Desarrollo del artículo publicado en el suplemento Dinero de La Vanguardia (19-4-09)
© 2009, Fernando Trías de Bes y Felipe Artalejo
Este documento es el desarrollo del plan de ayuda a las familias publicado en La Vanguardia el 19 de abril de 2009. En él se analizan los detalles de la propuesta, sus riesgos, defectos y modos de minimizarlos. Asímismo, explicamos algunos criterios inicialmente considerados y después descartados.
Introducción
En una época de crecimiento los agentes económicos tienden a esperar un futuro inmediato en función del pasado más reciente. Si nos encontramos en una época de crecimiento elevado, los agentes económicos estimarán que siempre seguirá igual. Esta visión cortoplacista es consustancial al ser humano y, en la mayor parte de los casos, inhibe y anula cualquier visión a largo plazo.
Las etapas de fuerte crecimiento, como la de estos últimos años, crean las semillas de la siguiente recesión. Los desequilibrios que se producen (alto endeudamiento, baja tasa de ahorro, desequilibrios en la balanza de pagos internacionales, baja percepción de riesgo, etc.) tienden a ir más lejos de lo que sería deseable. Del mismo modo, en una época recesiva como la que acaba de iniciarse lo que antes era un círculo virtuoso o espiral positiva que se retroalimentaba se revierte para convertirse en un círculo vicioso o espiral negativa.
Lamentablemente, creemos que la recesión es inevitable, pero lo que sí podemos y debemos hacer es intentar que sea menos duradera y más soportable. Para ello, consideramos que una buena alternativa sería la implementación de varios planes con objetivos delimitados y de fácil gestión. Es más efectivo inhibir el círculo vicioso o recesivo atacándolo en varios puntos y así detener lo que puede acabar en una larga depresión económica.
Planes puntuales, comedidos, acotados y de fácil implementación. Esta es nuestra recomendación. Los grandes planes de rescate no suelen tener un enfoque microeconómico y conllevan demasiado a menudo unos objetivos generales de difícil control y ejecución. Suelen acabar generando un coste muy elevado y unos dudosos resultados.
Este plan se enmarca precisamente en esta sugerencia de planes parciales que inhiban la crisis. Este es un plan moderado y orientado a un colectivo concreto, lo que redunda en una mayor eficiencia. Antes de adentrarnos en los detalles del plan, veamos los fundamentos económicos de esta propuesta.
Las crisis económicas suelen abordarse inyectando dinero a la economía.
Las dos vías fundamentales son:
- la keynesiana
- la monetarista.
La vía keynesiana hace llegar dinero a la economía a través del gasto público y/o incentivos fiscales, con tal de reactivar la demanda. Actualmente, esta vía presenta dos deficiencias.
1- No ataca a corto plazo los problemas de la banca, la cual, bajo el riesgo de morosidad, restringe el crédito y ralentiza la economía productiva. Por otro lado, el gasto público en infraestructuras tarda cierto tiempo en llegar a las PYMES y familias.
2- La deficiencia de aumenta el déficit público, ya de por sí en caida libre.
La vía monetarista (inyecciones de liquidez mediante bajadas de tipos) alivia a los bancos, pero éstos retienen parte de esas inyecciones para fortalecer sus balances. El dinero, incluido el de los Planes de Rescate, se queda en los intermediarios financieros y no llega a las familias y empresas. No debemos olvidar que quienes gastan e invierten son las familias y las empresas, no los bancos. Por eso las billonarias inyecciones norteamericanas no están reactivando la economía.
Es decir, parece que nuestros instrumentos tradicionales son insuficientes para nuestro problema presente. Necesitamos una solución alternativa, para lo cual es preciso entender qué distingue esta crisis de las anteriores.
La raíz del problema
La raíz de nuestro problema es : sobreendeudamiento de garantías insuficientes.
La raíz del problema
La raíz de nuestro problema es : sobreendeudamiento de garantías insuficientes.
Decimos sobreendeudamiento porque debemos demasiado dinero, tenemos que devolverlo y eso no nos deja renta disponible para el consumo. La crisis tiene muchas variantes, pero la principal es que el consumo y la inversión están por los suelos.
Mientras el crédito aumentó, hubo una creciente capacidad de gasto y consumo. Pero el endeudamiento llegó a unos límites históricos. El final de la refinanciación obliga a la devolución de las deudas, con lo que una importante parte de nuestra renta debe utilizarse para devolver el dinero prestado en detrimento del consumo. La reducción del consumo provoca bajadas de actividad de las empresas, lo que se traduce en paro. Las familias con parados ingresan menos en sus hogares, reduciéndose todavía más el dinero para el consumo y así sucesivamente en un diabólico círculo vicioso.
La preocupación de los bancos es que una morosidad hipotecaria desbocada se traduzca en ventas masivas de inmuebles, embargados o entregados como pago. Con el inmobiliario desplomado, esos inmuebles serían insuficientes para cubrir los préstamos en su día concedidos. Eso, suponiendo que puedan venderse, pues el mercado inmobiliario es ahora muy ilíquido. Por eso hablamos de garantías insuficientes.
Todo se origina en un sobreendeudamiento.
Si no debiésemos tanto dinero (deben dinero las familias, las empresas, los bancos y el país) tendríamos más renta disponible para el consumo y la crisis sería más suave. Por tanto, si queremos que la economía vuelva a funcionar, que se recupere el consumo, debemos desendeudar a las familias sobreendeudadas.
En la historia, se han producido numerosos casos de sobreendeudamiento. Normalmente, se desendeuda a un país “fabricando” inflación. El aumento de los precios y salarios empequeñece más rápidamente las deudas contraídas. Para “fabricar” inflación los estados aumentan el gasto o siguen una política monetaria expansiva (las dos vías antes explicadas).- El problema actual es que la inflación es cero o casi negativa.
- El país está tan endeudado, que no podemos absorber más crédito sin incurrir en más morosidad.
Una familia a tope de endeudamiento y sin visos de ver su salario aumentado por la inflación es incapaz de asumir más préstamos. Y si lo asumiera, lo guardaría como forma de protegerse ante un futuro tan incierto. Estamos en lo que Keynes denominó en la década de los 30 la «trampa de la liquidez».
La pertenencia a la Unión Europea nos impide utilizar los principales instrumentos de política monetaria: no podemos devaluar la moneda, tampoco podemos gestionar los tipos de interés ni controlar la cantidad de dinero que inyectamos en la economía. Por lo tanto, el estado se ve obligado a recurrir únicamente a políticas fiscales y gasto público.
A nuestro entender, el principal error de las inyecciones de liquidez es que prestamos más dinero para solucionar que hemos prestado demasiado dinero, lo cual es tan absurdo como contraproducente. Excepto en los casos de financiación de actividades ordinarias de empresas, promover el endeudamiento es insistir en la raíz del problema.
Probablemente nunca antes en la economía se había alcanzado un grado tan elevado de endeudamiento tanto de las familias como de las empresas. Como se sabe, además, la balanza comercial y de pagos son fuertemente deficitarias (de las más deficitarias del mundo). Debemos mucho dinero al extranjero.
-El problema es que el déficit público se está deteriorando muy rápidamente y es previsible que todavía lo haga más, pues la crisis económica reduce la recaudación de impuestos, vía principal de ingresos. Los gastos, sin embargo, aumentan: más prestaciones para desempleo, gasto en infraestructuras para animar la inversión, etc.
En resumen, que hemos alcanzado unas cotas de endeudamiento tan elevadas y estamos en un entorno de deflación y déficit que las soluciones tradicionales de gasto público o inyecciones de liquidez no producen el efecto deseado.
En resumen, que hemos alcanzado unas cotas de endeudamiento tan elevadas y estamos en un entorno de deflación y déficit que las soluciones tradicionales de gasto público o inyecciones de liquidez no producen el efecto deseado.
Necesitamos algo distinto.
Necesitamos, por primera vez en la historia de nuestra economía, desendeudar a las familias. Y es ahí donde se enmarca esta propuesta, que hemos denominado «Plan de Desendeudamiento de Familias». Si se desendeuda a las familias, sí que es posible que baje la morosidad y el consumo se reanime.
-Objetivos del plan
Tenemos un triple objetivo:
-Objetivos del plan
Tenemos un triple objetivo:
- desendeudar temporalmente a las familias
- reducir la morosidad hipotecaria
- aumentar la liquidez bancaria
El plan está pensado para particulares, si bien podría más adelante desarrollarse otro para empresas. Veamos cómo funciona con un sencillo ejemplo.
Desendeudamiento temporal mediante reestructuración hipotecaria
Tomemos el caso de una familia hipotecada en 200.000 euros cuya cuota mensual es de 936 euros (le quedan 25 años y paga un interés de Euríbor+1%). Antes ingresaba 2.500 euros al mes, pero sus ingresos han disminuido a 1.500 euros como consecuencia de la crisis y tiene que vivir con 564 euros al mes.
-Ejemplo de una familia hipotecada con sus ingresos afectados por la crisis.
La familia solicita acogerse al “Plan de desendeudamiento temporal” que el gobierno ha puesto en marcha. Lo hace a través de su entidad bancaria, quien, de acuerdo con la familia, tramita la petición y la envía a un nuevo organismo público que más tarde explicaremos. Este organismo público comprueba que la familia reúne las condiciones requeridas (ver cuadro “Condiciones”) y le concede la ayuda: desendeudará en una parte significativa de la hipoteca a la familia (pongamos en nuestro caso el 50%: 100.000 euros). Para ello, ingresa los 100.000 euros en el banco con la condición de que se destinen a “congelar” la mitad de dicha hipoteca.
El banco dividirá en dos partes la hipoteca: una parte “viva” de 100.000 euros y otra parte “congelada” de otros 100.000 euros. La parte “viva” continuará amortizándose cada mes como hasta ahora, pero se reestructurarían las condiciones para facilitar la devolución: se alargaría el plazo a, por ejemplo, 40 años y se reduciría el tipo de interés hasta, pongamos, el Euríbor+0,25% (el primer año). En nuestro ejemplo, la devolución de la parte “viva” supondría una cuota de 318 euros.
De la parte “congelada” la familia no ha de amortizar nada de momento, pero sí pagar cada mes un tipo de interés subvencionado que hemos estimado en un 1,5% fijo. En nuestra familia, estos intereses suman 125 euros mensuales.
El cálculo de la nueva cuota se haría sumando ambas cifras (318 euros + 125 euros): 443 euros al mes. El banco se quedaría los 318 euros y abonaría al organismo público los 125 euros. Recordemos que la familia, antes de acogerse al plan, pagaba 936 euros cada mes. Gracias al desendeudamiento temporal, pasa a pagar 443 euros. Ahorrará 493 euros mensuales que podrá destinar a un consumo que, en muchos casos, responde a necesidades vitales (ver figura 2b). En lugar de malvivir con 564, ahorá dispondrá de 1.057 euros al mes.
He aquí las tres principales aportaciones de este plan: (1) El dinero público se inyecta a los bancos condicionándolo al desendeudamiento temporal de una familia. (2) Está claro que una familia que ha de pagar cada mes 443 euros en lugar de 936 euros es mucho más solvente, por lo que el riesgo de morosidad de la entidad se reduce ostensiblemente. (3) Con menos riesgo de morosidad y gracias a haber recibido tesorería, el banco incrementa su capacidad para conceder créditos, al menos por el lado del activo.
Cuántas más familias desendeudemos temporalmente, más dinero para consumir y mayor tesorería para el crédito. La reestructuración de hipotecas incidiría sobre el consumo, la morosidad y el crédito. Es difícil cuantificar la magnitud del impacto, pero sí podemos asegurar que el efecto sería inmediato. La crisis no se erradicaría, pero se suavizaría.
Veamos ahora cómo repercute este plan a cada uno de los agentes implicados: familias, bancos, gobierno y resto de contribuyentes.
Familias
1. Criterios de selección de familias
El plan va destinado a cierto tipo de familias cuyos ingresos se han visto mermados por la crisis. Por familias entendemos una unidad familiar (solteros, casados, divorciados o viudos, con o sin hijos) residentes en el territorio español.
Estas familias deben estar actualmente con una deuda cuya carga es excesiva, pero donde se observen unos ingresos todavía recurrentes. Debe haber un cierto grado de solvencia. El grado mínimo de solvencia debería ser definido por el estado a través de una tabla de ingresos mínimos en función del tamaño del hogar y la población.
Del mismo modo, se excluyen a las familias con elevados ingresos, dado que en estos casos es más fácil que por sí solas reestructuren sus gastos para seguir siendo solventes. También excluímos familias con importantes activos líquidos (depósitos, cuentas corrientes, valores mobiliarios, fondos de inversión, etc.).
El plan se destina a familias que tengan su vivienda habitual hipotecada. Descartamos la congelación de hipotecas sobre segundas residencias para dar prioridad a la necesidad básica de un techo bajo el cual vivir.
Asímismo, el valor de mercado (según precio por metro cuadrado y ciudad fijados por tasadoras independientes) debe ser superior al de la carga hipotecaria. Esta última no debería superar el 80% del valor actual de mercado (obviando los precios de plena burbuja inmobiliaria). Finalmente, la nueva cuota resultante a pagar cada mes, una vez reestructurada, no debe superar el 35% de los ingresos mensuales mensuales.
Los condicionantes anteriores tienen su razón de ser. En primer lugar, tratamos de evitar un aumento del elevado déficit público. Como enseguida veremos, la «congelación» de hipotecas va a hacerse eminentemente con dinero privado. Por ello, tanto las garantías hipotecarias como la solvencia de las familias deben ser suficientemente atractivas como para atraer el capital privado.
Este plan está pensado para familias que, sin ayuda, difícilmente saldrán adelante pero que, con esta ayuda, pasan a ser claramente viables. Debe existir una cierta probabilidad de devolución de la deuda.
Somos conscientes de que esto puede parecer impopular. Se ayuda antes a familias con ingresos que a familias con todos los miembros en paro cuando es obvio que estas últimas están más necesitadas. Se ayuda antes a familias con cargas hipotecarias inferiores al valor de mercado de su vivienda y no a las que compraron excesivamente caro y se hipotecaron en casi todo el valor de compra. ¿Es esto justo?
Debemos hablar aquí del denominado riesgo moral. Todo plan de rescate (en cierta manera éste también lo es) lleva asociado un riesgo moral.
Desendeudamiento temporal mediante reestructuración hipotecaria
Tomemos el caso de una familia hipotecada en 200.000 euros cuya cuota mensual es de 936 euros (le quedan 25 años y paga un interés de Euríbor+1%). Antes ingresaba 2.500 euros al mes, pero sus ingresos han disminuido a 1.500 euros como consecuencia de la crisis y tiene que vivir con 564 euros al mes.
-Ejemplo de una familia hipotecada con sus ingresos afectados por la crisis.
La familia solicita acogerse al “Plan de desendeudamiento temporal” que el gobierno ha puesto en marcha. Lo hace a través de su entidad bancaria, quien, de acuerdo con la familia, tramita la petición y la envía a un nuevo organismo público que más tarde explicaremos. Este organismo público comprueba que la familia reúne las condiciones requeridas (ver cuadro “Condiciones”) y le concede la ayuda: desendeudará en una parte significativa de la hipoteca a la familia (pongamos en nuestro caso el 50%: 100.000 euros). Para ello, ingresa los 100.000 euros en el banco con la condición de que se destinen a “congelar” la mitad de dicha hipoteca.
El banco dividirá en dos partes la hipoteca: una parte “viva” de 100.000 euros y otra parte “congelada” de otros 100.000 euros. La parte “viva” continuará amortizándose cada mes como hasta ahora, pero se reestructurarían las condiciones para facilitar la devolución: se alargaría el plazo a, por ejemplo, 40 años y se reduciría el tipo de interés hasta, pongamos, el Euríbor+0,25% (el primer año). En nuestro ejemplo, la devolución de la parte “viva” supondría una cuota de 318 euros.
De la parte “congelada” la familia no ha de amortizar nada de momento, pero sí pagar cada mes un tipo de interés subvencionado que hemos estimado en un 1,5% fijo. En nuestra familia, estos intereses suman 125 euros mensuales.
El cálculo de la nueva cuota se haría sumando ambas cifras (318 euros + 125 euros): 443 euros al mes. El banco se quedaría los 318 euros y abonaría al organismo público los 125 euros. Recordemos que la familia, antes de acogerse al plan, pagaba 936 euros cada mes. Gracias al desendeudamiento temporal, pasa a pagar 443 euros. Ahorrará 493 euros mensuales que podrá destinar a un consumo que, en muchos casos, responde a necesidades vitales (ver figura 2b). En lugar de malvivir con 564, ahorá dispondrá de 1.057 euros al mes.
He aquí las tres principales aportaciones de este plan: (1) El dinero público se inyecta a los bancos condicionándolo al desendeudamiento temporal de una familia. (2) Está claro que una familia que ha de pagar cada mes 443 euros en lugar de 936 euros es mucho más solvente, por lo que el riesgo de morosidad de la entidad se reduce ostensiblemente. (3) Con menos riesgo de morosidad y gracias a haber recibido tesorería, el banco incrementa su capacidad para conceder créditos, al menos por el lado del activo.
Cuántas más familias desendeudemos temporalmente, más dinero para consumir y mayor tesorería para el crédito. La reestructuración de hipotecas incidiría sobre el consumo, la morosidad y el crédito. Es difícil cuantificar la magnitud del impacto, pero sí podemos asegurar que el efecto sería inmediato. La crisis no se erradicaría, pero se suavizaría.
Veamos ahora cómo repercute este plan a cada uno de los agentes implicados: familias, bancos, gobierno y resto de contribuyentes.
Familias
1. Criterios de selección de familias
El plan va destinado a cierto tipo de familias cuyos ingresos se han visto mermados por la crisis. Por familias entendemos una unidad familiar (solteros, casados, divorciados o viudos, con o sin hijos) residentes en el territorio español.
Estas familias deben estar actualmente con una deuda cuya carga es excesiva, pero donde se observen unos ingresos todavía recurrentes. Debe haber un cierto grado de solvencia. El grado mínimo de solvencia debería ser definido por el estado a través de una tabla de ingresos mínimos en función del tamaño del hogar y la población.
Del mismo modo, se excluyen a las familias con elevados ingresos, dado que en estos casos es más fácil que por sí solas reestructuren sus gastos para seguir siendo solventes. También excluímos familias con importantes activos líquidos (depósitos, cuentas corrientes, valores mobiliarios, fondos de inversión, etc.).
El plan se destina a familias que tengan su vivienda habitual hipotecada. Descartamos la congelación de hipotecas sobre segundas residencias para dar prioridad a la necesidad básica de un techo bajo el cual vivir.
Asímismo, el valor de mercado (según precio por metro cuadrado y ciudad fijados por tasadoras independientes) debe ser superior al de la carga hipotecaria. Esta última no debería superar el 80% del valor actual de mercado (obviando los precios de plena burbuja inmobiliaria). Finalmente, la nueva cuota resultante a pagar cada mes, una vez reestructurada, no debe superar el 35% de los ingresos mensuales mensuales.
Los condicionantes anteriores tienen su razón de ser. En primer lugar, tratamos de evitar un aumento del elevado déficit público. Como enseguida veremos, la «congelación» de hipotecas va a hacerse eminentemente con dinero privado. Por ello, tanto las garantías hipotecarias como la solvencia de las familias deben ser suficientemente atractivas como para atraer el capital privado.
Este plan está pensado para familias que, sin ayuda, difícilmente saldrán adelante pero que, con esta ayuda, pasan a ser claramente viables. Debe existir una cierta probabilidad de devolución de la deuda.
Somos conscientes de que esto puede parecer impopular. Se ayuda antes a familias con ingresos que a familias con todos los miembros en paro cuando es obvio que estas últimas están más necesitadas. Se ayuda antes a familias con cargas hipotecarias inferiores al valor de mercado de su vivienda y no a las que compraron excesivamente caro y se hipotecaron en casi todo el valor de compra. ¿Es esto justo?
Debemos hablar aquí del denominado riesgo moral. Todo plan de rescate (en cierta manera éste también lo es) lleva asociado un riesgo moral.
Por riesgo moral se entiende la injusticia resultante de utilizar el dinero de los contribuyentes para favorecer a ciertos colectivos. Es verdad que las familias en paro y sin garantías están más necesitadas, pero también es cierto que si su situación es inviable, refinanciarlas es agravar el problema y el coste del mismo.
Dicho de otro modo: donde la situación no es viable no podemos proceder a una refinanciación a largo plazo. No tiene sentido demorar y agravar un problema que ya hoy se vislumbra como irresoluble. No podemos rebajar cuotas de quienes no pueden asumirlas, de quien no puede aportar un solo euro al mes. No tiene sentido refinanciar una vivienda que no va a poder pagarse durante un número elevado de años.
Pero esto no significa que no debamos ayudar a estas familias. Estamos obligados a hacerlo. Pero no mediante la refinanciación de sus hipotecas, sino de otro modo: ayudas sociales, prolongación de la prestación de desempleo, etc. No podemos dejar a estas familias en la estacada, pero tampoco podemos asumir el pago de sus hipotecas íntegramente .
Cómo se interrumpe el desendeudamiento a lo largo del tiempo
¿Cómo y cuándo vuelve la familia a hacerse cargo de los 100.000 euros “congelados”?
Dicho de otro modo: donde la situación no es viable no podemos proceder a una refinanciación a largo plazo. No tiene sentido demorar y agravar un problema que ya hoy se vislumbra como irresoluble. No podemos rebajar cuotas de quienes no pueden asumirlas, de quien no puede aportar un solo euro al mes. No tiene sentido refinanciar una vivienda que no va a poder pagarse durante un número elevado de años.
Pero esto no significa que no debamos ayudar a estas familias. Estamos obligados a hacerlo. Pero no mediante la refinanciación de sus hipotecas, sino de otro modo: ayudas sociales, prolongación de la prestación de desempleo, etc. No podemos dejar a estas familias en la estacada, pero tampoco podemos asumir el pago de sus hipotecas íntegramente .
Cómo se interrumpe el desendeudamiento a lo largo del tiempo
¿Cómo y cuándo vuelve la familia a hacerse cargo de los 100.000 euros “congelados”?
La idea es que se vayan “descongelando” durante los siguientes 20 años a razón de 5.000 euros por año. Cada 12 meses el banco devolverá 5.000 euros al organismo público y aumentará la parte “viva” de la familia en el mismo importe. Las cuotas mensuales irán subiendo de año en año: tanto por los 5.000 que se “descongelan” como por un aumento paulatino de ese interés del euribor+0,25% que el banco rebajó. Sin embargo, el aumento de las cuotas será gradual, dando tiempo a la familia a que adapte sus gastos y recomponga sus ingresos. Por su parte, el 1,5% fijo de la parte “congelada” no varía.
¿Por qué proponemos esta descongelación paulatina?
¿Por qué proponemos esta descongelación paulatina?
Habíamos contemplado la posibilidad de no descongelar nada durante 20 años, pero descartamos finalmente esta opción. Tenía la ventaja de que daba mucho tiempo a recuperarse, a que la crisis pasase, a recomponer gastos e ingresos. También reducía la deuda en términos reales, gracias al efecto inflación de 20 años. Era una liberación extraordinaria y reflejaba el espíritu de este plan que era dividir una carga insoportable en dos mitades soportables. Sin embargo, se producían dos graves problemas.
El primero era que una persona con su cuota reducida a la mitad y sin tener que asumir más hasta al cabo de 20 años tenderá a pensar: “estoy liberado, puedo volver a gastar lo que quiera”. Psicológicamente, necesitamos mantener a la familia desendeudada consciente de que tiene una carga pendiente por asumir. Y la mejor manera de hacerlo es que cada año lo vaya constatando. El incremento en la cuota es muy progresivo, pero sirve para permanecer alerta, ser cautelosos y no tirar la casa por la ventana. Ya sabemos que el ser humano es cortoplacista y en cuanto un problema lo erradicamos, aunque sea temporalmente, tendemos a olvidar que existe.
El segundo problema era precisamente este: si la familia no actuaba consecuentemente, si no adaptaba paulatinamente sus gastos a sus ingresos, podía suceder que al cabo de 20 años la carga volviera a ser inasumible. Si se acostumbraba a vivir con un sobrante elevado demasiado tiempo, acabaría por gastar más de la cuenta, y asumír nuevas obligaciones. Cuando llegase la fecha, una descongelación repentina de la hipoteca pendiente se haría dificultosa otra vez, volviendo al mismo problema que hoy tenemos, pero 20 años más tarde..
Finalmente, para el banco, como enseguida veremos, la devolución paulatina permite una mejor planificación de su tesorería.
Coste extra que asume una familia con su hipoteca reestructurada
Como podrá observarse en las tablas anteriores, con este plan no se descuenta nada del precio de la vivienda de la familia, pues no podemos retroceder en el tiempo y deshacer su compra, pero se le ha ayudado con una importante reducción de su cuota cuando estuvo en problemas. Es también cierto que la familia acabará pagando más intereses. Esto se debe a que la parte “congelada” no se amortiza y sí devenga intereses. No es una cantidad desorbitada, e intentamos compensarla con el interés subvencionado del 1,5% fijo a 20 años. Además, este coste incentivará a que las familias interrumpan el desendeudamiento temporal en cuanto su situación mejore. En nuestro ejemplo, la familia, si permanece desendeudada los 20 años, habrá pagado 48.630 euros más (el coste de la viabilidad de su hipoteca es de 202 euros al mes durante 20 años).
Puede que este coste adicional no interese a algunas personas o no lo consideren justo. No se obliga a nadie a acogerse a esta ayuda. Y si alguien lo hace y no le convence, solicita la interrupción, y punto.
De todos modos, si bien en términos nominales sí se paga más, tal vez no en términos reales. Lo que cada año se “descongela” representará una menor carga sobre la renta familiar debido al efecto inflación que con los años pueda observarse.
Pero puede darse que si, felizmente, la crisis remite, los ingresos de esa familia remonten antes de lo previsto y se sienta capaz de interrumpir su desendeudamiento “descongelando” de un plumazo lo que falte. En tal caso, lo solicita y se formaliza una nueva hipoteca por el total. De este modo, el extra coste se reduciría. No es lo mismo estar refinanciado 20 años, que 5.
Riesgo de la reducción de cuotas mensuales hipotecarias
Un punto clave de este plan es que las familias no aprovechen la reducción de su cuota para solicitar nuevos préstamos a otras entidades. Todo se vendría abajo, pues se encubriría una morosidad inminente que, a medida que la cuota aumentase, saldría a relucir. La consecuencia sería nefasta: habríamos financiado la amplificación de una insolvencia.
Alguien podría argumentar que de este modo no podrán adquirir bienes de consumo duraderos cuya adquisición es beneficiosa para la economía (un coche a crédito, un televisor a plazos, etc.). Recordemos que el objetivo del dinero adicional que liberamos cada mes a las familias es poder vivir holgadamente o amortizar deuda, pero no promover más endeudamiento con una política de desendeudamiento, lo que podría resultar letal.
En este sentido, debería prohibirse a través de la Central de Información de Riesgos del Banco de España que las familias desendeudadas por el estado estén endeudándose por otro lado (casos excepcionales, como una enfermedad, se tratarían debidamente).
Bancos
La entidad financiera que aplicase este plan sobre un significativo número de clientes se beneficiaría de 5 ventajas.
El primero era que una persona con su cuota reducida a la mitad y sin tener que asumir más hasta al cabo de 20 años tenderá a pensar: “estoy liberado, puedo volver a gastar lo que quiera”. Psicológicamente, necesitamos mantener a la familia desendeudada consciente de que tiene una carga pendiente por asumir. Y la mejor manera de hacerlo es que cada año lo vaya constatando. El incremento en la cuota es muy progresivo, pero sirve para permanecer alerta, ser cautelosos y no tirar la casa por la ventana. Ya sabemos que el ser humano es cortoplacista y en cuanto un problema lo erradicamos, aunque sea temporalmente, tendemos a olvidar que existe.
El segundo problema era precisamente este: si la familia no actuaba consecuentemente, si no adaptaba paulatinamente sus gastos a sus ingresos, podía suceder que al cabo de 20 años la carga volviera a ser inasumible. Si se acostumbraba a vivir con un sobrante elevado demasiado tiempo, acabaría por gastar más de la cuenta, y asumír nuevas obligaciones. Cuando llegase la fecha, una descongelación repentina de la hipoteca pendiente se haría dificultosa otra vez, volviendo al mismo problema que hoy tenemos, pero 20 años más tarde..
Finalmente, para el banco, como enseguida veremos, la devolución paulatina permite una mejor planificación de su tesorería.
Coste extra que asume una familia con su hipoteca reestructurada
Como podrá observarse en las tablas anteriores, con este plan no se descuenta nada del precio de la vivienda de la familia, pues no podemos retroceder en el tiempo y deshacer su compra, pero se le ha ayudado con una importante reducción de su cuota cuando estuvo en problemas. Es también cierto que la familia acabará pagando más intereses. Esto se debe a que la parte “congelada” no se amortiza y sí devenga intereses. No es una cantidad desorbitada, e intentamos compensarla con el interés subvencionado del 1,5% fijo a 20 años. Además, este coste incentivará a que las familias interrumpan el desendeudamiento temporal en cuanto su situación mejore. En nuestro ejemplo, la familia, si permanece desendeudada los 20 años, habrá pagado 48.630 euros más (el coste de la viabilidad de su hipoteca es de 202 euros al mes durante 20 años).
Puede que este coste adicional no interese a algunas personas o no lo consideren justo. No se obliga a nadie a acogerse a esta ayuda. Y si alguien lo hace y no le convence, solicita la interrupción, y punto.
De todos modos, si bien en términos nominales sí se paga más, tal vez no en términos reales. Lo que cada año se “descongela” representará una menor carga sobre la renta familiar debido al efecto inflación que con los años pueda observarse.
Pero puede darse que si, felizmente, la crisis remite, los ingresos de esa familia remonten antes de lo previsto y se sienta capaz de interrumpir su desendeudamiento “descongelando” de un plumazo lo que falte. En tal caso, lo solicita y se formaliza una nueva hipoteca por el total. De este modo, el extra coste se reduciría. No es lo mismo estar refinanciado 20 años, que 5.
Riesgo de la reducción de cuotas mensuales hipotecarias
Un punto clave de este plan es que las familias no aprovechen la reducción de su cuota para solicitar nuevos préstamos a otras entidades. Todo se vendría abajo, pues se encubriría una morosidad inminente que, a medida que la cuota aumentase, saldría a relucir. La consecuencia sería nefasta: habríamos financiado la amplificación de una insolvencia.
Alguien podría argumentar que de este modo no podrán adquirir bienes de consumo duraderos cuya adquisición es beneficiosa para la economía (un coche a crédito, un televisor a plazos, etc.). Recordemos que el objetivo del dinero adicional que liberamos cada mes a las familias es poder vivir holgadamente o amortizar deuda, pero no promover más endeudamiento con una política de desendeudamiento, lo que podría resultar letal.
En este sentido, debería prohibirse a través de la Central de Información de Riesgos del Banco de España que las familias desendeudadas por el estado estén endeudándose por otro lado (casos excepcionales, como una enfermedad, se tratarían debidamente).
Bancos
La entidad financiera que aplicase este plan sobre un significativo número de clientes se beneficiaría de 5 ventajas.
-1 Reducción de morosidad
-2 Aumento de liquidez. Además,
-3 Ssu balance se alivia durante un plazo de tiempo largo.
-4-El dinero recibido del estado responde a una petición de un cliente y no suya, algo indispensable para mantener la confianza de los depositantes.
5-- Mientras dure el desendeudamiento, el banco comparte con el organismo público el riesgo de impago.
Aclaremos esto último. Si la familia desendeudada empeora su situación y no puede ni siquiera abonar cada mes una cuota que se ha reducido casi a la mitad, el banco, por desgracia, embargará la vivienda y la sacará a subasta. Lo obtenido se repartirá entre el banco y el organismo público, proporcionalmente a lo que a cada uno le faltaba por cobrar.
Que nadie piense que aquí está el truco. Esta propuesta no puede bajo ningún concepto convertirse en una forma encubierta de colocar créditos incobrables o inmuebles sobrevalorados a los contribuyentes. Para impedirlo es indispensable una buena fijación de las Condiciones para la Solicitud, tanto de las familias beneficiarias como de los inmuebles que actúan como garantía.
Este plan no aspira a adquirir activos tóxicos o inmuebles vacíos, sino todo lo contrario: evitarlo, hacer viable su devolución, asegurar la vivienda habitual de mucha gente, permitir que pasen la crisis dignamente y no tener que tapar agujeros de bancos con dinero público cuando ya es demasiado tarde. Por eso es preciso desendeudar a familias cuyas cuotas, una vez reestructuradas y reducidas, cumplan los criterios tradicionales de aprobación de hipotecas anteriores a la burbuja inmobiliaria y cuyas viviendas valgan más que las cargas que sobre ellas gravan. Insistimos en que esto es bastante simple de conseguir.
Las ventajas cualitativas son importantes: por un lado, la viabilidad del cobro de una serie de hipotecas que están pendiendo de un hilo. La reducción del riesgo de morosidad tiene, evidentemente, ventajas económicas asociadas. Por ejemplo, con menos temor de impagos la banca no retendrá tanto dinero, por lo que esto redundará en mayor crédito para PYMES y empresas y, por supuesto, también supondrá mayores ingresos para el banco.
La segunda ventaja cualitativa es la que se deriva de compartir durante unos años con el estado la pérdida económica que se derivaría de un eventual embargo. Ya se ha comentado que no es este el objetivo de este plan, pero, al compartir riesgos el banco podrá renegociar mejor sus renovaciones de pasivo en el mercado interbancario y en los mercados internacionales de capitales.
También es muy importante señalar que si un banco tiene un elevado número de clientes “desendeudados” no es sinónimo de debilidad, sino lo contrario. Un banco que acepta reestructurar un elevado número de hipotecas verá aumentada su solvencia, lo que redundará en mayor confianza. Esta solución es mucho mejor que la desconfianza que entre los depositantes crea ver cómo un organismo público inyecta liquidez para evitar una quiebra.
Riesgo moral
El principal riesgo moral por lo que respecta a los bancos es que coloquen activos tóxicos y verdaderamente dudosos al FNRH. En los casos en que el banco tenga en su balance créditos hipotecarios potencialmente morosos y que no cumplan los requisitos establecidos en páginas anteriores, debe ser el banco quien gestione su riesgo. El FNRH no compra activos tóxicos o hipotecas de escasas garantías. Tampoco las refinancia. El dinero privado huiría en tromba de algo así, y la financiación de un número elevado de familias acabaría por ser inviable. Pensemos que con dinero público exclusivamente este plan no puede llevarse a cabo: el aumento de deuda pública sería demasiado elevado.
Debe ser el banco el único responsable de los créditos que hoy sabemos incobrables. No podemos utilizar el dinero de los contribuyentes para premiar a los bancos que no han gestionado o no han sabido gestionar bien su riesgo. Por eso decíamos en el epígrafe “Familias” que las verdaderamente morosas deben ser ayudadas, pero no a través de la financiación de sus viviendas, si no las pueden pagar incluso reestructurando su hipoteca. La ayuda debe ir en otro sentido: lamentablemente, ayuda humanitaria.
Gobierno
Hemos explicado que un organismo público inyectaba los 100.000 euros de nuestro ejemplo. Podríamos llamar a este organismo Fondo Nacional de Reestructuración Hipotecaria (FNRH).
El gobierno sería el encargado de la constitución del Fondo Nacional de Reestructuración Hipotecaria del que hemos hablado (FNRH), encargado de financiar todas las congelaciones de hipotecas solicitadas y aprobadas.
El FNRH debería constituírse con capital 100% público (un pequeño importe de, por ejemplo, 1.000 millones de euros) y posteriormente ir realizando emisiones de obligaciones para aumentar los activos. La idea es que en el pasivo del FNRH el capital público represente una cifra inferior al 5%. El resto, un 95% o más, correspondería a las emisiones de deuda.
El gobierno sería también el encargado de la gestión del FNRH: básicamente, analizar las solicitudes de las familias y los condicionantes para su aceptación. Establecería y revisaría con carácter anual los valores de mercado de las viviendas de modo que puedan evaluarse las garantías reales que pesan sobre las hipotecas que temporalmente adquiere.
Podría pensarse que al estar las obligaciones garantizadas por el Estado, no deberíamos dejar fuera de la reestructuración de hipotecas a las familias consideradas no viables o que no cumplen los requisitos establecidos. No olvidemos que se trata de evitar que esto se convierta en un modo de transferir activos toxicos a los contribuyentes. Por tanto, no sólo se trata de que los inversores privados se sientan cómodos con el balance del FNRH para comprar sus obligaciones. También se trata de no utilizar el dinero público para refinanciar viviendas que difícilmente podrán acabar de pagarse.
El FNRH no intervendría en cómo gestiona el banco la tesorería que le ha cedido para descongelar el crédito de sus solicitantes. Creemos que no es bueno interferir en el trabajo de los bancos, pues ellos son los especialistas en gestionar riesgos. La historia también demuestra que los gobiernos que entran a influir en el negocio bancario acaban con decisiones politizadas y no estrictamente técnicas.
El activo del FNRH estaría compuesto por liquidez en su primer momento y, con el tiempo, se crearía una cartera crediticia (las hipotecas congeladas). Esta cartera gozará de una suficiente solvencia: se ha concedido a familias con elevado potencial de devolución y son créditos cuyo colateral (garantía real que hay detrás) estará compuesto por viviendas habituales que cubrían en el momento de su constitución más del 120% de valor del crédito pendiente que sobre ellas gravaba.
Con esto conseguiríamos una gestión eficiente del dinero de los contribuyentes. A pesar de ello, seguramente en el activo del FNRH acabarían apareciendo créditos morosos, pero con el tiempo, y debido a las altas garantías, se iría recuperando gran parte o la totalidad del riesgo inicial.
El gobierno debería negociar con el Colegio de Notarios una tarifa plana reducida por estas modificaciones, de modo que los costes asociados de estas modificaciones registrales sea mínimo. Todos los agentes económicos y sociales deben poner de su parte para contribuir a subsanar esta crisis.
Financiación del FNRH
El FNRH sería una entidad pública con capacidad de emitir Obligaciones Garantizadas por el Estado. El FNRH aspira a financiarse con dinero privado para no aumentar nuestro creciente déficit público. Cualquier inversor privado, ahorrador o fondo de inversión puede adquirirlos. La prioridad sería que la suscripción se produjera en los mercados internacionales con el fin de incrementar la liquidez en el sistema financiero español y no afectar a los depósitos de los bancos.
Las obligaciones serían a largo plazo y cotizarían en un Mercado de Valores. El capital estaría garantizado por el Estado al 100% y pagarían un interés del 5%.
De algún modo, las obligaciones del FNRH son una titulización de deuda, pero bien hecha. Utilizamos los mecanismos que inflaron la burbuja para desendeudar temporalmente a las familias y captar liquidez, pero esta vez con criterios de máxima prudencia y con la garantía del Estado. Todo esto supondrá mucho trabajo adicional para la Administración.
Dado que por cada euro de obligaciones emitidas el FNRH paga un interés del 5% a los inversores y recibe un 1,5% del banco, aquí sí hay un coste público: el 3,5% de todas las hipotecas “congeladas” (5,0% menos 1,5%). Sin embargo, un 3,5% es mucho menos que la compra directa de activos tóxicos, que supondría una pérdida mucho mayor.
Cada reestructuración genera una serie de costes, tanto a la familia como al estado y la banca. Del total, estimamos que un 40% será soportado por la familia solicitante, y un 60% por el estado y la banca a partes iguales.
Impacto sobre la economía
Veamos el impacto sobre la economía: supongamos que el Estado capta 15.000 millones de euros en obligaciones. Igual que en nuestro ejemplo la inyección de 100.000 euros aliviaba una hipoteca de 200.000, la inyección de 15.000 millones aliviaría 30.000 millones de euros de hipotecas, beneficiando a unas 200.000 familias. El coste público sería de 525 millones (3,5% de 15.000 millones), una cifra perfectamente asumible por los Presupuestos Generales. Con 525 millones de euros hemos mejorado la viabilidad de 30.000 millones de euros en hipotecas. El apalancamiento es enorme: 1 euro de gasto público reduce el riesgo de morosidad de 57 euros del sistema bancario.
Si bien el objetivo sería que cualquier familia que cumpliese los criterios pudiera acogerse al plan, consideramos que debemos ir despacio y no caer en el error de grandilocuentes planes de rescate de importes desorbitados que, cuando no dan los resultados esperados, comprometen los recursos disponibles y dilapidan el dinero público. Es preferible emitir obligaciones progresivamente, sin prisa pero sin pausa. Si el plan funciona, tendremos tiempo de correr.
Disolución del FNRH
El FNRH se concibe como un organismo con fecha de caducidad. Estamos ante una solución puntual a una pelota de endeudamiento que se ha hecho demasiado grande, pero no podemos mantener indefinidamente un sistema de refinanciación de familias sobreendeudadas, pues no tiene sentido alguno.
La disolución está prevista para al cabo de 20 años desde que conceda la última ayuda. Puede ocurrir que, debido a algunos casos concretos de morosidad, el activo tarde en liquidarse un poco más, pero lo que sí debe definirse en una fecha a partir de la cual no adquiere más créditos de la banca.
Contribuyentes
Como hemos visto, parte de los impuestos que pagamos los contribuyentes se destinan a financiar la solvencia de sólo unas familias españolas escogidas. Se hace con el objetivo de que no tengamos que poner más dinero que el que habría que poner si estas familias acabasen siendo morosas y esta morosidad acabara por hundir al banco.
A buen seguro que habrá personas a quienes este plan no les parecerá bien. Toda ayuda pública conlleva un riesgo moral, como se ha dicho. Cuando el gobierno ayuda a la industria de la automoción los empresarios del sector de la hostelería, por ejemplo, pueden sentirse marginados. ¿Por qué a la automoción sí y a nosotros no?, clamarán. Es lógico y legítimo. Pero el dinero público es limitado y debe gestionarse de modo que, con la mínima aportación, el impacto sobre la economía y el sistema financiero sea máximo.
Nosotros consideramos que el plan que aquí proponemos reúne estas características. Las familias cuyas hipotecas sean reestructuradas son ayudadas temporalmente, pero habrán de pagar igualmente su vivienda por el importe que en su momento aceptaron y asumir una parte de los intereses que supone la “congelación”. El apalancamiento, como hemos visto, es enorme: 1 euro público ayuda a la viabilidad de 57 euros privados, perjudicando así lo menos posible a los contribuyentes.
También hay que insistir en que este plan no excluye la creación de otros. Ya hemos comentado en la introducción que la aminoración de la crisis pasa por un conjunto de planes independientes y acotados. Este es, simplemente, uno de ellos. Por tanto, no excluimos a otras personas de ser ayudadas, sino que sólo las excluimos de este plan concreto. A nivel familias, los colectivos que en este sentido podrían sentirse perjudicados serían:
Las familias sin ingresos a quienes no conceden la ayuda por ser consideradas insolventes.
Los que están dentro de las condiciones pero que, de momento no se les puede ayudar hasta no captar más dinero (debería establecerse un orden de preferencia que combinase fecha de solicitud y un rating para la solvencia y otro para la urgencia).
Quienes cautamente no se hipotecaron y ahora nadie les financia nada (éstos, sin embargo, podrán comprar a precios más competitivos, debido al derrumbe de los precios tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria).
Los pensionistas que no pagan hipotecas, pero que tienen para consumir menos que las familias a las que vamos a financiar.
Las personas que viven de alquiler. Sobre todo, las que están en paro.
Consideraciones finales
Esta propuesta es la aceptación colectiva de nuestros errores cometidos en el pasado. Este es seguramente su principal inconveniente. Pero recordemos que sólo superan sus errores quienes los asumen plenamente.
La solución que aquí proponemos no es una panacea, pero ayudará a hacer la travesía del desierto más llevadera y breve, pues sea como sea, tenemos un desierto por cruzar. Y, sobre todo, se trata de remar en la dirección contraria de la espiral negativa y ayudar a muchas personas a recuperar la ilusión.
Un último apunte económico: este plan va contra la lógica habitual, que es captar o emitir dinero para aumentar el endeudamiento. Proponemos lo contrario: utilizar dinero para desendeudar durante los años de crisis. Ponemos la solvencia del país por delante de una expansión monetaria que, abocada a más endeudamiento, podría resultar letal.
Intuimos que este plan abre un camino a nuevos instrumentos de política económica para las recesiones. De hecho, hemos utilizado herramientas propias de la microeconomía para construir con ellas instrumentos de política macroeconómica.
Nuevas variantes
Finalmente, queremos significar que este plan puede desarrollarse con variantes para PYMES o empresas, así como para otro tipo de deudas de dudoso cobro. Si el Estado lo pusiera en marcha y funcionase bien, tal vez podría incluso plantearse un fondo con capital exclusivamente público para reestructurar las hipotecas de las familias que quedan fuera de las condiciones establecidas, familias insolventes y sin ingresos, pero que, con el tiempo, podrían volver a serlo.
© 2009, Fernando Trías de Bes y Felipe Artalejo
Aclaremos esto último. Si la familia desendeudada empeora su situación y no puede ni siquiera abonar cada mes una cuota que se ha reducido casi a la mitad, el banco, por desgracia, embargará la vivienda y la sacará a subasta. Lo obtenido se repartirá entre el banco y el organismo público, proporcionalmente a lo que a cada uno le faltaba por cobrar.
Que nadie piense que aquí está el truco. Esta propuesta no puede bajo ningún concepto convertirse en una forma encubierta de colocar créditos incobrables o inmuebles sobrevalorados a los contribuyentes. Para impedirlo es indispensable una buena fijación de las Condiciones para la Solicitud, tanto de las familias beneficiarias como de los inmuebles que actúan como garantía.
Este plan no aspira a adquirir activos tóxicos o inmuebles vacíos, sino todo lo contrario: evitarlo, hacer viable su devolución, asegurar la vivienda habitual de mucha gente, permitir que pasen la crisis dignamente y no tener que tapar agujeros de bancos con dinero público cuando ya es demasiado tarde. Por eso es preciso desendeudar a familias cuyas cuotas, una vez reestructuradas y reducidas, cumplan los criterios tradicionales de aprobación de hipotecas anteriores a la burbuja inmobiliaria y cuyas viviendas valgan más que las cargas que sobre ellas gravan. Insistimos en que esto es bastante simple de conseguir.
Las ventajas cualitativas son importantes: por un lado, la viabilidad del cobro de una serie de hipotecas que están pendiendo de un hilo. La reducción del riesgo de morosidad tiene, evidentemente, ventajas económicas asociadas. Por ejemplo, con menos temor de impagos la banca no retendrá tanto dinero, por lo que esto redundará en mayor crédito para PYMES y empresas y, por supuesto, también supondrá mayores ingresos para el banco.
La segunda ventaja cualitativa es la que se deriva de compartir durante unos años con el estado la pérdida económica que se derivaría de un eventual embargo. Ya se ha comentado que no es este el objetivo de este plan, pero, al compartir riesgos el banco podrá renegociar mejor sus renovaciones de pasivo en el mercado interbancario y en los mercados internacionales de capitales.
También es muy importante señalar que si un banco tiene un elevado número de clientes “desendeudados” no es sinónimo de debilidad, sino lo contrario. Un banco que acepta reestructurar un elevado número de hipotecas verá aumentada su solvencia, lo que redundará en mayor confianza. Esta solución es mucho mejor que la desconfianza que entre los depositantes crea ver cómo un organismo público inyecta liquidez para evitar una quiebra.
Riesgo moral
El principal riesgo moral por lo que respecta a los bancos es que coloquen activos tóxicos y verdaderamente dudosos al FNRH. En los casos en que el banco tenga en su balance créditos hipotecarios potencialmente morosos y que no cumplan los requisitos establecidos en páginas anteriores, debe ser el banco quien gestione su riesgo. El FNRH no compra activos tóxicos o hipotecas de escasas garantías. Tampoco las refinancia. El dinero privado huiría en tromba de algo así, y la financiación de un número elevado de familias acabaría por ser inviable. Pensemos que con dinero público exclusivamente este plan no puede llevarse a cabo: el aumento de deuda pública sería demasiado elevado.
Debe ser el banco el único responsable de los créditos que hoy sabemos incobrables. No podemos utilizar el dinero de los contribuyentes para premiar a los bancos que no han gestionado o no han sabido gestionar bien su riesgo. Por eso decíamos en el epígrafe “Familias” que las verdaderamente morosas deben ser ayudadas, pero no a través de la financiación de sus viviendas, si no las pueden pagar incluso reestructurando su hipoteca. La ayuda debe ir en otro sentido: lamentablemente, ayuda humanitaria.
Gobierno
Hemos explicado que un organismo público inyectaba los 100.000 euros de nuestro ejemplo. Podríamos llamar a este organismo Fondo Nacional de Reestructuración Hipotecaria (FNRH).
El gobierno sería el encargado de la constitución del Fondo Nacional de Reestructuración Hipotecaria del que hemos hablado (FNRH), encargado de financiar todas las congelaciones de hipotecas solicitadas y aprobadas.
El FNRH debería constituírse con capital 100% público (un pequeño importe de, por ejemplo, 1.000 millones de euros) y posteriormente ir realizando emisiones de obligaciones para aumentar los activos. La idea es que en el pasivo del FNRH el capital público represente una cifra inferior al 5%. El resto, un 95% o más, correspondería a las emisiones de deuda.
El gobierno sería también el encargado de la gestión del FNRH: básicamente, analizar las solicitudes de las familias y los condicionantes para su aceptación. Establecería y revisaría con carácter anual los valores de mercado de las viviendas de modo que puedan evaluarse las garantías reales que pesan sobre las hipotecas que temporalmente adquiere.
Podría pensarse que al estar las obligaciones garantizadas por el Estado, no deberíamos dejar fuera de la reestructuración de hipotecas a las familias consideradas no viables o que no cumplen los requisitos establecidos. No olvidemos que se trata de evitar que esto se convierta en un modo de transferir activos toxicos a los contribuyentes. Por tanto, no sólo se trata de que los inversores privados se sientan cómodos con el balance del FNRH para comprar sus obligaciones. También se trata de no utilizar el dinero público para refinanciar viviendas que difícilmente podrán acabar de pagarse.
El FNRH no intervendría en cómo gestiona el banco la tesorería que le ha cedido para descongelar el crédito de sus solicitantes. Creemos que no es bueno interferir en el trabajo de los bancos, pues ellos son los especialistas en gestionar riesgos. La historia también demuestra que los gobiernos que entran a influir en el negocio bancario acaban con decisiones politizadas y no estrictamente técnicas.
El activo del FNRH estaría compuesto por liquidez en su primer momento y, con el tiempo, se crearía una cartera crediticia (las hipotecas congeladas). Esta cartera gozará de una suficiente solvencia: se ha concedido a familias con elevado potencial de devolución y son créditos cuyo colateral (garantía real que hay detrás) estará compuesto por viviendas habituales que cubrían en el momento de su constitución más del 120% de valor del crédito pendiente que sobre ellas gravaba.
Con esto conseguiríamos una gestión eficiente del dinero de los contribuyentes. A pesar de ello, seguramente en el activo del FNRH acabarían apareciendo créditos morosos, pero con el tiempo, y debido a las altas garantías, se iría recuperando gran parte o la totalidad del riesgo inicial.
El gobierno debería negociar con el Colegio de Notarios una tarifa plana reducida por estas modificaciones, de modo que los costes asociados de estas modificaciones registrales sea mínimo. Todos los agentes económicos y sociales deben poner de su parte para contribuir a subsanar esta crisis.
Financiación del FNRH
El FNRH sería una entidad pública con capacidad de emitir Obligaciones Garantizadas por el Estado. El FNRH aspira a financiarse con dinero privado para no aumentar nuestro creciente déficit público. Cualquier inversor privado, ahorrador o fondo de inversión puede adquirirlos. La prioridad sería que la suscripción se produjera en los mercados internacionales con el fin de incrementar la liquidez en el sistema financiero español y no afectar a los depósitos de los bancos.
Las obligaciones serían a largo plazo y cotizarían en un Mercado de Valores. El capital estaría garantizado por el Estado al 100% y pagarían un interés del 5%.
De algún modo, las obligaciones del FNRH son una titulización de deuda, pero bien hecha. Utilizamos los mecanismos que inflaron la burbuja para desendeudar temporalmente a las familias y captar liquidez, pero esta vez con criterios de máxima prudencia y con la garantía del Estado. Todo esto supondrá mucho trabajo adicional para la Administración.
Dado que por cada euro de obligaciones emitidas el FNRH paga un interés del 5% a los inversores y recibe un 1,5% del banco, aquí sí hay un coste público: el 3,5% de todas las hipotecas “congeladas” (5,0% menos 1,5%). Sin embargo, un 3,5% es mucho menos que la compra directa de activos tóxicos, que supondría una pérdida mucho mayor.
Cada reestructuración genera una serie de costes, tanto a la familia como al estado y la banca. Del total, estimamos que un 40% será soportado por la familia solicitante, y un 60% por el estado y la banca a partes iguales.
Impacto sobre la economía
Veamos el impacto sobre la economía: supongamos que el Estado capta 15.000 millones de euros en obligaciones. Igual que en nuestro ejemplo la inyección de 100.000 euros aliviaba una hipoteca de 200.000, la inyección de 15.000 millones aliviaría 30.000 millones de euros de hipotecas, beneficiando a unas 200.000 familias. El coste público sería de 525 millones (3,5% de 15.000 millones), una cifra perfectamente asumible por los Presupuestos Generales. Con 525 millones de euros hemos mejorado la viabilidad de 30.000 millones de euros en hipotecas. El apalancamiento es enorme: 1 euro de gasto público reduce el riesgo de morosidad de 57 euros del sistema bancario.
Si bien el objetivo sería que cualquier familia que cumpliese los criterios pudiera acogerse al plan, consideramos que debemos ir despacio y no caer en el error de grandilocuentes planes de rescate de importes desorbitados que, cuando no dan los resultados esperados, comprometen los recursos disponibles y dilapidan el dinero público. Es preferible emitir obligaciones progresivamente, sin prisa pero sin pausa. Si el plan funciona, tendremos tiempo de correr.
Disolución del FNRH
El FNRH se concibe como un organismo con fecha de caducidad. Estamos ante una solución puntual a una pelota de endeudamiento que se ha hecho demasiado grande, pero no podemos mantener indefinidamente un sistema de refinanciación de familias sobreendeudadas, pues no tiene sentido alguno.
La disolución está prevista para al cabo de 20 años desde que conceda la última ayuda. Puede ocurrir que, debido a algunos casos concretos de morosidad, el activo tarde en liquidarse un poco más, pero lo que sí debe definirse en una fecha a partir de la cual no adquiere más créditos de la banca.
Contribuyentes
Como hemos visto, parte de los impuestos que pagamos los contribuyentes se destinan a financiar la solvencia de sólo unas familias españolas escogidas. Se hace con el objetivo de que no tengamos que poner más dinero que el que habría que poner si estas familias acabasen siendo morosas y esta morosidad acabara por hundir al banco.
A buen seguro que habrá personas a quienes este plan no les parecerá bien. Toda ayuda pública conlleva un riesgo moral, como se ha dicho. Cuando el gobierno ayuda a la industria de la automoción los empresarios del sector de la hostelería, por ejemplo, pueden sentirse marginados. ¿Por qué a la automoción sí y a nosotros no?, clamarán. Es lógico y legítimo. Pero el dinero público es limitado y debe gestionarse de modo que, con la mínima aportación, el impacto sobre la economía y el sistema financiero sea máximo.
Nosotros consideramos que el plan que aquí proponemos reúne estas características. Las familias cuyas hipotecas sean reestructuradas son ayudadas temporalmente, pero habrán de pagar igualmente su vivienda por el importe que en su momento aceptaron y asumir una parte de los intereses que supone la “congelación”. El apalancamiento, como hemos visto, es enorme: 1 euro público ayuda a la viabilidad de 57 euros privados, perjudicando así lo menos posible a los contribuyentes.
También hay que insistir en que este plan no excluye la creación de otros. Ya hemos comentado en la introducción que la aminoración de la crisis pasa por un conjunto de planes independientes y acotados. Este es, simplemente, uno de ellos. Por tanto, no excluimos a otras personas de ser ayudadas, sino que sólo las excluimos de este plan concreto. A nivel familias, los colectivos que en este sentido podrían sentirse perjudicados serían:
Las familias sin ingresos a quienes no conceden la ayuda por ser consideradas insolventes.
Los que están dentro de las condiciones pero que, de momento no se les puede ayudar hasta no captar más dinero (debería establecerse un orden de preferencia que combinase fecha de solicitud y un rating para la solvencia y otro para la urgencia).
Quienes cautamente no se hipotecaron y ahora nadie les financia nada (éstos, sin embargo, podrán comprar a precios más competitivos, debido al derrumbe de los precios tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria).
Los pensionistas que no pagan hipotecas, pero que tienen para consumir menos que las familias a las que vamos a financiar.
Las personas que viven de alquiler. Sobre todo, las que están en paro.
Consideraciones finales
Esta propuesta es la aceptación colectiva de nuestros errores cometidos en el pasado. Este es seguramente su principal inconveniente. Pero recordemos que sólo superan sus errores quienes los asumen plenamente.
La solución que aquí proponemos no es una panacea, pero ayudará a hacer la travesía del desierto más llevadera y breve, pues sea como sea, tenemos un desierto por cruzar. Y, sobre todo, se trata de remar en la dirección contraria de la espiral negativa y ayudar a muchas personas a recuperar la ilusión.
Un último apunte económico: este plan va contra la lógica habitual, que es captar o emitir dinero para aumentar el endeudamiento. Proponemos lo contrario: utilizar dinero para desendeudar durante los años de crisis. Ponemos la solvencia del país por delante de una expansión monetaria que, abocada a más endeudamiento, podría resultar letal.
Intuimos que este plan abre un camino a nuevos instrumentos de política económica para las recesiones. De hecho, hemos utilizado herramientas propias de la microeconomía para construir con ellas instrumentos de política macroeconómica.
Nuevas variantes
Finalmente, queremos significar que este plan puede desarrollarse con variantes para PYMES o empresas, así como para otro tipo de deudas de dudoso cobro. Si el Estado lo pusiera en marcha y funcionase bien, tal vez podría incluso plantearse un fondo con capital exclusivamente público para reestructurar las hipotecas de las familias que quedan fuera de las condiciones establecidas, familias insolventes y sin ingresos, pero que, con el tiempo, podrían volver a serlo.
© 2009, Fernando Trías de Bes y Felipe Artalejo
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