El grave y progresivo deterioro de la situación social en que vivimos está provocando un
creciente desconcierto, que se une a la incertidumbre que planea sobre amplios sectores de la
sociedad. Se trata de una situación de inquietud y alarma social que aconseja un
pronunciamiento sobre la misma, acorde con la responsabilidad social de la universidad. Por
ello, aprovechando la próxima celebración en Bilbao de un importante Foro Económico de
carácter internacional los días 3 y 4 de marzo, los abajo firmantes, profesores/as del ámbito de
la Economía y la Empresa de centros universitarios del País Vasco, con el apoyo de
economistas de otros organismos e instituciones, y de docentes de otras universidades,
queremos manifestar a la opinión pública lo siguiente:
La gravedad de la situación en la que vivimos no tiene parangón en las últimas décadas. Entre
otros aspectos, creemos necesario llamar la atención sobre los siguientes:
- Según la EPA, el desempleo se sitúa en el 26,0 %, lo que representa el porcentaje más
elevado desde el fin del franquismo en 1975. Por su parte, el desempleo juvenil supera el 55
%, provocando que cientos de miles de jóvenes se vean abocados a abandonar el país en busca
de empleo. Los mismos datos señalan que el número de hogares con todos sus miembros
activos en paro ascendió a más de 1.900.000 en 2013, habiéndose multiplicado por 4 en los
últimos cinco años.
- El número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social alcanzó en el Estado español
la cifra de 12,7 millones en 2012, según la Red Europea de lucha contra la Pobreza. El último
Informe de Cáritas señala que la pobreza severa (menos de 307 € al mes) alcanza ya a 3
millones de personas. Asimismo, según UNICEF, el 27% de la población infantil vive bajo el
umbral de la pobreza.
- De acuerdo a los datos de EUROSTAT, España se ha situado como el país europeo con mayor
grado de desigualdad social si se tiene en cuenta el ratio de ingresos del 20% más rico con
relación al 20% más pobre de la población. Asimismo, el coeficiente de Gini ascendió a 0,34 en
2011, el nivel más alto desde que existen registros.
- Según datos de GESTHA (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda), el fraude fiscal
en nuestro país asciende a más 70.000 millones de euros anuales, de los cuales el 72%
corresponden a grandes fortunas y grandes empresas. Se trata de una cifra que equivaldría
aproximadamente al presupuesto total del sistema sanitario público, y es sensiblemente
mayor que la representada por los intereses pagados anualmente por la deuda pública. Por su
parte, Tax Justice Network estima que los depósitos en los paraísos fiscales provenientes de
España alcanzan la cifra de 550.000 millones de euros.
1. La equidad debe constituir una referencia irrenunciable para la organización de la vida
económica. 2. La competitividad no puede plantearse como un fin en sí mismo, al margen de la
eficiencia social y ecológica. 3. La democracia y la transparencia son elementos imprescindibles
en una economía sana y viable. 4. Los métodos y los ritmos para un mayor equilibrio de las
cuentas públicas han de ser contextualizados. 5. La crisis se manifiesta, ante todo, como un
deterioro de la convivencia social, más allá de los pequeños avances que puedan darse en
términos de crecimiento. 6. La globalización no puede presentarse como una coartada, ni
utilizarse para convertir el debate económico en una cuestión meramente técnica, al margen del
contexto, de la política y de los valores. 7. Hace falta una Europa equilibrada social y
territorialmente, capaz de defender ante el mundo la democracia y la cohesión social.
En estas circunstancias consideramos especialmente importante llamar la atención sobre una
serie de cuestiones:
La equidad debe ser una referencia inexcusable del funcionamiento económico. El intenso y
doloroso incremento de la desigualdad producido en los últimos años constituye una lacra y
resulta incompatible con los ideales y los valores de justicia social presentes en las
constituciones nacionales y en las declaraciones de principios de la Unión Europea,
retrotrayéndonos a situaciones previas a la segunda guerra mundial. Asimismo, la creciente
desigualdad y la expulsión de la vida social de un número de personas cada vez mayor, además
de ser incompatibles con los valores democráticos y humanistas, constituyen una grave
amenaza para la estabilidad económica y social, para el funcionamiento del sistema
productivo, para la incorporación a la actividad económica de las jóvenes generaciones y para
la propia reproducción de la sociedad.
Entendemos que la rentabilidad económica y la noción de competitividad no deben ser
presentadas como fines en sí mismos, sobre los que organizar la vida económica en su
conjunto. Por el contrario, deben asociarse y supeditarse a la eficiencia social ―es decir al
bienestar de las personas― y a la eficiencia ecológica ―vinculada a un uso responsable de los
recursos que preserve los medios de vida de las futuras generaciones―. El uso y abuso de la
bandera de la competitividad de unos países respecto a otros, como si la misma garantizara el
bienestar de los habitantes de los territorios “vencedores”, oculta una realidad en la que las
desigualdades crecen día a día dentro de los países. En este contexto, la destrucción del tejido
productivo y del tejido social derivados del uso exacerbado y/o equívoco de dicha idea
―paralelo por otra parte al arrinconamiento de los valores de solidaridad y justicia social―
constituyen una amenaza para la estabilidad social y económica.
Queremos señalar que sin democracia y transparencia reales no puede haber una economía
sana y viable. No es posible una economía justa y eficiente basada en la opacidad y la
imposición. La economía, entendida con Aristóteles como la buena y justa administración de
los recursos en aras de satisfacer las necesidades humanas, no puede gestionarse al margen de
los deseos y de las opiniones de la gente, ni desde la ocultación de negocios al control y el
escrutinio público. No es posible seguir manteniendo unos objetivos basados en señalar lo que
conviene a la gente pero sin consultar a la gente ni oír sus quejas y demandas. No podemos
seguir escudándonos en la complejidad de las cosas para dotarlas de una aureola técnica que
las sitúa fuera del alcance de las personas y convierte las decisiones políticas en una cuestión
restringida a expertos. La vida económica no puede establecerse contra la opinión de las
mayorías o sobre la resignación de las personas que desean otras opciones pero no saben
cómo plantearlas.
Las finanzas públicas no son el origen de la crisis y su equilibrio debe tratarse con cautela. La
historia económica ha mostrado sobradamente que el razonable objetivo de restaurar el
equilibrio en las finanzas públicas ajustando ingresos y gastos no puede considerarse un
imperativo absoluto ―prioritario respecto a otros siempre, en todo lugar y a cualquier
ritmo―, ni debe plantearse a costa de socavar las bases mismas de funcionamiento de la
economía y de la convivencia social. Dicho equilibrio debe plantearse, además, como un
objetivo indisoluble de la lucha contra la corrupción, la evasión fiscal y el crecimiento de los
mercados financieros ocultos y fuera de control. En una situación de emergencia social como
la que nos encontramos, el equilibrio de las finanzas públicas no solo debe evitar el gasto
superfluo e improductivo, sino que debe también concentrarse en el aumento de los ingresos,
especialmente de los provenientes de quienes se encuentran en mejor posición económica, de
cara a mantener los servicios públicos esenciales capaces de garantizar la equidad y la justicia
social.
La crisis es, ante todo, una crisis social, una crisis de convivencia, para cuya solución se
requiere no ya un mayor crecimiento en abstracto ―que puede ser compatible con una mayor
crisis social―, sino un crecimiento orientado a la creación de empleo digno, de valor social y
de oportunidades para todas las personas, un crecimiento basado en una mayor eficiencia
tecnológica, social y ecológica. No debe perderse de vista que la función de la actividad
económica no es otra que suministrar bienes y servicios a la sociedad. Por ello, consideramos
necesario otro enfoque que ponga a las personas en el centro y que sitúe a los mercados y las
instituciones al servicio de la sociedad y no al revés. La crisis no podrá darse por superada
hasta que haya sido resarcido el daño causado por la misma en la cohesión social.
Es posible hacer las cosas de otra manera a pesar de la globalización. Es cierto que vivimos en
un mundo globalizado en el que el margen de maniobra de cada territorio es ahora menor.
Pero no es menos cierto que dentro de esa economía global existen situaciones muy diversas.
La presión fiscal o la lucha contra el fraude no son las mismas en unos países y otros, como
tampoco lo son las prestaciones y las coberturas sociales, o los derechos laborales. Los
responsables económicos de Europa y EE. UU. han tomado opciones distintas, mientras
dirigentes de instituciones internacionales como el FMI admiten haberse equivocado en sus
previsiones o en sus recomendaciones; mientras en Alemania se reconocen los perjuicios
sociales y los abusos generados por la política llevada a cabo; o mientras varios premios Nobel
de Economía discuten abiertamente algunas de las decisiones que se han venido tomando en
distintas instituciones. En este contexto, queremos subrayar que no hay una única forma de
hacer las cosas, que algunas recomendaciones, a todas luces injustas, no eran inevitables y que
pueden plantearse propuestas alternativas con sólidos fundamentos. Se trata de opciones de
política, relacionadas a su vez con valores y referencias éticas.
En cuanto a la Unión Europea, consideramos que está en condiciones de plantear un camino
diferente, lo que tal vez no pudieran hacer de igual manera los países aisladamente. Creemos
que, frente a un tipo de globalización que amenaza con destruir las instituciones democráticas
en nombre del gobierno de los mercados, Europa no puede permanecer impasible o, lo que es
peor, haciendo suyas ―como inevitables― las limitaciones esgrimidas o impuestas desde
fuera de dichas instituciones democráticas. Si Europa quiere seguir representando algún tipo
de ideal o de esperanza para el futuro, debe hacer valer su fuerza frente al mundo para
preservar la convivencia social y la democracia, en lugar de asumir resignadamente que el
mundo nos obliga a prescindir de la democracia y de la cohesión social. El logro de una unión
internamente cohesionada ha de ser una referencia inexcusable de la política económica en la
Unión Europea.
Por todo ello, en las actuales circunstancias consideramos restrictivo e inoportuno plantear el
debate sobre nuestro futuro económico y social sobre premisas y referencias reduccionistas
que no hacen sino contribuir a la confusión agravando los problemas. Consideramos que los
negocios, y la rentabilidad que pueda obtenerse de la actividad económica, deben plantearse
dentro de unas reglas de juego inspiradas en el interés colectivo y no al revés. Queremos
subrayar que no estamos solo discutiendo sobre la gestión arbitraria de un presente a todas
luces inquietante ―a la par que doloroso para una gran parte de la población―, sino también
sobre las bases que habrán de permitir o impedir que nuestros hijos e hijas tengan un futuro
en el que vivir dignamente en un mundo habitable.
POR UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS
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