Qué nos dice la industria de los semiconductores del futuro de la economía

 

Qué nos dice la industria de los semiconductores del futuro de la economía

La noticia económica de 2022 no fue ni la guerra en Ucrania, con la subida del precio de la energía que acarreó, ni la fuerte inflación. La clave fue el recrudecimiento de la batalla por el control de la industria mundial de los semiconductores 


El presente análisis está conformado por tres artículos publicados en los últimos meses por Jesús Fernández-Villaverde, catedrático en Economía de la Universidad de Pennsylvania y miembro del NBER y CEPR, en su blog 'La mano visible' de El Confidencial. Debido al interés creciente que despiertan los semiconductores, así como la incidencia que tendrán en nuestro futuro y en la esfera económica, resulta más pertinente que nunca unificar toda la serie, titulada 'La industria de los semiconductores y el futuro de la economía mundial', bajo una misma crónica. En ella, únicamente se han realizado los cambios de edición mínimos y necesarios para facilitar y adecuar su lectura. A continuación se ofrece íntegro el citado análisis.

 

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Parte I: cinco ideas sobre los chips

La noticia económica más importante de 2022 no fue ni la guerra en Ucrania, con la subida del precio de la energía que acarreó, ni la fuerte inflación. La clave de 2022 fue el recrudecimiento de la batalla por el control de la industria mundial de los semiconductores. Esta disputa vivió su momento más crítico, aunque no fue el único evento significativo a lo largo del año, el 7 de octubre, cuando el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció nuevas regulaciones para restringir el acceso de China a los procesadores más avanzados, a los superordenadores y al equipo y software necesario para la fabricación de semiconductores de últimas generaciones. Estas regulaciones, un auténtico cambio radical de dirección de la política comercial de Estados Unidos, muestran la importancia estratégica de los semiconductores, pero, sobre todo, la ruptura, ya inequívoca, entre las dos grandes potencias económicas del planeta y cómo se configura el futuro de la economía mundial y su organización en complejas estructuras de valor añadido.

 

Empecemos centrando la cuestión. Por industria de los semiconductores nos referimos a toda la cadena de diseño, fabricación e instalación de circuitos integrados, a los que también llamamos chips o microchips. Estos circuitos son la base de infinidad de productos como los procesadores de los ordenadores y teléfonos móviles, los microcontroladores en los coches, el mando a distancia de la televisión o muchas de las unidades de memoria digital, entre otros. Es casi imposible pensar en economía en 2023 sin circuitos integrados. Esta entrada está escrita en un ordenador a rebosar de circuitos integrados, colgada en internet gracias a circuitos integrados y leída en un dispositivo (otro ordenador, una tableta, un móvil) atiborrado de, habrán adivinado, circuitos integrados. Incluso si usted está leyendo esta entrada en papel, la impresora que ha empleado funciona gracias a ellos. Pero no son solo los bienes de consumo los que viven de los microchips: buena parte de la investigación contemporánea, desde la biología a la física, depende crucialmente de la industria de los semiconductores. En mi quehacer académico me dedico a un área del conocimiento llamada economía computacional, que emplea circuitos integrados bastante avanzados para responder preguntas tales como cómo medir los efectos económicos del cambio climático.

Foto: Foto: EFE/Etienne Laurent.

Al contrario de lo que se pueda pensar, prescindir del petróleo, que suele ser señalado como el pilar clave de la economía moderna, sería mucho más sencillo que hacerlo de los circuitos integrados. Uno puede conducir un coche eléctrico recargado con placas solares o energía nuclear, volar en aviones que emplean biocombustibles y sustituir muchos de los productos de la industria petroquímica con alternativas biotecnológicas. El problema de los coches eléctricos (o de hidrógeno, si a uno le preocupan las limitaciones en los minerales de las baterías), de los biocombustibles o de los plásticos orgánicos es su coste, directo o indirecto (crear la infraestructura necesaria, por ejemplo, para el hidrógeno verde). Pero es factible reducir el consumo de petróleo de una sociedad moderna en un 95%, simplemente es muy caro y por eso es tan difícil avanzar hacia la necesaria descarbonización de nuestras economías. Sin embargo, deshacernos de los circuitos integrados no es posible sin renunciar a lo que consideramos la "vida moderna" (de hecho, incluso la producción actual de petróleo y sus productos depende de los chips y microchips de arriba abajo). Volver a las válvulas de vacío es volver a los años 50 del siglo pasado.

 

Pero ya no es solo que nuestras economías dependan de los circuitos integrados: el poder militar de los estados es función directa de los mismos. Desde la guerra de Vietnam, Estados Unidos apostó de manera decisiva por el uso de circuitos integrados como multiplicadores de sus fuerzas militares. El éxito, mil veces repetido, de los HIMAR en Ucrania es consecuencia inequívoca de la electrónica: desde el diseño de los misiles, al control de estos en vuelo o la recopilación de inteligencia para seleccionar objetivos. En comparación, el pobre desempeño militar ruso tiene mucho que ver con su atraso tecnológico. Si no fuera por sus armas nucleares, Rusia sería hoy una potencia de tercer orden y habría perdido la guerra en Ucrania hace meses, probablemente, tras la intervención de las fueras áreas de la OTAN.

 

La industria de los semiconductores fue uno de los primeros, y más radicales, ejemplos de globalización desde que la pionera Fairchild Semiconductor abriese su planta en Hong Kong en 1963. Parte del proceso, como el diseño de un procesador, es increíblemente intensivo en capital humano, mientras que otros en décadas anteriores, como la fabricación de transistores, era particularmente intensivo en uso de trabajo manual. Mire su teléfono móvil. Lo más probable es que su tecnología básica se haya desarrollado en Estados Unidos, la arquitectura de los procesadores que lo hacen funcionar se haya diseñado en el Reino Unido, las máquinas fotolitográficas que posibilitan fabricar estos procesadores se hayan construido en los Países Bajos, el procesador se haya producido en Corea del Sur y el montaje final del teléfono móvil se haya realizado en China.

Foto: Un hombre controla diferentes partes de una planta de producción. (Getty/David Hartung)
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Durante muchas décadas esta división internacional del trabajo benefició a todos. Sin los bajos costes laborales del este de Asia, las primeras generaciones de circuitos integrados jamás habrían sido lo suficientemente baratos para su adopción masiva y así generar las enormes economías de escala que transformaron la industria. A la vez, la industria de semiconductores fue uno de los pilares que permitió a estas economías del este de Asia comenzar su proceso de crecimiento. Sin la especialización de diferentes naciones, jamás habríamos sido capaces de coordinar los innumerables talentos necesarios para construir un procesador avanzado, quizás la creación más sofisticada del ser humano, con la participación de más de 70 países y más de 1.000 procesos de fabricación diferentes.

 

La historia del extraordinario éxito de la división internacional del trabajo comenzó a mediados de los años 60 del siglo pasado, pero culminó, más o menos, en la primavera de 2016. Dos fuerzas, no independientes la una de la otra, confluyeron en aquella primavera de hace siete años.

 

La primera fuerza fue las consecuencias sobre la organización industrial de la complejidad exponencial de los semiconductores. Gordon Moore, uno de los cofundadores de Intel, predijo en 1965 que el número de transistores en un circuito integrado se iba a doblar cada año. Aunque luego redujo esta predicción a que los componentes se iban a doblar cada dos años, este crecimiento exponencial es espectacular. Una manera de pensar sobre la Ley de Moore es que los circuitos integrados han avanzado tanto entre febrero de 2021 y hoy, febrero de 2023, como desde su invención en 1958 hasta febrero de 2021. O de una manera más transparente: el teléfono móvil en el bolsillo de cualquiera de nosotros tiene muchísima más capacidad que el superordenador de primera línea mundial en el que corrí parte de los resultados de mi tesis doctoral en el otoño de 2000.

 

Fabricar semiconductores de 3 nanómetros o menos solo está al alcance de tres compañías a nivel mundial

 

La Ley de Moore supone que, en estos momentos, los circuitos integrados de última generación tengan unos 80 millardos de transistores, con una complejidad endiablada e increíblemente costosos de desarrollar y fabricar. La combinación de complejidad y coste ha llevado a una reducción dramática de las empresas en el sector: no hay ni mercado ni capital para más.

 

Fabricar semiconductores de 3 nanómetros o menos, la frontera industrial en febrero de 2023, solo está al alcance de tres compañías a nivel mundial: TSMC de Taiwán (la mayor "fundición" mundial y que fabrica, por ejemplo, los procesadores de Apple y de AMD), Samsung de Corea del Sur e Intel de Estados Unidos.

 

Pero incluso esta reducida lista tiene "trampa". Bien, lo que se dice producir bien, solo TSMC sabe producir semiconductores de 7 nanómetros o menores a escala masiva. Samsung puede producirlos, pero a una escala menor que TSMC. Por ejemplo, los rumores en la industria es que NVIDIA tuvo problemas con sus unidades de procesamiento gráfico (volveremos a ellas en unos párrafos) porque Samsung no podía producir suficientes circuitos, incluso en el menos complejo proceso de 8 nanómetros. La situación llegó a tal punto que el presidente de Corea del Sur sacó de la cárcel a Lee Jae-yong, el jefe de facto de Samsung, a finales de agosto de 2022, para que pusiera orden en la fabricación de semiconductores de su compañía (lo que parece haber tenido un impacto positivo sobre esta tarea).

 

El producto más avanzado solo se produce a escala suficiente en Taiwán

 

Intel está sufriendo retrasos innumerables con sus últimos procesadores. Existe una posibilidad no trivial de que, cuando llegue la nueva generación de transistores GAAFET (de puertas en todas las direcciones) —y que Samsung ya emplea en parte desde junio de 2022—, Intel se caiga de la lista. Aunque Intel ha anunciado un GAAFET de 2 nanómetros (o 20 Ángstroms, lo que me supone tener que cambiar de unidad de nuevo y lamentarme una vez más no haber prestado más atención en la clase de física del bachillerato cuando me explicaron las unidades de medida) para 2024, ¿será capaz de producirlo en cantidad y a tiempo? Las noticias más recientes no son muy optimistas al respecto y el retraso en la llegada de Meteor Lake de decimocuarta generación, o incluso su posible cancelación, es muy preocupante para las perspectivas de la empresa americana.

 

En resumen y para saltarnos todos los tecnicismos: el producto más avanzado, y en cierto sentido más vital de la economía mundial, solo se produce sin problemas o retrasos y a escala suficiente en Taiwán. Y la segunda mejor alternativa, los productos de Samsung, se producen en Corea del Sur.

 

Esto, en principio, no supondría un problema mayor. Hay otro elemento básico en la fabricación de circuitos integrados avanzados: las máquinas fotolitográficas que "imprimen" el patrón del circuito en una oblea de silicio. Las máquinas más modernas, que emplean una tecnología llamada litografía ultravioleta extrema (aquí una explicación sencilla de cómo generar esta luz, solo las produce una compañía en el mundo, la neerlandesa ASML, en buena medida porque tienen la mejor tecnología de láseres desde que compraron la empresa californiana Cymer. ASML tiene unos beneficios fantásticos y la existencia de un competidor permitiría precios más bajos de los circuitos integrados. Pero los economistas expertos en este tema piensan que los costes de bienestar de este monopolio mundial son probablemente muy bajos por la existencia de competidores potenciales constantemente "persiguiendo" a la empresa neerlandesa. Que ASML domine este mercado no nos quita ni un segundo de sueño. Que TSMC domine el mercado de circuitos integrados más avanzados sí.

Foto: cotizacion-semiconductores-acompananOpinión
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La diferencia clave entre ASML y TSMC es, obviamente, dónde está cada una. ASML está localizada en los Países Bajos, una democracia centenaria en una de las zonas más estables del planeta y con tradición de siglos de ser socios comerciales fiables (los piratas holandeses desaparecieron hace mucho tiempo y solo existen hoy en las películas). Excepto Suiza, es difícil pensar en un país con menos riesgos geoestratégicos que los Países Bajos. Taiwán también en una democracia, en estos momentos muy vigorosa, pero está en el centro de la fisura geoestratégica más fundamental de nuestros días: el deseo del Partido Comunista de China de "reunificar" la isla con la China continental (el riesgo de terremotos y tsunamis devastadores en Taiwán tampoco es trivial, pero dejemos eso para otro día). Y, como decíamos antes, la segunda mejor alternativa, los productos de Samsung, se fabrican en la península coreana, que tampoco es un templo de tranquilidad, si tenemos en cuenta quiénes son sus vecinos del norte.

 

La segunda fuerza que pone freno a la división internacional del trabajo en la industria de los semiconductores fue el cambio de política de China con la llegada de Xi Jinping al poder en 2012. Xi, cuya visión del mundo es muy diferente de la de sus inmediatos predecesores, estaba preocupado por dos observaciones. La primera es que la división internacional del trabajo en la industria de los semiconductores no dejaba a China en una situación muy favorable. Según un estudio reciente, Estados Unidos produce el 39% del valor añadido mundial de esta industria, Corea del Sur el 16%, Japón el 14%, Taiwán el 12%, Europa el 11% (gracias principalmente a las dos empresas ya mencionadas: ARM en el Reino Unido y ASML en los Países Bajos) y China el 6%. Las ganancias potenciales para China, quizás el primer consumidor mundial de circuitos integrados (es difícil tener cifras exactas, dado que muchos de estos circuitos se emplean en productos que luego son re-exportados y re-importados numerosas veces), de avanzar en esta industria, son tremendas. Es más, China parece estar perdiendo terreno en este campo, con SMIC siendo incapaz de saltar de procesos de 10 nanómetros a 7. Dada la base de capital humano existente en China, con excelentes universidades politécnicas y miles de doctores por los mejores programas de tecnología de Estados Unidos, es lógico y normal aspirar a jugar en lo más alto de esta liga. Solo países como España piensan que es más importante discutir sobre qué ciudad albergará la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial que hacer algo de provecho al respecto.

 

La segunda observación, mucho menos benigna que la primera, es que, sin una industria puntera propia de semiconductores, China no tendrá la capacidad militar para disputar el liderazgo militar mundial a Estados Unidos y, poder, por ejemplo, "reconquistar" Taiwán. Volviendo a nuestro argumento anterior: la guerra de Ucrania deja claro que miles de carros de combate anticuados no sirven para nada.

Foto: Foto: Marina García Ortega.

De igual manera, sin los mejores procesadores propios es difícil explotar todas las ventajas prometidas por la inteligencia artificial, incluidas sus aplicaciones militares como la programación de drones más avanzados. Como dijo una vez el gran Alan Kay, las personas que realmente se toman en serio su software deberían fabricar su propio hardware. China tienen grandes investigadores en aprendizaje profundo, pero está muy detrás en las unidades de procesamiento gráfico, necesarias para entrenar los modelos de aprendizaje profundo, un mercado claramente dominado por NVIDIA1. Incluso en la posible alternativa a las unidades de procesamiento gráfico que son las matrices de puertas lógicas programables en campo, China está muy retrasada con respecto a la tecnología de Xilinx, que es la que yo empleo en mi trabajo académico2. Al contrario a lo que se afirma a menudo, al final del día China va muy por detrás de Estados Unidos en inteligencia artificial y su "estado de vigilancia" brutal requiere de un número ingente de trabajadores realizando labores manuales de supervisión.

 

Para cerrar esta brecha tecnológica militar, China comenzó una política de "fusión civil-militar" a finales de los años 90 del siglo pasado. Pero fue Xi quien convirtió esta política en una prioridad absoluta de su gobierno, tanto en términos de financiación como de recursos (legales e ilegales) dedicados a ella. De repente, nos encontramos en una situación muy diferente a previas disputas en la industria de los semiconductores. Japón, por ejemplo, durante los años 80 del siglo pasado, empleó técnicas muy agresivas para ganar cuota de mercado en esta industria. Unas técnicas eran legales y éticas (invertir grandes cantidades en investigación y desarrollo), otras legales pero poco éticas ("robar" ingenieros a compañías de Estados Unidos para emplearlos en puestos que no violaban la letra de los acuerdos de no confidencialidad con sus antiguos empleadores, pero sí el espíritu) y finalmente otras ni legales ni éticas (adquisición ilegítima de propiedad intelectual mediante sobornos). Pero, a pesar de algunos ruidos nacionalistas en Japón, Estados Unidos no consideró que tales comportamientos cruzasen ninguna línea roja. Japón era (y es) un firme aliado de Estados Unidos; las empresas americanas también se saltaban a menudo las reglas y los beneficios de la relación comercial para las dos partes eran tan altos que no merecía la pena romper nada por tan poca cosa. En el mejor de los casos, podíamos tener reajustes en el margen, como las disputas sobre el posible dumping de Japón. Más lejos de tener que sufrir alguna mala película, todo esto no tenía mayores consecuencias.

Foto: BMW es uno de los fabricantes que avisan sobre la prolongación de la crisis. (BMW)

Ahora nos encontramos con una dictadura, la china, dispuesta a alcanzar el liderazgo geoestratégico mundial y a emplear para ello cualquier medio a su alcance. Durante la primavera de 2016, Estados Unidos llega a la conclusión de que, de repente, la industria de los semiconductores era su prioridad estratégica. La energía ya es mucho menos relevante desde la perspectiva de Washington: recordemos que Estados Unidos es ya un exportador neto de energía y que podría vivir, si quisiera, sin importar una gota de petróleo del resto del mundo (algo no interiorizado por muchos comentaristas que siguen pensando con marcos obsoletos). La batalla ahora son los semiconductores.

Parte II: el futuro, EEUU y China

Durante muchas décadas, la política de Estados Unidos con respecto a la transferencia de tecnología de semiconductores fue relativamente laxa. La idea era que Estados Unidos siempre podía "correr más" y estar por delante de sus competidores en dos generaciones de semiconductores (esta estrategia se llamó escala móvil). Era cierto que los semiconductores más baratos se fabricaban en el este de Asia, pero esto beneficiaba a las empresas norteamericanas, que podían controlar sus costes de producción y mantener los peldaños más rentables de las cadenas de valor añadido (programación, marketing, etc.) en Estados Unidos. Además, esta división del trabajo ayudó al fomento de unos aliados estratégicos (Japón, Corea del Sur, Taiwán) que rodeaban a China.

 

Esta política de Estados Unidos tenía una excepción: la Unión Soviética. Desde la perspectiva norteamericana, limitar el acceso de la Unión Soviética a la tecnología más avanzada permitía que las fuerzas militares soviéticas no pudiesen competir adecuadamente. En realidad, esta limitación de exportación a la Unión Soviética importaba menos en la práctica que en la retórica de la guerra fría. Los observadores más desapasionados entendían que el socialismo era un sistema económico tan viciado de raíz que jamás iba a ser capaz de tener una industria de semiconductores potente. Buena parte de la ruina económica de Alemania del Este vino, precisamente, de intentar fabricar semiconductores de manera masiva con un sistema tan absurdo como el de planificación central.

 

Estas consideraciones pragmáticas (ventajas de la división internacional del trabajo, ayuda a las economías del este de Asia, ineficiencia del socialismo) se complementaban con unas ideas económicas que, en los años 80 y 90 del siglo pasado, resaltaban las ventajas del comercio internacional y desconfiaban de la política industrial de los gobiernos. Como aparentemente dijo una vez Michael Boskin"Chips de patatas, chips de ordenadores, ¿cuál es la diferencia?".

 

El problema es que esto es buena idea cuando tu socio no pretende emplear las ganancias de este comercio para arrebatarte tu seguridad nacional

 

Algo de razón no le faltaba a Boskin. Mire, querido lector, a su alrededor. La mayoría de sus posesiones materiales, excepto su casa, probablemente no se han fabricado en España, desde el dispositivo electrónico que está empleando para leer esta entrada, hasta la ropa que lleva puesta. Pero esta increíble internacionalización de la economía española ha significado que pudiésemos salir de la marisma de la autarquía económica a la que nos empujaron décadas de políticas equivocadas, desde la restauración del siglo XIX a la absoluta locura que fueron las primeras dos décadas de política económica del franquismo. La internacionalización funciona y España es el mejor ejemplo: en 1960 Argentina tenía una renta per cápita un 19% más alta que la nuestra, hoy España dobla la renta per cápita argentina con holgura.

 

El problema, claro, es que esto de comerciar internacionalmente es muy buena idea cuando tu socio no pretende emplear las ganancias de este comercio para arrebatarte tu seguridad nacional. No hay socio comercial perfecto (como no hay persona perfecta) y todo socio va a pasarse de la raya en más de una ocasión (como muchas veces hacen las empresas españolas, danesas o eslovacas). Pero todo en la vida es una cuestión de proporcionalidad. No es lo mismo conducir a 26 kilómetros por hora en una zona limitada a 25, que hacerlo a 190.

 

Sí, las empresas japonesas o coreanas se pasaron de la raya a menudo en los años 80 y 90 del siglo XX, pero todo dentro de unos rangos básicamente razonables. Incluso China, desde el comienzo de la reforma económica en 1979 hasta aproximadamente 2012, se comportó de una manera que se podía acomodar a las reglas de comercio internacional. De nuevo, insisto, China no era perfecta, pero no lo era ninguna otra nación.

Foto: El Gobierno prevé aprobar el perte de microchips la semana que viene. (EFE)

El problema es que Xi Jinping llega al poder en 2012 con la idea de romper la baraja. Xi desconfía de las reglas internacionales, tanto políticas como económicas, piensa que Estados Unidos está en decadencia terminal, que Europa es un pigmeo obsesionado con temas irrelevantes como los derechos humanos y la democracia y que ha llegado el momento de que China retome la posición en las relaciones internacionales que su historia, su población y su economía merecen. Es más, este reposicionamiento debe de hacerse por medio del control férreo del partido comunista, que es la única institución que, en su opinión, puede asegurar el futuro de China. Y todo esto pasa, claro, por los semiconductores, la columna vertebral de toda la economía moderna.

 

Entre 2014 y 2015, Estados Unidos empieza a darse cuenta de que Xi es distinto a sus antecesores. Los últimos años de la presidencia de Obama son de una creciente preocupación en la diplomacia norteamericana con la nueva agresividad china, tanto interior (incremento de la represión, campos de concentración masivos en Xinjiang) como exterior. De repente, se considera desde Estados Unidos, esta no es una cuestión de si las empresas chinas van a robarles un 5% de cuota de mercado en la industria de semiconductores de manera un tanto torticera, sino de un rival geoestratégico que quiere reorganizar el mapa mundial.

 

Aunque los detalles de este cambio de política exterior de Estados Unidos son complejos, en el tema que nos trata hoy, los semiconductores, el pistoletazo de salida se produce en octubre de 2016, cuando la secretaria de comercio Penny Pritzker se queja, en un discurso al Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington "de los nuevos intentos de China de adquirir empresas y tecnología para favorecer los intereses de su gobierno, no objetivos comerciales ". "El gobierno de Estados Unidos dejará claro a los líderes de China en cada ocasión que tengamos que no aceptaremos un política industrial de 150 millardos de dólares diseñada para apropiarse de esta industria", advirtió.

 

La primera batalla de este enfrentamiento entre China y EEUU se centró en ZTE y Huawei

 

La inesperada victoria electoral de Donald Trump, unos días después del discurso de Penny Pritzker, refuerza esta nueva visión. Aunque en España no se aprecie, existe una continuidad fundamental en la política exterior de Estados Unidos desde el segundo mandato de Obama a Biden, pasando por Trump. Los histrionismos de Trump tuiteando bobadas por la noche son un detalle irrelevante, por mucho que sirvan para escribir sabrosos artículos en la prensa.

 

La primera batalla de este enfrentamiento entre China y Estados Unidos se centró en ZTE y Huawei. Estas dos empresas se especializaban en equipo de telecomunicaciones, un tema especialmente peliagudo como aprendieron todos los españoles con Pegasus y el espionaje a varios miembros del gobierno. El problema aquí no era solo que ZTE y Huawei violaban demasiadas reglas de propiedad intelectual y se saltaban las sanciones a Irán y Corea del Norte, es que ambas empresas tenían relaciones estrechas con el gobierno de China, una siendo semipública y la otra con un accionariado opaco.

 

ZTE fue multada en 2017 por vender equipos prohibidos a Irán y Corea del Norte y, después de muchas idas y venidas, la empresa continúa sancionada en Estados Unidos, con una reciente prohibición de exportar equipos de telecomunicaciones. El caso de Huawei es similar, con una prohibición de compras de productos de esta empresa por el gobierno federal en 2018 y sanciones adicionales en los siguientes años. En esta ocasión, además, influía la cuestión de controlar una tecnología tan importante como el 5G, donde Huawei tenía ventajas importantes. Ya en 2022 le tocó el turno a SMIC, por sus estrechos vínculos con las fuerzas armadas chinas.

 

Con el covid y todo se aceleró. Con restricciones a la producción, asegurar el suministro de semiconductores era una prioridad

 

La reacción de China a esta primera batalla fue interesante. Por supuesto, se quejó en público y protestó ante las organizaciones internacionales (hay aquí temas complejos de derecho del comercio internacional y de jurisdicción de la Organización Mundial del Comercio que merecerían una entrada entera), pero en realidad hizo poco. ¿Pensó Xi que no era este el momento de escalar la confrontación? ¿O qué quizás Estados Unidos se cansaría de estas batallas, según subiese el precio de los teléfonos y otros equipos de telecomunicaciones, y las sanciones desparecerían con el tiempo, en especial dado el carácter volátil de Trump? ¿O simplemente que las sanciones no eran lo suficientemente efectivas por fallos de su diseño y que por tanto no merecía la pena pelearse por ellas?

 

Mientras estábamos en esto, llegó el covid y todo se aceleró. En un mundo con restricciones a la producción, asegurar el suministro de semiconductores era una prioridad más clara que nunca. Resulta significativo que una de las pocas empresas que recibió excepciones de la draconiana política de contención del covid por el gobierno chino fue Yangtze Memory Technologies, que, casualmente, está en Wuhan, el origen de la pandemia. Además, todos nos dimos cuenta de la carencia de chips y de los enormes riesgos que la concentración de la producción en Taiwán y Corea del Sur acarreaba en un mundo donde las viejas reglas de seguridad colectiva quedaban pulverizadas por la agresión de Putin a Ucrania y el cambio de retórica de China con respecto a Taiwán.

 

Y como había sido el caso en los años 80, el viento de las ideas también sopla en la dirección de reforzar estas tensiones geoestratégicas. Aunque la evidencia empírica de que la política industrial funcione más allá de unos pocos casos señalados es bastante escasa (por cada ejemplo donde ha funcionado, hay cinco ejemplos de fracaso; como dicen en Estados Unidos, un promedio de bateo bastante malo), esta se puso de moda de nuevo hace unos años en ciertos círculos. Mi interpretación es que esta resurrección del interés en la política industrial se fundamenta en una realidad clara: el mal crecimiento de la productividad en muchas economías avanzadas desde el año 2000 y el consiguiente estancamiento de los salarios, pero yerra en el diagnóstico (de nuevo, salvo con algunas excepciones), pues este estancamiento tiene que ver más con la demografía que con cualquier otro factor.

Foto: A pesar de la escasez de semiconductores, las entregas de coches eléctricos se han agilizado. (Citroën)

Es la confluencia de todas estas fuerzas (económicas, geoestratégicas e ideológicas) que llevan a Jack Sullivan, el Consejero de Seguridad Nacional por la administración Biden, a dar dos discursos claves, uno el 16 de septiembre de 2022 y otro unos días más tarde, el 12 de octubre de 2022. Invito al lector a que lea los dos discursos enteros, en este enlace (el primero) y este otro (el segundo). No son discursos muy largos y así pueden todos sacar sus propias conclusiones. Es mejor empezar con el segundo discurso, que anunció la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, e ir después al primero, que aunque pronunciado unos días antes, describe en más detalle las medidas concretas en relación con los semiconductores.

 

Voy a resumir y parafrasear, sin embargo, alguna de las ideas fundamentales de estos dos discursos (enfatizo que estoy replicando lo que Sullivan dijo, no que esté de acuerdo o en desacuerdo con ello):

  1. Estados Unidos estima que se encuentra en los primeros años de una década decisiva que establecerá los términos de su relación con China.
  2. Estados Unidos juzga que el comportamiento de China, tanto en política interna como externa, está promocionando una visión antiliberal en los ámbitos económicos, políticos, de seguridad y tecnológicos en competencia con Occidente.
  3. Estados Unidos encuentra que China es el único competidor que tiene tanto la intención de remodelar el orden internacional como la creciente capacidad para hacerlo.
  4. Estados Unidos no considera a Rusia como ese rival estratégico. La guerra de Ucrania ha dejado claro que Rusia es un tigre de papel, excepto por sus armas nucleares.
  5. La superioridad de Estados Unidos en las tres tecnologías claves del siglo XXI, a) computación, b) biotecnologías y c) energía, es una prioridad estratégica fundamental.
  6. Estados Unidos va a abandonar su política de escala móvil. Ahora Estados Unidos intentará mantener una ventaja tecnológica tan grande como sea posible.
  7. Para ello Estados Unidos invertirá grandes cantidades de dinero en investigación y fabricación de las tres tecnologías recogidas en el punto quinto.
  8. Y, a la vez, establecerá "muros altos en jardines pequeños" para limitar el acceso de China a las nuevas tecnologías.

La estrategia de "muros altos en jardines pequeños" es la que queda reflejada en las restricciones del 7 de octubre de 2022

 

¿Qué quiere decir esto de "muros altos en jardines pequeños"? Que, en vez de establecer restricciones muy amplias a la exportación de tecnologías, en este caso de semiconductores, Estados Unidos va a centrarse en crear barreras muy duras en puntos de presión muy determinados (por ejemplo, en las máquinas fotolitográficas de luz ultravioleta extrema y en los láseres que estas usan), pero que resultan imprescindibles en la fabricación de semiconductores más avanzados.

 

Esta estrategia de "muros altos en jardines pequeños" es la que queda reflejada en las restricciones del 7 de octubre de 2022 (aunque los juristas expertos en estos temas tienen todavía muchas dudas sobre los detalles reglamentarios de las restricciones, que se irán conociendo durante los próximos meses y la interpretación de estos por las agencias regulatorias, en especial con respecto a las licencias otorgadas a fábricas ya existentes).

 

¿Funcionará esta nueva estrategia de Estados Unidos? Hay varios puntos a considerar. Primero, Estados Unidos no controla todas las tecnologías más avanzadas. En concreto, tenemos a la empresa líder en litografía, ASML, localizada en los Países Bajos, y a una empresa líder en todo lo relacionado con las obleas de silicio, Tokyo Electron en Japón (las otras tres empresas claves aquí, Applied MaterialsLam Research y KLA son estadounidenses y por tanto plenamente sometidas a las restricciones del gobierno federal).

 

Estados Unidos controlará suficientes puntos de presión para dificultar seriamente la vida de la industria china de semiconductores

 

Estados Unidos parece haber conseguido cierta cooperación gubernamental de los Países Bajos y Japón, aunque queda por ver su efectividad. Las empresas tecnológicas tienen un largo historial de "se obedece, pero no se cumple" en estos temas. ASML no parece estar muy por la labor de ayudar en exceso y como parte de su equipo no depende de patentes americanas sujetas a posibles restricciones tienen un cierto grado de libertad. Japón, en cambio, con China al acecho, parece estar más dispuesta a cooperar con Estados Unidos. Y, además, nos queda Taiwán, que se encuentra en una situación complicada: ni quiere perder su ventaja tecnológica montando factorías en Estados Unidos (que además le hace ser menos importante para que Estados Unidos la defienda), ni quiere provocar innecesariamente a China.

 

Mi lectura de la situación, advirtiendo que carezco de acceso a información privilegiada de los secretos comerciales de estas compañías, es que, al menos en el corto plazo, Estados Unidos controlará suficientes puntos de presión para dificultar seriamente la vida de la industria china de semiconductores.

 

El segundo punto por considerar es la capacidad de reacción china a estas restricciones. Personalmente no entiendo el argumento de los que se oponen a las nuevas restricciones de exportación argumentando que incentivarán a China a desarrollar su propia industria. La razón por la que Estados Unidos aprueba las sanciones es porque China ya está en esta labor. ¡El incentivo ya existía! Quizás ahora sea más fuerte, pero la diferencia es marginal.

Foto: Imagen del interior de la planta de Globalfoundries en Alemania. (Foto: EFE).

En el pasado, China ha sido muy creativa a la hora de solucionar sus problemas de acceso a tecnologías prohibidas, como hizo durante el desarrollo de satélites en los años 90 del siglo pasado (recomiendo leer este libro de Hugo Meijer sobre las restricciones a las exportaciones tecnológicas de Estados Unidos a China desde 1979)3. Este éxito pasado sugiere que, en unos años, China podrá haber recuperado buena parte del atraso que acarrea en la fabricación de semiconductores, sobre todo en un mundo de alta difusión tecnológica. Por ejemplo, RSIC-V es un conjunto de instrucción de hardware libre que ha mejorado muchísimo en los últimos años y que puede cambiar el futuro de la industria en los próximos tiempos4. No hay secretos en RISC-V: está todo en la red.

 

Como antes, este argumento de la capacidad de China para recuperar el terreno perdido es presentado a menudo como una razón para no imponer restricciones. De nuevo, creo que es un argumento erróneo. Desde la perspectiva de Estados Unidos, cualquier retraso adicional en la convergencia de China a la frontera tecnológica es una ganancia neta. Si China alcanza a Estados Unidos en 2030, en vez de 2025 (por poner dos años arbitrarios), gracias a las restricciones, son cinco años de ventaja geoestratégica adicionales. La política exterior pasa por sobrevivir al mañana. El pasado mañana, ya veremos.

 

¿Y cómo queda Europa en general, y España, más concretamente, en esta 'guerra'?

 

Pero en este caso no es solo una cuestión de cortoplacismo miope. Estados Unidos piensa que el coste reputacional con China de estas nuevas restricciones es pequeño (las relaciones ya estaban rotas, con lo cual no hay mucho "valor de continuación" que mantener) y que, en el largo plazo, el futuro le favorece. Tanto demográficamente, como en términos de vitalidad social, Estados Unidos está mucho mejor posicionado que China (este libro y este otro son dos exposiciones recientes de esta perspectiva). Mi propia investigación más reciente sobre China sugiere que la combinación de una demografía perversa y una clara caída del crecimiento de la productividad predicen unos años 30 del siglo XXI económicamente muy malos para el gigante asiático.

 

Considerando estos dos puntos de manera conjunta. Sí, Estados Unidos será capaz de infligir daño a la industria de semiconductores china y, aunque este castigo no sea absoluto, sí que es suficiente para embarcarse en esta política. En un mundo en el que no hay varitas mágicas para nada, solo parches parciales a problemas complejos, esta es la política que maximiza los beneficios para Estados Unidos, al menos a la luz de la información de la que disponemos en este momento.

 

¿Y cómo queda Europa en general, y España, más concretamente, en esta guerra? ¿Cómo está reaccionando la Unión Europea y el Gobierno de España?

Parte III: Europa y España

Europa entró con retraso en la industria de los semiconductores. Paradójicamente, buena parte de la ciencia básica detrás de los chips se desarrolló en Europa entre el siglo XIX y la primera mitad del XX (aunque, como en otras áreas del conocimiento, España no aportó nada relevante a la materia). Sin embargo, fueron los estadounidenses Jack Kilby y Robert Noyce los que, de 1958 a 1960, diseñaron por separado un circuito integrado modernocompaginando muchas ideas que flotaban en aquel momento en la academia y en la industria. Casi más importante que este avance, fue que las instituciones en Estados Unidos facilitaban el florecimiento de una poderosa industria de los semiconductores, con suficiente financiación y potencial de crecimiento. En esta industria la clave no reside en fabricar unas pocas unidades de un chip a un precio elevadísimo y para uso exclusivo de unos pocos, sino en la producción de millones de unidades a precios razonables para el consumidor medio. Estados Unidos reunía esas instituciones mejor que otras economías.

 

Europa, con la excepción parcial de algunas economías del norte (Reino Unido o Países Bajos), ha tenido muchas más dificultades con sus industrias de alta tecnología desde 1945. Mientras que en algunos sectores de tecnología media-alta (automóviles o aviación) los países europeos son capaces de mantener empresas líderes, las compañías continentales se atragantan con áreas más punteras como los semiconductores, softwares o, ahora, la inteligencia artificial. Algunos ejemplos de éxito, como ASML, son solo honrosas excepciones a innumerables fracasos.

 

En la industria de los semiconductores, Europa apostó desde el principio por una política basada en dos pilares: el proteccionismo (frente a las importaciones) y la inversión directa (estatal o "indicada"). Con respecto al proteccionismo, la por aquel entonces Comunidad Económica Europea impuso un arancel del 17% (muy alto en términos relativos) a la importación de semiconductores. Este arancel sobrevivió tanto a las rondas Kennedy como a las de Tokio de liberalización comercial. El arancel, además, fue reforzado por mil trabas burocráticas y otras barreras no arancelarias en las que los franceses han sido siempre expertos mundiales. Una historia famosa de la habilidad francesa para hacerle la vida imposible a sus competidores es cuando, en 1982, se obligó a que todos los reproductores de video que llegaban desde Japón tuviesen que pasar aduana en una pequeña oficina de Poitiers, donde solo trabajaban dos funcionarios, que inspeccionaban cada reproductor de manera individual para comprobar que sus números de serie eran los correctos.

 

Europa, con la excepción de algunas economías del norte, ha tenido más dificultades con sus industrias de alta tecnología desde 1945

 

Con respecto a las inversiones, Europa invirtió grandes cantidades de ayudas públicas directas e indirectas. Además, por medio de reglas de origen -por ejemplo, en muchos países solo se podía licitar en un contrato público para la compra de chips si los semiconductores eran de origen europeo-, se forzó a que muchas empresas de Estados Unidos y luego de Japón abriesen fábricas en Europa. Esta doble política, como decía Simón Bolívar, fue arar en el mar. Uno puede proteger a su industria de manera indiscriminada y otorgarle todas las ayudas del mundo, que, si las condiciones necesarias para su crecimiento no existen, jamás darán fruto alguno.

 

Con el ejemplo europeo, uno puede preguntarse cómo apareció la industria de los semiconductores en Asia. En realidad, fue consecuencia de la confluencia de muchos factores. El primero, ya señalado, fue que las empresas de Estados Unidos montaron numerosas fabricas para aprovechar los bajos costes laborales de la región. En esas fábricas aprendieron el oficio dos generaciones de directivos locales que luego se mudaron a empresas nacionales, llevándose consigo el conocimiento puntero de la industria.

 

El segundo factor fue tener una fuerza de trabajo muy bien educada, enormemente disciplinada en seguir las reglas de fabricación (algo clave con los chips, donde una mota de polvo te arruina un lote completo de semiconductores) y con una gran dedicación. Como comentaba Morris Chang, el fundador de TSMC, si una máquina se rompía a las tres de la noche en Texas (donde operaba su antigua compañía), el ingeniero no aparecía hasta las nueve de la mañana. En Taiwán el ingeniero estaba ahí a las cuatro y evitaba perder una noche de producción. Es perfectamente legítimo preferir vivir en un país donde la norma social (o de legislación laboral) suponga que el ingeniero no esté obligado a ir a las cuatro de la mañana a arreglar una máquina. De hecho, yo apoyo esa norma porque me parece que una vida familiar equilibrada y sana es clave para la salud de una sociedad en el largo plazo. Pero uno no puede asombrarse de que las empresas en los países donde el ingeniero sí tiene que ir a esas horas intempestivas sean capaces de ganar más cuota de mercado.

 

¿Sirve dar subvenciones a las empresas y otras ayudas, como aranceles proteccionistas, para que se desarrolle una industria?

 

El tercer factor fue tener modelos de negocio innovadores. El caso más claro de nuevo es el de TSMC. Morris Chang apostó por el modelo de fundición. Chang decidió que TSMC no diseñaría sus propios chips, sino que se limitaría a fabricar los chips encargados por otras compañías. Esto tenía dos ventajas tremendas. La primera ventaja era que TSMC podía concentrar todo su esfuerzo en mejorar la fabricación de chips, prestando atención hasta al más mínimo detalle, en vez de distraerse haciendo muchas otras cosas. La segunda ventaja era que las terceras empresas que contrataban a TSMC para la fabricación de sus chips no tenían miedo a que esta les fuera a "robar" ideas de sus diseños. A TSMC el diseño no le importaba. En comparación, cuanto Intel intentó este modelo de fundición, otras compañías desconfiaron de encargar nada a la compañía norteamericana, no fuera que "aprendiese" de sus diseños mientras fabricaba estos chips.

 

El cuarto factor, más controvertido, es la política industrial del gobierno de Taiwán apoyando financieramente a TSMC. ¿Sirve dar subvenciones a las empresas y otras ayudas, como aranceles proteccionistas, para que se desarrolle una industria? Los economistas llevan discutiendo desde hace más de 250 años si estas políticas industriales funcionan.

 

Esta pregunta es extraordinariamente compleja de responder por varios motivos. El primero es que el éxito o fracaso de una empresa depende, potencialmente, de muchísimas razones. Puede darse el caso de que subvencionar a una empresa sea una buena idea en principio, pero que la empresa sea víctima, al poco tiempo, de una guerra comercial que ella no ha causado. Al revés, una empresa puede triunfar después de haber recibido una subvención, pero puede que hubiese triunfado de todas maneras sin la misma. Una comparación es la siguiente: ni todos los que fuman se mueren de cáncer de pulmón, ni todos los que se mueren de cáncer de pulmón han sido fumadores. Existen muchos otros factores (genéticos, ambientales…) que determinan el cáncer y que no hemos alcanzado a entender todavía.

 

Una empresa puede triunfar después de haber recibido una subvención, pero puede que hubiese triunfado de todas maneras sin la misma

 

¿Cómo colegimos que fumar incrementa dramáticamente el riesgo de cáncer de pulmón? A través de la observación de miles de fumadores ("grupo de tratamiento") y miles de no fumadores ("grupo de control") y comprobando que, efectivamente, la incidencia del cáncer de pulmón en el grupo de tratamiento es mucho mayor que en el de control. Cambiemos ahora el "tratamiento" de fumar a recibir una subvención y el "control" a no recibirla y estudiemos a miles y miles de empresas en cada situación5.

 

¿Qué es lo que vemos? Que en general no hay evidencia de que la política industrial ayude. Recientemente Lee BranstetterGuangwei Li y Mengjia Ren han estudiado todas las empresas cotizadas en las bolsas de Shanghái y Shenzhen de 2007 a 2018 (excepto los bancos, que presentan dificultados contables que no vienen aquí a cuento). Su conclusión es clara: las subvenciones no parecen tener efecto alguno sobre la productividad o el crecimiento de las empresas. En otras palabras, los miles y miles de millones que China se gasta en política industrial en las últimas décadas no sirven para mucho más que para dar excusas a miles de "expertos" en Occidente para que escriban artículos animándonos a saltar al carro de estas políticas.

 

La razón del fracaso de la política industrial es sencilla. En general los gobiernos son bastante malos "seleccionando ganadores" y en convencer a que las empresas más productivas entren en un sector. Myrto KalouptsidiNahim Bin Zahur y Panle Jia Barwick han documentado cómo las políticas industriales chinas en sectores como la construcción naval han seleccionado a empresas poco eficientes y costado mucho más dinero de lo que hubiera merecido la pena. A fin de cuentas, si una empresa tiene un buen modelo de negocio, en una economía avanzada, lo más normal es que encuentre financiación privada6.

 

Los miles y miles de millones que China se gasta en política industrial en las últimas décadas no sirven más que para dar excusas

 

El único caso bien documentado donde la política industrial parece haber tenido éxito es en Corea del Sur. Hace ya 12 años escribí este artículo al respecto. Estas ideas quedan corroboradas de manera más rigurosa en este artículoComo concluía en aquel entonces:

 

Mi lectura de la evidencia es que, si uno tiene un cuerpo de políticos y funcionarios muy motivados por un sentido nacionalista (tener un enemigo comunista al otro lado de la frontera que te va a invadir y fusilar si no te modernizas y logras legitimidad con tus ciudadanos ayuda un porrón a esta motivación), relativamente honestos, con ideas claras y que entienden que la política industrial tiene que aprovechar las ventajas de la economía mundial globalizada (como Posco exportando como posesos a Japón y EEUU por aquello de que Corea era un aliado en la guerra fría), y sin grupos de presión internos particularmente poderosos (bancos, sindicatos, etc.) que te hagan distraerte y extraer rentas, esto puede funcionar.

 

El apoyo de Taiwán a TSMC probablemente haya cumplido con estos requisitos: funcionarios honestos, muy motivados, preocupados por los enemigos externos e internos, con las ideas claras y libres de grupos de presión.

 

En China, los funcionarios ni son honestos ni tienen las ideas claras y el país crece "a pesar de" y "no gracias a" su política industrial

 

La otra cara de esta moneda es que, cuando estas condiciones no se cumplen, la política industrial no funciona. En China, los funcionarios ni son honestos ni tienen las ideas claras (lo de la burocracia omnisciente china es un mito occidental sobre el que escribiré uno de estos días) y, en consecuencia, el país ha crecido "a pesar de" y "no gracias a" su política industrial.

 

¿Estamos en Europa y en España en la situación de Corea del Sur y Taiwán o en la de China? Todo lo que observo me dice que nos parecemos más a China: la política industrial, en este caso de apoyo a los chips, va a fracasar porque su implementación va a quedar a merced del viento político de cada temporada política y cautiva de los grupos de presión. Incluso en Estados Unidos, la política industrial de Biden ha quedado maniatada por disposiciones sobre si las nuevas fábricas de semiconductores tienen o no que ofrecer guarderías a sus empleadosLlevo viviendo suficientes años en Estados Unidos para haber comprobado cómo todas estas legislaciones adornadas, como las bolas de un árbol de Navidad, de cada una de las medidas populares de moda terminan solo sirviendo para tirar el dinero. La política de Estados Unidos va a funcionar más por lo que le pueden negar a China (los componentes básicos para fabricar chips), que por los incentivos fiscales a producir en Estados Unidos.

 

Y mí predicción sobre el probable fracaso europeo en este campo no es aventurada: como señalaba, Europa ya intentó durante décadas introducir medidas de política industrial con los chips. Y quien dice políticas industriales para semiconductores, dice muchísimas otras políticas industriales implementadas durante décadas7¿Por qué lo que no funcionó en 1975 va a funcionar ahora? Estamos cayendo en la trampa de siempre: olvidarnos del pasado (¿cuántos políticos conoce usted en Europa que sepan de la historia económica de la industria de los semiconductores?) para promover medidas que simplemente suenan realmente bien en el telediario de las nueve ("el PERTE de los Chips") y que son fácilmente manipulables por intereses privados.

Foto: Foto: EC Diseño.

En resumen, mi visión sobre la situación de Europa y España en esta guerra de los chips es pesimista:

  1. Es muy difícil tener una política industrial que funcione. Uno necesita de un conjunto de condiciones muy restrictivo.
  2. Las condiciones para que esta política industrial funcione no se dan en Europa y muchísimo menos en España. Si durante la pandemia no éramos ni capaces de tener estadísticas de covid bien elaboradas, como sí las tenían todos los demás países avanzados, ¿cómo vamos a ser capaces de tener una buena política industrial que es mucho más compleja?
  3. Europa tiene una larguísima historia de fracaso en sus políticas industriales. Solo hace falta mirar los resultados de iniciativas, no estrictamente de política industrial pero similares, como la Estrategia de Lisboa o de Europa 2020 para comprobar que vamos de mal en peor.

¿Qué podemos hacer entonces en Europa en general y en España más en concreto? Muchas cosas, pero en interés del espacio me voy a centrar en cuatro.

Foto: El comisionado para el Perte de microelectrónica y semiconductores, Jaime Martorell, durante una entrevista con EC. (Ana Beltrán)

Primero, necesitamos un marco regulatorio estable y predecible. Enfatizo los adjetivos "estable" y "predecible". No empleo las palabras "liberal" o "abierto". Es mucho más importante que las empresas sepan cuáles son las reglas del juego y que estas no se cambien a mitad del partido que la facilidad o dificultad de producir (dentro de un orden, claro; si la regulación es excesivamente pesada, tampoco es posible que los negocios prosperen). Nadie va a montar algo tan complejo como una fábrica de semiconductores en un país donde las reglas de las subvenciones públicas se quieren cambiar a toro pasado o donde el principio de libertad de establecimiento dentro de la Unión Europea es insultado desde el gobierno. Qué me va a pasar, pensarán muchos, si monto una factoría en España y resulta que en 2030 me la tengo que llevar, por el motivo que sea, a Bélgica. El estado de derecho no es solo la garantía de nuestras libertades individuales, es también la base de toda economía próspera. Pero no es solo el gobierno o las Cortes: llevábamos décadas sufriendo jueces que se dedican a "inventar" cosas, no se sabe muy bien por qué, y que solo generan más inseguridad jurídica.

 

Segundo, necesitamos un sistema universitario y de investigación mucho más eficiente que el actual. Como he explicado en otras ocasiones, no es solo gastar más, es gastar mejor, sobre todo en ciencias, ingeniería e informática. Incrementar los sueldos, por ejemplo, a profesores universitarios improductivos es malgastar el dinero. A la vez, Europa no puede pagar los sueldos actuales y esperar que sus universidades tengan a los líderes mundiales en investigación en chips o en inteligencia artificial. Uno tiene que pensar en esto como en el futbol: Karim Benzema, en el Real Madrid, no gana lo mismo que un jugador de Primera Federación, y nadie se extraña. Si el Real Madrid tuviera que pagar a todos sus jugadores por igual y no pudiera competir en el mercado internacional de fichajes, ¿cuántos títulos europeos habría ganado en los últimos veinte años? Si a usted le parece que esa política de salarios sería insensata para el Real Madrid, ¿por qué no le parece insensata la política de salarios de nuestras universidades politécnicas?

 

Para ilustrar este argumento, un ejercicio interesante es visitar las páginas webs de algunas universidades públicas americanas, que tienen que reportar los sueldos de todos sus empleados. Aquí, por ejemplo, está la página web de salarios de la University of California. Entre los tres profesores más citados en informática en UCLA, un campus en Los Ángeles que conozco bien, se encuentran Lixia Xang, cuyo sueldo en 2021 (el último año disponible) fue de 437.933 dólares (a este sueldo hay que añadirle la contribución de la universidad al fondo de pensiones, que suele estar cerca del 7% del sueldo, pero que como depende de información privada familiar no es reportado); Stan Ohser, que ganó 580.530 dólares en 2021; y Mani Srivastava, al que le pagaron 415.067 dólares en 2021. Y UCLA, siendo pública, paga peor que las privadas de élite. Aunque los sueldos en las privadas no son públicos los rumores son que los salarios de los mejores catedráticos de informática en Stanford rondan los 800.000 dólares al año (más el enorme subsidio que te da Stanford con una casa en el campus a precio reducido).

 

En Europa sufrimos un sistema financiero anticuado, mal gestionado y con grandísimas barreras de entrada

 

En Asia se han dado cuenta de la situación y las mejores universidades, como PekingTsinghua o Nacional de Singapur han empezado a reclutar a algunos de los mejores profesores de Estados Unidos de origen asiático con sueldos competitivos. Nacional de Singapur está pagando a algunas "estrellas" académicas en ciencias cuantitativas sueldos por encima del millón de dólares anuales más vivienda. En Europa, tanto Cambridge como ETH en Zúrich se han esforzado mucho en los últimos años para ser más competitivas en informática e ingeniería en términos de sueldos. Curiosamente, las dos están fuera de la Unión Europea. Las universidades en la Unión, atascadas en mil trabas, se arriesgan a quedarse aún más atrás de donde están ahora. Acordémonos: de las mejores 25 universidades del mundo según el ranking de Times Higher Education, 16 están en Estados Unidos, cuatro en el Reino Unido, dos en China y una en Canadá, Singapur y Suiza, respectivamente. ¡Ni una sola en la Unión Europea! Y aunque los rankings son siempre problemáticos, reflejan la realidad subyacente: ojee usted los artículos académicos más recientes e influyentes en aprendizaje automático: pocas veces verá investigadores trabajando en instituciones localizadas en la Unión Europea.

 

Tercero, necesitamos un sistema financiero que canalice los fondos a las empresas innovadoras. En Europa sufrimos un sistema financiero anticuado, mal gestionado y con grandísimas barreras de entrada. Los intentos de solucionar algunos de sus problemas, como la creación de fondos de capital riesgo por parte de la Unión Europea, se han traducido únicamente en desplazar el capital privado del sector.

 

Cuarto, necesitamos concentrar las ayudas públicas en aquellas áreas donde los gobiernos tienen una clara misión de remediar fallos de mercado claros. Por ejemplo, necesitamos invertir en investigación básica, aquella alejada de usos inmediatos (la investigación aplicada puede ser perfectamente pagada por la empresa privada) y en asegurarnos que nuestros estudiantes terminan la educación secundaria y universitaria con los conocimientos adecuados, tanto cognitivos como no cognitivos (como señalaba en el caso de Taiwán: con la disciplina de seguir instrucciones de fabricación a rajatabla) y que las infraestructuras estén donde tienen que estar, no donde nos da votos en las siguientes elecciones.

Foto: Un semiconductor. (Reuters/Florence Lo)

Fíjense que estas cuatro medidas ni son particularmente liberales ni intervencionistas. Hay propuestas de incrementar el gasto público (en educación o en investigación básica), propuestas liberalizadoras (menos barreras de entrada al sector financiero, más dispersión de sueldos en la universidad…) y propuestas neutras (como un marco regulatorio más estable, que es algo en lo que en principio deberíamos estar todos de acuerdo independientemente de nuestras inclinaciones políticas). Es mover a la Unión Europea y a España en la dirección de un conjunto de políticas mucho más equilibrado y que favorezca la innovación tecnológica. Con este escenario, las factorías de chips vendrán casi de manera automática.

 

Explicaba antes que soy pesimista sobre el posible éxito de las nuevas políticas europeas de chips. Puede que el dinero público provoque que se pongan en marcha algunas fábricas (probablemente en Alemania, que ya cuenta con cierta experiencia en Dresde), quizá la industria mejore algo, pero lo cierto es que la tasa de rendimiento de la inversión pública será muy baja. Con todo, soy casi más pesimista sobre nuestra capacidad de evolucionar hacia un mejor conjunto de políticas. Gastar dinero es muy atractivo: sales en la televisión, los votantes entienden lo que haces, hay cantidad de gente que sale beneficiada en el corto plazo (las empresas que reciben el dinero, los contratistas de la nueva factoría, etc.). Centrarse en, por ejemplo, reducir barreras de entrada en el sector financiero es mucho menos vistoso y sus efectos no son tan fotogénicos. Que mi empresa obtenga capital gracias a un mercado financiero más eficiente no se percibe como un fruto tan directo como que un político me dé un cheque, como en el caso de la política industrial. Desafortunadamente, algunas de las reformas más cruciales son las menos estéticas desde un punto de vista político.

 

Tristemente, es más que probable que Europa (y especialmente España) desempeñe un papel insignificante en el futuro de la economía y en la industria de los semiconductores en particular.

 

***

 

Entrenar un modelo de aprendizaje profundo precisa, entre otros pasos, manipular repetidamente una estructura matemática llamada matriz. Una unidad de procesamiento gráfico es un procesador que permite manipular matrices de manera mucho más eficiente que las unidades centrales de procesamiento convencionales de los ordenadores. Más en concreto, una unidad de procesamiento gráfico explota el paralelismo inherente a muchas de las operaciones matemáticas con las matrices.

 

Los procesadores tradicionales están diseñados para ser polivalentes. Intel no sabe si usted va a emplear la unidad central de procesamiento de su ordenador para trabajar con hojas de cálculo, para escribir entradas en El Confidencial o una mezcla de las dos. Por tanto, Intel diseña procesadores que sirven un poco para todo. Pero esto significa que el procesador no es particularmente bueno para nada. Se pueden diseñar procesadores específicos para ciertos problemas, pero esto puede costar decenas de millones de euros. Las matrices de puertas lógicas programables en campo permiten al usuario final reconfigurar los bloques lógicos del procesador para adaptarlo a sus necesidades concretas. Hasta hace poco, este proceso era muy pesado para emplearse fuera de unos pocos nichos industriales y académicos. La nueva generación de compilares de Xilinx ha revolucionado por completo este mundo.

 

Existe además el recurso a la Organización Mundial del Comercio por violación de las reglas de comercio internacional que China ya inició en diciembre. Este recurso (en estos momentos, consultas de disputa) añade más leña al fuego en el que se encuentra la Organización Mundial del Comercio con respecto a la actitud de Estados Unidos en temas de derecho internacional económico (aquí un buen resumen y su insistencia en que él es el único que va definir qué es su seguridad nacional.

 

4 Como siempre se dice, "cuanto más cambian las cosas, más son lo mismo". Los ordenadores en los que yo trabajé la mayor parte del tiempo durante mi doctorado era unas estaciones de trabajo Suncon una arquitectura RISC que se llamaba SPARC. Por una serie de motivos, siempre me gustó mucho más programar en esa arquitectura para lo que yo hago en mi trabajo académico, pero comercialmente SPARC se convirtió en un nicho, a Sun se la llevó por delante el crash de 2002 (aunque languideció unos años más) y me tuve que mudar a las arquitecturas de Intel.

 

5 El Premio Nobel de Economía de 2022 fue otorgado a tres grandes economistas que han analizado rigurosamente acerca de cómo comparar "grupos de tratamiento" y "grupos de control". Escribí sobre ello en esta entrada.

 

Existen varias excepciones a esta afirmación, como la existencia de efectos de comercio estratégico o de imperfecciones en los mercados financieros. Como casi todo en economía, uno tiene que ser consciente de los mil matices del mundo real, pero tampoco tengo aquí espacio para escribir un libro entero.

 

7 Incluso políticas industriales que, a primera vista parecerían ser más exitosas, como el Concorde o Airbus, probablemente no alcanzaron la tasa de retorno necesaria para compensar su coste a lo largo del tiempo.


¿Por qué los incentivos pueden tener efectos adversos?

 

¿Por qué los incentivos pueden tener efectos adversos?

Los incentivos son una de las herramientas que más frecuentemente utilizamos los economistas cuando queremos mejorar el esfuerzo de trabajadores o personas que realizan alguna actividad. Sin embargo, también sabemos que no siempre funcionan, y que incluso puede tener efectos adversos. Uno de los ámbitos donde se plantean más dudas es cuando dichos incentivos se dan en el ámbito de tareas u ocupaciones que tienen cierta finalidad social, por ejemplo, tareas de voluntariado, y trabajos en medicina o educación. Al respecto, nuestro Pedro tiene este artículo que resume muy bien la literatura.

Hace unos años escribí esta entrada sobre este artículo en el que estudiábamos el efecto de dar incentivos monetarios a directores de escuela de zonas rurales de China para reducir la tasa de anemia de sus estudiantes. El estudio incluía un incentivo normal y uno muy pequeño (un 10% del incentivo normal). Mientras el incentivo normal redujo la tasa de anemia, el incentivo pequeño la aumentó (efecto adverso) en aquellos directores de escuela que tenían preferencias más prosociales (medida usando estas escalas psicométricas). Sin embargo, esto no pasó con el incentivo normal.

Una forma de entender el resultado es que hay dos fuentes de motivación, una puramente monetaria (que depende del tamaño del incentivo) y otra no monetaria, que por la razón que sea, disminuye si se da un incentivo monetario, y especialmente, para personas con preferencias muy prosociales. El resultado empírico es la combinación de las dos fuentes de motivación. Cuando el incentivo monetario es pequeño, la motivación monetaria es pequeña y no llega a compensar el efecto negativo que el incentivo tiene en la motivación no monetaria de los directores con preferencias muy prosociales.

Pero esta explicación no llega a ser del todo satisfactoria, no nos da muchas pistas sobre cuál es la motivación no monetaria. Esto lo intentamos abordar en un estudio que mis co-autores (Marcus Holmlund, Pamela Jervis, François Maniquet, and Pedro Rosa Dias) y yo hemos realizado en Nigeria, y que pronto esperamos hacer público. El gobierno de Nigeria quería saber si los incentivos eran eficaces para resolver uno de los problemas que padecen en los centros rurales de salud, que las matronas dejan el puesto de trabajo “demasiado pronto” y se van a trabajar a zonas urbanas. Al evaluar el papel de los incentivos, introdujimos unos juegos con el objetivo de identificar si el incentivo tiene efectos adversos y por qué.

En este estudio, que también es un experimento, las matronas de los centros de salud reciben un bono de 30.000 nairas (equivalente a 325 dólares PPA e igualmente al 75% de su salario mensual) por cada 3 meses consecutivos que trabajan en el centro de salud. El incentivo es individual pero todas las matronas de un mismo centro de salud reciben el mismo contrato. En otros centros de salud, se ofrecieron incentivos no monetarios (uniformes, calendarios, etc.) pero esos los voy a dejar a un lado porque la logística de su distribución no funcionó del todo bien.

El gráfico que sigue a continuación muestra que los incentivos monetarios (líneas verde y azul) aumentan el tiempo que las matronas trabajan en el centro de salud de las zonas rurales. En el registro del experimento definimos que la variable de resultado principal era el porcentaje de matronas que seguían trabajando después de 9 meses, lo cual aumentó en torno a 6 puntos porcentuales debido a los incentivos monetarios.

Curvas de sobrevivencia del empleo de las matronas en los centros de salud

En cuanto a si el incentivo pudiera tener efectos adversos en algún grupo y por qué, investigamos el mecanismo propuesto por Bénabou y Tirole en el año 2006 en el que juega un papel fundamental la utilidad por “imagen” o por reputación. Según su teoría, hay personas que obtienen utilidad de que el resto (colegas de trabajo, comunidad, etc.) pensemos que ellas son buenas personas. Por ello hacen actividades de voluntariado, o realizan trabajos con finalidad social. Si le empezamos a pagar por hacer estas actividades, no se va a poder saber si hacen estas actividades porque son buenas personas o por el dinero. Por lo tanto, participar en estas actividades ya no le sirve para señalizar que son buenas personas, y dejan de participar en ellas.

Para identificar este tipo de personas que les importa que el resto piense que son buenas personas, hicimos los dos juegos siguientes. Cada matrona recibió 2000 nairas (22 dólares PPA), y decidió cuánto quería para ella, y cuando quería donar a la Cruz o Luna Roja. Es una donación privada. A continuación, se repite el juego con la misma matrona, pero le decimos que la donación a la Cruz o Luna Roja se anunciará públicamente en el mismo centro de salud. Tomamos la diferencia entre la donación pública y la privada como un indicador para ordenar a las matronas de acuerdo con cuánto le importa que el resto pensemos que son buenas personas. El histograma que sigue a continuación describe la distribución de dicha diferencia. Cuánto mayor es el valor, más le importa a la matrona que los demás piensen que ella es una buena persona.

Histograma de la diferencia entre la donación pública y la privada

Al analizar los resultados, encontramos dos resultados muy interesantes. Uno es que en el grupo de control (que no recibe ningún incentivo), las matronas que tienen una diferencia entre la donación pública y privada de 600 nairas o más, permanecen más tiempo en el centro de salud. Es decir, que este indicador obtenido mediante los juegos parece recoger una verdadera fuente de motivación: las matronas que les importa más que los demás piensen que son buenas personas terminan permaneciendo más tiempo en el centro de salud.

El otro resultado interesante es que para ese mismo grupo de matronas (aquellas con una diferencia entre la donación pública y privada de 600 nairas o más), el incentivo monetario deja de tener un efecto positivo en la permanencia en el centro de salud, e incluso tiene un efecto adverso.

Estos dos resultados favorecen la hipótesis de Bénabou y Tirole que una de las razones por las que los incentivos pueden no funcionar es que destruyen la habilidad de las personas de señalizar que son buenas personas cuando llevan a cabo actividades con una importante finalidad social. En este caso, es cierto el porcentaje de personas cuya imagen era tan importante que el incentivo no fue efectivo es sólo del 10%. Pero esto ocurrió con un incentivo bastante significativo (75% del salario mensual cada tres meses). Cabe pensar que, si el incentivo fuera menor, el porcentaje de personas afectadas sería mayor. Pero para estar seguro de ello, tendremos que hacer otro estudio…

 

La Pesada Herencia: Cambios de Gobierno y Asistencia Financiera

 

La Pesada Herencia: Cambios de Gobierno y Asistencia Financiera

 


Por José María Abad, Vicente Bermejo, Felipe Carozzi y Andrés Gago

A nadie le gusta ser el portador de malas noticias. Menos aun cuando uno es responsable por las malas noticias que se va a comunicar. Esto es especialmente cierto para las personas en la actividad política, donde el anuncio público de un problema presente puede traer las críticas de los rivales, el rencor del votante y la derrota en las urnas. Salvo, claro, que uno pueda echarle la culpa del problema a alguien más. Ésta es una de las claves de nuestro reciente artículo titulado “Government Turnover and External Financial Assistance”. El artículo estudia la decisión de un gobierno de solicitar o no asistencia financiera a una institución externa. Pensemos por ejemplo en un país solicitando financiación al Fondo Monetario Internacional o la Unión Europea, o una comunidad autónoma pidiendo asistencia extraordinaria al gobierno central. Las solicitudes de este tipo son públicas, en el sentido de ser visibles para los votantes. Además, transmiten una mala señal sobre el estado de las cuentas públicas de la institución que solicita asistencia.

En nuestro artículo analizamos si un gobierno es más propenso a solicitar asistencia cuando puede culpar al gobierno anterior sobre el estado de las cuentas públicas. Usamos para ello información sobre decisiones municipales en el contexto del Plan de Pago a Proveedores (PPP) – también conocido como mecanismo de pago a proveedores – anunciado en febrero de 2012. Recordemos un poco el contexto: Entre 2008 y 2011, cuando el sector de la construcción español se frenó en seco, muchos municipios españoles comenzaron a financiarse con deuda comercial. El municipio compraba bienes o servicios a un proveedor, le prometía un pago a, digamos, tres meses y luego… no le pagaba. Miles de municipios españoles y unas cuantas comunidades autónomas se financiaron de esta forma durante los primeros años de la crisis. La deuda total acumulada llegó a ser de alrededor del 3% del PIB español de 2011. Naturalmente, esto generó muchos problemas a los proveedores.

A principios de 2012, el gobierno de Mariano Rajoy aprobó el PPP para resolver esta situación. El gobierno nacional comenzó a pagar la deuda comercial acumulada de los municipios, aliviando así el problema de los proveedores. El plan del gobierno convertía esta deuda comercial de los municipios en deuda financiera de los municipios con el propio estado. El gobierno central ofreció a los municipios dos opciones para repagar dicha deuda. El repago podía comenzar inmediatamente, en la forma de una deuda a 5 años que se pagaría, en parte, mediante retención de las transferencias corrientes del estado al gobierno local. Alternativamente, los municipios podían acordar un plan de ajuste con el gobierno central a cambio de un perfil de repago mucho más suavizado, con un período de carencia de 2 años en el préstamo y una madurez de 10 años. La opción del pago suavizado era más conveniente – fue elegida por parte de unos dos tercios de todos los municipios. Era, ostensiblemente, la opción preferida por el propio estado central que aprobó la inmensa mayoría de los planes presentados (más del 90%). Pero el requisito del plan de ajuste generaba un problema: los municipios que presentaban un plan debían manifestar públicamente, a través de esos planes, que se había acumulado un montante significativo de deudas impagadas con proveedores. Como consecuencia elegir la opción del plan aumentaba la cobertura mediática del plan de pago a proveedores a nivel municipal.

En el artículo, estudiamos qué opción de repago fue seleccionado por los gobiernos locales incorporados al PPP. En concreto, analizamos si los cambios del partido del gobierno provocaron una mayor propensión a presentar un plan de ajuste. ¿Por qué nos centramos en ese ángulo? Porque los gobiernos locales de nuevo cuño pueden con mayor facilidad culpar al gobierno anterior de la necesidad de solicitar asistencia. Por el contrario, un gobierno reelegido lo tiene más difícil para echar culpas hacia atrás porque se estaría culpando a sí mismo.

A modo de ilustración, en la Figura 1 de esta entrada, enseñamos las opciones seleccionadas por cada municipio en el contexto del plan de pago a proveedores. Nótese que hay un número significativo de municipios – unos 3000 – que no participan en el plan pues no habían acumulado atrasos en el pago de su deuda comercial entre 2008 y 2011. Nuestro análisis se trata de entender cómo los cambios de gobierno en las elecciones de 2011 propiciaron que un municipio aparezca como rojo o azul en el mapa de la Figura 1.

Figura 1: Opciones del Plan de Pago a Proveedores seleccionadas por los municipios

Nota: Mapa de municipios españoles indicando en azul los municipios incluidos en el plan de pago a proveedores que presentan un plan de ajuste al gobierno central, en rojo a los municipios que participan en el programa, pero no presentan un plan de ajuste y en gris los municipios que no tenían deuda comercial acumulada a principios de 2012. Omitimos a los municipios canarios para facilitar la ilustración y a los de Euskadi y Navarra que no participaron del PPP.

Nuestra estrategia empírica se basa en una herramienta estándar del análisis cuantitativo de las cuestiones políticas: un diseño de regresión discontinua (RDD, por sus siglas en inglés) aplicada a close elections. Ejemplos de otros posts en NeG usando métodos similares al que usamos aquí pueden encontrarse aquí, aquí o aquí. Observamos los resultados electorales en 2011 de los alcaldes en el poder desde 2007 y sus contendientes. Eso nos permite calcular el margen de victoria del mejor desafiante con respecto al partido del alcalde original. Usamos esa variable como variable de asignación en el RDD. Pasando el umbral de valores negativos a positivos de esa variable, vemos un aumento discontinuo en la probabilidad de un cambio del partido en el poder. Lo interesante de este método es que garantiza que los municipios de ambos lados de la discontinuidad son comparables en características observables y no observables. El resultado principal del artículo está ilustrado en el panel derecho de la Figura 2. Al cruzar la discontinuidad, se observa un claro aumento en la probabilidad de que un gobierno municipal presente un plan de ajuste al gobierno central. Es decir, cuando se produce un cambio de gobierno, hay un aumento importante de la propensión del gobierno local a solicitar el camino suavizado de financiación al gobierno central.

Figura 2: Cambio de Partido y Planes de Ajuste

Note: Ilustración de los principales resultados empíricos usando regresión de discontinuidad. En ambos gráficos el eje horizontal corresponde al margen de victoria del mejor partido desafiante. Valores positivos corresponden a municipios donde el partido desafiante gana las elecciones y valores negativos a municipios donde el partido desafiante pierde las elecciones. En el panel izquierdo, el eje vertical mide la probabilidad estimada de que haya un cambio de partido en el poder. En el panel derecho, el eje vertical mide la probabilidad de que un gobierno local presente un plan de ajuste.

¿Cómo se relaciona esta diferencia en las decisiones de los gobiernos locales nuevos y reelegidos con la posibilidad de culpar al gobierno anterior? En el artículo usamos otros elementos de evidencia para afianzar este punto empleando los resultados de una encuesta a políticos locales, información de prensa y resultados electorales. No vamos a incluir todos los resultados adicionales aquí, pero valga como ejemplo una parte de la evidencia construida a partir de una revisión sistemática de noticias en periódicos nacionales y locales cubriendo el PPP. Usando datos de Factiva podemos identificar si un municipio aparece nombrado junto al PPP en el período (2012-2013). En la Figura 3, vemos que al cruzar el umbral de valores negativos a positivos hay un aumento en la cobertura mediática del PPP en el municipio. Esto indica que la diferencia en planes de ajuste en el panel derecho de la Figura 2 se traduce en cobertura mediática potencialmente accesible a los votantes, algo critico para el mecanismo que enfatizamos en el artículo.

¿Qué tan generales son estos resultados? En el artículo incluimos un análisis complementario usando un panel de países donde enseñamos que los cambios de gobierno aumentan la probabilidad de firmar acuerdos de financiación con el Fondo Monetario Internacional. De modo que los resultados a nivel local parecen concordar con los encontrados usando datos de gobiernos nacionales.

Figura 3: Cambio de partido y cobertura en prensa del PPP

Nota: El eje horizontal corresponde al margen de victoria del mejor partido desafiante. En el eje vertical se indica la probabilidad de que un municipio aparezca mencionado por nombre en una noticia publicada entre 2012 y 2013 en medios nacionales, regionales y locales españoles.

A modo de conclusión, quizás la enseñanza más general de nuestro trabajo está en enfatizar que los gobiernos que reelegidos y los nuevos gobiernos tienen incentivos diferentes a la hora de hacer políticas públicas que revelan información sobre el pasado. Como enseñamos en el artículo, estas diferencias no son triviales y tienen consecuencias importantes en términos de gasto público y niveles impositivos fijados por estas administraciones.

https://elpais.com/economia/negocios/2023-10-01/elites-tecnologicas-y-progreso-compartido.html

https://nadaesgratis.es/admin/la-pesada-herencia-cambios-de-gobierno-y-asistencia-financiera

 

Inflation and unconventional fiscal policy

 

Inflation and unconventional fiscal policy

Inflation surged around the world in 2022 and became a major policy problem. This column examines what caused the rise in inflation in the euro area and the US and how effective energy price measures in Europe were in helping to smooth it. The initial rise in inflation on both sides of the Atlantic in 2021 was driven by headline shocks, but since mid-2022, headline shocks comprise a larger share of inflation in the euro area than in the US. The headline shocks largely reflect increases in energy prices. Estimates suggest that energy price measures reduced euro area inflation by about 2 percentage points in 2022.


Inflation surged around the world in 2022 and became a major policy problem. It triggered numerous studies on the drivers of inflation (e.g. Cerrato and Gitt 2023) and on the effectiveness of policy responses. In this column, we aim to shed light on both issues, focusing on the euro area and the US, and on the role that unconventional fiscal policies – including energy price subsidies and tax cuts – can play in reducing inflation, drawing on our recent research (Dao et al. 2023).

We decompose headline inflation into core (underlying) inflation and deviations of headline from core. We seek to explain core inflation by long-term inflation expectations and the level of tightness in the labour market, and to explain the non-core component of headline inflation by price changes in energy and other industries. We also study the pass-through over time from these relative price shocks to core inflation, which can occur through the effects on wages and other costs of production. Our primary measure of core is weighted median inflation, which strips out the effects of unusually large price changes in certain industries. 1

Figure 1 shows that on both sides of the Atlantic, the initial rise in inflation in 2021 was driven by headline shocks. But since mid-2022, headline shocks comprise a larger share of inflation in the euro area than in the US. We also find that energy price inflation has played a more dominant role in driving headline inflation shocks in the euro area than in the US.

Figure 1 Headline inflation, core, and headline-inflation shocks, 2020-2023 (%)

Figure 1 Headline inflation, core, and headline-inflation shocks, 2020-2023

Note: Headline inflation is HICP for euro area and CPI for US. Core inflation is median weighted inflation computed by IMF staff for euro area and obtained from Federal Reserve Bank of Cleveland for US. Headline-inflation shocks denote deviations of headline inflation from core inflation.

Explaining the rise in euro area and US inflation

To understand the evolution of core inflation in the euro area and compare it with that of the US, we use a Phillips curve framework that focuses on the role of three variables: expected inflation, labour market tightness, and headline-inflation shocks. We allow for nonlinearities in the effects of labour market tightness and of past headline-inflation shocks on core. In our baseline specification for the euro area, we measure labour market tightness based on deviations of unemployment from the natural rate of unemployment. We compare these estimates with those obtained for the US based on the same specification with one difference: we measure US labour market tightness based on the ratio of job vacancies to unemployed to account for the observed shift in the US Beveridge curve (e.g. Blanchard and Bernanke 2023).

The results, reported in Figure 2, highlight the dominant role of energy price shocks in driving headline inflation in the euro area, both directly as well as through their pass-through effects on core inflation. At the peak in October 2022, headline inflation is 10.6%, which is 9.7 percentage points higher than in January 2021. Of this difference, 4.8 percentage points reflect the estimated direct contribution of energy price inflation to headline-inflation shocks, and 4.2 percentage points reflect the associated pass-through effects into core inflation, for a total of 9.0 percentage points (93% of the total rise).

With energy price inflation subsiding in late 2022 and in early 2023, the bulk of the remaining rise in inflation compared with the January 2021 level reflects the pass-through effects of past energy price shocks into core. Pallara et al. (2023) also find that past energy shocks have driven up core inflation in the euro area.

For the US, the results are strikingly different. At the peak in June 2022, headline inflation is 7.5 percentage points higher than in January 2021. Of this difference, 2.8 percentage points reflect the estimated direct contribution of energy price inflation to headline-inflation shocks, and 0.6 percentage point reflects the associated pass-through effects. Headline-inflation shocks arising from other industries, and their associated pass-through effects, together account for 2.3 percentage points. Labour market tightness accounts for 0.8 percentage point of the rise through June 2022. 2 However, with headline inflation shocks later subsiding and turning negative, their direct and pass-through contributions fade. By April 2023, the remaining difference in inflation compared with the January 2021 level fully reflects labour market tightness.

Figure 2 Accounting for the rise in inflation

Decomposition of change in 12-month headline inflation since December 2019 (in percentage points)

Figure 2 Decomposition of change in 12-month headline inflation since December 2019

Note: “Pass-through” denotes the pass-through of past headline-inflation shocks (deviations of headline from core) into core inflation. “Labor market tightness” denotes contribution of change in unemployment gap for euro area, and change in ratio of vacancies to unemployed for US. “Longer-term expectations” denotes contribution of change in longer-term inflation expectations (ECB Survey of Professional Forecasters for euro area, Survey of Professional Forecasters for the US). Based on estimates in Table 1 and Annex Table 1 in Dao et al. (2023).

The impact of unconventional fiscal policies

In such an environment, is there a role for fiscal policy in further reducing inflation? The textbook answer is an unambiguous “yes!”. Tighter fiscal policy can help monetary policy compress demand and reinforce the credibility of the overall disinflation strategy.

Yet, many European countries chose a more ‘unconventional’ fiscal policy path – one that aimed at directly countering the rise in energy prices. Using a combination of transfers, energy subsidies, and tax cuts, the aim was to contain the increase in the price of energy (including electricity and gas) for households and businesses.

To investigate whether the measures reduced inflation and, if so, by how much, we use our estimated Phillips curve framework to construct the counterfactual headline inflation paths that would have occurred in the absence of the fiscal energy measures, all else equal.

We conclude that, without the measures, euro area headline inflation would have been higher in 2022 by about 2 percentage points (Figure 3, left panel). About one-third of this difference reflects the direct impact on headline inflation. Much of the remainder reflects a lower pass-through into core inflation. Moreover, despite their fiscal cost, the measures’ effects on raising core inflation by stimulating aggregate demand have been modest, in part because the euro area has not been excessively overheated (less so than the US, for example). Our estimates also suggest that longer-term inflation expectations, as measured by the ECB’s Survey of Professional Forecasters, would have reached 2.5% by the end of 2022, 0.3 percentage points higher than the observed 2.2%, in the absence of the measures. Overall, the measures have achieved some inflation reduction. 3

Figure 3 Inflation: Actual and counterfactual, 2020-2023 (%)

Figure 3 Inflation: Actual and counterfactual, 2020-2023

Note: Horizontal dashes show 2 percent target for HICP inflation for euro area and 2.3 percent target for CPI based on 2 percent PCE target reported on Federal Reserve Bank of Atlanta Underlying Inflation Dashboard.

Does this mean that measures of this kind should be part of the standard ‘toolkit’? Here, we are more reserved. Two factors helped in the case of the euro area.

First, the energy shock turned out to be more transitory than expected. Had energy prices remained at their peak levels, avoiding the persistent inflationary effects would have required more costly – and probably unsustainable – fiscal interventions. In a counterfactual scenario where the shock to energy prices is more persistent, with energy prices staying at their peak 2022 levels and the fiscal measures being gradually unwound in 2023, headline inflation, pass-through to core, and inflation expectations are substantially higher. The upshot is that the approach is risky – the temporariness of energy price shocks in real time is difficult to ascertain.

Second, European economies were not strongly overheated to start with. The demand effects of fiscal policy on inflation are stronger when the economy is already overheated, on a steeper part of the Phillips curve. In a counterfactual exercise, we implement euro area-style measures in the US and find that headline inflation would have been lower by 1.2 percentage points on average in 2022 but would then have drifted upwards in late 2022 and exceeded the actual level by about 1.6 percentage points by April 2023 (Figure 3, right panel). Using deficit-financed, price-suppressing measures to artificially hold down core inflation in the face of a significantly overheated economy only adds to the inflation fire. At the very least, it is preferable for these measures to be fiscally neutral.

Finally, while it is beyond the scope of our analysis to fully account for the impact of price suppressing measures in one country on neighbouring countries, we note that the effectiveness of such measures depends on how segmented and inelastic energy supply is. In the case of total market segmentation and inelastic supply, measures that lower the price of energy for households and firms in one country drive up the wholesale price of energy for all countries in the same market (Auclert and others 2023). This highlights the importance of coordination for euro area countries. Further work is needed to assess the overall elasticity of supply – which is different for oil, gas, or electricity – and the ability of countries to substitute across energy sources. Designing measures with the aim of preserving price signals at the margin, for instance via non-linear or block subsidies, would allow for demand compression, avoid the risk of shortages, and minimise the fiscal exposure.

Authors’ note: The views expressed in this column are the sole responsibility of the authors and should not be attributed to the International Monetary Fund, its Executive Board, or its management.

References

Auclert, A, H Monnery, M Rognlie, and L Straub (2023), “Managing an Energy Shock: Fiscal and Monetary Policy”, NBER Working Paper 31543..

Ball, L, D Leigh, P Mishra, and A Spilimbergo (2021), “Measuring U.S. Core Inflation: The Stress Test of COVID-19”, IMF Working Paper 2021/291.

Ball, L, D Leigh, and P Mishra (2022), “Understanding U.S. Inflation during the COVID-19 Era,” Brookings Papers on Economic Activity, Fall 2022: 1-54

Blanchard, O, and B Bernanke (2023), “What Caused the US Pandemic-Era Inflation?” NBER Working Paper 31417.

Cerrato, A and G Gitti (2023), “Inflation since COVID: Supply versus demand”, VoxEU.org, 12 June.

Dao, M, A Dizioli, C Jackson, P Gourinchas, and D Leigh (2023), “Unconventional Fiscal Policy in Times of High Inflation,” IMF Working Paper 2023/178.

Pallara, K, L Rossi, M Sfregola, and F Venditti (2023), “The impact of energy shocks on core inflation in the US and the euro area”, VoxEU.org, 14 August.

Footnotes

  1. As Ball et al. (2021) explain, weighted median inflation isolates the core component of inflation more effectively than the traditional core measure of inflation excluding food and energy prices, especially during the COVID-19 era, when much volatility in headline inflation has come from price changes in industries other than food and energy.
  2. Ball et al. (2022) find that headline-inflation shocks other than energy that increased US inflation included shocks associated with backlogs of orders for goods and services, which, they argue, capture problems with supply chains, and changes in prices in auto-related industries.
  3. In complementary analysis, we use the IMF’s Flexible System of Global Models (FSGM) to evaluate the impact of the energy measures implemented in the euro area. The simulation results confirm that the energy measures smooth the path of inflation: reducing the overshoot in 2022-23 and preventing an undershoot in 2024.
  4. https://cepr.org/voxeu/columns/inflation-and-unconventional-fiscal-policy

Evaluación Económica de Políticas Públicas: buscando atajos razonables

 

Evaluación Económica de Políticas Públicas: buscando atajos razonables

Javier Campos

Por Ginés de Rus, Javier Campos, M. Pilar Socorro y Jorge Valido

Una de las funciones del economista que genera una mayor rentabilidad social es ayudar en la selección de políticas públicas. Su contribución – la evaluación económica de las mismas – consiste en estimar el efecto neto sobre el bienestar social de la intervención examinada antes de que esta sea aprobada, ya sea una nueva regulación medioambiental, inversiones en infraestructuras, o un programa educativo o sanitario. La tarea no es fácil, pero renunciar a ella por su dificultad, o sustituirla por sucedáneos como los estudios de impacto, aumenta la discrecionalidad del político en las decisiones de asignación del gasto público y en la elección de cualquier otra intervención que modifique variables esenciales que acaban afectando al bienestar social.

La evaluación económica ex ante o, en otras palabras, el análisis coste-beneficio (ACB) es, en su acepción más genérica, la plasmación de la manera de pensar del economista o, definido como herramienta, la comparación cuantitativa de beneficios y costes sociales de una política comparada con contrafactual. El ACB es la metodología utilizada por los gobiernos de los países más avanzados y agencias supranacionales. Hay manuales de evaluación disponibles (véanse por ejemplo los del BEI, el ADB o la Comisión Europea) que contienen reglas sencillas de medición a partir de cantidades, precios y costes iniciales. También nos proporcionan valores de referencia para los parámetros más utilizados (por ejemplo, el valor del tiempo o el de una vida estadística) y algunas elasticidades (procedentes de estudios econométricos previos) que permiten proyectar los efectos de los cambios en las variables afectadas por la intervención.

Es evidente que los costes y beneficios de algunas actividades son más sencillos de valorar que los de otras; en el caso de las infraestructuras y servicios de transporte, por ejemplo, el ACB se ha desarrollado de manera extraordinaria, generándose un sólido cuerpo teórico y empírico que permite evaluar con cierta garantía una gran cantidad y variedad de proyectos y políticas (aquí).

En diferentes posts anteriores (véase aquí, aquí, aquí, o aquí, entre otros) hemos tenido la ocasión de discutir tanto las ventajas como las limitaciones del ACB, resaltando la necesidad de plantearlo en permanente búsqueda de un compromiso entre reglas sencillas (es decir, fáciles de aplicar y de explicar a los políticos y a la sociedad en su conjunto) pero que al mismo tiempo estén respaldadas por fundamentos teóricos que justifiquen los atajos que se toman para la medición. Dichos fundamentos teóricos minimizan los riesgos de obtener resultados espurios, provocados por dobles contabilizaciones, o por incluir o ignorar efectos en otros mercados afectados por distorsiones significativas.

En esta entrada queremos subrayar la importancia de partir de un marco analítico que permita utilizar dichos atajos razonables en la comparación con otras intervenciones que compiten por la utilización de fondos públicos. En este sentido, hay que insistir en que la evaluación económica de políticas públicas no debe confundirse con los estudios de impacto, como pueden ser la medición de efectos sobre el valor añadido bruto, el empleo, o el efecto multiplicador en la economía. Este no es el objetivo del ACB. Con el ACB buscamos el efecto neto en el bienestar social de una intervención que tendrá efectos en la utilidad de un conjunto amplio de individuos, heterogéneos en preferencias, en renta, afectados a lo largo de diferentes momentos en el tiempo y sometidos a shocks estocásticos que modifican la utilidad obtenida por cada individuo, y en cada periodo, de manera diferente. Un reto nada trivial porque hay que realizarlo situados en el presente, respetando las preferencias individuales y, entre otros retos, valorando bienes para los que no hay mercado. Todo esto sujeto a la disponibilidad de datos.

En un libro reciente, fruto del trabajo metodológico realizado por los autores de este post para la AIReF, con la colaboración de FEDEA e IVIE, y financiación de la Comisión Europea,[1] tomamos como punto de partida un sencillo modelo del que se extraen los criterios y reglas de medición de los beneficios y costes de intervenciones en los mercados de transporte. Posteriormente, aplicamos esta metodología a la evaluación de inversiones ferroviarias (aquí) y a una política de subvenciones al transporte aéreo (aquí y aquí). También analizamos la relación entre la fijación de precios y la inversión en el contexto de la evaluación económica (aquí), y en sus consecuencias para la configuración de equilibrios irreversibles a largo plazo que no serían óptimos con otros sistemas de tarificación.

La idea central que motiva esta entrada es insistir en que la base teórica del ACB no es otra que el equilibrio general y la economía del bienestar, además de la utilización concienzuda de técnicas econométricas. A veces se contrapone, erróneamente, el ACB con los modelos computables de equilibrio general (CGE), aunque en realidad los dos se nutren de la misma base conceptual y analítica. Lo único que hay que hacer es utilizarlos correctamente porque ambos métodos tienen sus limitaciones dependiendo de para qué se utilizan y con qué intención (aquí). Para muchas intervenciones, el ACB es suficiente y menos costoso que construir un modelo CGE específico. La agregación que caracteriza al modelo CGE estándar concebido para analizar grandes shocks en la economía (por ejemplo, liberalización del comercio) suelen ser de poca utilidad para intervenciones específicas. Un modelo CGE concebido para shocks macroeconómicos (con sus tablas input-output nacionales) es incapaz de discriminar, por ejemplo, entre los efectos de una inversión en infraestructuras ferroviarias interurbanas y urbanas.

Hemos afirmado que el ACB no es sinónimo de estudio de impacto y que lo que trata de cuantificar es el efecto neto en bienestar. También hay que recalcar que la aproximación a la evaluación de la intervención es incremental. Sólo cuentan los cambios netos, no la relocalización de actividad (equidad al margen), y todos los cambios cuentan, no solo los del mercado directo sino de otros mercados secundarios sujetos a distorsiones, que se ven afectados de manera significativamente diferente con relación al contrafactual.

La ley recientemente aprobada sobre la institucionalización de la evaluación de políticas públicas defiende la función social de la evaluación y su utilización en la Administración Pública española como procedimiento habitual, incluyendo la creación de una agencia independiente de evaluación. Bienvenida sea, aunque como economistas recalcitrantes no podemos cerrar esta entrada sin llamar la atención sobre las imprecisiones e indefiniciones que contiene la ley con respecto a lo que es la evaluación económica, y como llevarla a cabo; así como la poca independencia real que contempla la ley para aislar de las presiones políticas a los futuros responsable de la evaluación en España (véase el debate aquí).

[1] El informe técnico, encargado a los autores por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para el Spending Review en Infraestructuras de Transporte 2018-2021, fue financiado por la Unión Europea a través del Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales (SRSS). Dicho informe refleja únicamente las opiniones de los autores y no implica una posición política de la Comisión Europea o de la AIReF.

por Javier Campos

Does Monetary Policy Have Long-Run Effects?

 Tiene la política monetaria efectos a LP? by Jordà, Singh & Alan M. Taylor

Si,a muy largo plazo 

 -sobretodo en Capital y productividad 

- más en las subidas de tipos que en las bajadas

https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2023/september/does-monetary-policy-have-long-run-effects/

Does Monetary Policy Have Long-Run Effects?

Òscar Jordà, Sanjay R. Singh, and Alan M. Taylor

Monetary policy is often regarded as having only temporary effects on the economy, moderating the expansions and contractions that make up the business cycle. However, it is possible for monetary policy to affect an economy’s long-run trajectory. Analyzing cross-country data for a set of large national economies since 1900 suggests that tight monetary policy can reduce potential output even after a decade. By contrast, loose monetary policy does not appear to raise long-run potential. Such effects may be important for assessing the preferred stance of monetary policy.


Monetary policy has traditionally been regarded as being “neutral” in the long run. This means that the path of an economy over time is determined by factors other than what the central bank does, including the availability of workers and capital and how productively they can be combined. Monetary policy has generally been viewed as having a moderating influence on cyclical economic fluctuations. Its long-run effects are believed to be limited to nominal variables, such as prices and nominal interest rates.

In this Economic Letter, we examine the long-run implications of monetary policy for the productive capacity of the economy. Using cross-country data for a set of large national economies over the past century, we assess situations when an economy’s productive potential is different than it would otherwise be due to previous monetary interventions. We find that these long-run effects develop primarily through investment decisions that ultimately result in lower productivity and lower capital stock than would be available without policy intervention. These productivity effects persist for at least 12 years following a period of monetary policy tightening.

Policy effects in the short and long run

Traditional theories of how national economies work typically assume that monetary policy is neutral in the long run (for example, Lucas 1996; see Cerra, Fatás, and Saxena 2023 for a more recent literature review). That is, central bank actions such as lowering policy interest rates cannot be used to stimulate the economy indefinitely. Similarly, conventional wisdom implies that tightening policy by raising interest rates might only have temporary consequences for keeping economies running at a healthy pace. In this view, when inflation rises above a central bank’s target, policymakers may be less concerned about the risk of overtightening policy since the costs of doing so are temporary.

Our recent research in Jordà, Singh, and Taylor (2023) casts doubt on this traditional belief. To understand the situations in which monetary policy could have long-term effects, our work described in this Letter delves into historical data to describe how economies grow.

Broadly speaking, three factors determine an economy’s productive potential (see Basu and Fernald 2002). The first two are how much capital is available in an economy and how much labor there is to operate that capital. The more workers and the more machines are available, the more the potential output. The third factor is total factor productivity (TFP), which can be thought of as how cleverly existing stocks of capital and labor can be combined to obtain more output. The more TFP improves, the more the economy can produce, even if no new workers and no new machines are added. TFP growth is therefore a critical driver of economic growth.

How might interest rates affect an economy’s productive potential? Consider two examples. First, think of research and development (R&D) investment. In most cases, interest rates determine how much a business is willing to invest in increasing its capital and how much to invest in R&D, which is a good way to improve TFP. Higher interest rates slow down economic activity and tighten credit conditions; in turn, businesses tend to cut investments in all categories, including R&D (Moran and Queralto 2018). So, a potential mechanism for high interest rates to reduce the economy’s potential is through a reduction of R&D investment. A second example is known as labor scarring. When workers are laid off, their human capital depreciates the longer they remain unemployed. Thus, a slowdown in economic activity due to higher interest rates could generate a loss of the total skill level in the economy. These two simple examples illustrate a different view of how the economy’s potential can be hampered by monetary policy.

Measuring the effects of monetary policy

A key challenge for analyzing data on the macroeconomy is isolating the relationships between economic variables that represent causation rather than correlation. If interest rates are raised when the economy is buoyant and inflation is rising, a simple correlation analysis could mistakenly suggest that high interest rates cause high inflation. In reality, interest rates are typically high because the central bank is trying to bring inflation down. Accounting for such reverse causality in macroeconomic data is crucial for understanding business cycle dynamics and the influence of monetary policy.

The approach we use to separate causation from correlation is based on a simple idea from international economics. Over the past century or more, smaller economies have sometimes pegged their exchange rate to the currency of a bigger economy, usually referred to as the base. In that scenario, the returns on assets with similar risk characteristics will move at a similar pace between the pegging and the base economies. Otherwise, if money is free to flow across borders, investors will borrow where interest rates are low and invest where interest rates are high, eventually equalizing rates in both economies. This is called an arbitrage opportunity, and the mechanism we just described is usually called the trilemma of international finance.

Thus, when the base economy changes interest rates in response to domestic economic conditions, interest rates in the pegging economy will move in tandem, even if that economy’s domestic conditions do not require such an adjustment to interest rates. We use these externally driven interest rate movements as a source of random variation in monetary policy for the pegging economy. Because the change in financial conditions is independent of economic conditions in the pegging country, the resulting impacts are more likely to reflect causation rather than correlation.

We rely on this observation between base and pegging interest rates for our empirical analysis. Using annual data for 17 advanced economies over the period 1900 to 2015 excluding the two World Wars, we estimate how output and its components—labor, capital, and TFP—respond to movements in interest rates generated outside the pegging economy’s borders. We specifically assess the effects of an unexpected increase in interest rates by 1%. We then trace the responses of output, labor, capital, and TFP over the next 12 years. Output is measured as real GDP. Labor is measured as total hours worked, capital stock is constructed from investment in machines and buildings, and TFP is a residual from an aggregate production function using capital and labor as inputs.

Figure 1 show that unexpected changes in monetary policy, known as shocks, can slow the pace of economic activity much more persistently than is commonly believed, all other economic factors being equal. For example, panel A shows that, in response to a 1% increase in interest rates, output would be about 5% lower after 12 years than it would otherwise be. To provide some context for these numbers, consider some data for the United States. A 5% decline in the output trend caused by the monetary intervention relative to the pre-intervention trend would reduce an individual’s income by $3,000 in today’s dollars on average.

Figure 1
Average responses to 1% unexpected increase in policy interest rate: 1900-2015

A. Real GDP B. Components of real GDP

Note: Responses to a 1% unexpected change in domestic short-term interest rate. Full sample: 1900–2015, World Wars excluded. In panel A, darker shading indicates one-standard-error and lighter shading indicates two-standard-error confidence bands around average. See Jordà, Singh, and Taylor (2023) for estimation details.

Panel B of Figure 1 breaks down the response of output into subcomponents of an aggregate production function. In response to a similar 1% increase in interest rates, after 12 years TFP would be about 3% lower and capital would be about 4% lower. However, labor would be about the same as the pre-shock trend. One plausible way to explain this is by considering a model of endogenous growth where investment in R&D determines TFP growth but labor demand is stable over the long run (Fornaro and Wolf 2023). In response to a monetary tightening, investment in productive ideas would fall, slowing TFP growth temporarily. This temporary growth slowdown accumulates to a lower trend level of TFP after the shock abates. Labor, on the other hand, returns to the pre-shock trend because labor usage in the long run is unaffected by the trend level of TFP.

No free lunch

If raising interest rates can have such costs in terms of the longer-run capacity of the economy, what about lowering rates: can a central bank boost the economy’s long-run potential with more accommodative monetary policy through lower interest rates?

Figure 2 shows that this is not the case. When we separate our interest rate experiments into those that resulted in rate hikes versus those that resulted in lower interest rates, we see that there is no free lunch. That is, a central bank might not be able to undo the long-run effects on the economy’s potential by running the economy hot. The blue line shows that lower interest rates have mostly temporary effects that vanish after a few years, as traditional theories predict. However, the red line reinforces the results from Figure 1 that show an increase in interest rates casts a long shadow on the economy.

Figure 2
Real GDP response to unexpected policy rate changes

Real GDP response to unexpected policy rate changes

Note: Responses to a 1% unexpected change in domestic short-term interest rate. Full sample: 1900–2015, World Wars excluded. Shading indicates one-standard-error confidence bands around each average. See Jordà, Singh, and Taylor (2023) for estimation details.

Among the usual caveats to any empirical analysis, we should emphasize that, in our sample, the United States is usually a base economy that other countries peg their currencies to. Therefore, our findings mostly reflect the experiences of pegging economies, not that of the United States. However, in Jordà, Singh, and Taylor (2023) we find evidence using additional data sets, experiments, and methods that suggests similar long-lasting effects for the United States as the ones we report here.

Conclusion

What lessons should we take away from our analysis in this Letter? In line with traditional thought, monetary policy aims at having the economy grow to its potential while keeping inflation low and stable. Our results suggest that a challenge for monetary policy is that, in addition to the effects on current economic activity, variations in policy rates can have unintended lingering effects on potential growth, which may ultimately complicate the calibration of policy.

Òscar Jordà
Senior Policy Advisor, Economic Research Department, Federal Reserve Bank of San Francisco

Sanjay R. Singh
Senior Economist, Economic Research Department, Federal Reserve Bank of San Francisco

Alan M. Taylor
Professor, University of California, Davis, and Visiting Scholar, Federal Reserve Bank of San Francisco

References

Basu, Susanto, and John G. Fernald. 2002. “Aggregate Productivity and Aggregate Technology.” European Economic Review 46(6), pp. 963–991.

Cerra, Valerie, Antonio Fatás, and Sweta C. Saxena. 2023. “Hysteresis and Business Cycles.” Journal of Economic Literature 61(1), pp. 181–225

Fornaro, Luca, and Martin Wolf. 2023. “The Scars of Supply Shocks: Implications for Monetary Policy.” Journal of Monetary Economics, forthcoming.

Jordà, Òscar, Sanjay R Singh, and Alan M Taylor. 2023. “The Long-Run Effects of Monetary Policy.” FRB San Francisco Working Paper 2020-01.

Lucas, Robert E., Jr. 1996. “Nobel Lecture: Monetary Neutrality.” Journal of Political Economy 104(4), pp. 661–682.

Moran, Patrick, and Albert Queralto. 2018. “Innovation, Productivity, and Monetary Policy.” Journal of Monetary Economics 93, pp. 24–41.

Opinions expressed in FRBSF Economic Letter do not necessarily reflect the views of the management of the Federal Reserve Bank of San Francisco or of the Board of Governors of the Federal Reserve System. This publication is edited by Anita Todd and Karen Barnes. Permission to reprint must be obtained in writing.

 

 

Macroeconomic Research, Present and Past

 Lectura introductoria muy útil para curso avanzado de macro (y para poder hablar de macro más allá de cansinas controversias entre "escuelas de pensamiento"

Macroeconomic Research, Present and Past

Citation

Glandon, P. J., Ken Kuttner, Sandeep Mazumder, and Caleb Stroup. 2023. "Macroeconomic Research, Present and Past." Journal of Economic Literature, 61 (3): 1088-1126. DOI: 10.1257/jel.20211609

 

  • P. J. Glandon
  • Ken Kuttner
  • Sandeep Mazumder
  • Caleb Stroup 
  • https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jel.20211609

 

 

 

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