes internos que dependen de
la complejidad de los problemas de coordinación y motivación al aumentar
la dimensión bajo una misma unidad de dirección, y las soluciones
organizativas que se adoptan para afrontarlos. En general, la forma de
mantener los costes de crecer bajo control, cuando se aumenta el tamaño,
es a través de estructuras organizativas internas con mayor grado de
descentralización y delegación de la capacidad de decisión. Para que esa
delegación funcione se deben cumplir al menos dos condiciones: que los
trabajadores en los que se delega tengan las competencias profesionales
necesarias para el desempeño de las funciones que se van a realizar con
mayor autonomía; y que la persona que delega tenga la convicción que la
autonomía se ejercerá en beneficio de los intereses de la organización,
y no en el beneficio particular de la persona o grupo en quien se
delega.
Durante los últimos años se han publicado varios trabajos académicos (Bloom et al.,
2014; Huerta y Salas, 2014 y 2017; Walk-Círculo de Empresarios, 2020)
aportando evidencias acerca de la relación entre la confianza y la
delegación y los costes internos de crecer por parte de las empresas
bajo control jerárquico. También se ha demostrado la relación entre la
calidad de gestión de las empresas y su capacidad para crear entornos
descentralizados de confianza. En todos los países, en empresas
consolidadas, el input calidad de dirección/calidad del recurso
empresarial aparece como un recurso crítico para la productividad de
las empresas, primero, y para la capacidad de crecer, segundo, con
costes de gestión moderados.
Las decisiones organizativas de las
empresas, desde la gobernanza a la autonomía de los equipos de trabajo,
se toman al máximo nivel, y muchas veces no pueden desvincularse de la
propiedad de la empresa. Por tanto, quién y cómo se accede a la
posición de empresario propietario en España termina siendo decisivo
para la toma de las decisiones que repercuten directamente en la
organización que influye directamente en los costes de crecer. Resulta
al menos curioso que en España se han hecho innumerables estudios y
libros blancos sobre el funcionamiento del mercado de trabajo asalariado
pero, que sepamos, no existe ninguno riguroso y comprensivo sobre el
mercado de empresarios propietarios y directores al más alto nivel. Es
el momento de abordar la elaboración de un estudio a fondo sobre el
mercado de empresarios en España.
Conclusión
El punto de partida de cualquier
iniciativa legislativa sobre el emprendimiento y el crecimiento
empresarial debe de arrancar del reconocimiento de las diferencias
sustanciales que conlleva el emprendimiento de oportunidad, el
emprendimiento innovador y el de necesidad. El foco de las políticas
públicas de apoyo al emprendimiento en el camino hacia la mejora de la
productividad, debe ser el emprendimiento de oportunidad; el
emprendimiento de necesidad debe gestionarse públicamente desde el
ámbito de las políticas sociales.
La política económica de apoyo
al emprendimiento de oportunidad debe reconocer explícitamente los
fallos de mercado producidos por las externalidades de conocimiento que
genera la innovación, y por la incertidumbre y la información asimétrica
existente en las relaciones entre la empresa y los mercados, sobre los
que desea actuar.
Creemos que la oferta de posibilidades de
elección que establece el ordenamiento jurídico actual es el adecuado
para que cualquier proyecto emprendedor pueda instrumentarse bajo una
forma jurídica acorde con sus necesidades (SRL, cooperativa de
trabajadores, sociedad anónima, etc.). Nos parece acertado unificar la
legislación sobre capital mínimo necesario para crear una SRL, pero el
legislador debe tener en cuenta que el objetivo final de la normativa
sobre capital mínimo no es reducir los costes de crear empresas para el
emprendedor. El objetivo debe ser reducir los costes totales de
transacción, privados y sociales, al interponer una persona jurídica con
el privilegio y la responsabilidad limitada entre las personas físicas
que emprenden y las terceras partes que se relacionan con ella.
Empresas
jóvenes tendrán dificultades para conseguir financiación externa porque
no hay una varita mágica capaz de superar los fallos del mercado que
concurren en estas circunstancias. Hay que confiar en instituciones
especializadas de capital semilla y de capital crecimiento, públicas y
privadas, para paliar las potenciales pérdidas de bienestar que generan
las imperfecciones del mercado.
En todo caso, los equipos
emprendedores deben estar preparados para financiar la aventura
empresarial difiriendo una parte importante de la retribución
correspondiente al trabajo que dedican a crear y hacer crecer la empresa
hasta que esta se consolida y, por tanto, a arriesgar la inversión.
Pero,
además de atender a los problemas de financiación de los nuevos
proyectos emprendedores, es urgente reflexionar sobre la perspectiva de
la inversión que soporta el proyecto de creación de una nueva empresa.
Por ello, hay que estudiar el conjunto del sistema de innovación
tecnológica, la transferencia de conocimiento de la universidad e
institutos a las empresas, y el diseño de políticas públicas dirigidas a
impulsar la innovación disruptiva.
Estamos de acuerdo en que se
revisen, e incluso que se eliminen, los umbrales sobre el número de
trabajadores y/o el volumen de facturación que pueden resultar en costes
externos de crecer para las empresas, pero debe hacerse demostrando que
los efectos negativos sobre el bienestar social de estos costes superan
los potenciales beneficios que buscaba el legislador cuando estableció
dichos umbrales.
En nuestra opinión, se sobreestima el impacto
que sobre la distribución de tamaños y productividad de las empresas
españolas tienen los costes externos de crecer generados por las
políticas públicas que son condicionales al tamaño de las empresas.
Desde el punto de vista de la eficiencia, el tamaño relevante de una
empresa está relacionado con la tecnología de producción, por posibles
economías de escala, y con la unidad de dirección, por posibles
deseconomías organizativas del tamaño en unidades de dirección incapaces
de funcionar de forma descentralizada. Los grandes ignorados de las
políticas públicas en este sentido son los costes internos de crecer y,
como un primer paso para empezar a tenerlos en cuenta, nuestra
recomendación es que la administración encargue la elaboración de un
libro blanco sobre el mercado de empresarios en España.
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Notas
* Este artículo está motivado por comentarios de los autores al documento Medidas para favorecer la creación de empresas y su crecimiento, sometido a consulta pública convocada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
** Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pública de Navarra.
*** Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid.
****Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Zaragoza.
1
Por ejemplo, políticas de fomento del emprendimiento que terminen
estimulando la creación de empresas por motivos de necesidad, baja
productividad y reducido tamaño, incidirán sobre la productividad de la
economía en la forma no deseada, pues lo que se conseguirá es una
distribución de tamaños empresariales y productividad en la economía con
más peso de las empresas en la cola inferior de la distribución.
2
La progresiva sustitución de la deuda bancaria con más financiación
procedente del mercado, no intermediada, debe valorarse en el contexto
de las ventajas y desventajas de los bancos frente a los mercados para
recoger y procesar la información. Tradicionalmente, la banca relacional
ha permitido a los bancos disponer de información no estandarizada para
clasificar el riesgo de los acreedores, mientras que los mercados
funcionan con información estandarizada. Pero estas condiciones pueden
cambiar: primero, porque con los algoritmos se puede acceder y procesar
información “blanda” que en el pasado solo estaba a disposición de la
banca relacional; segundo, porque el crecimiento de los activos
intangibles coincidirá con un menor valor de realización de los activos
de la empresa para servir de colateral de la deuda.
3
Para demostrar que ese coste y consiguiente barrera al crecimiento
existe, se ha recurrido a examinar la discontinuidad en la distribución
de tamaños empresariales alrededor de dichos umbrales, concretamente la
sobreconcentración de empresas entre 45 y 40 trabajadores y ligeramente
por debajo de los seis millones de ventas, e infraconcentración de
empresas entre 50 y 55 empleados y algo por encima de los seis millones
de ventas (Almunia y López-Rodríguez, 2014). A partir de aquí la
conclusión parece clara: si se eliminan los umbrales se reducirán los
costes externos de crecer y el tamaño y la productividad de las empresas
aumentará. El documento del Ministerio de Economía de 2017 hace
referencia a informes de la CE, OECD, FMI, en los que de forma
insistente se hace referencia a los “umbrales” como barreras al
crecimiento de las empresas y su productividad.
