El año 1998 ha sido un año especialmente bueno para España. La economía se ha desarrollado en forma satisfactoria porque, al amparo de una fase favorable del ciclo, tanto el Gobierno como, sobre todo, la autoridad monetaria, ya desde 1997, se vienen comportando en forma coherente con los objetivos de convergencia nominal con la Unión Europea. Así fue como en mayo de este año, con datos de 1997, España, aprobado el examen sobre los criterios de Maastricht, fue admitida a integrarse, con otros diez países, en lo que desde el 1º de enero de 1999 será la Unión Monetaria Europea. Después de este hecho, el crecimiento del PIB ha continuado con fuerza, de manera que, si bien en el segundo trimestre de 1998 la tendencia parece haber tocado techo, es previsible que el crecimiento interanual alcance el 3,7%, dos décimas por encima del crecimiento habido en 1997.
El marco definido por la UME
Sin embargo, las preguntas que ahora hay que hacerse sobre la continuidad del proceso en 1999, no pueden ignorar que el marco en el que nuestra economía, dentro de la UME, tendrá que desarrollarse será distinto del que hasta ahora ha imperado. No me refiero tanto al empeoramiento del ciclo que la actual crisis financiera puede inducir sobre las economías europeas, que, en cualquier caso, no parece que vaya a ser grave, sino más bien a la consumación de la pérdida de autonomía cambiaria y monetaria.
A partir de 1999, el tipo de la peseta con las monedas del espacio euro será inamovible y el tipo de cambio con las monedas de fuera del área dependerá del tipo del euro con estas monedas. Es decir, dejando aparte las críticas que, con razón, pueden hacerse a la búsqueda de la competitividad mediante una política devaluatoria, lo cierto es que el gobierno español ha perdido la posibilidad de utilizar, a falta de otras alternativas, el expediente de devaluar nuestro signo monetario.
La inflación y la política monetaria única
Por otra parte, el Banco de España perderá, desde el 1 de enero de 1999, la autonomía para continuar aplicando la política monetaria que, con todo acierto durante los últimos tiempos, ha venido empleando para disminuir la inflación, resistiéndose a bajar los tipos de interés cuando las tendencias inflacionarias así lo aconsejaban y bajándolos no más allá de lo que los logros permitían. Y esto sí que es importante. Y lo es porque, a pesar de que los logros en la tarea de reducir la inflación en España han sido espectaculares, la tasa interanual de crecimiento de los precios, situada en el 1,7% en octubre y aquella con la que verosímilmente cerraremos el año, actualmente estimada entre el 1,8% y el 1,9%, será, en términos armonizados, entre 5 y 7 décimas superior a la inflación media de los países que han de integrar la UME. Todo ello sin olvidar que el índice general de precios de consumo (IPC) engloba inflaciones distintas en los diversos sectores que componen el índice y que nuestra inflación subyacente, que descuenta la energía y los alimentos no elaborados, se mantiene anclada, desde hace meses, en el 2,3% anual. Por su parte, el aumento anual de precios en el sector servicios, a pesar de que, pasado el efecto del turismo, ha descendido una décima en octubre, continúa situado en el 3,8%, es decir, dos puntos por encima del índice general.
Pues bien, si entramos en la UME con una inflación superior a la media del área o, todavía peor, si una vez dentro, en 1999, nuestras tendencias inflacionistas subyacentes, en vez de contenerse dejando el índice general entre el 1,7% y el 1,8%, como la autoridad monetaria prevé, se desataran, pudiera muy bien suceder que la política monetaria dictada por el Banco Central Europeo no fuera la que a nosotros nos conviniera. En efecto, siendo la inflación, en última instancia, un fenómeno monetario, la política monetaria del BCE, puesta de manifiesto con un tipo de interés del orden del 3,3%, o tal vez inferior, si se impusieran las presiones de carácter populista de los nuevos gobiernos de los países más poderosos del área, sería una política, tal vez, coherente con la situación del núcleo central de la UME, pero en modo alguno apta para doblegar nuestra inflación al nivel de convergencia.
El resultado sería que, salvo el milagro, no esperable, de un considerable aumento de la productividad, nuestros superiores costes unitarios relativos, provocarían una falta de competitividad española que, en ausencia de otras adecuadas medidas, se saldaría con una recesión que daría lugar, no ya a la interrupción de la creación de empleo, sino incluso al aumento del paro. Es decir, como advierte el Banco de España en su último informe sobre la inflación, un ajuste a las condiciones nominales del área por la vía más costosa. Por ello, continúa el Banco de Emisión, resulta prioritario que los agentes y las autoridades económicas adopten con rapidez la perspectiva que supone la integración en la moneda única al tomar decisiones relativas a la fijación de precios y salarios. A lo largo de los últimos años, la tasa de inflación española se ha situado en niveles compatibles con la estabilidad nominal. No obstante, a partir de 1999 la conservación de esa estabilidad de precios, favorecida por el anclaje de la política monetaria única, no será suficiente; será preciso también seguir cerrando los diferenciales de inflación y costes todavía existentes.
La inexcusable liberalización de todos los mercados
Para evitar la materialización del riesgo que queda consignado, al Gobierno no le quedan más que dos caminos. Uno, como aconseja el Banco de España, es continuar en el esfuerzo destinado a las reformas estructurales orientadas al funcionamiento eficiente de los mercados, puesto que el diferencial de inflación con los países de la UME es más amplio para aquellos productos que muestran una menor exposición a la competencia. Tiene toda la razón el Banco de España. Está empíricamente demostrado que las épocas en las que España ha mejorado su competitividad -puesta de manifiesto por el aumento de las exportaciones, en condiciones no ficticias de tipos de cambio- son aquellas en las que la libre competencia ha aumentado. Sin competencia no puede haber competitividad y a más competencia -todo lo demás igual- más competitividad. Por lo tanto, si queremos preservar y mejorar nuestra competitividad dentro de la UME, uno de los caminos es liberalizar sectores y mercados para estimular la competencia.
El necesario equilibrio presupuestario
El otro y principal camino que, dentro de la UME, le queda al Gobierno español es el empleo de una estricta política fiscal tendente al logro, cuanto antes, del equilibrio presupuestario, reclamado, no se olvide, por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que sólo tolera la desviación del déficit cero en las fases depresivas del ciclo. Pero más importante que esta exigencia contractual, es el hecho de que el equilibrio de las cuentas públicas, desaparecida la necesidad de apelar al aumento de la deuda pública, propiciaría el encauzamiento del ahorro de las familias hacia la financiación del sector privado, generador de empleo y riqueza. En el bien entendido de que el déficit cero no ha de lograrse por el aumento de los ingresos, sino por la reducción del gasto a un nivel tal que, incluso, permita la reducción de impuestos para, por este otro camino, dar más aliento a la creatividad propia de la actividad emprendedora, sea de particulares sea de empresas.
La resistencia política a la reducción del gasto público
Pues bien, por las razones que sea, entre las que, a mi juicio, ocupan un primer lugar las electoralistas, no parece que el Gobierno actual quiera ir por el camino de la reducción del gasto y concretamente del gasto llamado social, al que hay que añadir el gasto que cabe calificar de político, como es, por ejemplo, el del mantenimiento de un ente tan ineficiente como la RTVE. Para sostener esta afirmación basta acudir al Presupuesto Consolidado de las Administraciones Públicas para 1999, en el que, a partir de un crecimiento real del PIB cifrado en el 3,8%, se prevé un déficit del 1,6% del PIB. Dejo aparte las incertidumbres que rodean el cumplimiento de estas previsiones, acertadamente puestas de manifiesto por el Profesor José Barea, tanto en lo que se refiere al crecimiento de la economía que, tal vez, sería más prudente estimar en el 3,5%, como en lo que respecta, por un lado, a los ingresos, en especial los procedentes del reformado IRPF, y, por otro lado, a los gastos cuyo rebasamiento, sobre todo según como se contabilice el déficit de RTVE, es posible que se produzca. Dejo aparte todo esto porque lo que me importa señalar es que, aunque se cumpla, el Presupuesto de 1999 no es el Presupuesto que necesitamos para garantizar nuestro éxito en la UME.
Para verlo, no es desdeñable observar, en primer lugar, que, si se prescinde de los gastos financieros que, por razones ajenas a la voluntad de los presupuestadores, descienden un 4,6%, el crecimiento de las operaciones corrientes, previsto en el 4,1%, se convierte en el 5,3%, lo cual significa que el gasto voluntariamente asumido, si se cumple el presupuesto, crecerá lo mismo que el PIB en términos nominales, poniendo de manifiesto que no existe ningún propósito verdadero de atacar el gasto público corriente que, haciendo abstracción del gasto de la deuda, seguirá representando el 30% del PIB.
El Presupuesto de las Administraciones Públicas para 1999
Sin embargo, más interesante resulta analizar los gastos previstos en los Presupuestos para 1999, agrupados por políticas. En efecto, visto de esta forma, se comprueba que el gasto destinado a Justicia, Defensa, Interior, Exteriores y Administración Tributaria, es decir, todo lo que constituye las funciones primigenias del Estado, aquello para lo cual el Estado de Derecho existe y tiene su razón de ser, consume un ridículo 6,3% del Presupuesto total, sin variación entre 1998 y 1999. En cambio, el gasto social, ámbito en el cual el papel del Estado debería ser meramente subsidiario, absorbe el 56,3% del Presupuesto, también sin variación entre los dos años. Avanzando en el desglose, un 26,8% se destina a financiación de las Administraciones Territoriales, Participación en la Unión Europea, Deuda Pública, y otras políticas. Tan sólo un 5,6% va a diversos sectores económicos y el resto del gasto, 4,9%, se destina a infraestructuras e investigación, campos en los que la función subsidiaria del Estado justificaría una mayor dedicación.
Mi conclusión es que, si bien contando con la voluntad política de la UME, España puede mantener la convergencia nominal con los restantes países de la Unión, con esta clase de Presupuestos no sólo es imposible que alcancemos la convergencia real, medida por el PIB per cápita relativo, sino que es muy difícil que mejore el actual nivel de convergencia real que, en términos de patrón de poder de compra, se sitúa en el 75% del PIB per cápita medio de los otros 10 países de la UME, o en menos del 63% si el PIB per cápita se mide en ecus.
La convergencia real y la innovación empresarial
Y esto es así, porque para avanzar en la convergencia real es necesario que nuestro ritmo de crecimiento del PIB per cápita, lo cual está íntimamente relacionado con la productividad de los factores, sea superior al ritmo de crecimiento del PIB per cápita de los restantes países de la UME. Y está generalmente aceptado que los factores determinantes del crecimiento económico son el ahorro y la dotación de capital físico, tecnológico y humano; todo lo cual reclama inversión en infraestructuras, en investigación y desarrollo, así como en educación y formación, y, sobre todo, en innovación que, para decirlo en forma gráfica, es el proceso que convierte el progreso de la ciencia y de la técnica en resultados tangibles en el PIB. En todos estos aspectos nos hallamos en considerable retraso y demandarán un gran esfuerzo, si queremos situarlos al nivel necesario para que se traduzca en un crecimiento de la productividad y del PIB per cápita superior al medio de la Unión. Y este esfuerzo sólo es capaz de realizarlo el empresario privado que es, por definición, el innovador por excelencia. El empresario es el que descubre las oportunidades de innovar y, a sabiendas de que corre un riesgo, riesgo que es el que origina y justifica el beneficio, decide aprovechar estas oportunidades, innovando realmente.
Pero para que el empresario pueda realizar este esfuerzo es necesario, en primer lugar, que el Estado, reduciendo el gasto social, haga hueco para sus actuaciones inversoras en infraestructuras e investigación y desarrollo; y, en segundo lugar, que, abandonando la fracasada utopía del bienestar universalizado y burocratizado, dé paso a la iniciativa privada para que ésta, fiscalmente incentivada, tome el relevo en aquellos campos en los que el Estado nunca debió entrar más allá de lo que exige su función subsidiaria. El análisis del gasto social que, como hemos visto, absorbe el 56,3% del gasto total, puede orientar para ver cuáles serían las decisiones a tomar si los políticos en el poder dejaran de reflejar en sus actuaciones lo que suponen que la opinión pública demanda, para pasar a una actuación basada en el convencimiento de que un "ideal" económico-liberal es lo mejor para el país y que, parafraseando a Cánovas del Castillo, hay que luchar para lograr, en cada momento, el máximo posible del contenido íntegro del "ideal". Lo cual exige, desde luego, no poco esfuerzo didáctico para transmitir al electorado la bondad, para todos, de aquello en lo que se cree, si es que efectivamente se cree en ello.
Análisis del gasto social
Desde este supuesto, me atreveré a decir, una vez más, lo que, a mi juicio, debe hacerse en relación con el gasto social, aunque no puedo negar que lo hago a sabiendas de que, si algún político me hiciera el honor de leer estas líneas, aun siendo de los que se llaman "liberales", sin duda exclamaría que, de momento, es "políticamente imposible" aplicar tales propuestas. Sin embargo lo haré, recordando que Jorge Luis Borges, cuando se vio acusado de ir contra el curso de la historia, contestó que "los caballeros sólo defendemos causas perdidas". Esto es lo que nos pasa también a los verdaderamente liberales.
Mirando, pues, al gasto social presupuestado para 1999 se observa que el 11,5% del gasto total o, en números redondos, 3 billones 700 mil millones de pesetas, corresponden a subvenciones de desempleo, incapacidad temporal, fomento del empleo y otras prestaciones sociales. La necesaria reducción de estos capítulos, si se quiere equilibrar el presupuesto sin aumentar los impuestos, más, reduciéndolos, pasa por un cambio rotundo en la actual política que, pretendiendo proteger el puesto de trabajo y subvencionar al que lo ha perdido, de hecho fomenta el desempleo y la permanencia en el paro. Y este cambio supone modificar las condiciones del contrato de trabajo, las características de la negociación colectiva, la reducción de la tasa de reposición del salario perdido y la disminución del periodo de cobertura, para que, en vez de fomentar la permanencia en el subsidio de desempleo, se incentive a los parados a buscar nuevas colocaciones, como sucede en aquellos países que, con las políticas adecuadas, logran tener un bajo nivel de paro, fuerte rotación en el desempleo y, consiguientemente, práctica ausencia del paro de larga duración.
Los restantes capítulos del gasto social son los relativos a pensiones, sanidad y educación que, con una pequeña cantidad para vivienda, amén del gasto de sostenimiento de los servicios generales de la seguridad social, suponen una asignación de 14 billones 310 mil millones de pesetas, que representan el 44,8% del gasto total, de los que la mayor parte, casi 9 billones, corresponden al sistema de pensiones. Y son precisamente estos tres capítulos, pensiones, sanidad y educación, los que deben ser abordados para descargar los Presupuestos del Estado de lo que las políticas en vigor entrañan, procediendo a una razonable privatización de los mismos. No se trata, naturalmente, de olvidar las exigencias del bienestar. Se trata de pasar del Estado del bienestar a la Sociedad del bienestar, es decir, de que el Estado defina el marco conceptual, legal y fiscal para que la iniciativa privada se desarrolle satisfactoriamente para el logro de los objetivos que la previsión de las incidencias futuras, el cuidado de la salud y la educación han de proponerse, garantizando el Estado simplemente la situación de aquellos que no son capaces de resolver, por sí mismos, parte o la totalidad de estas necesidades.
Las pensiones
Empezando por las pensiones de jubilación y asimiladas, el actual sistema español, público y de reparto, exige su reconversión para hacerlo privado y de capitalización. Las razones de esta afirmación son obvias. El sistema vigente es, en primer lugar, injusto porque la pensión del jubilado de ayer la pagan los trabajadores de hoy, trasladándose así la carga hacia las generaciones futuras que no saben si, cuando llegue la hora de su jubilación habrá alguien que pague sus pensiones. Porque el sistema, además de injusto, es ineficiente, ya que, a consecuencia entre otras cosas de la evolución demográfica, el modelo tiende a la quiebra. Todos los estudios lo confirman y el propio Pacto de Toledo, artimaña política para mantener el sistema público y de reparto, lo reconoce cuando, para asegurar el pago de las pensiones en el futuro, no encuentra otra solución, en forma más o menos disimulada, que reducirlas. Por esto, hay que pasar a un sistema en el que cada uno se construya la pensión que desee para el futuro con su propio ahorro de hoy, de acuerdo con su propia función de utilidad. En este modelo, el Estado, después de suprimir las llamadas "cotizaciones sociales" que son un impuesto al trabajo, tiene dos funciones a realizar: la función reguladora y la función subsidiaria. En méritos a la primera, el Estado debe obligar a todo el mundo a asegurarse una pensión mínima que, en la mayoría de los casos, debe ser equivalente o próxima al salario que se percibe, detrayendo el trabajador de su salario o destinando cualquier otra persona, de sus ingresos o ahorros, la cantidad necesaria para capitalizar la pensión mínima o aquella superior que desee, con exención fiscal en cualquier supuesto.
De acuerdo con la función subsidiaria, el Estado debe garantizar la pensión mínima de aquellos que, por falta de ingresos, no han sido capaces de capitalizarla. Esta pensión "asistencial" ha de financiarse con cargo a los Presupuestos Generales, es decir, con cargo a los impuestos que pagan todos los contribuyentes; pero las restantes pensiones han de ser "contributivas", capitalizando cada uno su propio ahorro, con un mínimo obligatorio y voluntariamente por encima de dicho mínimo.
El complemento de este modelo de capitalización de pensiones es que el ahorro forzoso o voluntario que cada uno realiza debe poder invertirlo en la capitalizadora privada que prefiera, de acuerdo con las condiciones que le ofrezca, en régimen de competencia, que quiere decir de eficiencia, con la ventaja añadida de que el ahorro administrado por las capitalizadoras sirve para financiar, a través del mercado de capitales, la economía privada creadora de riqueza y empleo. De esta forma, gracias a la mayor eficiencia del régimen de mercado, con el mismo ahorro se obtendrían pensiones mayores de las que ahora promete la Seguridad Social y, andando el tiempo, no podrá pagar, porque, como los cálculos imparciales demuestran, el sistema quebrará. Los políticos, del partido que sea, no quieren hablar de ello, porque piensan que les quita votos, pero de hecho es imposible mantener nuestro sistema público de pensiones.
Es evidente que no resulta posible pasar de golpe del sistema público y de reparto al sistema privado de capitalización, por la dificultad de adjudicar a todos los asegurandos la capitalización de las cotizaciones satisfechas a lo largo de su vida activa, ya que la no capitalización de las mismas constituye, precisamente, el "agujero" del Sistema Público de Pensiones. Pero nada se opone a una transición gradual, determinando la edad por debajo de la cual los beneficiarios del sistema público pueden optar por pasar al privado. Por lo tanto, cuanto antes se decida el cambio, tanto mejor para evitar la quiebra del actual sistema y para ir descargando a los Presupuestos del ingente gasto para pensiones.
La educación
Pasando al capítulo de educación, habría que privatizar todos los centros de educación primaria, secundaria, profesional y universitaria, y, en los casos en que no resulte, por el momento, posible, hay que desvincular los centros estatales de los Presupuestos del Estado, dotándoles de autonomía de gestión, así como suprimir todas las subvenciones a los llamados centros concertados, de forma que unos y otros, con las tasas o matrículas necesarias para cubrir sus respectivos costes, compitieran en eficacia, calidad y precio, a fin de que los padres o los propios alumnos pudieran elegir el Centro que más les convenciera. De esta forma se acabaría con la injusticia, la inmoralidad, de que el Estado imparta educación gratuita o a un precio irrisorio, tanto al hijo del mayor potentado como al hijo del obrero menos remunerado. Esta situación es inmoral porque la diferencia entre, por ejemplo, las 80.000 pesetas de la matrícula y las 750.000 pesetas, por lo menos, que es el coste real de una plaza en una Facultad universitaria, la pagan en sus impuestos principalmente las clases medias, incluidas aquellas personas que no utilizan los servicios educativos.
Dejando aparte que si el Estado se descargara de la financiación de la enseñanza, necesitaría recaudar menos impuestos y la gente que utiliza los centros educativos dispondría de más renta para satisfacer las matrículas, el sistema privado al que hay que ir no se opone a que el Estado, para que no se pierda ninguna inteligencia por falta de medios económicos, facilite bonos escolares a quienes lo necesiten, de acuerdo con su nivel de renta, a fin de que cada uno aplique el bono, en pago total o parcial, a la escuela, instituto o universidad libremente elegida y que, al no ser subvencionada, ofrecería precios de matriculación de acuerdo con sus propios costes reales y según la calidad de la enseñanza impartida. Pienso que este esquema, que deja a salvo la atención a los menos pudientes, es más razonable que el actual porque, cuando sea necesario, subvenciona al usuario y no al centro, que debe competir en igualdad de condiciones.
La sanidad
Pasemos finalmente a la asistencia sanitaria, donde para mejorar una eficiencia que hoy está a niveles ínfimos, es indispensable, también, aumentar la competencia entre todos los prestadores de servicios para la salud, sean centros hospitalarios, sean oficinas de farmacia, sean, en su caso, compañías aseguradoras del coste de estos servicios, llegado el momento de su utilización por parte de los usuarios finales. Veamos, brevemente y a título de ejemplo, lo que cabe hacer con los actuales hospitales públicos. Estas instituciones pueden ser vendidas o, en su caso, cedidas por el Estado a grupos privados, quienes previo pago de un canon al Estado por dicha cesión, facturarían a las Compañías Aseguradoras, o Mutuas, los gastos incurridos por sus afiliados. Estas compañías captarían sus clientes entre los que quisieran "desengancharse" de la Seguridad Social dejando de cotizar la parte correspondiente a sanidad. Naturalmente que para admitir la deducción de cuotas habría que demostrar la existencia de póliza de cobertura privada, ya que el Estado no puede permitir que, por falta de la misma, recayera sobre él la subsidiaria función asistencial.
En la línea de proteger a los que no dispongan de suficientes medios para afiliarse a una Mutua, o hacerse su propio seguro de asistencia sanitaria, el Estado, en su papel subsidiario, en el que no ceso de insistir, proporcionaría, como en el caso de la enseñanza, y de acuerdo con los respectivos niveles de renta, bonos sanitarios para ser gastados en el centro médico que cada uno eligiera.
Del Estado de Bienestar a la Sociedad de Bienestar
Como se ve no es imposible, técnicamente hablando, pasar de un sistema de Seguridad Social público a un modelo de bienestar promovido por la iniciativa privada. No es imposible y, además, es necesario tanto por razones de equidad como de eficiencia, ya que el actual sistema es injusto, en primer lugar, porque no distribuye equitativamente las cargas, cobrando a todos aquello de lo que no se beneficia más que una parte de la población, lo cual, por encima de la cobertura del mínimo asistencial, no forma parte de la justicia distributiva. En segundo lugar, es injusto porque es ineficiente y el coste de esta ineficiencia, y el de la innecesaria burocracia inherente, repercute sobre los ciudadanos en forma de impuestos excesivos.
Estas reflexiones que, en mi opinión, son válidas desde siempre, sobre todo desde que la hipertrofia del Estado de Bienestar ha atentado contra los fundamentos de la economía de libre empresa y ha puesto en peligro la estabilidad del propio Estado, son especialmente oportunas en el momento de nuestra entrada en la UME, con las consiguientes renuncias a la soberanía cambiaria y monetaria. Si queremos salvaguardar nuestra competitividad y mejorar nuestra convergencia real con los países de la Unión, es indispensable que el espíritu empresarial, que es el elemento innovador y dinamizante de la economía del bienestar, pueda no sólo desarrollarse sin trabas, sino ser incentivado. Todas las encuestas dicen que el incentivo que mueve al empresariado no es el de la subvención, sino el del aligeramiento fiscal; para ello, es a todas luces imprescindible que el Estado reduzca su tamaño, es decir, que aminore sus gastos en proporción del PIB.
Como acabamos de ver, dejando a salvo la financiación, que incluso debe mejorarse, de aquellas funciones para las cuales el Estado existe, el campo en que la reducción del gasto público puede y debe tener lugar es el del gasto social. Y esta reducción puede y debe hacerse sin atacar ni en un ápice los razonables deseos de los ciudadanos, totalmente alcanzables, y con mayor calidad, por los sistemas privados de bienestar. Sólo hacen falta políticos capaces de explicárselo, al tiempo que ponen por obra, con pausa, si es preciso, pero sin claudicaciones, las medidas que, con el paso del tiempo, lo demostrarán.
http://web.iese.edu/RTermes/acer/acer23.htm
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Desequilibrios comerciales, deficit comercial, acaban generando mas deuda.
2011:
El problema se plantea cuando dicho déficit por cuenta corriente es estructural o permanente como ha ocurrido en Espña durante los últimos 15 años. En este caso, sólo podrá ser sostenible a medio plazo si la inversión extranjera directa es suficiente para compensar dicho déficit, de no ser así, las únicas salidas, que pueden ser complementarias, son una recesión interna que reduzca la demanda de importaciones de bienes y servicios y que fuerce a los productores a exportar a otros mercados o una devaluación que reduzca temporalmente las importaciones y aumente las importaciones, lo que ahora, con la moneda única, no es posible.
http://josemiguelduran.com/el-oraculo-de-la-crisis-en-espana-en-la-balanza-de-pagos-ii/
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